Un nuevo golpe al narcotráfico sacudió la provincia de Jujuy. Personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detuvo a una mujer de nacionalidad boliviana que transportaba nada menos que 6 kilos de cocaína en dos valijas acondicionadas especialmente para el contrabando.
El operativo tuvo lugar en la terminal de ómnibus, donde el perro antidrogas de la fuerza detectó algo sospechoso entre los equipajes. Con precisión quirúrgica, los agentes inspeccionaron las valijas y encontraron un doble fondo que ocultaba la droga.
El operativo y las consecuencias
La mujer, que se encontraba de manera ilegal en el país, fue aprehendida de inmediato y quedó a disposición de la Justicia Federal. La droga incautada será peritada y utilizada como prueba en la causa, mientras que continúan las investigaciones para determinar si la detenida forma parte de una red de tráfico mayor.
El caso fue confirmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien destacó la eficacia de la GNA y señaló: “Doble fondo, doble error”.
La ola de violencia narco en Rosario se metió entre las mociones de preferencia en la cámara de Senadores de la Nación y un legislador santafesino de Unión por la Patria aprovechó para chicanear a su par de Juntos.
Se trata de Marcelo Lewandowski, quien chicaneó a Carolina Losada, luego que la legisladora expusiera sobre el problema con las bandas narcos y le reprochó no haber apoyado el proyecto de «Ley de emergencia en seguridad para la provincia de Santa Fe». «Ayudemos a todos los rosarinos a poder volver a casar, sin tener pánico cuando escuchamos venir una moto. Me sorprende incluso y le agradezco al senador Lewandowski, que siendo de Santa Fe, no apoyó ese proyecto», afirmó
Además, sostuvo que desde que presentó la iniciativa en agosto de 2022 hasta el día de la fecha se produjeron 555 muertos a manos del «narcoterrorismo».
El legislador opositor entonces pidió contestar, debido a que fue aludido por la senadora durante la exposición. «Quiero mirar para adelante y ver cómo se resuelve, y decir que yo no estuve preocupado por lo que le pasa a los rosarinos… Claro, tengo a mi familia, hijos, vivo yo, mis amigos, la gente que me ha representado. No me votaron en Rosario y vivo en Nordelta o Recoleta o en algunos lugares coquetos de la Argentina», ironizó.
Lewandowski aseguró que lleva sus 58 años viviendo en Rosario, y que ha «trabajado mucho» en pos de la seguridad de la ciudad santafesina. En ese sentido, precisó que vive en el sur de Rosario que -según dijo- es el lugar más castigado. Y pidió «no hacer politiquería barata» en medio de la escalada de violencia.
«Intenté hablar por encima y de política en serio, a algunos les cuesta», concluyó.
Pero el cruce no terminó allí. La presidenta provisional del Senado, Victoria Villarruel, intervino y le volvió a ceder la palabra a Losada.
«Le pido al senador Lewandowski que tenga un poco respeto por la situación que vivimos los que nos exponemos porque combatimos en serio y nos preocupó siempre la situación en Santa Fe», agregó.
La legisladora negó vivir en los barrios que le atribuyó su par en el recinto y dijo que ella no expone «el country o barrio cerrado», porque eso significaría exponerlo a un «peligro» públicamente. «El gobernador de la provincia (Maximiliano Pullaro) tuvo que sacar a la familia de la provincia. Entonces por favor llámese al silencio, como viene haciendo», concluyó Losada.
Los cuestionamientos a Lewandowski también continuaron en las redes, pero por haber definido como «un chiquito que andaba en pantuflas» al sicario que asesinó al playero Bruno Bussanich, asesinado a tiros el sábado.
«Un senador kirchnerista acaba de decir que la basura que mató al playero en Rosario es un ’chiquito’ dando a entender que es un pobre pibe. Es un hijo de puta, no un pobre pibe, basta de romantizar a las lacras que nos arruinan la vida», repudió en X (ex Twitter) Iñaki Gutiérrez, quien fue el cerebro de la comunicación libertaria en TikTok durante la campaña electoral.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, convocó hoy a un Comité de Crisis para coordinar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales ante la escalada de violencia narco en la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Anoche, tras el ataque del colectivero que paralizó al transporte público en la ciudad, dos sospechosos en moto incendiaron un taxi estacionado en la zona oeste de la ciudad. En otro hecho, varios pistoleros dispararon contra el frente de la Comisaría 15ª. Esta semana, por otra parte, asesinaron a dos taxistas con balas policiales. Según fuentes policiales, estos ataques serían en respuesta a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de endurecer la situación de los presos de alto perfil en penales provinciales con requisas al estilo Bukele (presidente de El Salvador).
El Comité de Crisis, que funcionará hasta el 9 de julio de 2024 y podrá prorrogarse, buscará “contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de las tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano”.
En concreto, su misión será ejercer la conducción política y supervisión operacional de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales y provinciales “que se encuentren empeñados en el reestablecimiento de la seguridad interior”.
Será presidido en conjunto por Bullrich y el gobernador Pullaro. También lo integrarán los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario.
Por otro lado, la resolución adelanta que solicitarán al Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri, el apoyo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interior, en los términos del artículo 27 de la Ley 24.059. Ante la consulta de Infobae, desde el Ministerio de Seguridad contestaron que el lunes se anunciará el alcance y la naturaleza de la colaboración de las Fuerzas Armadas.
Una megaoperación policial en varias favelas de Rio de Janeiro dejó este martes al menos siete muertos en enfrentamientos con presuntos delincuentes, informaron las autoridades.
El operativo, lanzado en la madrugada, se desarrollaba de manera simultánea en varias favelas del norte de Rio, entre ellas los inmensos Complexo da Maré, do Alemão y da Penha.
«Siete delincuentes murieron en enfrentamientos con nuestros equipos. Fueron incautados cinco fusiles, tres pistolas, siete radios (…) y estupefacientes que serán contabilizados. Además, tres sospechosos resultaron heridos y dos detenidos», informó la Policía Militar del estado de Rio en la red social X, que agregó que dos policías fueron heridos.
La acción conjunta de agentes de las policías civil y militar de Rio buscaba capturar a miembros del Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil, dedicada al narcotráfico.
«Policías civiles (…) realizan una megaoperación este martes contra traficantes do Comando Vermelho (CV) que actúan en el Complexo da Maré», dijo en un comunicado la Policía Civil de Rio.
«Luego de peritajes de inteligencia y seguimiento, los agentes descubrieron un movimiento de delincuentes en la región que, además de narcotráfico, son investigados por robo de vehículos», agregó.
La Policía Militar de Río de Janeiro cortó calles este martes alrededor de varias favelas, en un operativo contra bandas del narcotráfico. Foto: AFP La Policía Militar de Río de Janeiro cortó calles este martes alrededor de varias favelas, en un operativo contra bandas del narcotráfico. Foto: AFP
Numerosas camionetas de la policía y agentes fuertemente armados bloqueaban los accesos del Complexo de Alemão.
Fotos publicadas por la policía militar de Rio mostraban excavadoras removiendo barreras metálicas colocadas por los delincuentes en distintos accesos del Complexo do Alemão.
Barricadas y colegios cerrados
Otras imágenes que circulaban por redes sociales mostraban barricadas con neumáticos y muebles, algunas en llamas.
La megaoperación obligó a la suspensión de clases en decenas de centros educativos que afectó a 20.500 alumnos, dijo en X la concejal de Rio Thais Ferreira.
A finales de septiembre, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que destinaría 900 millones de reales (unos 180 millones de dólares) en los próximos tres años para un plan nacional para combatir organizaciones criminales, en coordinación con las autoridades de los estados.
Las operaciones policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de Rio, donde la policía suele enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular una banda narco familiar y detuvo a siete personas. Todo ocurrió en la zona de Villa del Rosario, en la provincia de Córdoba. Entre las personas detenidas se encuentra Roxana Moli, quien sería la cabecilla de la banda junto a su pareja. La mujer detenida es hermana del boxeador Fabio «La Mole» Moli.
Tras un año de investigaciones, dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron un dispositivo donde se detuvo a siete personas y se logró desarticular una banda familiar dedicada a la venta de estupefacientes en diversas localidades del departamento Río Segundo y ciudad de Córdoba.
El dispositivo estuvo compuesto de seis allanamientos: cinco en inmuebles de la ciudad de Villa del Rosario y el restante en calle Llanquelén al 5800 de barrio Parque República. Dichos inmuebles habrían funcionado como puntos de venta de drogas. La Policía de Córdoba también colaboró en la seguridad del anillo exterior a las moradas.
En los domicilios, investigadores junto a canes detectores de narcóticos de la División K-9 de la FPA lograron el secuestro de 375 dosis de cocaína, plantas de cannabis sativa, un vehículo, dos motocicletas, una réplica de arma de fuego, munición y $1.837.000, entre otros elementos de interés para la causa.
Cabe mencionar que, según investigaciones, los aprehendidos serían parte de una organización familiar dedicada a la venta de drogas compuesta por la madre, el padre y un hijo y realizaban «delivery» de estupefacientes en la ciudad de Villa del Rosario y localidades aledañas como Calchín, La Juntura, Luque, Sacanta y Costasacate. A su vez, comercializaban estupefacientes a otros «clientes» para la reventa de las sustancias ilícitas.
La totalidad del dispositivo estuvo supervisada por autoridades de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del tercer turno, quienes dispusieron el traslado de los investigados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
Era un enero tranquilo en Tucumán. Demasiado tranquilo si se lo comparaba con los casos de inseguridad ocurridos en otros distritos del país. Pero esa situación cambió de manera dramática en los últimos días y uno de los sucesos que marcó ese giro fue otro episodio más en la escalada de inseguridad que azota al barrio Oeste II, convertido en zona de guerra por dos bandas narco que se disputan el territorio.
El crimen registrado eel miércoles fue un nuevo capítulo de esa sangrienta guerra entre las dos bandas dedicadas al narcomenudeo. En esta oportunidad, un supuesto soldadito (persona que trabaja a las órdenes del transa) del grupo de “Cara i’ Gota” asesinó de un disparo por la espalda a otro de la gavilla de “Chuky”.
Todo comenzó el miércoles, pasadas las 17. Braian “Chiripa” Vélez (23 años), se encontraba en Bolivia al 4.500. A ese lugar se presentó Mauro Ezequiel Segura (24) y, después de una breve discusión, comenzó una pelea que se detuvo abruptamente cuando el segundo sacó un arma de fuego.
Vélez trató escapar corriendo, pero Segura realizó varios disparos y uno de ellos impactó en la espalda de la víctima, que fue llevada a un centro asistencial de San José, pero llegó sin vida. El agresor fue detenido por personal de la seccional 5° en Villa 9 de Julio. Cuando lo arrestaron, ya no tenía el arma consigo.
Según trascendió, sin que se supieran los motivos, el fallecido habría baleado la casa de Segura días atrás y esa habría sido la razón por la que decidió cobrarse venganza. “Dicen en el barrio que se habían citado a pelear mano a mano, pero todo se pudrió cuando el matador, que estaba perdiendo la pelea, sacó un arma”, contó Mario Fernández, vecino de la zona, versión esta que no fue confirmada por el momento.
“Chiripa” fue uno de los acusados del crimen del soldado peruano Sandro Silverio Reyes Ríos, registrado en abril de 2019. Él, junto a otros dos adultos y un menor, lo atacaron para robarle mientras hacía tareas de cobranza en el Barrio Oeste I.
En 2021, Vélez y Carlos Barrionuevo fueron condenados a 14 años de prisión por homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y fueron absueltos los otros dos por el beneficio de la duda.
El defensor oficial Pablo Canatta impugnó la sentencia al considerar que los jueces que intervinieron el caso no habían evaluado correctamente la prueba. Un tribunal le dio la razón y terminó absolviéndolos por el beneficio de la duda.
Natalia Herrera, pareja del soldado que sobrevivió a la guerra de Irak, pero perdió la vida en un hecho de inseguridad, había anunciado en ese entonces que renunciaría a seguir peleando por justicia porque no contaba con los medios necesarios. Ese no fue el único homicidio en el que estuvo involucrado Vélez, procesado por el crimen de Leandro Valdez, ocurrido en octubre de 2017. “Chiripa” fue enjuiciado junto a otros dos acusados, pero terminó siendo absuelto y ese crimen también quedó impune.
“La bronca siempre está, esperemos que esta muerte no genere una escalada de violencia en el barrio. Ya estamos hartos de los tiros”, comentó Luciana Medina.
Desde la Policía aseguraron que se montó un operativo específico para evitar nuevos choques entre ambas bandas. “Hay más ‘ratis’ -admite un joven de la zona-, pero ellos saben que no estarán para siempre y cuando se vayan, actuarán”, afirmación que es un secreto a voces, conocido de memoria por la gente de barrio Oeste II que hace tiempo dejaron de ser vecinos para convertirse en refugiados de una guerra narco que parece no tener fin.
Tenía que estar cumpliendo prisión domiciliaria dispuesta por la Justicia, a raíz de supuestos problemas de salud, porque en 2017 lo sorprendieron con casi 50 kilos de droga. ¿Quién controla que realmente un narco reúna las condiciones para obtener estos beneficios? Esos supuestos «problemas de salud» no le impidieron volver a transportar drogas. Mientras tanto, suena a burla para los efectivos de las Fuerzas de Seguridad, porque este no es el único caso en que deben cumplir con su deber, para que luego, quienes están ocupando cargos en el Poder Judicial, sean tan contemplativos como para permitir que estos personajes vuelvan a delinquir.
Se llama Luis Rafael Villagra, le dicen «Chupete», tiene 62 años, y fue detenido ayer, otra vez.
En un operativo realizado por la Policía Federal en la ruta Nº 157, los efectivos lo atraparon a la altura de la localidad de Quirós (La Paz), cuando iba a bordo de un Citroën Air Cross con 40 kilos de marihuana.
El 4 de junio de 2017, en Recreo, llevaba con 46 kilos de la misma droga en las defensas de un automóvil marca Toyota Corolla.
Aquella vez, Villagra viajaba junto a una joven de apellido Vega, de 27 años de edad, quien quedó desvinculada de la causa.
Ayer, efectivos de la división Antidrogas de la Policía Federal, en conjunto con sus pares de Gendarmería Nacional, montaron un operativo cerrojo en la localidad lapaceña.
Alrededor de las 15.00 procedieron a la detención del vehículo. Al ser sometido a requisa, los investigadores encontraron en su interior 57 panes de marihuana en total, que arrojarían un peso de 40 kilogramos.
El jefe de la Delegación de la PFA con asiento en la ciudad Capital, Gabriel Tridente, declaró: “Procedimos a la detención de un vehículo como resultado de una investigación que veníamos realizando en forma conjunta con Gendarmería Nacional también de Catamarca, por disposición del Juzgado Federal a cargo de Miguel Contreras. En el marco de la investigación se determinó que esta persona, que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por un delito de iguales características, hace dos años en el ingreso a Recreo, realizaba el transporte de estupefacientes con origen desde la ciudad de Corrientes y destino final en Catamarca para su distribución”.
El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila fue procesado como jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas para garantizar la impunidad de narcotraficantes de la ciudad de Itatí. La medida fue dispuesta por el juez federal porteño Sergio Torres, quien también atribuyó al magistrado el delito de cohecho pasivo agravado en ocho hechos, en concurso ideal con el de prevaricato, ambos en carácter de autor, y le impuso un embargo de 20 millones de pesos sobre sus bienes. Además, Torres procesó a los secretarios de Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau, y a los abogados Tomás Viglione, Jorge Vallejos, Gregorio Giménez y Duylio Barboza Galeano como miembros de la asociación ilícita y partícipes necesarios de cohecho agravado. La misma decisión adoptó con el abogado Omar Serial y el exintendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone, por cohecho activo agravado.
Torres convirtió en prisión preventiva la detención de todos los imputados, pero aclaró que en el caso de Soto Dávila no se hará efectiva como consecuencia de su calidad de magistrado y notificó la resolución al Consejo de la Magistratura, donde ya fue citado a declarar. En la resolución, Torres detalló que la asociación ilícita estaba «destinada a cometer diversos sucesos de corte delictivo tendientes a perturbar la correcta administración de justicia y a garantizar la impunidad a diferentes sujetos vinculados con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes en sus diferentes etapas».
«El grupo criminal, al menos desde el año 2010 y hasta la fecha, habría coordinado su accionar para que, en las causas o asuntos sometidos a la competencia de aquellos funcionarios públicos, sean dictadas resoluciones o se omitan o demoren las que debían adoptarse, con la finalidad de beneficiar a las personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de beneficio o promesa indebida de su parte», destacó el juez. El fallo explica que el juez y sus secretarios tenían como modalidad habitual la atomización o fragmentación de las investigaciones y de la información recopilada en ellas para evitar imputaciones consistentes en perjuicio de los imputados y cobraban distintos montos como coimas (en general entre 25.000 y 35.000 pesos) para beneficiarlos y en algunos casos más. Por ejemplo, un arrepentido que declaró ante Torres declaró: «Para que no quede preso Ricardo González, que le dicen «Caballo’, le pagué al abogado Vallejos. Le di la plata a Ricardo, él se la dio a Vallejos, pagó en el juzgado y ahí nos aseguramos que no quede preso». «El arreglo funcionó, porque firmaron la libertad, Ricardo después fue a declarar y no quedó preso. Fueron unos 100 mil pesos que pagué», dijo el arrepentido. También se detalla un pago de 280.000 pesos por parte del narco Federico «Morenita» Marín para que le concedieran la libertad a su esposa, María Lourdes Alegre, detenida en los primeros allanamientos realizados en Itatí.
Al respecto, el arrepentido contó que Faraone, que tenía llegada a Soto Dávila, le aseguró que iba a «arreglar» con el juez para que Alegre quedara libre «porque él ya lo había hecho varias veces».
Al colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias «Chupeta», le bastó su primer envío de cocaína a Joaquín «El Chapo» Guzmán para conocer las destrezas del mexicano como narco.
En pocos días, dijo Chupeta este jueves como testigo cooperante de la fiscalía en el juicio contra Guzmán en Nueva York, la droga que le entregó en México llegó a su destino final en Los Ángeles, Estados Unidos.
«Fue súper rápido», sostuvo.
En otras circunstancias, esto podría enorgullecer a un narco.
Pero ante un jurado, los elogios de Chupeta parecen comprometer aún más a Guzmán, que arriesga cadena perpetua acusado de enviar más de 150 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
De hecho, se trató de un testimonio frío y diferente a todos los que se han oído en la corte federal desde que comenzó el juicio este mes.
Por la sala de audiencia de Brooklyn han pasado desde exsocios del Chapo hasta agentes estadounidenses, así como expertos en drogas o lavado de dinero.
Pero Chupeta, con 55 años y un rostro desfigurado por las cirugías plásticas, se presentó nada menos que como alguien que abastecía de drogas a Guzmán: el narco de un narco célebre.
«Tiros en la cabeza y la cara»
Ramírez Abadía fue líder del cartel colombiano del Norte del Valle hasta su detención en São Paulo, Brasil, en agosto de 2007 para ser extraditado a EE.UU.
Entre 1989 y su arresto, esa organización exportó unos 400.000 kilos de cocaínaa EE.UU., buena parte de ellos a través del cartel de Sinaloa de Guzmán, dijo Chupeta este jueves.
También admitió sin inmutarse que en ese lapso murieron por orden suya «aproximadamente 150 personas», incluida una que él mismo asesinó en 2004 con «tiros en la cabeza y la cara».
Image captionChupeta dio detalles al jurado de varias operaciones en las que exportó miles de kilos de cocaína a Estados Unidos a través del cartel de Sinaloa.
No precisó de quién se trataba y la fiscal que le interrogaba evitó preguntarle, aunque quizá el tema vuelva a plantearse cuando continúe testificando la semana próxima.
Para eludir la cárcel, Chupeta dijo que pagó sobornos a autoridades de su país, intentó borrar sus antecedentes penales y se sometió a tres o cuatro cirugías plásticas.
«Hice cambios en mi cara», detalló. «Cambié la mandíbula, los pómulos, los ojos, las orejas y la nariz».
Pero nada de eso fue suficiente: su arresto en Brasil fue ordenado en base a tecnología de reconocimiento de voz.
Ahora aguarda una sentencia de entre 25 y 30 años en EE.UU., tras haberse declarado culpable de liderar una organización dedicada al tráfico de cocaína y haber tenido más de US$1.000 millones en activos confiscados.
Hizo su acuerdo de colaboración con la fiscalía con la esperanza de recibir la menor de esas penas.
En la corte llamó la atención por sus prominentes pómulos y mandíbula cuadrada. Testificó con guantes y chaqueta, sentado a pocos metros del Chapo, que lo miraba fijamente a pocos metros.
La defensa del Chapo, por su parte, cuestiona la credibilidad de testigos cooperantes como Chupeta, por considerarlos «excriminales que acusan a otros para buscar un beneficio propio».
«Pruébame»
Chupeta, quien fue mencionado por testigos previos en el juicio como un abastecedor clave del cartel de Sinaloa, dijo haberse reunido una decena de veces con Guzmán entre comienzos de 1990 y su arresto en 2007 para hacer negocios ilícitos.
El primer encuentro ocurrió en un hotel de Ciudad de México, ambos acompañados de sus lugartenientes.
Image captionEl Chapo se enfrenta a un total de 11 acusaciones que podrían valerle una cadena perpetua.
El objetivo era decidir cómo enviar la cocaína desde Colombia a EE.UU. vía México. Y, según el relato de Chupeta, su nuevo socio mostró de entrada una ambición especial.
«Me dijo si yo le podía enviar lo más que pudiera», relató el testigo. «El Chapo me pidió que le mandara cocaína 100% pura, de óptima calidad».
Hablaron de las pistas de aterrizaje clandestinas, de su ubicación, de enviar un piloto para conocerlas, así como las horas de llegada de los aviones desde Colombia y cuántos kilos podían transportar, recordó.
Las pistas estaban en cuatro estados mexicanos: Sinaloa, Durango, Nayarit y Sonora. Y los aviones cargaban entre 600 y 1.300 kilos de cocaína.
Chupeta señaló que, a cambio de sus servicios, Guzmán pidió quedarse con un 40% de la cocaína que entregara en EE.UU., más que el 37% que le cobraban otros traficantes mexicanos al colombiano.
El «rápido»
El colombiano recordó la respuesta de Guzmán cuando le preguntó los motivos de su mayor tajada.
«Me dijo: ‘soy mucho más rápido, pruébame, te vas a dar cuenta, y tu cocaína, tus aviones, tus pilotos van a estar seguros porque mis arreglos (con las autoridades) son muy buenos’», indicó Chupeta al jurado.
Su primera entrega al Chapo, agregó, fueron unos 4.000 kilos de cocaína en cinco aviones que llegaron a una pista de Los Mochis, Sinaloa, en plena madrugada.
Image captionEl juicio del Chapo se desarrolla en Estados Unidos, a donde fue extraditado en enero de 2017.
Chupeta indicó que ese envío ya sirvió para confirmar cómo trabajaba Guzmán, quien más adelante se ganaría otro apodo: «El rápido».
Sus pilotos le dijeron que la pista estaba bien iluminada, que los mexicanos fueron veloces para descargar la coca de los aviones y cargarlos con gasolina para que regresaran a Colombia.
Hasta había policías federales, indicó, que no estaban allí para hacer cumplir la ley sino para proteger la operación e incluso colaborar con el transporte de la mercancía.
La droga fue puesta en camionetas, cruzó la frontera de EE.UU. y llegó a Los Ángeles en un tiempo récord para Chupeta.
«Menos de una semana», dijo el testigo. «Fue la primera vez que los traficantes mexicanos me entregaban la cocaína tan rápido».
Anoche, a las 23:30, tras una ardua y minuciosa tarea investigativa iniciada hace unos nueve meses, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Catamarca montaron un operativo de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero El Portezuelo, ubicado en la ruta nacional N° 38 de la localidad de Santa Rosa, Dpto. Valle Viejo. En el lugar, el personal policial interviniente, junto a sus pares de la Dirección de Seguridad Vial, controlaron un automóvil Peugeot 308, en el que viajaban un joven de 26 años, junto a un hombre de 35 años de edad, como así también una camioneta Renault Duster blanca, conducida por otro hombre de 41 años, junto a dos jóvenes mujeres de 18 y 19 años de edad y a una adolescente de 15 años.
Encontraron oculto en el habitáculo del auto una caja que contenía envoltorios con 8 Kg. de Cocaína de máxima pureza, conocida como «Alita de Mosca», que quedaron en calidad de secuestro, mientras que en la camioneta hicieron lo propio con unos quinientos mil pesos ($500.000) en efectivo, que también fueron secuestrados al igual que ambos rodados.
Luego de este procedimiento, el Juez Federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, quien fue el responsable de llevar adelante la causa junto a su Secretario, el Dr. Labid José Morcos, dispuso allanar seis domicilios; dos de ellos en Capital, uno en Fray Mamerto Esquiú y los tres restantes en la localidad de Chumbicha, Dpto. Capayán, donde los investigadores, con la colaboración de efectivos de la División de Operaciones Especiales Kuntur, de los Grupos de Infantería Femenino y de Intervención Rápida (GIR Sur), y de las Comisarías de Piedra Blanca, Seccional Segunda de la Capital y Departamental Chumbicha, incautaron alrededor de dos millones de pesos ($2.000.000) en efectivo.
Además secuestraron dos pistolas Bersa calibre 22, una carabina calibre 22, un revólver calibre 32 y gran cantidad de municiones de distintos calibres, como así también diez teléfonos celulares de distintos modelos, balanzas de precisión, elementos para fraccionar la sustancia estupefaciente, un automóvil Volkswagen Gol, y dos motocicletas.
Durante las medidas judiciales, que se extendieron hasta las 12:00 del mediodía de hoy, quedaron en calidad de detenidos dos hombres de 35 y 41 años, un joven de 26 y una joven mujer de 18 años de edad, quienes fueron alojados en las dependencias policiales correspondientes a disposición de la Justicia interviniente.
Las pesquisas habrían indicado que esta banda se dedicaría a la distribución de Cocaína refinada tanto en Capital como en Capayán, que luego era comercializada al menudeo, siendo muy sigiloso el accionar de cada uno de sus miembros, lo cual no impidió que efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia lograran desbaratar la misma, poniendo a disposición de la Justicia elementos probatorios como así también a sus presuntos integrantes.
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