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Buenos Aires, 24 de julio de 2024 – El ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, se prepara para realizar su primera gran movida desde que se incorporó al Gabinete del presidente Javier Milei. En un esfuerzo por reducir la estructura del Estado y optimizar el uso de recursos públicos, Sturzenegger firmará el «Decreto 51», que propone la eliminación, reforma o fusión de alrededor de 60 organismos públicos.

El objetivo principal del decreto es reducir el gasto público y eliminar estructuras consideradas innecesarias o utilizadas de manera ineficiente durante administraciones anteriores. Esta medida, que se enmarca dentro de la política de desmantelamiento de institutos y organismos públicos, ha sido defendida por el vocero presidencial Manuel Adorni como una manera de terminar con «grandes cajas de la política» y «lugares para generar empleo militante».

Organismos Afectados

Entre los organismos que se verán afectados por el decreto, se encuentran:

• Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), dependiente del Ministerio de Capital Humano.
• Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), bajo la Jefatura de Gabinete.
• Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que ya había sido anunciado para su cierre en febrero.

Otros organismos que podrían verse afectados incluyen el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el Instituto Nacional del Teatro (INT), Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner, el Instituto Nacional “J. D. Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Impacto y Reacciones

La decisión de eliminar o reformar estos organismos se fundamenta en la idea de que no cumplen una función necesaria para la función pública o fueron utilizados de manera irregular para desviar fondos durante la administración kirchnerista. Sin embargo, esta medida no estará exenta de costos, ya que se espera que el gobierno deba gastar millones en indemnizaciones por despidos o retiros voluntarios.

El gobierno de Sturzenegger asegura que la medida es necesaria para terminar con las «trabas del Estado» y que el problema no es la cantidad de empleados, sino su función dentro de una estructura que crea impedimentos. No obstante, esta premisa no ha llevado a la reubicación de los empleados afectados, manteniéndose firme la meta de alcanzar 70 desvinculaciones.

Futuro del Decreto

Aunque la lista completa de los organismos afectados aún no se ha oficializado, la implementación del «Decreto 51» acercará al gobierno a su objetivo de recortar el presupuesto estatal. A pesar de las posibles consecuencias económicas inmediatas, como el pago de indemnizaciones, la administración de Milei confía en que la medida servirá para alcanzar una mayor eficiencia en la función pública y apoyar su plan de modernización y desregulación del Estado.