Tras los incidentes en el Congreso, excarcelaron a 17 detenidos y otros 16 quedaron presos tras las indagatorias

La justicia ordenó este viernes la libertad de 17 imputados por los destrozos ocurridos en los alrededores del Congreso, durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado. A su vez, la jueza María Servini resolvió mantener detenidos a otras 16 personas. 

La determinación llegó tras escuchar todas las declaraciones de los imputados en indagatoria y evaluar las imágenes de las filmaciones que se incorporaron a la causa.

La magistrada resolvió mantener tras las rejas a Daniel Sica, Patricia Calardo Arredondo, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tocaba, Lucía Belen Puglia, Cristian Valiente, Facundo Exequiel Gómez Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.

Entre esos nombres había imputaciones que iban desde tirar piedras hasta atacar a la policía o saltar la valla. En el caso de Valiente, tenía una granada.

Las excarcelaciones en tanto alcanzaron a Sofia Belén Ottogali, Gonzalo Duro, Martín Di Roco, Mateo De Tore, Germán Moyano, Facundo Klaus Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Ignacio Iturburu, Roman Esteban Méndez, Santiago Lautaro Adano, Brien Ezequiel Ortiz, Belén Yanina Ocampo, Matías Leonel Ramírez, Nora Edith Longo, Remigio Ramón Ocampo y Mía Pilar Ocampo.

Manifestantes y policías protagonizaron graves incidentes este miércoles a las puertas del Congreso, mientras la cámara legislativa debatía la ley de Bases, el proyecto estrella del Gobierno, y también por la noche, luego de su aprobación en el Senado.

El fiscal Carlos Stornelli dictaminó investigar a los sospechosos por “lesiones, daño simples como agravados, incendio u estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con el posible agravante del articulo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”. Es decir, acciones terroristas.