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10 jueces y casi la misma cantidad de fiscales renunciaron al conocer el proyecto del Gobierno para eliminar las jubilaciones de privilegio

El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior. El texto ingresó poco antes de las 20 por la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. La respuesta del mundo judicial no tardó en llegar: hubo un fuerte rechazo al proyecto y se advirtió sobre una escalada de renuncias. Y, según la información a la que accedió Infobae, ya son 10 los jueces que renunciaron desde que salió a la luz la iniciativa oficial.

Todos ellos presentaron la renuncia entre el martes 18 y este jueves. Ellos son: Miguel Omar Pérez (vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III); Marcelo Gonzalo Díaz Cabral (Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín); Beatriz Bistué De Soler, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal; Silvia Nora Ramond, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 de la Capital Federal; Miguel Angel Caminos, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal; Fernando Adolfo Larrain, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal; María Cristina Bértola, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16; Juan Carlos Dupuis, vocal de la Cámara Nacional en lo Civil Sala E; Carlos Alberto González, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Vocalía N° 20; y Jorge Adolfo López, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30 de la Capital Federal.

La Asociación de Magistrados y la de Fiscales habían criticado el proyecto del Gobierno para reformar el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y advirtieron que la iniciativa viola fallos ya dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la intangilidad de la remuneración de los jueces. De hecho, también habría renunciado un número similar de fiscales.

“Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación”, sostuvieron en un comunicado.

Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial también rechazaron el proyecto legislativo que, según entienden, “atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales»

Para la Federación el proyecto ha sido elaborado “sin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales y sin la participación de esta institución, única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os que la componen” y “agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85 % de las causas judiciales del país”

Señalaron que esos sueldos y jubilaciones “no son de privilegio” y “no se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de “la justicia””. En esa línea, consideraron que la iniciativa tiene una “mirada sesgada que desconoce que las magistradas y funcionarias, como el resto de las mujeres, se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales”. “Este proyecto pretende eliminar la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años”, indicaron.

“Quienes trabajamos todos los días en los tribunales provinciales somos conscientes de la realidad económica del país. La vocación por la función pública se asienta sobre el compromiso de mejorar la vida y el bienestar de las sociedades en las que vivimos, por esa razón estamos siempre dispuestas/os a participar en todas las discusiones orientadas a esos objetivos”, expresaron quienes integran la Federación.

La Cámara de Diputados intentará apurar el proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo. Estos regímenes especiales atañen a ocho mil personas con haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes. Corresponde, según fuentes oficiales, el 3% del total de los jubilados y un gasto de 25 mil millones de pesos por año.

“Este proyecto no mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanas/os ni resuelve los problemas que denuncia. Hacemos un llamado público a los tres poderes del Estado a trabajar en la construcción de respuestas adecuadas y basadas en las realidades de todo el país que contribuyan a una salida rápida y definitiva de la grave situación económica que nos afecta a las/os argentinas/os», expresaron desde la Federación.

Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura

La semana pasada Ricardo Recondo, recientemente nombrado vicepresidente del Consejo de la Magistratura, cuestionó la iniciativa. “Es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata tampoco de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses”, advirtió.

“La garantía de intangibilidad de los sueldos de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio. Pasa en todo el mundo. El juez no puede hacer nada, tiene un nivel de incompatibilidad que no lo tiene ningún otro funcionario del Estado. No estoy llorando miserias. Los jueces tienen, en este momento, una buena retribución”, explicó Recondo.

Para el caso del Poder Judicial la iniciativa propone el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años -hoy es de 60 años-: incrementaran del 12 al 19 por ciento el aporte; limitar el ámbito de aplicación personal (por ejemplo, quedarán excluidos los prosecretarios administrativos, medida que podría generar tensión con los sindicatos judiciales). incrementar los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio; y que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años. Hoy los jueces se jubilan con el 82 por ciento móvil.

2020-02-20
El vicegobernador Dusso se reunió por el proyecto del Corredor Bioceánico

El vicegobernador, Rubén Dusso, mantuvo en Buenos Aires una reunión con Sabino Vaca Narvaja, director general de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación, donde compartieron la importancia de ejecutar el proyecto del Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco.

Dusso consideró satisfactorio el encuentro, teniendo en cuenta que Vaca Narvaja es un funcionario especializado en la relación de Argentina con China. El vicegobernador considera clave este aspecto para la concreción del Corredor Bioceánico y así lo expresó: «Este proyecto es una oportunidad histórica para potenciar las economías regionales y fortalecer tanto a Catamarca como al interior del país a través del comercio exterior. Oriente genera, hoy en día, la mayor demanda de productos para nuestra región y sacar esta producción Argentina a través de la costa chilena implica una ventaja competitiva notable, por menores costos y mayores posibilidades de carga, respecto a la tradicional salida al océano que ofrece el puerto de Buenos Aires, cuyo protagonismo históricamente ha sumido en la marginalidad a las economías de las provincias, deteriorando cualquier proyecto federal de país».

2020-01-14
Debatirán un proyecto para impedir que condenados por corrupción puedan ser candidatos

Un proyecto de ley que busca impedir que los condenados por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos a cargos electivos será debatido el próximo martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

La convocatoria a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia fue realizada por el diputado Pablo Tonelli (Cambiemos-CABA), que presidirá el plenario el martes a las 15 en el anexo de la Cámara baja, informaron a Télam fuentes parlamentarias

La iniciativa propone que se sume al artículo 33 de la ley orgánica de los partidos políticos 23.298 un inciso en el que se incluya la prohibición para postularse a los condenados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

También se buscará imposibilitar las candidaturas de quienes hayan sido responsables de exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública y delitos contra la seguridad de la Nación, según el texto de la propuesta.

La norma a debatirse indica que «el supuesto previsto en el presente inciso se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso, hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente».

2019-07-31
Avanza el proyecto de Ley que establece la creación de una Base de Alta Montaña

La comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deportes de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Paola Bazán, se reunió en la mañana de hoy y avanzó en el tratamiento del proyecto de Ley que establece la creación de la Base de Alta Montaña, Grupo Especial de Rescate (G.E.R.)», iniciado por el legislador Carlos Antonio Marsilli.

En tal ocasión la comisión recibió la visita del autor del proyecto y del comisario inspector Rubén Aldeco, junto al oficial principal Miguel Serra, para profundizar sobre el mismo y poder lograr un despacho sobre la iniciativa.

2019-06-06
Aborto: Presentan por octava vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo

El proyecto será presentado a las 17.30 en una conferencia de prensa que ofrecerán integrantes de la campaña en la Cámara de Diputados junto a legisladores nacionales de varios bloques, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y, además, al cumplirse 14 años desde la primera presentación de la iniciativa, en 2007.

La presentación del proyecto estará acompañada por una serie de talleres, que se brindarán de 15.30 a 17.30, tras lo cual se iniciará un «pañuelazo federal» y, luego, se realizará un festival para respaldar la iniciativa.

La decisión de presentar nuevamente el proyecto fue tomada semanas atrás luego del encuentro que mantuvieron integrantes de ese colectivo con legisladores que promueven la legalización del aborto y que el año pasado fueron los principales impulsores de la iniciativa.

La intención de las organizaciones y parlamentarios a favor del aborto es reunir el respaldo de más de 70 legisladores para superar el número de apoyos que tuvo en 2018, aunque fuentes parlamentarias consideraron que «no existen muchas expectativas» de que el texto finalmente llegue al recinto en este año electoral.

2019-05-28
La inmediata necesidad de que sea ley el proyecto de personas en situación de calle

Desde el punto de vista del derecho constitucional importa, establecer la división entre el Estado Nacional y las provincias no sólo con relación a la competencia para reglamentar el ejercicio del derecho a la salud sino también determinar cuál de las jurisdicciones debe tomar a su cargo la obligación con relación a los habitantes, en cuanto a la protección del derecho. En realidad, lo que se encuentra en juego es la distribución de competencias a efectos de ejercer el denominado «poder de policía», entendiéndose por éste la facultad de reglamentar el ejercicio de derechos constitucionalmente asignados a los habitantes del país. Lo afirmado corresponde a la aplicación de los artículos 14, 75, 121 y 125 de la Constitución Nacional.

La discusión no es menor ya que días atrás, precisamente el 23 de Abril de 2019, ingreso a la cámara de diputados de la provincia de Catamarca un proyecto de ley de autoría del Dr. Enrique Cesarini denominado “ Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de quedar en situación de calle” y esto reabre el debate, que esperamos prontamente se de en ámbitos de la legislatura catamarqueña, en virtud del acuciante estado de vulnerabilidad en el que se encuentran cada vez más catamarqueños al quedarse sin techo y por el cual no les queda otra que pernoctar en las calles de las ciudades de la provincia.

Es menester decir, que el estado de calle, es un estado de extrema tragedia por el cual un ser humano se ve desprovisto de su Derecho fundamental a la salud y a tener una vivienda digna como se estableciera en la CADH y el PIDESC, los estados partes se comprometen a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura hasta el máximo de los recursos de que disponga en la medida de los recursos disponibles.

Esto significa que la intensidad de goce y efectividad de ejecutoriedad de este derecho, le corresponde al estado Provincial y según el fallo de la corte suprema de justicia en recurso de hecho deducido por S.Y.Q.C. por si y en representación de su hijo menor J.H.Q.C en QCSY c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo, el máximo tribunal sostuvo que hay una “garantía Minima” que genera una obligación estatal inexcusable mas allá de la potestad discrecional de la autoridad de aplicación y de las restricciones presupuestarias, que hacen obligatoria y de carácter urgente, el tratamiento por parte de la legislatura de la provincia de Catamarca del proyecto N° 150/2019, ingresado por el Diputado del Pro ya que el frio extremo al que están siendo sometidos innumerables hermanos catamarqueños, por falta de políticas de asistencia y de contención de la provincia, seguramente terminaran con mas de una tragedia sin estigmatizaciones.

2019-05-27
Presentaron un proyecto para quitarles los planes sociales a quienes hagan piquetes

En medio de un miércoles marcado por protestas y cortes de calles contra el ajuste, el proyecto de un diputado bonaerense asomó: busca que quienes hagan piquetes no puedan recibir -o dejen de hacerlo- planes sociales.

El legislador de Cambiemos Guillermo Castello presentó este miércoles la iniciativa, con la que pretende que «toda prestación económica que reciba por parte del Estado el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas sea suspendida«.

En la presentación, que se realizó mientras diferentes movimientos sociales salieron a la calle en una jornada nacional de protesta, el legislador por Mar del Plata argumentó que «el derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente».

El diputado de la Coalición Cívica contempló también en su iniciativa sanciones para las agrupaciones que realicen piquetes al señalar que «las personas jurídicas que reincidan en actos como los señalados serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica».

El proyecto admitió el supuesto de que se revierta la suspensión «si la persona involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados, u ofrece garantía suficiente a satisfacción de las víctimas».

«El Estado, en sus diferentes niveles, destina una parte sustancial de su presupuesto a ayuda social con el propósito de contener múltiples vulnerabilidades de distintos orígenes; pero cortar calles y rutas, por más que se haya naturalizado durante el kirchnerismo bajo la consigna de que no debe criminalizarse la protesta social, es un delito», sostuvo Castello, que remarcó que «los argentinos somos rehenes de los piqueteros» ya que «se han adueñado del espacio público».

También consideró que «lamentablemente, en los últimos años muchas de las organizaciones sociales se politizaron al extremo y se transformaron en fuerzas políticas en sí mismas, convirtiendo su principal actividad en organizar protestas y manifestaciones de manera constante y sistemática, acudiendo casi siempre al corte total o parcial de calles, avenidas y rutas en todo el país».

En ese sentido, un relevamiento de la consultora Diagnóstico Político informó que en 2018 hubo 5857 piquetes en todo el país, a un promedio de 16 por día, uno cada hora y media. Ese estudio estableció que la provincia de Buenos Aires encabezó el ránking con 1269 piquetes en el último año, uno cada siete horas.

2019-02-13
Qué es lo que dice el proyecto sobre la baja de la edad de imputabilidad penal a 15 años

El Gobierno ya tiene redactado el proyecto que dispone la baja de la edad de imputabilidad penal a 15 años y que busca que se apruebe en el mes de febrero, en sesiones extraordinarias. La iniciativa del nuevo régimen penal juvenil ya había sido anunciada en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, e incluso ya había avanzado en la construcción de consensos con sectores de la oposición, como por ejemplo con el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, pero la coyuntura electoral obligó a postergar el debate.

El proyecto contempla que los delitos cometidos por adolescentes mayores de 15 y menores de 18 sean reprimidos con una pena máxima de 15 años. La iniciativa contempla un criterio de escalas por edad: a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitosconsiderados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego. Entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión sea igual o menor de tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor de diez años.

En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 años por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos interdisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para acompañar a los niños y evitar que desarrollen una carrera delictiva.

Los principales conceptos de la iniciativa que crea un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil

* En su artículo 1, se establece la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de quince (15) y menores de dieciocho (18) años al momento de la comisión del hecho.

* El artículo 2 estipula que la ley se aplicará al adolescente a) de quince(15) años que cometiere algún delito reprimido con pena máxima de quince (15) años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales; b) mayor de dieciséis (16) y menor de dieciocho (18) años que cometiere un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor de dos (2) años, o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal.

* El artículo 5 sostiene que la finalidad principal del sistema penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral, interdisciplinario yrestaurativo.

* En el artículo 11 se establece que el adolescente tendrá derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sin dilaciones injustificadas o indebidas. La duración máxima del proceso penal estará fijada en cada ley procesal y no deberá exceder el término de tres (3) años contados desde el acto de la formalización de la investigación preparatoria o acto procesal equivalente.

* En la misma línea que el 11, el artículo 12 sostiene que «la privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible», al tiempo que afirma que los adolescentes «no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas».

* Por otro lado, sobre los requisitos para la privación de la libertad, se establece que «procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible». Además, se prohíbe el alojamiento en
dependencias de las fuerzas de seguridad o en establecimientos carcelarios junto a personas mayores de edad.

* El artículo 15 hace referencia al criterio de oportunidad de la Justicia. Establece que el fiscal podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal respecto de un adolescente, excepto cuando el delito que se le atribuyere tuviere prevista una pena máxima superior a los diez (10) años de prisión.

* En otro apartado, en el artículo 29, se hace mención de las sanciones socioeducativas, disciplinarias y privativas de la libertad, que incluye el asesoramiento, orientación o supervisión periódica del equipo interdisciplinario; asistencia a programas educativos; asistencia a programas de formación ciudadana; asistencia a programas de capacitación laboral; participación en programas deportivos, recreativos o culturales; concurrencia a los servicios de salud acorde a su edad; participación en un tratamiento médico o psicológico; o cualquier otra prevista en las leyes procesales especializadas provinciales.

* El artículo 85 se refiere a los casos en los que los menores seguirán siendo considerados inimputables, y en ese sentido sostiene que durante el proceso de investigación «el fiscal deberá realizar una investigación preliminar a los efectos de determinar la existencia y circunstancias de un hecho ilícito, y la presunta intervención en el mismo de la niña, niño o adolescente» en la que el acusado «gozará del derecho a ser escuchado» y no podrá ser detenido: «Queda expresamente prohibida la adopción de cualquier medida de coerción procesal».

Fuente

2019-01-09
Salta presentó su proyecto para la nueva secundaria

Bajo la consigna “Secundaria 2030” se aspira a una nueva escuela secundaria, más acorde a las nuevas exigencias del mundo de hoy. Finalmente, Salta presentó su proyecto ante Nación en noviembre pasado, de acuerdo a los plazos, así lo confirmó la directora del nivel, Marta Merlo.

“Ahora hay que esperar qué nos dicen desde Nación, pero todo lo que se haga va a ser progresivo, tenemos hasta 2030 para cumplir”, dijo la funcionaria provincial.

De cara a los cambios a nivel local, Merlo detalló que este año el ciento por ciento de las escuelas secundarias públicas generaron proyectos interdisciplinares de dos ó tres espacios curriculares y que ya se están viendo mejoras en las prácticas áulicas. “Los trimestres se planifican de manera diferente, las clases se preparan con dos profesores que plantean una problemática, se respeta la disciplina pero se promueve el trabajo interdisciplinar”, dijo.

Otro de los puntos que hace unos meses se había anticipado se propondría es el de flexibilizar los horarios y espacios de enseñanza, algo que según Merlo se empezó a realizar.

La propuesta de terminar con los profesores “taxis”, denominados así porque dan clases en varios establecimientos, está media difusa. Si bien existe la intención de que en algún momento un docente pueda tener la mayor cantidad de horas en una sola escuela para evitar que ande a las corridas, algo que se cree redundaría en la mejora de la enseñanza, se admitió que es complicado. “En Salta, la designación debería ser por cargo y es por hora cátedra, eso complica la concentración en una provincia tan grande como la nuestra. Por ahora vamos a seguir haciendo las consultas y que el consejo de directores nos acerque sus propuestas”, precisó.

También hizo hincapié que el cambio se enfocará al acompañamiento de las trayectorias escolares desde el nivel inicial hasta el último año de la secundaria, alcanzando a la totalidad de alumnos, no sólo el que está en situación de riesgo escolar.

Otros puntos del cambio

En el marco de Secundaria 2030, la directora de Educación Secundaria contó que este año se creó la figura del “referente pedagógico”, es un docente por escuela que genera el acompañamiento en la gestión y la articulación de los planes y programas. En 2019, estos referentes se reconvierten para el acompañamiento a las trayectorias y fortaleciendo del rol del preceptor, como tutor del curso. La idea es que se designe uno por escuela.

Otra propuesta salteña es promover la mejora y el uso de las tecnologías, que según Merlo, ya se está haciendo en Salta. Indicó que 70 escuelas usaron este año diversos recursos tecnológicos para la enseñanza.

Consultada sobre los pendientes, la directiva admitió: “Nos queda capacitar más a los docentes. La formación docente disciplinar todavía no acompaña esta transformación. Ahora tiene que cambiar el paradigma de trabajar de manera interdisciplinar, es un cambio de mentalidades”.

La Secundaria Federal 2030 pone el foco en la organización de la misma. Los objetivos son erradicar el fracaso escolar, la permanencia de los estudiantes en la escuela y vincular al nivel secundario con el mundo universitario y laboral.

Fuente: El Tribuno

2018-12-16
Mauricio Macri respalda un proyecto en donde se busca indemnizar a familiares de soldados muertos por Montoneros

El presidente Mauricio Macri decidió respaldar el proyecto de ley presentado por un diputado formoseño para indemnizar a los soldados muertos durante el ataque del grupo guerrillero Montoneros al cuartel del Ejército ubicado en esa provincia el 5 de octubre de 1975, en pleno gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

Si este proyecto es convertido en ley, los parientes de los diez soldados cobrarán una indemnización igual a la que ya cobraron los herederos de los doce guerrilleros que murieron durante un combate que duró treinta minutos, en el punto culminante de un espectacular ataque, bautizado por los propios guerrilleros como «Operación Primicia».

La novedad del respaldo de Macri fue comunicada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a Jovina Luna, la muy activa hermana de Hermindo Luna, uno de los soldados muertos en Formosa, según informó el funcionario el viernes en su cuenta de Twitter.

El soldado Hermindo Luna

«Tal como me comprometí en mi viaje a Formosa, recibí a Jovina Luna. Un gusto dialogar e informarle que apoyaremos la sanción de la ley de reparación de los conscriptos caídos en el copamiento», señaló Avruj.

Hermindo Luna, un criollo de 21 años nacido y criado en el campo formoseño, murió partido en dos por una ráfaga de FAL. Antes, pronunció una frase destinada a perdurar: «¡Acá no se rinde nadie, mierda!». Su gesto sirvió para alertar a compañeros que pudieron huir y refugiarse en los baños y las duchas.

«Avruj me dijo que, a pedido del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Justicia, Germán Garavano, con el respaldo del Presidente, van a apoyar el proyecto de ley», sostuvo, por su lado, Jovina Luna, quien fue al encuentro junto con su marido y su hermano Agustín.

“El Negro” Luna, de 21 años, abatido por los guerrilleros

El proyecto, que fue presentado por el diputado radical formoseño Mario Arce, incluye a un subteniente de 21 años, un sargento primero y un policía provincial, que también fueron muertos en el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte número 29, hace 43 años.

También contempla una pensión para los 75 soldados que aquel domingo estaban de guardia.

«La intención es reparar una evidente injusticia dado que los soldados formoseños estaban cumpliendo con la Patria y con la ley cuando fueron atacados. En aquel momento, el servicio militar era obligatorio», recordó el diputado.

Arce agregó que en estos momentos el proyecto está siendo analizado en la comisión de Defensa de Diputados, que es encabezada por la diputada kirchnerista Nilda Garré, y que calcula que «en marzo o abril vamos a estar en condiciones de tratarlo en el recinto».

“Operación Primicia”, el libro que describe el ataque de Montoneros en Formosa

La intención es que los parientes de los soldados muertos cobren el mismo dinero que ya cobraron los herederos de los guerrilleros que atacaron el cuartel en plena democracia peronista, pero que, a pesar de eso, son considerados «Víctimas del Terrorismo de Estado».

Por esa calificación, cobraron el equivalente a cien veces el sueldo más alto de la administración pública nacional.

En pocas palabras, los guerrilleros que murieron atacando el cuartel fueron indemnizados, a través de sus familiares, al contrario de lo que pasó con quienes lo defendieron.

Cinco años atrás, durante el último gobierno de Cristina Kirchner, otro diputado radical formoseño, Ricardo Buryaille, presentó un proyecto de ley similar, que estuvo a punto de ser aprobado pero, a último momento, pudo más la presión de La Cámpora y de los organismos de Derechos Humanos.

Hoy, en un tweet, Jovina Luna agradeció a Avruj por «viajar a Formosa, recibirnos y apoyar la reparación», aunque destacó que «no descansaré hasta que los Montoneros asesinos de Hermindo y sus compañeros dejen de ser considerados como ´Víctimas´. No es cuestión de plata. ¡Acá no se rinde nadie!».

Jovina Luna con Ceferino Reato en el Parque de la Memoria

En una entrevista por teléfono, Jovina Luna me explicó que «mi lucha es por toda la verdad y le dejé una nota en la que le solicité que el Estado dejara de honrar a los guerrilleros que asesinaron a mi hermano y a sus compañeros. ¿Cómo puede ser que estos guerrilleros aparezcan en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, en la Costanera de la Capital Federal?».

«Eran delincuentes terroristas; pertenecían a una organización que había sido declarada ilegal por el propio gobierno peronista, de Isabel Perón; secuestraron un avión; entraron a balazos a un regimiento; mataron a mucha gente… No fueron víctimas sino victimarios», agregó.

En junio, Jovina Luna estuvo de visita en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, donde entregó el mismo documento a su directora, Nora Hochbaum.

La tumba de Luna, en Formosa

El ataque en Formosa fue el primero de Montoneros a un cuartel del Ejército, cuyo jefe ya era el general Jorge Videla.

En Operación Primicia participaron en forma directa unos setenta guerrilleros en cinco etapas, algunas simultáneas.

Fue diseñada y dirigida por el «oficial superior» Raúl Yaguer, más conocido como «El Gringo», «Roque» o «Mario», un ingeniero químico santafesino metódico y cáustico que era el número cuatro de la cúpula nacional de Montoneros. Los tres primeros en la jerarquía, Mario Firmenich, Roberto Perdía y Roberto Quieto, aprobaron el copamiento.

Una de las consecuencias políticas de Operación Primicia fue que Videla y el jefe de la Marina, el almirante Emilio Massera, fijaron el 24 de marzo de 1976 como la fecha del golpe que venían organizando desde hacía tres meses.

Fuente

2018-11-19
Diputados: despacho favorable para la creación del Consejo Provincial de Derechos Humanos

La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Catamarca, que preside la diputada Marita Colombo, dio despacho favorable al proyecto de ley sobre la Creación del Consejo Provincial de Derechos Humanos en base a las iniciativas presentadas por los diputados Isauro Molina y Daniel Lavatelli.

“Se han acordado los términos referidos a temas conceptuales hasta qué alcance tiene la conceptualización de los derechos humanos de la creación de este organismo; los objetivos, las funciones, entre otras cuestiones y la integración, que eran los puntos donde había un grado de diferencia pero se acordó un despacho único”, refirió la diputada.

Comentó además que la comisión decidió dar luz verde al proyecto de ley a través del cual que obliga al Estado provincial en la impresión de boletas ya sea de servicios públicos, energía luz, agua, impuestos provinciales, colocar una inscripción referida a la prevención de la violencia de género y/otros delitos.

2018-11-05
Ingresó proyecto a Diputados que busca reivindicar la identidad cultural de la provincia

A través de una iniciativa en la Legislatura provincial se pretende resaltar la gesta de hombres y mujeres que han transcurrido su vida en Catamarca, que contengan en sus acciones la esencia de lo catamarqueño, en la forma de pensar, sentir y actuar de nuestro pueblo.

El proyecto de conciencia e importancia de lo propio ingresó a la Cámara de Diputados y avanzaría en el debate de la selección de nombres, es decir, de personas concretas que han transcurrido su vida en Catamarca.

La iniciativa fue presentada por el diputado Maximiliano Rivera (FJPV), en base a la importancia de destacar nuestras virtudes como provincia y para ello solicita instalar carteles que expresen enunciados que salvaguarden la identidad cultural e histórica de la Provincia en las principales rutas y accesos a las cabeceras departamentales.»Vale decir, además, que cuando hablamos del camino transcurrido, no sólo nos referimos al plano histórico político, sino también al humanístico, cultural, deportivo, etc. Aparecen nombres relevantes, de la talla de Felipe Varela, caudillo principal de la Provincia; Octaviano Navarro, primer gobernador constitucional de Catamarca; Fray Mamerto Esquiú, orador de la Constitución, y podemos mentar muchos otros. Pero también cabe resaltar las figuras de Luis Franco en las Letras, o de Laureano Brizuela en las artes plásticas, y por qué no de mujeres como Eulalia Ares de Vildoza, quien encabezó la conocida “Revolución de las mujeres” que restableciera el orden constitucional en 1862.», fundamentó.
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2018-11-05