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  • Raúl Jalil anunció un proyecto para instalar bodega de vinos de altura en Antofalla

    Raúl Jalil anunció un proyecto para instalar bodega de vinos de altura en Antofalla

    El gobernador Raúl Jalil llegó a la localidad antofagasteña de Antofalla junto al equipo de gestión para anunciar que el Gobierno propiciará la instalación de una bodega de vinos de altura en esa localidad.

    Previamente, el mandatario junto al vicegobernador Rubén Dusso, el intendente Julio Taritolay y el senador Mario Carrizo participaron de una conmemoración por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín y realizaron una ofrenda a la Pachamama.

    Las dos actividades -realizadas en Antofalla- se inscriben en la etapa final de la gira del equipo de gobierno por el Oeste y la Puna catamarqueña, en uno de los viajes más extensos realizados por el equipo hasta el momento.

    Sobre el cultivo de vid, el gobernador Jalil destacó que Antofalla cuenta con un suministro aceptable de agua para riego y el espacio adecuado para dar los primeros pasos en el proceso de instalación de una bodega nativa. Los pobladores de Antofalla se mostraron a favor de la iniciativa, disponiendo del espacio de un molino tradicional que actualmente no se encuentra en funcionamiento.

    “Con el equipo de gobierno queremos tomar las potencialidades de cada localidad y brindarles todas las herramientas para explotar ese potencial en forma sustentable y dejando beneficios para todos. Ahora llegamos a Antofalla, que es una de las localidades más lejanas de la Capital, y vemos que tiene grandes posibilidades de producir y manufacturar vinos de altura en lo que sería la bodega de vinos más alta del mundo”, aseguró el gobernador.

    En el marco del mismo encuentro, el mandatario firmó convenios con la empresa minera Galaxy para poner en marcha programas de terminalidad escolar para pobladores de Antofalla. En este sentido, Raúl destacó que el trabajo de las empresas mineras “debe volcarse en las localidades donde trabajan generando beneficios claros para todos”.

    En Antofagasta

    Como etapa previa de la visita a Antofalla, el equipo de gobierno recorrió las instalaciones del parque solar instalado por la empresa EC SAPEM para generar energía solar y potenciar un suministro independiente para localidades antofagasteñas.

    El parque solar tiene una dimensión de dos hectáreas y se espera que pueda solventar las necesidades energéticas de la Villa de Antofagasta en los próximos meses.

    Además, durante la tarde del día domingo y en el marco del Día de las Infancias, Raúl entregó netbooks del programa Conectar Igualdad a estudiantes de la escuela secundaria 39 de Antofagasta de la Sierra.  

  • Gómez Alcorta no descartó que este año se envíe el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo

    Gómez Alcorta no descartó que este año se envíe el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo

    La ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, reafirmó hoy la intención del Gobierno de impulsar el debate parlamentario de la interrupción voluntaria del embarazo y, tras insistir con que el proyecto «ya está hecho», no descartó la posibilidad de que sea presentado antes de fin de año.

    En este sentido, reiteró que, en el contexto de pandemia, «no están dadas las condiciones para el debate» y, al fundamentar esta postura, señaló que, «para darse en profundidad el tratamiento, se requiere por ejemplo de la presencia del Ministerio de Salud de la Nació, que hoy está abocado íntegramente a la situación sanitaria».

    Así lo expresó en declaraciones formuladas a Radio Provincia, en línea con lo afirmado ayer por el presidente Alberto Fernández, quien sostuvo hoy que la cuestión del aborto «es un tema que la Argentina tiene que resolver» y adelantó que enviará al Congreso el proyecto de despenalización «tan pronto como pueda».

    «Es un tema que tenemos que resolver», respondió ayer Fernández en declaraciones formuladas a la radio online FutuRöck.

    En tanto, en la entrevista que concedió esta mañana a Radio Provincia, Gómez Alcorta remarcó que «el proyecto de ley está hecho» y recordó que el mandatario viene asegurando, desde la llegada de la pandemia al país, que «no están dadas las condiciones para el debate».

    «Lo cierto es que imposible saber cuándo estarán dadas porque sería hacer futurología. Es muy difícil decirlo; sería un acto de irresponsabilidad. Cuando estén dadas las condiciones, nos vamos a dar cuenta todos», continuó la ministra.

    En ese marco, reafirmó que «no se descarta que pueda ser presentado este año».

    Por otra parte, al referirse a la reforma judicial, Gómez Alcorta destacó la importancia de incorporar la perspectiva de género y señaló que, «cuando el sistema funciona bajo ciertas lógicas patriarcales como en el sistema judicial, desalienta a las mujeres a someterse a diferentes procesos».

    «Hoy hay cuatro provincias que no tienen ni una sola mujer jueza en la Suprema Corte provincial. Hay proyectos de cupo, de paridad, nosotros mostramos el problema y parte de la idea del documento es poner el abanico de opciones para modificar una desigualdad que está clara», concluyó sobre la presentación realizada por el ministerio que encabeza.

  • Diputados aprobó y giro al Senado el proyecto de ampliacion de la moratoria

    Diputados aprobó y giro al Senado el proyecto de ampliacion de la moratoria

    La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de ley de ampliación de la moratoria que permitirá a autómomos, monotributistas y empresas acceder a un plan de pagos para deudas impositivas y previsionales acumuladas hasta el 31 de julio.

    El proyecto persigue también el objetivo de recuperar la recaudación fiscal, que cayó con motivo de la crisis económica por la pandemia de coronavirus.

    La iniciativa fue aprobada en general por 137 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, Unidad Federal, Movimiento Popular Neuquino, mientras 113 legisladores de Juntos por el Cambio optaron por la abstención.

    En cambio votaron en contra los dos diputados de la izquierda Nicolas del Caño y Romina del Pla, además del diputado del Pro Luis Juez.

    Si bien Juntos por el Cambio se abstuvo en la votación en general, votó a favor de la mayoría de los artículos, con excepción de los números 2 y 11.

    El proyecto establece que se podrán acceder a planes entre 48 y 120 cuotas para regularizar las deudas acumuladas hasta el 31 de julio.

    Los contribuyentes podrán adherirse hasta el 31 de octubre a la moratoria y deberán pagar la primera cuota del 16 de noviembre

    A lo largo del debate, diputados oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de aprobar una moratoria para las empresas, pero Juntos por el Cambio decidió no acompañar con su voto porque puso como condición excluir a Oil Combustibles de los beneficios, con el argumento que es una empresa que está en proceso de quiebra y tiene una causa por retención de impuestos.

    Incluso, el artículo 11, que permite el ingreso de la moratoria de empresas que están con procesos de quiebra, tuvo una ajustada votación de 130 contra 121 y una abstención.

    «Lllegamos a esta ampliación de la moratoria que votó este Congreso a fines del año 19 porque las condiciones ya paupérrimas que tenía este país por las decisiones económicas y políticas del gobierno del expresidente Mauricio Macri. En esa fecha nadie pensaba que se podía avecinar esta pandemia”, dije el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, en el cierre del debate

    “La moratoria alcanza también a grandes empresas, no sólo a los que les ha gustado nombrar durante todo el día” , agregó.

    Destacó que «“Telecom también fue incluida en la moratoria para que vean que no nos guía ningún odio ni rencor, sino que realmente estamos preocupados por el destino de la Argentina, de sus empresas y fundamentalmente de quienes trabajan en ellas, que es lo que nos debe ocupar”.

    El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien aseguró que la moratoria «no es un traje a medida» de esa empresa, sino «de todos los que necesitan salir adelante ante la grave disminución de la actividad productiva que existía a fines de año pasado y que se agravó con la pandemia».

    Tras adelantar los cambios que se le incorporaron al proyecto, como extender hasta el 31 de julio las deudas que se pueden refinanciar, Heller dijo que la moratoria es necesaria porque «a la crisis que ya existía a fines del 2019 se sumó la pandemia».

    «Esta moratoria es para que las empresas que están en actividad puedan sobrevivir y los que todavía no han vuelto a tomar su actividad tengan un horizonte mas claro», agregó.

    El diputado nacional Luis Pastori (Unión Cívica Radical) justificó a su turno la decisión de Juntos por el Cambio de abstenerse en la votación del proyecto de moratoria impositiva y previsional y dijo que la propuesta de la bancada oficialista tiene un «sesgo antiempresa cargado de ideologismo».

    Para el diputado radical, el dictamen del oficialismo «adolece de serios problemas, que tienen que ver con su insuficiencia, con un sesgo antiempresa cargado de ideologismo y con el escandaloso artículo que conduce a la impunidad de Oil Combustibles”.

    En tanto, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Pro) aseguro que «hay otra ley dentro de esta ley, que es una ley de amnistía para empresas que han utilizado el dinero de los argentinos en beneficio propio con un criterio de expansión de sus propios negocios”.

    El diputado oficialista Eduardo Valdes dijo que «tengo orgullo de votar esta moratoria, con todos sus artículos. Me hubiera gustado que saliera por unanimidad. Las decisiones se construyen con el que piensa distinto».

    A su vez, el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini dijo que «nunca fue tan necesaria un moratoria», pero señaló que «no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro» de los beneficios.

    En tanto, el secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto, señalo que «ésta es una moratoria para todos, porque el Estado Nacional le tiende las manos a todos los argentinos para que puedan regularizar» y pueden ingresar «960 mil contribuyentes por una deuda de 534 mil millones de pesos».

    La diputada de Izquierda, Romina del Pla, dijo que votaba en contra porque su sector rechaza la moratoria en tanto «implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los capitalistas”.

    En tanto, el legislador de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, dijo en su mensaje: «Espero que nadie se ofenda ni se irrite. Lo que me toca decir no tiene que ver ni con un discurso de odio, ni con intolerancia; tiene que ver con este traje a medida que se está votando.

    El artículo 11 es algo inédito, es un traje a medida para dos empresarios en particular: Cristóbal López y Fabián de Sousa», completó.

  • Proyecto superador para selección de jueces por concurso y con examen previo

    Proyecto superador para selección de jueces por concurso y con examen previo

    Se incluirá en el marco de la reforma del Estado que propone el Poder Ejecutivo Provincial. El objetivo es garantizar la transparencia del proceso de selección y la independencia del Poder Judicial.

    Luego de que ayer la Cámara de Senadores de la Provincia diera sanción definitiva a la iniciativa que deroga la Ley N° 5.012 (de Creación e Integración del Consejo de la Magistratura), la asesora General de Gobierno, Fernanda Ávila, adelantó que el Poder Ejecutivo incluirá en el marco de la llamada reforma del Estado un nuevo mecanismo superador para la designación de jueces, que incluirá examen y concurso con la participación de distintos actores, garantizando la transparencia y la independencia del Poder Judicial.

    “Trabajamos en un proyecto superador para la elección de magistrados, que se enviará en estos días a la Legislatura para su debate y tratamiento por ambas Cámaras. Ya no será a través del Consejo de la Magistratura, pero si habrá un concurso con un examen previo para el ingreso”, explicó la funcionaria provincial.

    En ese orden, la nueva reglamentación establecería que para aspirar a un cargo en el Poder Judicial se deberán reunir determinados requisitos. “Estamos consultando a varios expertos en la materia, contrastando los distintos modelos vigentes del país, para hacer un proyecto superador de lo que existía hasta el momento, garantizando siempre la transparencia y la independencia de la Justicia”, subrayó Ávila.

    Al respecto, la letrada indicó que la iniciativa se incluirá dentro del marco de la reforma del Estado que propone el Poder Ejecutivo Provincial, y que el mecanismo de selección de jueces será similar al régimen único para el ingreso a la Administración Pública, con concursos que garanticen la idoneidad de los aspirantes y la transparencia del proceso.

    La asesora General de Gobierno recordó que en el régimen propuesto para los ingresos al Estado se contempla que participen del proceso los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, al igual que otros actores sociales. En tanto que en el caso de los magistrados se analiza incluir la participación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, del Colegio de Abogados, de otros organismos que tenían intervención en el Consejo de la Magistratura, y que incluso la sociedad misma que pueda participar.

    “El objetivo es que sea un proyecto superador, la idea es sumar más que restar”, valoró Fernanda Ávila, al tiempo que pronosticó que la próxima semana el PEP enviaría a la Legislatura para su debate esta propuesta superadora sobre el nuevo mecanismo de selección de jueces.

    Por último, la asesora General de Gobierno anunció que se invitó a autoridades del Colegio de Abogados, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, al rector de la UNCA, Flavio Fama, y el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Salerno, a una reunión el próximo lunes con el Gobernador Raúl Jalil.

  • Las provincias dieron apoyo al proyecto oficial para recuperación del turismo

    Las provincias dieron apoyo al proyecto oficial para recuperación del turismo

    El Consejo Federal de Turismo (CFT) desarrolló este martes una asamblea extraordinaria, en la que las provincias manifestaron su apoyo al proyecto oficial de ley para la recuperación del turismo, actualmente en debate en el Congreso, informó el Ministerio de Turismo y Deportes  de la Nación.

    Del encuentro, desarrollado en forma virtual y para tratar este tema, participó el jefe de esa cartera, Matías Lammens, junto a los representantes provinciales y del sector empresario. Por Catamarca, estuvo la secretaria de Gestión Turística, Gabriela Coll.

    Este proyecto redactado por el Ministerio e ingresado a Diputados por el Frente de Todos, «aspira a brindar herramientas concretas para la reconstrucción del sector turístico a través de una fuerte inversión estatal que ayudará a los prestadores privados a posicionarse competitivamente al día de después» de la pandemia, señala un comunicado.

    Entre otras autoridades, estuvieron la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez; la presidenta del CFT, Claudia Grynszpan; el coordinador de este organismo, Javier Espina, y el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías.

    El ministro de Turismo y Deportes expresó en la reunión que “el Estado está volcando una gran cantidad de recursos para sostener el sector, pero también para reactivarlo en la pos pandemia».

    «Es una industria que será estratégica para la recuperación de la Argentina”, continuó, y agregó: “Lo importante son las medidas que tiene la Ley pensadas en poner de pie al sector, somos de los primeros sectores en presentar un plan de reactivación”.

    Lammens destacó el artículo referido al Programa de Preventa, del que aseguró que “es ambicioso, pero muy importante y estratégico para el sector”, porque crea un régimen de venta a futuro orientado a fomentar y potenciar la demanda en turismo interno, en el que se volcarán 16.000 millones de pesos y se generará un movimiento de 50.000 millones.

    El programa consiste en la entrega de cupones de crédito equivalente al 50% del valor de cada operación de compra anticipada de servicios turísticos por parte de personas físicas que se realicen hasta fin de este año.

    Los cupones de crédito podrán ser utilizados a partir de 2021 y la financiación de este programa estará a cargo del Estado nacional, a través de partidas presupuestarias específicas para este fin, indica el proyecto de ley.

    La iniciativa incluye otras medidas de apoyo al sector de parte del gobierno, como una solución para las reprogramaciones, la extensión de los ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción), créditos a tasas subsidiadas especiales para el sector y una amplia moratoria fiscal que incluirá a las empresas del sector.

    La presidenta del CFT sostuvo que esta asamblea extraordinaria para tratar el proyecto de ley «muestra el interés real por escuchar y tomar decisiones para todas las provincias”.

    El secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe, Alejandro Grandinetti, opinó que “la Ley es muy buena y es necesaria ahora” y consideró que “es muy acertado no hablar de emergencia sino de reactivación”.

    La ministra de Turismo de la provincia del Neuquén, Marisa Focarazzo, aseguró que “es una Ley innovadora que nos da esperanza para pensar en el futuro y es una herramienta importante para reactivar el sector”.

    Otros que expresaron su apoyo al proyecto fueron la secretaria de Turismo de La Pampa y presidenta del Ente Patagonia Turismo, Adriana Romero, y el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, quien expresó que esta ley «va a dar el rédito que el sector necesita, ya que es una ayuda y una oportunidad excelente para reactivar el turismo”.

    Fuente: Telam

  • El Presidente dijo que en los próximos días enviará al Congreso proyecto de reforma judicial

    El Presidente dijo que en los próximos días enviará al Congreso proyecto de reforma judicial

    El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que en los próximos días enviará al Congreso Nacional el proyecto para reformar la justicia federal, pidió a los jueces que comprendan «que ellos no son parte de la discusión política» y reafirmó que su gestión seguirá defendiendo el respeto por las garantías del debido proceso.

    «Lo que hace falta son jueces que actúen con dignidad y con seriedad», declaró Fernández, en una entrevista con Radio Milenium, en la que volvió a garantizar que en su gobierno «no va a funcionar nunca más» determinadas «lógicas».

    «Les pido a los jueces que no vuelvan a hacer lo que hicieron; no usemos la justicia para resolver problemas políticos», dijo el Presidente.

    Consultado sobre la causa por hechos de espionaje ilegal, Fernández respondió: «Veo con mucha preocupación que parece ser que se ha desbaratado una célula de espías que trabajaba con jueces y medios de comunicación, generando imputaciones falsas».

    Aseguró que «esas lógicas en la Argentina de hoy son intolerables» y «no pueden seguir ocurriendo» y planteó que, «si ese hecho fuera eventualmente cierto, hay que investigarlo garantizando todo el debido proceso que la República exige».

    «Les garantizo que conmigo eso no va a funcionar nunca más; no voy a permitir que eso ocurra; algunos jueces tienen que entender que ellos no son parte de la discusión política, que son parte de la cuestión judicial», remarcó.

    Sobre este punto graficó que los jueces «no tienen que estar todos los días en las tapas de los diarios», sino que «tienen que hacer justicia».

    «Si quieren un ejemplo, miren cómo se trató el caso que se investiga en Dolores. Ninguno de nosotros le conocemos la cara a (juez Alejo) Ramos Padilla y miren cómo avanzó y no generó ni una sola foto de ningún imputado; así trabaja la justicia; después sacará sus conclusiones, quién es inocente, quién es culpable; no quiero que se haga hoy lo que nosotros padecimos ayer», reflexionó.

    Reiteró que los servicios de inteligencia «están para que el Estado haga inteligencia en defensa propia, no para investigar un periodista, un opositor, alguien que le cae poco simpático al Presidente o un hermano».

  • Vicentin rechazó el proyecto del Gobierno

    Vicentin rechazó el proyecto del Gobierno

    Héctor Vicentin, accionista e hijo de uno de los fundadores de la compañía agroexportadora Vicentin, rechazó el proyecto impulsado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. “Es una expropiación light”, analizó el empresario en diálogo con Fabián Doman en radio La Red.

    Y afirmó: ”¿Cómo podría llegar a funcionar una empresa mixta? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar hace muchos años de una forma distinta, solucionando nuestros problemas. Creemos que a las empresas privadas hay que dejarlas trabajar y solucionar sus problemas en el ámbito privado”.

    El gobernador de Santa Fe le presentó el viernes un plan al Presidente que contempla la conformación de una compañía mixta en virtud de las deudas que la empresa mantiene con el Banco Nación.

    Si bien pareciera ser una alternativa más moderada con respecto al proyecto inicial del gobierno, para los dueños de firma no hay muchas diferencias. Consideran que en términos prácticos significa perder el control del holding y el desplazamiento de los actuales directores.

    Fernández se reunió anoche con el interventor Gabriel Delgado. La Casa Rosada dejó trascender que la idea de la expropiación fue archivada. Sin embargo, el sábado en un reportaje, jefe de Estado dejó flotando en el aire una postura más dura: “O aceptan la propuesta de Perotti o expropiamos”.

    El juez federal de Reconquista, Fabián Lorenzini, redujo a los interventores estatales al rol de veedores. El Poder Ejecutivo exige que se revierta esta decisión para comenzar a implementar el proyecto impulsado por el gobernador santafesino.

    Nosotros sabemos que tenemos problemas, pero hay alternativas a una expropiación, a una intervención y a una empresa mixta. Hay que sentarse a dialogar y nos tienen que dejar trabajar e invertir, que es lo que sabemos hacer”, aseguró Héctor Vicentin.

    El ejecutivo, hijo de Roberto Vicentin, rechazó además las denuncias por lavado de dinero y por contrabando que surgieron en las últimas horas en medio de la discusiones con el Poder Ejecutivo. Dijo además que tienen la intención de saldar la deuda que mantienen con el Banco Nación por una línea a la que accedieron durante el gobierno de Mauricio Macri pero en el marco del concurso de acreedores.

    En la misma línea se manifestó Máximo Padoan, director ejecutivo de la empresa: “Seguimos siendo los dueños de Vicentin y fuimos reinstaurados en el directorio por el juez concursal, después de ser desplazados por el DNU”. “Las soluciones nuevas que van apareciendo son cada vez peores. El plan Perotti es peor que la expropiación por una ley del Congreso, porque desplaza a los administradores que fueron elegidos en asamblea por unos interventores”.

    “Se les está quitando derecho a los accionistas. No hay nada concreto que dictamine que el organismo tiene que estar intervenido. El juez lo ha dicho así”, amplió el empresario a radio Rivadavia, y agregó: “No tenemos ningún hecho de corrupción comprobado. No tenemos nada que ocultar, no hay maniobra de triangulación, no hay ningún delito”.

    Imágenes del banderazo realizado el sábado en Santa Fe (Pablo Lupa)
    Imágenes del banderazo realizado el sábado en Santa Fe (Pablo Lupa)

    El conflicto

    Alberto Fernández anunció la intervención y expropiación de Vicentin. Dijo que la idea fue motorizada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, que responde a Cristina Kirchner, para rescatar una de las principales agroexportadoras de la Argentina. La iniciativa generó un fuerte rechazo empresarios y de parte de la sociedad, que se manifestó con cacerolazos y un masivo banderazo en todo el país.

    Héctor Vicentin informó este lunes que nunca dejaron de pagar los salarios y que le preocupa el futuro de los puestos de trabajo en caso de que se concrete el ingreso estatal.

    El jefe de Estado dijo en varias entrevistas que no es necio y que está dispuesto a escuchar una idea superadora. Esa idea -según analizan en la Casa Rosada- es un proyecto presentado por Perotti que avala el ingreso del Estado en la empresa pero evita el camino de la expropiación.

    Mientras tanto, la empresa trabaja a media máquina, con un panorama incierto y un conjunto de acreedores –bancos nacionales e internacionales, cooperativas, acopios y productores individuales– que le reclaman deudas cercanas a los 100.000 millones de pesos. Uno de ellos es el propio gobierno, a través de una deuda con el Banco Nación por unos $18.000 millones.

    Además, avanza una denuncia penal radicada en Comodoro Py, en el juzgado de Julián Ercolini, contra más de una veintena de funcionarios y ex funcionarios del Nación y las “cabezas mayores” a las que apunta: su ex presidente, Javier González Fraga, el ex titular del BCRA, Guido Sandleris, y el ex presidente Mauricio Macri, por presuntas operaciones de lavado de dinero de la empresa y favoritismo político del gobierno en la concesión de crédito.

  • Avanzan el proyecto para la puesta en valor de La Gruta

    Avanzan el proyecto para la puesta en valor de La Gruta

    El ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle, recibió a su par de Turismo y Cultura, Luis Maubecín, para dialogar y avanzar en el proyecto de revalorización de La Gruta, denominado como “Paseo Cultural y Religioso Virgen del Valle”. Del encuentro, también participó la directora de Estudios y Proyectos, Valeria Gallo, y el padre José “Pepe” Díaz, en representación del Obispado.

    El proyecto ejecutivo será elaborado por el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, con la participación del Ministerio de Turismo y Cultura, el cual presentó un proyecto que se encuentra avanzado en lo conceptual y funcional. Sobre estas necesidades se elaborará el proyecto final que estará a cargo de las arquitectas Marcela Cataldo y Beatriz Vázquez, pertenecientes a Infraestructura y Obras Civiles y del arquitecto Luciano Castillo, de Turismo y Cultura.

    Esta obra surgió de un pedido del Obispado y del gobernador Raúl Jalil, quien tomó la decisión de poner en valor La Gruta de la Virgen del Valle, en el marco de la celebración de los 400 años del hallazgo de la sagrada imagen. Por este motivo y en base a una serie de acuerdos desarrollados por la cartera a cargo del ministro Niederle, la provincia celebró un convenio con Nación para la financiación de la obra, la cual alcanza los 200 millones de pesos.

    Tras el encuentro, la arquitecta Gallo señaló que, si bien aún no se inició con el proyecto ejecutivo de la obra, la intención “es trabajar con explanadas, veredas, rampas más accesibles, espacios para estar, otros para meditar y, también, generar un lugar más amplio y acogedor para realizar misas”. A su vez, la funcionaria comentó que uno de los pedidos realizados por el Obispado es el de “construir un oratorio y desarrollar una casa de meditación para que se puedan realizar retiros espirituales y otro tipo de actividades”.

    Por su parte, el ministro Maubecín remarcó la importancia de la obra tanto a nivel cultural como turístico y destacó que por ahora “es un proyecto que está avanzado en los conceptual y funcional pero aún falta concretar el proyecto ejecutivo”.

  • Preocupacion entre productores agropecuarios que proveen a Vicentin por el proyecto de expropiación

    Preocupacion entre productores agropecuarios que proveen a Vicentin por el proyecto de expropiación

    Ayer el Gobierno nacional anunció la intervención y expropiación de Vicentin, una de las empresas con mayor presencia en la exportación agroindustrial y en otras actividades productivas, que se presentó en febrero pasado en convocatoria de acreedores.

    La decisión del gobierno de Alberto Fernández provocó muchas dudas y sorpresa entre los acreedores de la empresa. En la actualidad, el total de acreedores asciende a 2.638.

    Por otro lado, según informaron algunos medios de la localidad santafesina de Avellaneda, hoy las oficinas centrales de Vicentín se encuentran cerradas. Además, se aguarda la presencia del ministro de la Producción de la Nación, Matías Kulfas, y del futuro interventor de la empresa, Gabriel Delgado, en los tribunales de Reconquista, donde se tramita la convocatoria de acreedores de Vicentin.

    “Estoy shockeado y muy sorprendido por el anuncio que hizo el presidente de la Nación. Habrá que esperar la implementación de la intervención y expropiación, y el temor sobre lo que sucederá de ahora en más, en el caso que se decida profundizar el intervencionismo del gobierno en la actividad agropecuaria. No hemos tenido el tiempo suficiente para analizar el Decreto del gobierno”, comentó un acreedor a Infobae.

    La incertidumbre pasa por determinar cómo funcionará la intervención, hasta donde llegará la expropiación de la empresa, y cómo será la operatoria en el mercado de granos. “Habrá que ver si se expropia solamente el sector de la cerealera y aceitera, o también alcanzará a otros rubros de la empresa”, comentó un acreedor a Infobae.

    Los dirigentes del campo que integran la Mesa de Enlace (Gustavo Gavotti)
    Los dirigentes del campo que integran la Mesa de Enlace (Gustavo Gavotti)

    Además, hay un reclamo para que la Justicia determine sobre los cuestionamientos legales que se están realizando desde la oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia que firmará en las próximas horas el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

    Otro de los testimonios de los acreedores que recogió este medio, señaló que desde hace tiempo había decidido no comercializar más con la empresa: “Cuando el año pasado la empresa anunció que atravesaba un momento complicado desde lo económico y financiero, avancé con la idea de no entregar más mi producción a la actual conducción de Vicentin. Hoy aguardo respuestas de la Justicia sobre la convocatoria de acreedores que se tramita en el Juzgado de Reconquista, en la provincia de Santa Fe”, aseguró.

    Más críticas desde el sector agropecuario

    Todo el arco dirigencial del campo salió ayer a la cuestionar el anuncio del gobierno. Desde los integrantes de la Mesa de Enlace, pasando por varias entidades ruralistas del interior, y los ex ministros de Agricultura del anterior gobierno.

    En las últimas horas, los integrantes de la Sociedad Rural de Rosario, expresaron en un comunicado: “Llama la atención que el gobierno emita un decreto de necesidad y urgencia y abra paso a una intervención estatal y posterior expropiación de la empresa privada, aduciendo que está en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país. Por otro lado, vale la pena aclarar, que dicha empresa exporta gran parte de lo que produce no abasteciendo con sus productos y derivados al mercado alimenticio interno”.

    Y agregaron: » A su vez, la fluidez de la comercialización de granos no se ha visto mermada, tal es así que a esta altura del año se ha exportado un 10% más que el año pasado, siendo ésta afectada por las limitaciones que se dieron por los incumplimientos de los protocolos comerciales. Finalmente, entendemos que los recursos de los argentinos se deben aplicar a mantener el ejercicio de la justicia, educación, atención sanitaria y el orden público».

    Por último, dirigentes y productores de la Sociedad Rural de Jesús María, también se pronunciaron preocupados por la decisión del gobierno nacional. “No solo es un alzamiento contra la Ley, sino un avasallamiento a la empresa concursada. La historia nos demuestra que las expropiaciones, y todo intento similar, no dan buenos resultados, sino todo lo contrario. Estamos convencidos de que el mercado granario es lo suficiente legítimo, transparente y auditable como para requerir del Estado su intervención. No vayamos por ese camino”.

  • Veliz brindó detalles del proyecto para toma de deuda

    Veliz brindó detalles del proyecto para toma de deuda

    El ministro de Hacienda Pública, Sebastián Véliz, confirmó el envío del proyecto de ley a la Legislatura provincial para que se autorice al Poder Ejecutivo a tomar deuda con distintos a financiar gastos de capital.

    El funcionario a cargo de la cartera económica detalló que con el proyecto se solicita autorización para realizar operaciones de crédito público por una suma de hasta 4 mil millones de pesos.

    Una vez autorizada, esta operatoria de toma de deuda se realizará a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial creado por el Gobierno nacional mediante decreto 352/2020 con un aporte de 60 mil millones de pesos para que las distintas jurisdicciones tomen deuda en pesos y a tasa baja para suplir necesidades ante la emergencia económica y sanitaria.

    “Tenemos que destacar que se trata de un crédito con muy buenas condiciones para la provincia, por la moneda y la tasa de interés. Contar con estos fondos es esencial para estar preparados ante cualquier contingencia; quizás la situación general evolucione favorablemente y no sea necesario disponer de estos fondos, pero aun así debemos contar dicha autorización para estar preparados por cualquier contingencia que amerite una respuesta económica inmediata, teniendo en cuenta el contexto de incertidumbre sanitario y económico que prevalece en el mundo”, aseguró el ministro Véliz.

    Por otro lado, el ministro de Hacienda explicó que en él mismo proyecto de ley se solicita autorización para la emisión de letras del Tesoro a los efectos conseguir financiación a corto plazo y al menor coste posible.

    En este caso, según explicó el funcionario, se trata de una medida necesaria para combatir un potencial déficit estacional de fondos y que no reviste operación de crédito público.

    “La pandemia y las medidas de prevención consecuentes han causado, en primer lugar, un descenso brusco de la actividad económica en los últimos meses y por lo tanto una fuerte caída de la recaudación. Esta situación imprevista, a su vez, nos coloca en un escenario complejo en el que debemos contar con fondos para cumplir con las obligaciones y compromisos del Estado provincial”, detalló el funcionario.

    Además, Véliz enfatizó que este proyecto no es una medida excepcional, sino un pedido de autorización que se realiza debidamente en cada ejercicio financiero.

    “Lo que tenemos que recordar es que este año contamos con un presupuesto que fue reconducido desde el presupuesto del año pasado. Por esta razón, corresponde que realicemos el pedido de autorización al Poder Legislativo”, enfatizó el ministro de Hacienda.

  • Brumec presentó al COE un proyecto para que las familias puedan reunirse

    Brumec presentó al COE un proyecto para que las familias puedan reunirse

    El senador por la Capital, Maximiliano Brumec, presentó a COE un proyecto que, de ser aprobado, podría ser tratado este jueves por la Cámara de Senadores. La iniciativa llamada “Domingo en familia” consiste en posibilitar encuentros entre familiares el día domingo, de 10 a 18hs, en los domicilios particulares, siempre siguiendo medidas sanitarias epidemiológicas:

    * Usar tapa boca o barbijo

    * Encuentro de no más de 10 personas

    * En lugares abiertos, o cerrados que cuenten con suficiente espacio y ventilación

    * Quienes presenten síntomas no podrán asistir a la reunión familiar

    * No compartir mates, infusiones, utensilios y vajillas

    * Respetar el distanciamiento social

    * Contar con elementos para higiene frecuente de manos

    * Garantizar la higiene respiratoria

    * Registro de visitantes a efectos de conocer fehacientemente los datos personales de quienes estuvieron reunidos (para su aislamiento en caso de contagio)

    * Las reuniones deberán serlo solo con miembros del núcleo familiar

    * En la medida de lo posible evitar transportar en vehículos personas que no pertenezcan a dicho núcleo familiar.

    Según su fundamento, la importancia del proyecto radica en “garantizar los encuentros entre miembros del grupo familiar al menos una vez por semana, reconociendo la importancia que dicha mancomunión implica en la salud mental física y espiritual, en aras de retornar concientemente y sin riesgos, a la vida normal, donde dichas reuniones resultan cotidianas y beneficiosas”. 

  • La diputada nacional Lucía Corpacci presentó proyecto para el pago de un adicional específico de emergencia para odontólogos

    La diputada nacional Lucía Corpacci presentó proyecto para el pago de un adicional específico de emergencia para odontólogos

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    La diputada nacional, Lucía Corpacci presentó el proyecto de ley que prevé el pago obligatorio de un  Adicional Específico de Emergencia  (AEE) para los odontólogos. El mismo debe ser cubierto por todas las obras sociales y entidades de la medicina prepaga. Este adicional debe garantiza  la cobertura de los elementos de protección personal clásicos, métodos de barrera y los propios de la profesión, necesarios para brindar la prestación sin riesgo tanto para el paciente afiliado y profesional odontólogo prestador.

    La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los legisladores catamarqueños, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez; además de los diputados Sergio Guillermo Casas, Diputado Nacional (La Rioja),  Susana Landriscini (Río Negro),  Mayda Rosana Cresto (Entre Ríos), Mabel Luisa Caparrós ( Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur) y Alejandra Obeid (Santa Fe). 
    Corpacci subraya que el Adicional Específico de Emergencia se requiere a los efectos de solventar los gastos extraordinarios erogados para el desarrollo de la actividad profesional de los odontólogos, derivados de los protocolos de prevención y seguridad establecidos, en el marco de la Emergencia Nacional Sanitaria, consecuencia de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

    Y esa líneas, indica que las empresas de medicina prepaga y obras  sociales, cualquiera fuera su naturaleza, que ofrecen planes de salud de adhesión voluntaria que superan o complementan sus servicios médicos, deben garantizar el pago AEE, con la finalidad de que los odontólogos puedan cumplir sus funciones con los resguardos protocolares preventivos. 
    Mientras que, el  Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, será la autoridad de aplicación de la presente ley, como también fijar el importe del adicional que asegure el desempeño de los profesionales odontólogos. La falta de cumplimiento en el pago a los prestadores hará pasible de sanciones pecuniarias en beneficio de las Entidades Colegiadas de los Profesionales Odontólogos.

    Lucía, sostiene que la ley encuentra  su fundamento ante la imperiosa necesidad de abordar la problemática que asecha actualmente a toda la comunidad de profesionales odontólogos, frente a la declaración de pandemia.

    Y enfatiza que con la declaración de la  Emergencia Pública Sanitaria, establecida en la Ley 27.541 y el inicio del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, mediante el decreto 297/2020, implicó la suspensión de la prestación odontológica en todo el ámbito nacional. Solo exceptuada parcialmente para el desarrollo de algunas prestaciones odontológicas en algunos distritos. 
    Corpacci considera que esta circunstancia convirtió a los odontólogos en uno de los sectores profesionales más vulnerables, que exige por parte de las autoridades la toma de medidas para que no se ahogue a los profesionales y que obliga requerir la colaboración de las obras sociales y empresas de medicina prepaga, a través del pago de un ingreso Adicional Específico de Emergencia destinado al profesional a fin de no incrementar los gastos derivados de la atención, ni trasladar el pago de los mismos a los pacientes afiliados.

    La diputada nacional entiende que  “en el ejercicio de la práctica odontológica existen insumos de bioseguridad adecuados para garantizar la correcta atención en condiciones que resguarden su integridad física y la de sus pacientes como así también reduzcan la exposición al contagio del COVID-19, los cuales deberán ser absorbidos por las obras sociales y entidades de la medicina prepaga”.