Dos internos del pabellón A del penal de Villa Las Rosas, de la capital salteña, fallecieron en las últimas horas mientras que un tercero permanece internado y en estado reservado, tras un incendio registrado el domingo pasado, cuyas causas se investigan, según informaron hoy fuentes del Ministerio Público de Salta.
El hecho ocurrió el domingo pasado, alrededor de las 21, cuando se registró un incendio en el Pabellón A, de la planta baja de la Unidad Carcelaria 1, más conocida como el penal de Villa Las Rosas, de la ciudad de Salta.
Tres internos sufrieron quemaduras de consideración en su cuerpo, y debieron ser trasladados de urgencia al hospital San Bernardo, donde dos de ellos fallecieron en las últimas horas y el tercero permanece internado, en estado reservado.
Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal 4, a cargo de María Eugenia Guzmán, pero tras el deceso de dos de los damnificados, se giraron las actuaciones a la Unidad de Graves Atentados.
Por ello, se hizo cargo Ramiro Ramos Ossorio, quien dispuso la realización de distintas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho
El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que no se puede «seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento» de las cárceles del país, al inaugurar 364 nuevas plazas y otras obras en tres cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicadas en Florencio Varela, Magdalena y San Martín.
«La sociedad ha ido abandonado poco a poco el problema carcelario», aseveró el mandatario al encabezar, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, un acto -por videoconferencia- desde la residencia de Olivos.
Durante la inauguración en el marco del «Plan de Infraestructura Penitenciaria» dentro del programa «Más trabajo, menos reincidencia», Fernández señaló que «si en las cárceles ponemos más camas y les damos la posibilidad de estudiar y de prepararse para el día de mañana, estaremos dando mejores condiciones sociales para el futuro».
«No queremos que quien delinque no cumpla el castigo que merece. Queremos que ese castigo tenga las condiciones humanitarias que el mundo y la sociedad moderna reclama», destacó.
El mandatario sostuvo que «el encierro es una penuria muy grande y no puede haber más penuria que esa» para la persona condenada y añadió: «No podemos seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento».
«Cuando las cárceles se hacinan y los presos terminan olvidados, al preso no le queda otra opción, cuando sale, que volver al mismo lugar donde aprendió el delito», advirtió en su mensaje.
Asimismo, agregó: «No queremos que quede impune el delito; que cuando ocurre, sea castigado, y que, cuando haya sentencia condenatoria, cumpla la condena en condiciones de dignidad».
“Lo que necesitamos es que quien soporta el castigo del encierro tenga la capacidad de prepararse para el día de mañana cuando esté libre. Para esos necesitamos dos cosas: que el encierro no lo vuelva más violento y que también se capacite para encontrar un futuro”, precisó el Presidente, quien además es profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) de la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena.
“Necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada y los condenados deben recibir un trato humanitario y ético”, dijo Alberto Fernández, quien aclaró: “No estoy contento de crear cárceles. Estoy conforme”, remarcó.
Fernández agregó: “Que hoy estemos inaugurando unidades y nos comprometamos a más unidades penitenciarias que le den a los detenidos lugares más aptos y puedan capacitarse habla bien de nosotros”.
Por último, el mandatario se refirió, además, a la necesidad de que las cárceles «no se conviertan en mercados negros».
Desde el penal del municipio bonaerense de Florencio Varela, Kicillof consideró que “es un día importante que marca un cambio de dirección de la política respecto al sistema carcelario porque veníamos de cuatro años donde dejaron una deuda económica para pagar y una deuda importantísima porque aumentaron los detenidos de 33 mil a casi 44 mil detenidos y sólo aumentaron mil plazas porque no hubo inversión”.
“Este es un plan que en los próximos meses nos va a llevar a 2 mil nuevas plazas en el sistema penitenciario de la provincia, algo que no ocurría hace mucho tiempo”, señaló el mandatario bonaerense.
Sobre los beneficios de invertir en mejoras de infraestructura penitenciaria, Kicillof reflexionó: “Todos hablan de la reincidencia de aquellos que cumplen su condena, pero nadie decidió invertir para mejorar las condiciones de las cárceles y que allí se pueda estudiar. Esto hace a una política de seguridad integral”, remarcó.
Según un dato estadístico que precisó Kicillof, “quienes hacen cursos universitarios durante su condena, al salir tienen reincidencia cero”, lo que luego fue destacado por el propio Presidente.
En ese sentido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires remarcó: “En el sistema penitenciario bonaerense vamos a priorizar la formación académica y en oficios”.
A su turno, el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, afirmó que “cada una de estas construcciones en unidades penitenciarias incorporan equipamientos para tener un contexto de encierro digno y que no se los prive del derecho de salud, por ejemplo”.
Gil también destacó la importancia de haber alcanzado un acuerdo con los acreedores para la reestructuración de la deuda pública porque “haber quitado esta hipoteca nos permite volver tener a la obra pública como una herramienta para poner a la Argentina de pie, más integrada, más justa y más federal”.
Del acto participaron también el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense Julio Alak; y los intendentes Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Moreira (San Martín) y Gonzalo Peluso (Magdalena).
Durante el acto se inauguraron también salones de usos múltiples y espacios comunes como talleres y aulas, todo como parte del “Plan de Infraestructura».
Además, los tres penales forman parte de la construcción de 15 Hospitales Penitenciarios en complejos ubicados en 12 distritos de la provincia de Buenos Aires, con una capacidad de 390 camas de internación, en el marco de la pandemia por coronavirus.
En el Complejo Penitenciario de Florencio Varela se están construyendo tres módulos sanitarios, con 72 camas y están realizando la base de hormigón donde se apoya el Hospital modular.
Los módulos, que está construyendo el Ministerio de Obras Públicas, se emplazarán en las cárceles de Florencio Varela, Lomas de Zamora, Campana, San Martín, Ituzaingó, La Plata, Magdalena, Mar del Plata (Batán), Olavarría y General Alvear.
Estos hospitales cuentan con pabellones de 382 metros cuadrados, 24 habitaciones individuales y 8 baños, servicio de laboratorio, sala de rayos y ecografía, cama de terapia intensiva, unidad de diálisis, así como el respectivo equipamiento e insumos: camillas, ecógrafo, equipo de rayos y mamógrafo.
Más de 400 presos en cárceles bonaerenses se irán a sus casas a cumplir arresto domiciliario. Es que el Tribunal de Casación Penal bonaerense hizo lugar este miércoles a un hábeas corpus colectivo presentado por los defensores generales de todos los distritos de la provincia, como una manera extraordinaria de hacer frente a a emergencia sanitaria y penitenciaria que se vive en los penales bonaerenses, donde hoy conviven 50 mil internos.
Sin embargo, la resolución podría alcanzar a muchos más presos. Es que hay más de tres mil detenidos considerados “en riesgo” en las cárceles bonaerenses, subrayaron a Infobaelas fuentes consultadas. En ese grupo aparecen embarazadas, mayores de 65 años y personas con distintas enfermedades.
El fallo de Casación bonaerense, al que accedió Infobae, dispuso que se transformen en arresto domiciliarios las detenciones de presos por delitos leves o que se encuentran en grupos de riesgo, mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las Unidades Penitenciarias. La resolución también alcanzaría a presos “que se encuentren en situación de riesgo pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves”, según se analice en cada caso.
Casación encomendó también a “jueces de Garantías, Jueces Correccionales y Tribunales en lo Criminal la evaluación de oficio de las prisiones preventivas de los imputados a su disposición, considerando para tal cometido los intereses de las víctimas, particularmente en los procesos por delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y aquellos cometidos en un contexto de violencia de género”.
La disposición apuntó además a los jueces de Ejecución que tengan a disposición “condenados sin sentencia firme” y a los que les falten seis meses para obtener la libertad condicional , para que se evalúe “la necesidad de disponer, de manera extraordinaria y por única vez, la detención domiciliaria, hasta alcanzar el término para la obtención de mejores derechos”. Y una vez más se resaltó “la prohibición de mantener alojadas en comisarías a las personas mayores de sesenta y cinco años de edad” .
La resolución de Casación fue firmada por el juez Victor Violini, presidente del tribunal, aunque el propio magistrado aclaró: “He mantenido comunicaciones previas con todos mis colegas del Tribunal de Casación Penal” y la resolución se tomó por “mayoría de opiniones”.
Previo a su decisión, el juez escuchó por viodeoconferencia los planteos del defensor general, Mario Coriolano; la defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri; el fiscal general, Carlos Altuve; el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense, Lisandro Pellegrini; y de Darío Ruiz, del Ministerio de Seguridad.
En la resolución, hubo cuestionamientos directos al jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand, al que acusó de la superpoblación carcelaria.
“Como una mera apreciación de carácter personal, me veo obligado a observar que el señor Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, doctor Julio Marcelo Conte Grand, que ahora parece erigirse como una suerte de héroe o líder mediático en medio de la pandemia decretada, ha sido, en los cuatro años pasados, el artífice de instrucciones (nunca resistidas por parte de algunos defensores que ahora recurren) que provocaron la proliferación de pedidos de prisión preventiva (mantenidos mediante recursos) y colaboraron de modo sustancial con la superpoblación carcelaria y la situación de hacinamiento imperante, que recién ahora, en la crítica circunstancia de la pandemia mundial decretada, parece revertir a través de la Resolución Nº 158/20, oscilando entre Torquemada y Mandela”, disparó
Presos de la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata (AFP – EITAN ABRAMOVICH)
Según señalaron a Infobae las fuentes consultadas, el hábeas corpus alcanzaría a 420 personas por delitos leves, que forman parte del grupo de riesgo. Eso implicaría que alcanza al uno por ciento de la población carcelaria, que hoy ronda los 50 mil internos repartidos en 63 unidades penitenciarias. La superpolación en los penales bonaerenses alcanza los 27.550 internos, es decir más del doble de lo establecido.
Pero hay una población altamente vulnerable de 3.182 internas e internos que están en una situación de muy alto riesgo sanitario y que pueden ser victimas de coronavirus por disminución del sistema inmunológico. Según las fuentes consultadas se trata de internos que tienen HIV (476 personas) , tuberculosis (233), diabetes (809) y enfermedades respiratorias, neumonías, dializados y oncológicas (90), añadieron las fuentes.
Además, los informes señalan que hay 644 detenidos mayores de 65 años, 58 mujeres presas con sus bebés y 20 embarazadas.
Hábeas corpus. El planteo de hábeas corpus advertía “la ilegalidad e inconstitucionalidad de las condiciones en las que se cumplen los encierros, a título de prisión preventiva o de pena”. Puntualmente se denunciaron “las condiciones de hacinamiento e inhabilitabilidad de las dependencias penitenciarias y policiales”, a lo que se sumó ahora “la situación de emergencia suscitada por la pandemia generada por el virus COVID 19”.
Los defensores subrayaron que “el hacinamiento impide guardar las distancias mínimas interpersonales requeridas; que las condiciones físicas de los internos en general los colocan en situación de contagio” y que las deficiencias estructurales de los edificios “dificultan los esfuerzos por ponerlos en condiciones mínimas de habitabilidad e higiene”. Pero además, dijeron, “los planteles médicos en las dependencias policiales y del Servicio Penitenciario se encuentran ‘diezmados’ y no es previsible que puedan mejorarse en esta emergencia, teniendo en cuenta la demanda de la población y las prioridades que necesariamente deberán otorgarse”. Además, remarcaron, “tampoco resultan ajenos a esta misma vulnerabilidad los agentes policiales y del Servicio Penitenciario”.
Para los defensores, “las medidas extremas que se vienen adoptando a nivel mundial deben implementarse también en el ámbito carcelario, a efectos de impedir picos de contagio abruptos e inmanejables y, como consecuencia de ello, la producción de muertes por enfermedad, motines, intentos de fuga u otras medidas de fuerza”.
“La velocidad de la pandemia y la circulación del virus no se compadecen con los tiempos de algunas decisiones judiciales”, por lo que son imprescindibles decisiones novedosas, pero sobre todo urgentísimas», advirtieron.
Un preso de la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata, a las afueras de Buenos Aires, muestra su celda,(AFP – EITAN ABRAMOVICH)
Fallo. Los argumentos fueron avalados por el juez Violini, quien la semana pasada ya había ordenado que se habilitaran el ingreso de teléfonos celulares para los internos.
“La pandemia decretada y la necesidad de resguardar los bienes jurídicos vida y seguridad, aunado al hecho de que el público y notorio hacinamiento existente en las Unidades Penitenciarias y Comisarías de la Provincia (lo que impide que las personas alojadas mantengan entre sí las distancias aconsejadas para evitar el contagio), me llevan a considerar prudente hacer uso de los distintos listados aportados por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, ambos de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de acatar las Recomendaciones de los Organismos Internacionales y con el objetivo de descongestionar los centros de detención”, dijo.
Con esta premisa de base, Violini dispuso que debería disponerse la evaluación del arresto domiciliario para:
– “Las personas que, conforme dichos listados y las actualizaciones que se vayan agregando se encuentran en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, como así también a las mujeres embarazadas o madres alojadas con sus hijos en las Unidades Penitenciarias, y que se encuentran condenadas o imputadas en orden a delitos leves”.
– “Las personas que se encuentren en situación de riesgo, pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves, siempre conforme los listados aportados y las actualizaciones que vayan proporcionándose». Allí deberá considerarse “la gravedad del delito no sólo la escala penal involucrada o la pena impuesta por sentencia condenatoria aunque no se encuentre firme”, “el bien jurídico tutelado (priorizando el relativo a la vida), la modalidad de ejecución, los medios comisivos (especialmente si resultan altamente lesivos), la situación o calidad de la víctima y la posibilidad de fijar domicilio en un lugar diferente al de residencia de ésta, o si ha mediado violencia de género”. Se busca así que el beneficio no llegue a detenidos por violación, homicidio, robo agravado y violencia de género.
– Los condenados sin sentencia firme cuando les falten seis meses para obtener la libertad asistida o condicional, según lo evalúe el juez de ejecución
Así las cosas, los listados de las personas que están en esa situación serán enviados a las cámaras penales de cada jurisdicción para que cada juez firme la morigeración de la prisión.
Diez presos se escaparon, nueve fueron recapturados. hay uno amotinado y armado en un calabozo.
Todo este altercado comenzó alrededor de las 2:30 de la mañana, en la Comisaria Nº5 de la Provincia de Santiago del Estero, cuando uno de los presos le robó el arma a un policía y allí se desató la furia. Incluso llegaron a escaparse diez reclusos, que luego fueron recapturados.
Varios de los hombres que están privados de su libertad se subieron por los techos de las casas y algunos treparon una antena, desde la que amenazaron arrojarse.
Familiares de los reclusos se presentaron en el lugar con miembros del Comité de Crisis de la Policía y el equipo USAR. Lograron que nueve evadidos se entregaran. Quedaba uno de ellos amotinado en el calabozo.
A las 6 se produjo la liberación del rehén, un cabo de Policía. El fiscal Ángel Belluomini junto al coordinador, Mariano Gómez, estuvieron presentes.
UNO DE LOS PRÓFUGOS AMENAZABA CON TIRARSE DE UNA ANTENA
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