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Este martes, en medio de un clima de fuerte tensión sindical, el Gobierno nacional calificó como “política” la medida de fuerza convocada para hoy por distintos gremios del sector transporte, destacando su preocupación por el impacto en el servicio y en la vida cotidiana de la población. Mientras tanto, funcionarios de las Secretarías de Transporte y Trabajo se encuentran en diálogo con representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que prevé realizar una huelga de colectivos este miércoles. La Casa Rosada intenta contener la extensión del conflicto en el sector de transporte público, especialmente en vista del cese de actividades de hoy que involucra a otros sectores como camioneros, portuarios y ferroviarios.
La administración de Javier Milei asocia esta medida al esfuerzo de algunos gremios para desestabilizar el gobierno, especialmente después de declaraciones recientes de líderes como Omar Maturano, de La Fraternidad, que justificó el paro en defensa de la “soberanía” y el “derecho a la protesta sindical”. La postura oficial, según fuentes de Balcarce 50, es que los reclamos sindicales están orientados a fines políticos más que a mejoras laborales, lo que, en su opinión, dificulta una resolución a través del diálogo.
Paro y piquetes en la Capital y otros distritos
El paro nacional afecta no solo a los servicios de transporte, sino también a las actividades de otros sectores laborales, sumándose al descontento de empleados estatales afiliados a ATE, que lanzaron un paro de 36 horas. En el contexto de un panorama de creciente tensión laboral, la Casa Rosada intenta responder por medio de una conciliación obligatoria en sectores clave, como la AFIP, para mitigar el impacto de la medida en los servicios aduaneros y fiscales. Sin embargo, los trabajadores confirmaron su adhesión a la protesta, lo cual apunta a profundizar el clima de conflicto en el sector público.
La estrategia de comunicación del Gobierno se concentra en resaltar que la huelga tiene un trasfondo político. La Casa Rosada apuesta a una “movida” en redes sociales, donde algunos funcionarios saldrán a defender la postura oficial de que esta medida “perjudica a los trabajadores” en lugar de beneficiarlos.
Medidas en el Congreso y la respuesta del Gobierno
En paralelo al paro, el oficialismo celebró el avance en la comisión de la Cámara de Diputados del dictamen para privatizar Aerolíneas Argentinas, uno de los puntos que ha intensificado las confrontaciones con los gremios del transporte. Esta decisión responde a la línea del gobierno de Milei de avanzar en un recorte de gastos públicos que considera prioritario para la estabilidad económica. La medida ha sido uno de los factores clave para la convocatoria al paro, especialmente por la postura firme del Ejecutivo en no ceder a las demandas de aumentos salariales de los pilotos, quienes han escalado en una serie de medidas de fuerza.
Ante la jornada de protestas, el presidente Milei decidió trasladarse a Córdoba para participar en el evento del 47º aniversario de la Fundación Mediterránea, donde, según fuentes cercanas, tiene previsto abordar logros en temas como la inflación y la reducción del riesgo país, buscando reforzar su administración en términos de resultados económicos frente a un público empresarial.
La reacción de las organizaciones sindicales, con referentes como Pablo Moyano en la CGT local, incluye manifestaciones directas en la ciudad de Córdoba, en contraste con la huelga en Buenos Aires, que no contempla movilizaciones masivas. La postura gubernamental, por otro lado, busca posicionar al sindicalismo en un rol de oposición a los intereses de los trabajadores que representa, según lo anticipado por funcionarios que advierten que la huelga “complica la vida de los trabajadores”.
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