El ex Ministro de Planificación kirchnerista y su mano derecha, Roberto Baratta, deben declarar esta semana y el ex gobernador de Santa Cruz debe hacerlo en enero. La lista de quienes deben declarar sigue.
El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a su entonces mano derecha Roberto Baratta; al exgobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta y empresarios en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la construcción de la usina Río Turbio.
Las indagatorias que habían sido solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan comienzan esta semana y se extienden hasta el 11 de enero en los tribunales de Comodoro Py.
La causa había sido reabierta por la Cámara Federal e incluso meses atrás el fiscal Marijuan había reclamado las indagatorias pero también detenciones en el caso que hasta el momento no fueron concedidas por el magistrado.
Según investiga la Justicia, se habría llevado a cabo un perjuicio patrimonial al Estado Nacional con la construcción de la denominada Central Termoeléctrica a carbón Río Turbio, a partir de la licitación 12/06 que lanzó el Ministerio de Planificación para su construcción bajo la modalidad llave en mano que culmina con la adjudicación de la obra consorcio Isolux Corsán a un precio ostensiblemente mayor al del mercado internacional.
Justamente, uno de los citados a declaración indagatoria es el empresario Juan Carlos De Goycoechea, uno de los primeros arrepentidos en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y que ahora también es citado por esta causa.
En diciembre de 2007 el Estado Nacional firmó contrato con la empresa Isolux Corsan para construir la mina aunque había advertencias, como ser el problema de las toneladas de ceniza que generaría la central y el hecho de asegurar la generación de unos 240 MW.
El problema era que para garantizar esa producción se debía generar un costo extra para el Estado Nacional o importar el carbón para alimentar la central.
Además, la obra que tenía un valor inicial de 1500 millones de pesos luego se incrementó a 2600 y finalmente un valor superior a los 4 mil millones.
En 2015 y ante la falta de carbón para operar la mina cerró su producción y el Estado Nacional quedó adeudado para con la empresa Isolux Corsan por más de 700 millones de pesos al no haber aprobado los certificados de obra ás de 700 millones de pesos al no haber aprobado los certificados de obra de la mina.
«El procedimiento de licitación, contratación, ejecución y financiamiento de la obra de construcción de la CTRT, caracterizado por las numerosas irregularidades supuso un incremento patrimonial indebido para el Grupo Isolux. A ese resultado –beneficio del grupo privado y perjuicio al Estado- no habría podido arribarse sin la intervención de funcionarios públicos interesados como parte en las gestiones necesarias para la licitación de la obra, la contratación y autorización de variantes y adendas a la obra de construcción de la CTRT asignadas directamente al Grupo Isolux, que participó activamente y se benefició con la maniobra», según la acusación del fiscal Marijuan.
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