El Gobierno de Milei enfrenta duras acusaciones de organismos de derechos humanos tras el sorpresivo traslado de 19 represores condenados desde Ezeiza a una unidad en Campo de Mayo.
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El Servicio Penitenciario Federal (SPF) concretó el sorpresivo traslado de 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad desde el penal de Ezeiza a una unidad penitenciaria ubicada en Campo de Mayo, lo que generó un fuerte repudio de organismos de derechos humanos y una nueva ola de críticas contra el Gobierno de Javier Milei.
Entre los trasladados figuran nombres emblemáticos del terrorismo de Estado, como Carlos Suárez Mason y Alfredo Astiz, ambos condenados a cadena perpetua. El operativo se ejecutó en las últimas horas, con notificación formal a los juzgados intervinientes, según comunicó el SPF.
Denuncian beneficios encubiertos
Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS denunciaron que se trata de una maniobra para beneficiar a genocidas, al devolverlos a un predio con fuerte carga simbólica, donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la dictadura.
“Este traslado implica un retroceso en materia de memoria y justicia. Campo de Mayo fue epicentro del horror”, señalaron desde HIJOS Capital.
El Gobierno, por su parte, defendió la medida asegurando que la nueva cárcel “no será VIP” y que se enmarca en una reestructuración penitenciaria que busca liberar espacio en Ezeiza para alojar a mujeres y detenidos por narcotráfico.
Campo de Mayo: una herida abierta
El predio al que fueron llevados los represores fue construido en 2007, bajo jurisdicción del Ejército, y luego traspasado al SPF durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la zona aún carga con la memoria de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas allí durante la última dictadura cívico-militar.
En ese contexto, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra Patricia Bullrich también quedaron en el centro de la polémica. La oposición las acusa de “blanquear el accionar de los genocidas”, recordando además la polémica reunión que diputados libertarios mantuvieron en 2023 con represores condenados, lo que en su momento provocó una ola de repudios.
Jaime, Castro y otros beneficiados
Además de los represores, fueron trasladados a Campo de Mayo otros presos de alto perfil, como el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por corrupción, y el exfiscal Juan Carlos César Castro. La decisión genera preocupación por lo que muchos califican como una flexibilización selectiva del sistema carcelario.
Desde sectores del oficialismo insisten en que “no hay privilegios” y que se trata de una “redistribución lógica de internos”. No obstante, la falta de comunicación previa y el carácter simbólico del lugar elegido reavivaron viejas heridas y pusieron en duda las verdaderas intenciones de la medida.
La polémica promete escalar en el Congreso y ante organismos internacionales de derechos humanos. El debate de fondo vuelve a instalarse: ¿cuál es el lugar del Estado frente a los crímenes del pasado?