Dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la ciudad fueguina de Río Grande denunciaron que la empresa electrónica BGH, radicada bajo el amparo del régimen de promoción industrial, pretende despedir «a 1.500 personas entre Río Grande y Ushuaia en los próximos meses».
El secretario general del sindicato metalúrgico, Oscar Martínez, reveló a la prensa local que BGH argumenta la medida en los «bajos niveles de producción» que se esperan para los próximos meses, y que incluso se analiza una suspensión de operarios en abril y mayo.
Según el dirigente de la UOM, los despidos vulnerarían el acuerdo de «paz social» suscripto en 2017 y que estipula el congelamiento de la planta de empleados hasta 2020, a cambio de no incrementar los sueldos en el mismo período.
«Es un quiebre, una ruptura absoluta de un acuerdo que en su momento fue muy criticado pero que ahora nos sirve como herramienta de negociación», señaló Martínez.
Sin embargo, la empresa aduce (igual que Brighstar) que no se trata de cesantías sino de la convocatoria a retiros voluntarios, y de la finalización de contratos que no serán renovados.
La firma tiene 700 trabajadores permanentes y 135 contratados, y su pretensión es «reducir 300 obreros permanentes y no renovar los 135 contratos», precisaron desde la UOM.
«Ya hubo asambleas de delegados dentro de la planta. Es una realidad muy difícil para el sector. La posición es firme: rechazar cualquier despido y las suspensiones si no garantizan el 100% del salario», dijo Martínez.
También agregó que «el plan» de las empresas es «despedir a 1.500 personas entre Río Grande y Ushuaia en los próximos meses», y que por ello mantendrán reuniones en Buenos Aires con el secretariado nacional de la UOM para intentar «resistir esta avanzada».
Cuando la firma Brighstar, fabricante de celulares para las marcas Samsung y LG, anunció la semana pasada la posibilidad de despidos y de una reducción de la jornada laboral, el presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) Federico Hellemeyer, salió a aclarar que los retiros voluntarios «no pueden ser considerados como cesantías ni violan el acuerdo de 2017».
«Son decisiones antipáticas pensadas para pasar este momento hasta que se recupere el vigor de la producción», declaró Hellemeyer, y negó que la intención de los empresarios sea propiciar el cierre de las fábricas electrónicas en Tierra del Fuego.
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