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En la última sesión ordinaria, las y los integrantes del cuerpo aprobaron de forma unánime con media sanción una iniciativa impulsada por la presidenta del cuerpo, Cecilia Guerrero, por el cual se crea el Registro de Violencia Institucional que será implementado en diferentes organismos del Estado. La autora del proyecto destacó la incorporación de tratados de Derechos Humanos en la Constitución nacional para observar que, sin perjuicio de ello, «persisten en algunos sectores, que en la generalidad de los casos se vinculan con las fuerzas de seguridad pero que no son exclusivamente, donde quedaron resabios de viejas prácticas dictatoriales que vulneran derechos».

«Cuando se presentan situaciones de violencia institucional se asesta un duro golpe a la credibilidad de las instituciones democráticas que justamente han sido creadas y diseñadas para asegurarle a la ciudadanía el pleno goce y ejercicio de los derechos» observó. De esta forma, remarcó la necesidad de que se avance la determinación de cuáles son las prácticas más comunes de violencia institucional como también los organismos estatales donde se reproducen conductas violatorias de los derechos humanos y para ello proponemos la creación del registro que tendrá como función esencial la de registrar, clasificar y sistematizar los casos de violencia que ocurran o pudieran ocurrir en todo el territorio provincial».

Guerrero explicó que también se propone incorporar en la noción de violencia institucional una redefinición del concepto a fin de que «resulte comprensivo de toda práctica estructural de vulneración de derechos, prácticas discriminatorias fundadas en estereotipos o sesgos de cualquier naturaleza». A ellas se le suman «las acciones u omisiones de violación de derechos humanos llevadas a cabo por efectores de salud pública, del sistema de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, del sistema educativo; del sistema de residencias de adultos y adultas mayores, y de residencias de mujeres víctimas de violencia de género, en contextos de restricción de autonomía o que se encuentran alojados en instituciones estatales; y toda acción u omisión realizada por funcionarios/as y empleados/as públicos y agencias pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, incluido los organismos que integran el Poder Judicial».