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  • Cuatro de cada diez argentinos es pobre, según la UCA

    Cuatro de cada diez argentinos es pobre, según la UCA

    Así lo revela un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de esa universidad. Es el nivel más alto registrado desde 2006.

    Cuatro de cada diez argentinos es pobre, el nivel más alto desde el 2006, según un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina). Asimismo, de acuerdo con las estimaciones de la citada Universidad, la pobreza treparía al 50% sin la asignación por hijo y otros planes sociales,

    La Tasa de Indigencia -ingreso insuficiente para cubrir una canasta básica de alimentos-, que alcanzaba el 8,1% de la población a fines de 2022 según los datos oficiales, crecería al 19,6% si no se contemplara el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), otros programas, ni la percepción de pensiones no contributivas. El índice de pobreza en la Argentina alcanza al 38,9% de la población, una tasa similar a la observada en 2006, es decir, 17 años atrás.

    Por otra parte, se refuerza una tendencia preocupante: la tasa de pobreza es más alta en la franja etaria hasta 17 años, en el 61,6%, un nivel que proyecta una muy elevado piso de pobreza para los próximos años.

    El estudio detectó que a partir del 2013 la tasa de pobreza fue en crecimiento a la par del aumento del gasto social del Gobierno en relación al PBI. Eso significa que en la última década más personas quedaron fuera del acceso de bienes y servicios básicos a pesar de la expansión del gasto público para atender sus necesidades.

    En 2013 un 25,3% de la población se encontraba debajo del umbral de pobreza en la Argentina y el gasto social representaba el 12,5% del PBI. Una década después, con un gasto social que aumentó al 17% del PBI, la pobreza impacta en casi el 40% de la población.

    El Observatorio de la Deuda Social Argentina define la pobreza como «privaciones económicas injustas que afectan el desarrollo de las capacidades humanas en diferentes dimensiones de la vida social».

    «Es tan importante identificar la complejidad de las deudas sociales como comprender las causas múltiples que las explican. Esto no con un fin de denuncia, sino para poder superar las barreras estructurales que limitan el desarrollo humano integral en nuestra sociedad. Una mirada de las privaciones que vaya más allá de los ingresos monetarios contribuye en este sentido», agregó el reporte.

    Con una inflación que no para de crecer, y luego de la devaluación del 22% activada por el Gobierno el lunes posterior a las PASO, se espera que el número de pobres que el INDEC dará a conocer el próximo 27 de septiembre, con datos al cierre del primer semestre de este año, aumentará.

    La última información publicada por el INDEC muestra que la pobreza fue de 39,2% y la indigencia de 8,1% en los últimos seis meses del año pasado. De 9.908.229 hogares pertenecientes a 31 aglomerados urbanos, 2.928.152 hogares se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, los cuales incluyen a 11.465.599 personas. De ese total, 614.043 hogares se encuentran bajo la línea de la indigencia, que corresponde a 2.356.435 personas indigentes.

  • Una familia requirió en marzo $ 60.874 para no ser pobre y $ 25.685 para no ser indigente

    Una familia requirió en marzo $ 60.874 para no ser pobre y $ 25.685 para no ser indigente

    Una familia requirió en marzo $ 60.874 para no ser pobre y $ 25.685 para no ser indigente, de acuerdo a los datos informados hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

    Así el mes pasado, la canasta básica alimentaria -la que mide el nivel de indigencia- subió 4,5% respecto de febrero, mientras que la canasta básica total -que establece la línea de pobreza- subió 5%, es decir por encima del índice de inflación de marzo que fue de 4,8% en ese mismo mes de acuerdo a la medición oficial.

    La progresión mensual de estos indicadores impulsaron al Gobierno a lanzar una batería de medidas con el fin de contener el alza inflacionaria de productos básicos, en especial ligados a la alimentación.

    De allí la semana pasada el Ministerio de Desarrollo Productivo anunció nuevas acciones para contener la suba de precios en el sector alimenticio y garantizar el abastecimiento de mercancías, insumos y bienes industriales, con la idea de bajar la inflación y recuperar el poder adquisitivo de los salarios.

    El paquete fue acordado en una reunión de gabinete económico en Casa de Gobierno, en la que se definieron nuevas medidas como parte de «un esquema que promueve la eficiencia, la competencia y el aumento en la oferta de productos en diversos rubros de la actividad económica», se explicó oficialmente tras el encuentro.

    Las medidas fueron dadas a conocer casi a la par con la difusión del índice de precios al consumidor de marzo por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que marcó un incremento de 4,8%, el porcentaje más alto en lo que val del año.

    Las iniciativas son una respuesta del Gobierno que parte de un análisis macroeconómico sobre el efecto que generaron el aumento del precio internacional de los alimentos -del 30% en dólares desde septiembre de 2020, en promedio- a lo que a nivel local se sumaron maniobras especulativas y de evasión fiscal sobre los precios en el mercado interno en los últimos meses.

    Para ello se impulsará el abastecimiento de carne vacuna a precios accesibles; un conjunto de acuerdos sectoriales para dar mayor previsibilidad de precios a futuro; el fortalecimiento en el acceso a alimentos a precios mayoristas; una diversificación de la oferta y la competencia en la producción de alimentos; y mayor monitoreo de los mercados para el cumplimiento de normas vigentes, entre otras medidas.

    Por otro lado el Gobierno trabaja en una modificación para el relanzamiento del programa Precios Máximos que vence a mitad del mes próximo.

    A fin de marzo el gobierno renovó este programa con los mismos valores y productos alcanzados en la última actualización, a comienzos de febrero de este año. La falta de actualización de los precios es una de las críticas que advierten los empresarios de firmas alimenticias por lo que se está buscando una alternativa.

    Por estas horas la propuesta oficial es elaborar una canasta de 120 productos a precios populares que quedarían congelados por seis meses que, en este caso, los empresarios aceptarían sólo con la promesa de que finalice el programa Precios Máximos.

    En ese marco, los 120 productos que llegarían tanto a supermercados como a comercios de cercanía, aparecen como un puente para cumplir con el pedido de los empresarios sin que esto signifique una nueva disparada en la canasta básica.

    En tanto que días atrás la Secretaría de Comercio Interior renovó hasta julio próximo el programa Precios Cuidados 2021, una canasta de productos representativos del consumo masivo local, que pasa a contener 670 referencias y que, aquellos que ya estaban incluidos en la lista, incrementaron sus precios un 4,8% en promedio.