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El juez Civil y Comercial Federal 7, Javier Pico Terrero, le dio curso hoy al pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la empresa de servicios y contenidos de internet Google al aceptar un pedido para producir una prueba anticipada en base a la realización de una pericia informática.

En una resolución a la que tuvo acceso Télam, el magistrado decidió «hacer lugar al pedido de formulado» por la parte denunciante y admitir la realización de la medida de prueba anticipada con el objeto de que se lleve a cabo la tarea pericial en informática solicitada».

El fallo indicó que para ello «corresponderá que un experto en informática se expida sobre cada uno de los puntos de pericia propuestos» y explicó que «deberá informarse a todos los intervinientes el día, hora y lugar que llevará a cabo dicha labor».

Asimismo, el juez establece que «la demandada (Google) deberá arbitrar los medios para conservar los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17/05/2020 hasta el día en que se realice la pericia».

La vicepresidenta pidió ayer que se ordene una pericia informática urgente contra Google para usarla como prueba en una futura demanda civil a la empresa, a raíz de lo ocurrido el 17 de mayo, cuando el buscador asoció su nombre al mote de «ladrona», de acuerdo a una publicación periodística.

Google «publicó en su plataforma y bajo su responsabilidad información falaz y agraviante con relación a mi mandante, mancillando su nombre, imagen y honor», advirtió en el pedido de prueba anticipada el abogado Carlos Beraldi, representante de la vicepresidenta.

«Se trata de un pedido de prueba anticipada para formular una demanda civil», explicaron a Télam fuentes del entorno de la vicepresidenta.

Fernández de Kirchner también comentó por Twitter que había realizado una presentación judicial «para solicitar una pericia informática urgente contra Google, que servirá como prueba de una demanda».

«Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera incalculabe», escribió la vicepresidenta.

Beraldi recordó que el 17 de mayo último a las 00.20 la vicepresidenta «se enteró, por las fuertes repercusiones en internet, de una nota digital del diario Clarín que manifestaba que el motor de búsqueda más usado a escala internacional asociaba a su persona con el mote de ‘ladrona’».

«Al buscar el nombre de la Dra. Fernández en la plataforma de la demandada, esta asoció en su propio panel, sin derivar a la web de ningún tercero sino bajo su exclusiva órbita y responsabilidad, el nombre de mi mandante a la calidad de «ladrona», atacando su imagen y honor en clara violación de sus derechos personalísimos y de la Ley de Defensa del Consumidor», sostuvo Beraldi.