La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad durante la manifestación del miércoles 12 de marzo en apoyo a los jubilados, que terminó con 114 detenidos y el fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido. Además, presentó el nuevo proyecto de Ley Antibarras, que busca endurecer las penas contra los violentos en el fútbol.
Polémica por el operativo y la lesión del fotógrafo
En una conferencia de prensa en Casa Rosada, Bullrich rechazó las críticas al operativo y negó que el impacto que sufrió Pablo Grillo haya sido producto de un disparo directo a la cabeza.
«Las reconstrucciones no cumplen con los protocolos de las fuerzas de seguridad y los análisis que hacen no son rigurosos. El disparo no fue directo a la cabeza, eso no es verdad», aseguró la ministra, justificando que la cápsula de gas lacrimógeno habría rebotado antes de impactar en el fotógrafo.
Bullrich también denunció la violencia por parte de los manifestantes y sostuvo que hubo sectores que «quisieron alterar el orden público y atacar la Casa Rosada». Asimismo, adelantó que se abrirá una línea telefónica (134) para recibir información sobre los violentos que participaron en la marcha.
Nueva marcha y supervisión judicial
Ante la convocatoria a una nueva movilización para el miércoles 19 de marzo, en la que participarán sindicatos y organizaciones estudiantiles, Bullrich evitó anticipar medidas, pero respaldó la posibilidad de que el juez Martín Cormick supervise el operativo.
«Está muy bien que el juez venga y acompañe a las fuerzas en acción. Así verá lo que viven las fuerzas de seguridad», afirmó.
Presentación de la Ley Antibarras
En el mismo evento, Bullrich anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley Antibarras, que busca crear la figura de asociación ilícita futbolística y aumentar las penas contra los integrantes de estos grupos.
Entre los puntos destacados de la iniciativa, la ministra adelantó que los dirigentes que faciliten o financien actividades ilícitas de los barras también serán sancionados.
«Muchas veces los dirigentes les alquilan micros, permiten la entrada de elementos contundentes o armas a las canchas. Vamos a fondo para que las barras no solo no estén en los estadios, sino que se desarmen como organizaciones criminales», aseguró.
Bullrich destacó el avance del Programa Tribuna Segura, pero admitió que necesitaba una normativa más dura para erradicar la violencia en el fútbol.
El debate ahora queda en manos del Congreso, donde el oficialismo intentará conseguir los votos necesarios para avanzar con esta iniciativa en medio de un clima de creciente conflictividad social y política.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se pronunció sobre los recientes enfrentamientos ocurridos en la marcha de jubilados frente al Congreso, destacando la importancia de la protesta pacífica, pero advirtiendo que cualquier acto violento debe ser reprimido por las fuerzas de seguridad.
“Manifestarse forma parte del ejercicio de la democracia, pero el uso de la violencia en las manifestaciones siempre debe ser reprimido por las fuerzas del orden. Como vicepresidente ruego por la pronta recuperación de los heridos y llamo a la paz social”, expresó en un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter).
Contexto: represión y críticas al operativo policial
Las declaraciones de Villarruel llegan después de una jornada de alta tensión en Buenos Aires, donde una protesta de jubilados terminó en duros enfrentamientos con las Fuerzas Federales. La represión dejó un saldo de más de 120 detenidos y al menos 45 heridos, incluyendo al fotoperiodista Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo.
Desde el Gobierno, Patricia Bullrich defendió el accionar policial y anunció que algunos manifestantes podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión bajo la nueva ley antimafia impulsada por la gestión de Javier Milei.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición cuestionaron el uso excesivo de la fuerza, calificándolo como un intento de criminalizar la protesta social.
Un llamado a la paz social en medio de la tensión
El mensaje de Villarruel intenta marcar un equilibrio entre el derecho a la manifestación y la necesidad de garantizar el orden público. Mientras el Gobierno refuerza su postura de tolerancia cero frente a disturbios, la vicepresidenta hizo un llamado a la paz social, pidiendo por la recuperación de los heridos y evitando una escalada mayor en el conflicto.
En este contexto, el debate sobre la seguridad y el derecho a la protesta se mantiene en el centro de la agenda política, con posiciones cada vez más polarizadas.
Al menos una persona murió y varias resultaron heridas durante una protesta en la ciudad de Maracay contra el fraude perpetrado por Nicolás Maduro. Según informó el hospital local, un joven perdió la vida en el marco de una manifestación en la capital del estado de Aragua.
Las fuerzas del orden chavistas reprimieron con dureza las manifestaciones que se extendieron también a Caracas, donde la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Las protestas surgieron después de que Maduro se autoproclamara presidente por tercera vez tras unas elecciones ampliamente repudiadas a nivel internacional.
La represión en Caracas
En Caracas, las fuerzas policiales respondieron con gases lacrimógenos a las protestas que se desarrollaban en diversos sectores de la ciudad. Miles de manifestantes se congregaron en la barriada popular de Petare, gritando consignas como «¡Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer!» y «¡Que entregue el poder ya!».
Marina Sugey, una ama de casa de 42 años, expresó su indignación en una de las protestas: “Por la libertad de nuestro país, por el futuro de nuestros hijos, queremos libertad, queremos que se vaya Maduro, ¡vete Maduro!”.
Amenazas y tensión preelectoral
Pocos días antes de las elecciones, Maduro había amenazado con un “baño de sangre” si no triunfaba en los comicios: “El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”.
Esta no fue la primera amenaza de Maduro antes del proceso electoral. En un evento posterior afirmó que el país decidiría entre “guerra” y “paz” en las elecciones presidenciales.
Reacciones y acusaciones
La oposición liderada por María Corina Machado no ha llamado a estas protestas. Sin embargo, el régimen ha acusado a la oposición de intentar desestabilizar el país a través de la violencia. Además, Maduro ordenó a las cúpulas chavistas capturar a los líderes opositores tras el fraude electoral.
El llamado internacional a una mayor transparencia en el recuento de votos sigue creciendo mientras las protestas se multiplican. La empresa que proveyó el software para el fraude electoral también ha sido señalada por sus antecedentes, lo que aumenta la desconfianza en el proceso.
Las tensiones continúan elevándose en Venezuela mientras la población clama por libertad y el fin del régimen de Maduro.
Recordemos que denunciaron atropellos y violencia policial contra pobladores de ese lugar, a pobladores de la comunidad originaria
Los efectivos llegaron al paraje situado en el norte del Departamento Belén por la resistencia que mantienen los comuneros ante el avance de la actividad minera en la zona.
Aseguraron que mujeres, niños y adultos mayores fueron golpeados y heridos con balas de goma por el personal uniformado, quienes también habrían causado destrozos en viviendas.
Un vídeo registró el momento en que un hombre de 80 años fue arrojado al suelo por parte de integrantes de la fuerza.
Los pobladores piden que el propio gobernador Raúl Jalil se interiorice de la situación que atraviesan.
Sin embargo, hasta el momento el Ministerio de Seguridad a cargo de Fabiola Segura no se expidió sobre el violento accionar policial en la víspera.
Trascendió que la situación está siendo analizada por funcionarios de esa cartera y por la cúpula de la Policía de la Provincia, sin que todavía se haya emitido un comunicado oficial sobre el episodio.
En cambio, quien sí se pronunció sobre el tema fue el diputado provincial Hugo Ávila.
El legislador anticipó que: “voy a pedir juicio político para la fiscal Marina Villagra, quien ordenó esta represión qué agredió brutalmente a niños, mujeres y ancianos».
En sus redes sociales, Ávila aseguró que «es evidente que el gobierno de Jalil está dispuesto a reprimir con palos y balas a los que se oponen legítimamente a su política de entrega, saqueo y contaminación».
Por su parte, el diputado peronista Juan Carlos Ledesma elevó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad, y dio a conocer su consternación por el episodio y su compromiso con la protección de los derechos humanos, particularmente de las comunidades originarias.
La diputada Silvana Carrizo, desde el bloque de la UCR, condenó enérgicamente la represión sufrida por la comunidad indígena en Belén, y exigió la intervención inmediata del Estado y de la justicia.
Además, el Partido Obrero convocó a una asamblea y emitió un comunicado repudiando el ataque contra la comunidad de Peñas Negras.
Denuncian el accionar desmedido de la policía provincial y acusan al gobierno de Jalil de respaldar estas acciones para favorecer intereses mineros, ignorando los derechos de las comunidades originarias.
La asamblea abierta será en la Facultad de Humanidades, para abordar estos reclamos y organizar la resistencia contra políticas entreguistas.
Más de 50 efectivos con escudos, una tanqueta y 15 vehículos desalojaron a alumnos y docentes que desde hace tres meses mantenían una toma de la casa de estudios en reclamo por mayor presupuesto. Hay ocho detenidos.
Este lunes Gendarmería reprimió y desalojó a estudiantes y profesores que desde hace tres meses mantenían la toma del edificio de la Universidad Nacional de Río Negro en reclamo por mayor presupuesto para la casa de altos estudios.
Más de 50 gendarmes, una tanqueta hidrante, un dron y 15 vehículos irrumpieron esta mañana y detuvieron a ocho personas en el edificio conocido como «La Casona» situado en Isidro Lobo y Belgrano, de esa ciudad del Alto Valle de Río Negro, informaron medios locales.
A las 05:30, la Gendarmería Nacional desplegó el operativo con la orden de desalojo del Juez Hugo Greca. Hace tres meses, y durante el primer día de toma, las autoridades universitarias con la firma del Vicerrector Carlos Aberto Arzone, denunciaron penalmente a docentes y estudiantes que participaban de la medida.
Según detalló el portal Río Negro, Gendarmería cortó el tránsito en las calles Belgrano, entre Rodhe y canalito, y en Isidro Lobo, entre Belgrano e Italia para impedir el paso de autos y vecinos. Alrededor de las 8, los gendarmes ingresaron a la sede roquense de la casa de estudios y detuvo a las 8 personas.
Pasadas las 8 de la mañana, se sumaron más gendarmes que formaron una segunda línea para reforzar el corte de calles. Otro grupo retiró las banderas que estaban instaladas alrededor del predio.
En tanto, en las inmediaciones de lugar, estudiantes e integrantes de sindicatos y algunas organizaciones se acercaron hacia al edificio en forma de protesta mientras se espera la llegada de Greca. El procedimiento se desarrolla bajo un fuerte hermetismo ya que los Gendarmes no realizaron ningún tipo de declaración y se desconoce si poseen una orden judicial para irrumpir en un edifico universitario.
La Comunidad Aborigen Cueva del Inca, de Tilcara, fue reprimida esta mañana por la Policía de Jujuy, en el marco de la protesta que realizan desde hace días con cortes parciales de la ruta nacional Nº 9. Los motivos del reclamo son básicamente dos: el rechazo a la megaminería y la exigencia de que se levante una medida cautelar de prohibición de innovar dictaminada por el juez Sebastián Cabana en marzo de 2015. Está medida impide a algunas familias de la comunidad tener luz eléctrica, agua potable, ampliar sus viviendas, no pueden desarrollar emprendimientos de economía comunitaria, usar su salón cultural, etc.
Tras la represión los voceros de la comunidad convocaron a las comunidades indígenas, organizaciones civiles, centros vecinales, ambientalistas y ciudadanos en general a sumarse al apoyo a la comunidad está tarde, en el acceso a Puerta Huichaira, en rechazo a la la explotación minera extractivista y en defensa del agua, la vida y el territorio.
Verónica Mamaní, presidenta de esa comunidad, le contó a El Tribuno de Jujuy que esta mañana, cuando «realizaban un corte pacífico de ruta en medida de protesta, llegó la Policía de la Provincia junto a Infantería y sin mediar palabras o presentar alguna orden de desalojo, comenzaron a reprimir a los que estábamos ahí»
La mujer denunció el «robo de cámaras y celulares y que se llevaron detenidas a 6 personas. Se trata de una menor de edad y cinco hombres entre los que se encuentra una persona mayor de edad con problemas de salud».
Precisó que todos están en la Comisaría 14 de la ciudad de Tilcara, a la espera de su pronta liberación. Los detenidos son:
Fany Moreno
Walter Condorí
Rosario Condorí
Enzo Cabana
Orlando Valerio
Lihuén Aramayo
Mamaní, comentó además que “estamos coordinamos con los hermanos de Pozuelos para hacer movilizaciones simultaneas. Así es que desde ayer hacemos cortes a media calzada”.
Detalló que uno de los motivos “es que la minería de Chinchillas está haciendo desastres con la laguna y la cuenca de Pozuelos. Es mucha contaminación, se está alterando toda la biosfera, y eso es un peligro para la Puna pero también para la Quebrada. Tenemos que tener en cuenta que el agua de las mineras llega con el río Grande, y con eso regamos nuestras verduras. Por eso nos manifestamos por un Sí a la vida y un No a la contaminación”.
El 33° Encuentro Nacional de Mujeres, en Trelew, terminó con una fuerte represión, diez detenidas (que ya fueron liberadas) y periodistas y manifestantes heridas con balas de goma. La marcha más grande que conoció la ciudad patagónica tuvo algunos incidentes que no fueron disuadidos, sino reprimidos con métodos ilegales como tirar balas de goma a corta distancia, no respetar el trabajo de la prensa identificada y la intervención de agentes de civil no identificados, que maltrataron y golpearon a manifestantes.
Disturbios: Medios hicieron protagonistas y precursoras de los incidentes a las mujeres que participaban del Encuentro.
La policía no intervino para frenar o disuadir los incidentes, pero tampoco para defender a las mujeres que fueron agredidas por varones locales, grupos religiosos o sectores no identificados que apedrearon las escuelas donde dormían, les robaron mochilas y pertenencias y apedrearon los micros en los que se tenían que transportar. La falta de custodia policial dejó la zona liberada para las agresiones. Y, en cambio, una represión indiscriminada y fuera de los protocolos de seguridad democrática para reprimir el final de la marcha del Encuentro en Trelew.
“En 25 de Mayo y Rivadavia había un despliegue de doscientos policías aproximadamente que salieron alegando que diez chicas agredieron la librería de la Iglesia. Le pedimos a Federico Massoni, ministro de Gobierno, que desmilitarice la zona”, relató Florencia Rubilar, de la Comisión Organizadora del Encuentro de Mujeres a la periodista Mariana Carbajal. Las mujeres detenidas en la Alcaldía local habían llegado desde Neuquén, San Luis, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata y tienen entre 18 y 39 años.
También hubo heridas que tuvieron que atenderse en el hospital zonal de Trelew (en un hecho inédito) a pesar de que la represión en Mar del Plata, en el 2015, también dejó a chicas detenidas (dentro de la Catedral) y con grupos neofascistas cerca como modo de intimidación y que en Rosario, en el 2016, también hubo represión con balas de goma que lastimaron a manifestantes y fotógrafas. En Chaco, Resistencia, el operativo de seguridad demostró que si hay decisión política la represión no es necesaria. La seguridad chaqueña estuvo consagrada a funcionarios/as de la Secretaria de Derechos Humanos. Y, cuando hubo incidentes en la Catedral, un grupo de bomberos pudo disuadir las agresiones, sin generar detenciones, ni agresiones. En Trelew, en cambio, la policía le dio vía libre a quienes agredían a las mujeres, no previno ni evitó los incidentes y generó una represión sin control, virulenta e indiscriminada.
Una de las características antidemocráticas de las detenciones es que, en algunos casos, fueron realizadas, según testimonios que pudo recoger Página 12, por personal de civil.
Incidentes.
Sergio Román, un varón trans contó, en el bar Touring, mientras se encontraba en shock: “Corrí para salvar a mi pareja y no pude porque aparecieron varones sin identificación que hacían fuerza para agarrarla y le tiraban de los pelos”. Por otra parte, Nor, al lado suyo, y con lastimaduras que la mostraban ensangrentada, reforzó: “Me agarraron hombres de civil, me arrastraron y pegaron patadas. Me salvaron unas chicas, pero nos querían levantar y cagar a palos. Yo creí que eran barrabravas. No eran gente del pueblo, sino policía de civil”.
La periodista feminista Estefania Pozzo, de El Cronista y Futurock ayudó, en la noche del domingo 14 de octubre y la madrugada del lunes 15 (en que fueron liberadas las detenidas), a identificar a las víctimas y frenar los embates policiales. Ella analiza: “La represión que se vio el domingo en Trelew empezó antes de esa noche, con el abandono de las mujeres que fueron agredidas a piedrazos; siguió con el patrullaje desmedido de miembros de la Policía de Chubut e Infantería por las calles de la ciudad, y terminó con el encarcelamiento de las pibas a manos de agentes vestidos de civil, sin observar garantías ni derechos. No es casual que dos periodistas hayan sido baleadas en ese contexto. Esta escena de miedo se repitió en el Hospital Zonal de Trelew, en el que llegaban pibas sin haber sido identificadas ni informadas, y que fueron conectadas con sus organizaciones solo por el pacto de las mujeres feministas que se apostaron como garantía de cuidado colectivo. La cantidad de miembros de la fuerza chubutense apostados en la guardia del hospital hacía pensar en cómo para dos chicas se contaba con todos los recursos disponibles (y más) y cómo para los piedrazos a mujeres en barrios sin transporte había cosas más importantes que hacer. Creo que esta respuesta represiva es una decisión política y está enmarcada en la persecución del movimiento organizado de mujeres, lesbianas, travestis y trans”.
Incidentes.
La periodista Cynthia Castoriano, documentalista, integrante de Manifiesta comunicación feminista y trabajadora de la Universidad de General Sarmiento (UNGS) fue lastimada, junto con Natalia Bordesio, relata: “Vivimos una marcha espectacular. Y no queremos opacar la fiesta que fue el Encuentro con la represión. Pero no se puede quitar el dolor en el cuerpo”, evalúa. Y describe: “Nosotras llegamos a 25 de mayo cuando la represión ya estaba disipada. Había muchos policías armados, pero el clima era de tranquilidad. Ellos empezaron a gritar que había un saqueo y empezaron a agarrar a cinco chicas y a arrastrarlas del pelo hasta una traffic de la policía. Yo sentí que la policía avanzaba a mis espaldas. Corrí y sentí disparos. Y en un microsegundo hice contacto visual con un varón que me disparó. Estoy todavía en shock. Amanda Alma me lleva a un hall. Yo empiezo a sentir que me quemaba la piel. Salimos con manos en alto mostrando el carnet de prensa y diciendo que estábamos heridas. Me llevaron hasta el hospital donde me atendieron. En principio me atendió un médico que me dijo que me lo merecía. Y al lado mío había una chica con un palazo en la cabeza. Fue muy violento. Tengo ocho agujeros en el cuerpo. Y me duele muchísimo los hombros, la panza y las manos. En realidad, son balas que solo se pueden disparar de las rodillas para abajo porque duelen mucho. Y había una señora con un bebé que sale en la foto de Jose Nico. Por eso, salimos y fuimos a hacer una denuncia por violencia institucional. La comisión organizadora va a ser querellante”. Ella propone, en relación al Encuentro de Mujeres de La Plata, en el 2019: “Si tocan a una nos tocan a todas tiene que dejar de ser una consigna para ser una realidad. Y hay que evaluar cuáles son las políticas de autocuidado y seguridad que vamos a desarrollar nosotras mismas porque la brutalidad avanza y no se va a detener. En contextos tan hostiles tenemos que tener la capacidad de cuidarnos todas juntas”.
Por su parte, Sol Prieto, referente de Usina de Estudios Políticos Laborales y Sociales (Ueplas), reconstruye: “Fue escalofriante lo que nos pasó. Apedrearon tres de los cuatro micros en los que fuimos. Horas antes de partir los choferes nos habían advertido sobre otros micros apedreados y nos dijeron ‘apaguemos las luces y cerremos las cortinas así no las ven’. En mi micro se escucharon primero dos golpes muy seguidos. El primero metálico, el segundo estalló el vidrio y una lluvia de cristales filosos cayó justo al lado de una compañera. Todavía me pone mal pensar qué hubiera pasado si las cortinas no hubieran atajado los pedazos que cayeron entre los pies de las chicas, sobre las mochilas y en los asientos. En seguida nos agachamos, hicimos silencio y cerramos todas las cortinas mientras seguían tirando piedras. Por suerte nadie se lastimó. Agachadas, encerradas, con el corazón acelerado, abrazadas, dejamos la escuela N° 793 de Trelew. En el Encuentro habíamos charlado mucho sobre (Jair) Bolsonaro y la cobertura que los medios más grandes hicieron de Trelew, muy demonizadora, avivando estos mitos de las feministas violentas. Parece un augurio de tiempos complicados y extremos para las mujeres y las disidencias en general”.
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