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  • El comerciante negó haber abusado de la joven venezolana y habló de «relación consentida»

    El comerciante negó haber abusado de la joven venezolana y habló de «relación consentida»

    Irineo Humberto Garzón Martínez, el comerciante acusado de haber drogado y abusado sexualmente de una joven venezolana de 18 años en su local del barrio porteño de Balvanera, negó hoy los cargos ante la Justicia, acusó a la denunciante de mentirosa y dijo que tuvo relaciones consentidas y que ella se le ofreció sexualmente, informaron fuentes judiciales y su propio defensor.

    La ampliación de la declaración indagatoria, que había sido pedida por la defensa del propio imputado, fue realizada esta mañana a través de una videoconferencia vía Zoom de la que participaron la jueza Karina Mariana Zucconi, la fiscal Silvana Russi y sus abogados.

    “Brindó una declaración indagatoria esperable para cualquier imputado que se defiende y no declara bajo juramento de decir verdad. Reconoció el encuentro y que eso derivo en una relación sexual consentida”, dijo a Télam una fuente judicial que participa de la investigación.

    Se trata de la primera versión que el comerciante peruano brindó ante la Justicia, ya que en su primera indagatoria, se había negado a declarar.

    El propio defensor de Garzón Martínez, el abogado Osvaldo Cantoro, contó este mediodía al canal A24 algunos detalles de la declaración de su cliente y dijo que la versión de la víctima “es todo mentira”.

    “Ella tuvo una relación sexual consentida con mi cliente. Le pidió plata por una relación. Ella se le ofreció sexualmente. Primero le pidió 4.000 pesos, después 5.000″, afirmó el abogado.

    Cantoro aseguró que la mujer se quedó después de la entrevista de trabajo porque “quería quedarse para convencerlo para tener una relación sexual con él por dinero» y también acusó a la denunciante de haber “fingido” su salida supuestamente drogada del local.

    La declaración de acusado causó indignación en los familiares y allegados a la víctima que hoy se manifestaron en la puerta del Palacio de Tribuales para pedir justicia.

    Allí, Thays, la madre de la víctima, le pidió a la jueza Zucconi que detenga al imputado.

    «Que haga lo que corresponde que es encarcelar a este violador. Las pruebas las tienes Karina, entonces haz tu trabajo por favor”, le dijo Thays a la magistrada.

    En tanto un consejero de la Magistratura de la Nación, Diego Marías, presentó hoy ante el órgano una denuncia por «mal desempeño» contra la jueza Zucconi, al señalar que la magistrada demostró un «desprecio de circunstancias objetivas» que «tornaban inviable» la libertad del comerciante acusado de violar a la joven venezolana.

    Voceros judiciales indicaron a Télam que Zucconi ya delegó la instrucción del expediente en la fiscal Russi, quien ya solicitó y puso en marcha una serie de medidas, entre ellas, que la propia víctima y su madre declaren mañana en la sede de su fiscalía, la Criminal y Correccional 41.

    Además, el jueves será la audiencia oral ante la Sala I de la Cámara del Crimen, donde el fiscal de cámara Ricardo Sáenz, mantendrá y defenderá la apelación que hicieron Russi y la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a la excarcelación otorgada por la jueza Zucconi para el imputado.

    El abogado querellante Pablo Baqué, quien representa a la víctima, también anticipó a Télam que en los próximos días acercarán a la fiscalía el testimonio de otras dos posibles víctimas que denunciarán al comerciante peruano por situaciones similares a las relatadas por la venezolana.

    Garzón Martínez fue procesado por la jueza Zucconi por «abuso sexual agravado con acceso carnal», pero mantuvo la libertad del imputado porque, según su criterio, no existían razones que permitieran presumir de manera fundada que va a intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación.

    Además, la jueza consideró que el hecho de que no tuviera antecedentes penales y se hubiera identificado de manera correcta conformaba un escenario propicio para mantener su libertad, fijándole algunas reglas de conducta.

    Este es el fallo que fue apelado por las fiscales Russi y Labozzetta, y que ahora deberán revisar los camaristas para ver si el acusado continúa en libertad o si ordenan su detención.

    El hecho se registró el pasado 23 de enero, cerca de las 14, cuando la denunciante fue citada para realizar una entrevista laboral que había coordinado días antes por la red social Facebook.

    El acusado le pidió cenar el viernes para así «poder hablar sobre el trabajo», propuesta que fue rechazada por la joven, quien finalmente arregló presentarse el sábado por la mañana en el mencionado local de la calle Paso 693.

    Según el relato de la denunciante, durante la jornada de trabajo, el acusado le ofreció varias veces una bebida hasta que finalmente la chica aceptó tomar un vaso de agua.

    Siempre de acuerdo a sus dichos, tras beber el agua comenzó a sentirse mareada, por lo que le envió un mensaje a su hermana explicándole la situación.

    «Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada», expresó la joven en el mensaje que le envió a través de WhatsApp y agregó la dirección en donde se encontraba.

    Cuando la policía ingresó al local, encontró a la joven en el fondo del comercio y el acusado estaba vistiéndola y poniéndole los pantalones.

  • Argentina se negó a condenar el nuevo golpe de maduro contra la democracia venezolana

    Argentina se negó a condenar el nuevo golpe de maduro contra la democracia venezolana

    La Organización de Estados Americanos aprobó ayer la resolución en la que se condena “el continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las funciones que las leyes venezolanas le otorgan a la Asamblea Nacional y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela, contrario a lo establecido en la Carta Interamericana”.

    Con 21 votos a favor, 7 abstenciones y 6 países ausentes, el Consejo Permanente de la OEA decidió rechazar y desconocer “la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, así como la ilegal designación de las directivas de los partidos políticos Primero Justicia y Acción Democrática”.

    Con esta contundente resolución, la OEA se sumó a la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de Lima en el rechazo a las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el régimen de Maduro, que arrebató las funciones del Parlamento y designó nuevas autoridades comiciales afines al chavismo para convocar elecciones fraudulentas. Sin embargo, Argentina decidió abstenerse.

    En el documento adoptado por la OEA, se exige al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro “que respete las prerrogativas de la Asamblea Nacional, cese la usurpación de sus funciones, y se abstenga de interferir en el funcionamiento de los partidos políticos independientes”.

    Además se advierte que «este tipo de acciones constituyen un obstáculo para la restauración de la democracia en Venezuela y el Estado de Derecho, que solo se pueden conseguir a través de la celebración de elecciones justas, libres y transparentes, con un Consejo Nacional Electoral independiente y un Tribunal Supremo de Justicia imparcial, y con observación internacional independiente».

    Finalmente, la resolución aprobada urge al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a liberar inmediatamente a todos los presos políticos, incluidos los diputados de la Asamblea Nacional, y cesar de inmediato toda detención, persecución y encarcelamiento arbitrario, y hace un llamado a todos los actores políticos en Venezuela para que inicien y lleven a cabo un proceso decidido de transición pacífica y democrática en la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con las leyes nacionales y su Constitución, así como lo establecido en la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA.

    A favor de la resolución condenatoria votaron El Salvador, EEUU, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela,Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador. 

    La decisión no tuvo opiniones en contra pero sí ausentes, a seis clásicos aliados del régimen de Maduro: Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica.

    Y los siete que se abstuvieron fueron Argentina, México, Grenada, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago y Belice.

    Error. Something went wrong.La votación nominal, país por país, de la reunión del Consejo Permanente de la OEA que condenó la elección de la corte electoral chavista

    La representante diplomática de la Asamblea Nacional en Argentina, embajadora Elisa Trotta Gamus, agradeció a los 21 países que reafirmaron su apoyo a la lucha por elecciones libres en Venezuela. «Las pruebas de lo que ocurre en Venezuela son muchísimas y contundentes. No existe una ‘disputa entre dos bandos’, sino el clamor de todo un país contra un pequeño grupo que usurpa el poder, protegidos por las armas de aquellos que han asesinado, torturado y desaparecido a miles», manifestó.

    Trotta Gamus, sin embargo, condenó la neutralidad de quienes se abstuvieron: “Desmond Tutu dijo una vez: ‘Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor’. No permitamos que más venezolanos mueran a causa de una crisis provocada por quienes los asesinan si protestan. Seamos parte, todos, de una solución verdadera y rápida”.

    Esta es la segunda resolución sobre Venezuela en la que el gobierno argentino de Alberto Fernández y el mexicano de Andrés Manuel López Obrador se abstienen. El 10 de enero pasado se negaron a apoyar la resolución que condenaba el uso de la fuerza en contra de la Asamblea Nacional, cuando la dictadura chavista usó las fuerzas militares para impedir el ingreso de Guaidó y 100 diputados opositores al Palacio Legislativo para evitar que el presidente interino renovara su mandato al frente del Parlamento.

    Error. Something went wrong.Voto de Argentina en la OEA

    La designación del nuevo CNE por parte del TSJ chavista tuvo lugar el viernes de 12 junio y de cara a las elecciones parlamentarias que se celebrarán en diciembre de este año, a pesar de que esta decisión le corresponde a la Asamblea Nacional, con mayoría opositora.

    La corte chavista designó a Indira Maira Alfonzo Izaguirre, como rectora principal y presidenta del máximo ente comicial; Rafael Simón Jiménez Melean, como rector principal y vicepresidente del CNE; Tania D’Amelio Cardiet, como rectora principal; Gladys María Gutiérrez Alvarado, como rectora principal y José Luis Gutiérrez Parra, como rector principal, de acuerdo al comunicado oficial.

    Además, designó como rectores suplentes a Abdón Rodolfo Hernández Rodríguez, Alex David Said Díaz Padrón, Carlos Enrique Quintero Cuevas, Jennycet Caroliska Villalobos, Juan Carlos Delpino Boscán, Luis Delfín Fuenmayor Toro, Fanck Antero Pic Durán, Gloria Adelaida Muñoz, Deyanira Briceño y Eleusis Aly Borrego.

    Los rectores del CNE son quienes deben velar por la transparencia en las elecciones y la dictadura de Maduro quiere asegurarse esos puesto de cara a futuros comicios. Con esta decisión, se dejó a la Asamblea Nacional sin una de sus atribuciones legales para nombrar a las autoridades electorales, y se cerró el proceso de acercamiento que se venía adelantando entre las bancadas de la oposición y el gobierno para lograr unos candidatos al CNE de consenso.

    Quiénes son los rectores designados por el chavismo

    Indira Alfonzo, nueva presidenta del CNE, fue en 2014 Magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y en 2017 se convirtió en Primera vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Un año después fue sancionada por el gobierno canadiense.

    Ceremonia de juramentación de los rectores del CNE designados por el Tribunal de Maduro (Reuters)

    Ceremonia de juramentación de los rectores del CNE designados por el Tribunal de Maduro (Reuters)

    Tania D’Amelio, en cambio, ya era rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Entre 2000 y 2010 fue diputada por el estado Vargas y entre 2009 y 2013 formó parte de la Junta Nacional Electoral y la Comisión de Registro Civil y Electoral. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó en 2017 y Panamá lo hizo en 2018.

    Gladys Gutiérrez fue embajadora en España en 2002 y en 2005 fue electa diputada suplente de Ibrahín Velázquez, quien fuese en ese momento alcalde en el estado Nueva Esparta. Llegó en 2006 a ser Procuradora General de la República y en 2010 se convirtió en Integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Un año después se convirtió en representante del Poder Judicial ante la “Misión Justicia Socialista”.

    En 2017 llegó a ser presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y en 2018 fue sancionada por Panamá. Finalmente, este año llegó a ser magistrada del Tribunal Supremo de Justicia.

    Rafael Simón Jiménez fue electo diputado por estado Barinas en 1998. En 2002 se convirtió en Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional y un año después fundó del movimiento VAMOS. En 2006 se hizo miembro de la dirección de la campaña electoral de Manuel Rosales y 2007 se unió a Un Nuevo Tiempo. Un año después fue candidato a la gobernación del Estado Barinas.

    José Luis Gutiérrez es un abogado especializado en Derecho Administrativo y hermano de Bernabé Gutiérrez, a su vez un militante de Acción Democrática.

    Finalmente, el nuevo rector suplente, la designación del cirujano Luis Fuenmayor Toro fue doblemente polémica, primero por ilegal, y segundo por su controvertido historial, que incluye la negación del Holocausto y una denuncia de abuso sexual de su propio hijo.