La decisión contra la vicepresidenta en ejercicio del cuarto gobierno kirchnerista la tomó el Tribunal Oral Federal N°2 después de tres años y medio de juicio oral. La fiscalía había pedido una sentencia a 12 años de cárcel por asociación ilícita y defraudación al Estado. La defensa, su absolución.
Cristina Kirchner fue condenada hoy a 6 de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad y fue absuelta por mayoría por el delito de asociación ilícita. Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo. Aunque la sentencia implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una pena de prisión, el fallo no está firme. La vicepresidenta no irá presa y podrá ser candidata en las próximas elecciones.
La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde el Tribunal Oral Federal 2. Los tres estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta. En cambio por dos votos a uno quedó absuelta por asociación ilícita. Solo Basso votó por condenarla por ese delito. Los otros jueces dijeron que no hubo la pluralidad de delitos que reclama esa figura penal.
El tribunal también instó al decomiso de 84 mil millones de pesos: puntualmente, $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado.
Hasta último momento todas fueron especulaciones. Nadie supo el resultado del juicio hasta que se anunció en la sala de audiencias.
“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, sostuvo el tribunal en un breve comunicado tras leer el veredicto.
La maniobra buscó “asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso: Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez”. Y el tribunal añadió:”la comprobación de las circunstancias descriptas ha guiado las condenas dictadas en el marco de esta causa respecto de personas en ejercicio de la función pública nacional y provincial quienes, violando sus deberes sobre el manejo, la administración o el cuidado del patrimonio lesionado, y con el fin de procurar un lucro indebido, perjudicaron los intereses confiados y obligaron abusivamente al Estado Nacional”.
La ex presidenta se enteró de la decisión en su despacho del Senado, desde donde inmediatamente habló para responder al veredicto a través de un mensaje público con duras críticas. Insistió en la idea del “lawfare” y “el partido judicial”. Y volvió a repetir que en este juicio no estuvieron acusados los jefes de Gabinete de la gestión k, entre los cuales esta el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa.
El fiscal Diego Luciani, que había pedido doce años de condena para ella, también escuchó el resultado del proceso desde su oficina.
La decisión fue tomada pasadas las 17 en los tribunales de Comodoro Py 2002, mientras afuera un grupo de militantes cantaba “Cristina presidenta”, bajo un intenso calor. Adentro, los periodistas se agolpaban para poder entrar a la pequeña sala de audiencias donde se leería el veredicto, que, de todas formas, se transmitía vía YouTube.
CFK no estaba sola en el banquillo. También estaban acusados el empresario Lázaro Báez, para quien solicitaron 12 años; Julio de Vido, ex ministro de Planificación; José López, ex secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad; Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP); Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV; Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP; Héctor Garro, ex presidente de la AGVP; y Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.
El juicio comenzó en mayo de 2019 y se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Diego Luciani en el inicio de sus alegatos. El fiscal dio por probado que las licitaciones fueron amañadas, que las empresas no tenían capacidad para hacerlas, que la mayoría no las terminó y que a pesar de eso fue el único empresario que cobró la totalidad.
Luciani pidió que Cristina Kirchner y Báez sean condenados a 12 años de prisión. Acusó a la Vicepresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti reclamó 10 años de cárcel, entre los principales acusados.
La Fiscalía consideró que el perjuicio al estado fue de 5.231 millones de pesos y también pidió que se decomisen bienes de los acusados por ese monto dividido entre los acusados. También reclamó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos.
Las defensas por su parte rechazaron todas las acusaciones y dijeron que no están probado los delitos de los que habló la fiscalía. Reclamaron sus absoluciones. En el último tramo, Cristina Kirchner se convirtió en abogada en causa propia y afirmó: “Si dije que este era el tribual del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”.
Con gran hermetismo, el TOF decidió que la sentencia se diera a conocer este martes, a las 17.30. Aunque se creía que en Comodoro Py podían presentarse miles de manifestantes, hubo menos de mil personas apostadas frente al edificio para apoyar a la vicepresidenta. A las 17.45, algunos quisieron tirar las vallas pero rapidamente la policía intervino.
Adentro, nadie se enteraba de eso. La tensión se sentía en el aire. Los jueces bajaron desde el sexto piso, caminaron por el pasillo de la planta baja y entraron a la sala de audiencias. Primero dejaron entrar a los pocos fotógrafos. Luego a los periodistas que estaban presentes. Era todo silencio. El secretario del TOF Tomás Cisneros señaló que esperaban que todos estuvieran conectados para poder empezar. Pasaron unos largos minutos. Y la audiencia finalmente empezó.
Los jueces resolvieron rechazar las nulidades que se habían pedido en la audiencia. Y luego pasaron a leer las condenas por orden alfabético. Por eso, para el que prestó atención, era fácil darse cuenta que vendrían absoluciones. Esquivaban algunos nombres a la hora de decir condenas.
El veredicto estableció condenar a seis años de prisión a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La misma pena se dictó para Lázaro Báez, José López, ex secretario de Obras Públicas; y Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad.
Las condenas también alcanzaron a otros acusados. A Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Adm. Gral. de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP), le dieron cinco años de cárcel. A Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP, sentenciaron a cuatro años y medio. A Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la DNV, y a José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP, les impartieron cuatro años. A Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, le dieron a tres años y medio.
Para sorpresa de muchos, hubo absoluciones. El tribunal entendió que no había pruebas contra Julio de Vido, ex ministro de Planificación; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; y Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz. Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex secretario de Coordinación de Planificación, también fue desafectado de la causa. En su caso fue por un sobreseimiento por prescripción. Fue al único al que el fiscal no había incluido en la asociación ilícita.
“Señora, señores, este juicio ha terminado”, dijo Gorini para dar por terminada la audiencia. El 9 de marzo se conocerán los fundamentos de la sentencia. A partir de ese momento, las partes podrán apelar ante Casación. Como adelanto, el tribunal estableció: existió “un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas” que tuvo como beneficiados a Lázaro Báez y a Cristina Kirchner.
“Ha sido dirimente, en esa lógica, la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”, dijeron. La referencia es a las causas Hotesur y Los Sauces, dos empresas de la familia Kirchner de hoteles y inmuebles que eran alquilados por Báez.
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