Un fiscal solicitó que vaya a juicio el hombre de 32 años que está detenido como acusado de haber asesinado de 14 puñaladas en julio pasado al cura Oscar Antonio Juárez en su domicilio parroquial de la capital tucumana durante un intento de robo, informaron hoy fuentes judiciales.
El requerimiento fue formulado por el fiscal Carlos Sale, a cargo de la Fiscalía de Homicidios, quien solicitó enjuiciar a Jorge Leonardo Herrera por el delito de homicidio agravado con alevosía, ensañamiento y criminis causae del sacerdote Juárez.
Herrera, el único imputado de la causa, fue detenido a los pocos días del crimen, cometido el 14 de julio último, luego de que la justicia ordenó allanar su vivienda y su auto, donde se hallaron prendas de vestir y un par de zapatillas con manchas de sangre.
El cuerpo del sacerdote fue descubierto la mañana del miércoles 15 de julio por una empleada de la iglesia, que dio aviso a la policía.
De inmediato, un patrullero concurrió al lugar y encontró el cuerpo del cura tapado con una sábana en el interior de su dormitorio de la residencia parroquial de la iglesia San Martín de Porres.
Según el informe forense, el sacerdote fue asesinado de 14 puñaladas y el ataque se produjo en la noche del martes 14 de julio, aunque el cuerpo fue encontrado 10 horas después.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, el crimen ocurrió entre las 22.40 y 23.30 aproximadamente, cuando el párroco se encontraba en la iglesia situada en la intersección de calles San Martín y Castro Barros.
En esa franja horaria, según la investigación, Herrera ingresó a la residencia empuñando un arma blanca con la intención de robar una importante suma de dinero que Juárez tenía guardada en el lugar y luego asesinarlo con el fin de ocultar el robo.
Según la pesquisa, el imputado había tomado conocimiento de la existencia de ese dinero a través de su madre, Norma Valdez, quien trabajaba como secretaria de la parroquia San Martín de Porres y a quien Juárez le tenía mucha confianza.
En base a testimonios recolectados en el expediente, se determinó que el dinero estaba guardado en la casa de Valdez, pero que en marzo, antes del inicio de la cuarentena por el coronavirus, había sido sacado de esa propiedad.
Eso llevó a que Herrera fuera a buscarlo a la vivienda del cura, donde tampoco pudo hallarlo y donde fue descubierto por Juárez, a quien, de acuerdo a la acusación fiscal, apuñaló 14 veces.
Luego se supo que el párroco había entregado ese dinero a sus hermanos para que lo guardaran en su casa, tal como ellos declararon ante los investigadores cuando ya Juárez había sido asesinado.
Sobre la secretaria Valdez y su hijo, el imputado, el fiscal manifestó en el requerimiento de elevación a juicio que se trata de «personas que contaban con la confianza de la víctima, compartiendo muchos momentos juntos y manteniendo contacto con cierta regularidad».
Al enumerar las pruebas obtenidas en la causa contra el acusado, el fiscal mencionó que se secuestraron grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho y que, mediante el análisis de las imágenes, se determinó que «la persona que aparece en ellas posee las características del imputado y su vehículo, un Peugeot blanco de techo oscuro, que coincide con todos los fotogramas de las distintas cámaras en cada uno de los horarios» en el que fue cometido el crimen.
Además, del informe con los resultados de los exámenes de ADN practicados en Buenos Aires sobre diferentes elementos de prueba secuestrados en el marco de la causa, surge que había material biológico del cura en un par de zapatillas, en un pantalón y en el automóvil del acusado.
También se encontraron restos biológicos compatibles con el ADN del sacerdote en un cuchillo sindicado como el arma homicida.
En este sentido, la hipótesis del fiscal sostiene que «el imputado se encontraba en el lugar del hecho, pisó la sangre con las zapatillas y al manipular el arma blanca tuvo sangre de la víctima que se trasladó hacia el cabo -zona de agarre- y a la funda y los jeans que llevaba al momento de ejecutar el brutal crimen en contra del sacerdote».
«A la luz de la regla de la sana crítica, no cabe ninguna duda de que el imputado es presunto autor del hecho investigado que se le atribuye, habiéndose obtenido los medios probatorios que posibilitan formular este requerimiento», señaló el funcionario judicial en su requerimiento de elevación a juicio.
Por último, el fiscal Sale indicó que el cura fue asesinado «a través de un proceso de apuñalamiento en la espalda, luego un proceso asfíctico incompleto -colocando cintas de embalaje en la boca- para luego terminar con las últimas puñaladas que truncaron su vida, todos estos actos que exteriorizan sadismo y brutalidad».
La víctima tenía 67 años, llevaba 42 como sacerdote y desde hacía 13 estaba a cargo de la parroquia San Martín de Porres, según precisaron fuentes del arzobispado.
El arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez, dijo a las horas de conocerse la noticia del crimen que «la muerte de un sacerdote genera un dolor profundo, pero en especial la de este cura que estuvo muchos años dedicado a la Iglesia pero tenía pilas para seguir».
Sánchez describió al párroco Juárez como «una persona humilde, generosa y servicial», que pertenecía a una familia muy cercana a la iglesia católica y contó que había pasado por el Seminario Mayor.
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