En medio de un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos, este jueves 23 de enero comenzaron los vuelos de deportación bajo las nuevas políticas del presidente Donald Trump. Dos aviones con destino a Guatemala partieron desde la base militar Biggs Army Air Field en Texas, transportando entre 75 y 80 migrantes repatriados. Sin embargo, un tercer vuelo, que tenía como destino México, no logró despegar debido a la negativa de las autoridades mexicanas de permitir el aterrizaje del avión militar estadounidense.
Según confirmó un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., los vuelos a Guatemala se desarrollaron según lo previsto. Sin embargo, el caso de México subraya el creciente desacuerdo entre ambos países en torno a las políticas migratorias. Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México no ha emitido un comunicado oficial, pero aseguró que trabaja en un posible posicionamiento.
Tensiones diplomáticas en ascenso
El rechazo al vuelo se da en un contexto de fricción bilateral. Las recientes órdenes ejecutivas de Donald Trump, que incluyen la declaración de emergencia nacional en la frontera sur y la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, han generado una fuerte reacción del gobierno mexicano.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó en una conferencia el pasado martes 21 de enero que su administración no permitirá injerencias extranjeras y protegerá la soberanía nacional frente a las medidas estadounidenses.
“Ellos pueden actuar en su territorio, nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía e independencia”, aseguró Sheinbaum.
Deportaciones masivas: el nuevo enfoque
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que, en los primeros días del segundo mandato de Trump, las autoridades estadounidenses han detenido a 538 migrantes en un operativo masivo que continuará implementándose en varios estados. Estas medidas refuerzan las promesas de campaña de Trump, quien ha mantenido su postura de restringir la migración ilegal.
Aunque Guatemala ha aceptado recibir a los repatriados, la negativa de México podría complicar los operativos futuros de deportación, generando dudas sobre la viabilidad de las políticas migratorias estadounidenses en la región.
Impacto en las relaciones bilaterales
El rechazo de México al vuelo de deportación subraya las tensiones que persisten en la relación entre ambos países. A medida que EE.UU. endurece su postura migratoria, México enfrenta el desafío de balancear la presión estadounidense con su compromiso de defender los derechos humanos y la soberanía nacional.
Esta situación plantea interrogantes sobre cómo evolucionará la cooperación entre ambos gobiernos, así como las implicaciones para los miles de migrantes que buscan mejores oportunidades en Estados Unidos.
La justicia británica condenó hoy a penas de hasta 27 años de cárcel a varios hombres implicados en el tráfico de personas que en octubre de 2019 terminó con la muerte de 39 migrantes vietnamitas dentro de un camión estacionado en Londres.
«La voluntad de las víctimas de intentar entrar ilegalmente en el país no es excusa para lo que les ocurrió», afirmó el juez Nigel Sweeney al anunciar las sentencias.
Considerados como los organizadores del tráfico, el rumano Gheorghe Nica, de 43 años, y el norirlandés Ronan Hughes, de 41, fueron condenados respectivamente a 27 y 20 años de reclusión por 39 homicidios involuntarios, indicó la agencia de noticias AFP.
Por su parte, los camioneros Eamonn Harrison, de 24 años, y Maurice Robinson, de 26, recibieron condenas de 18 y 13 años y cuatro meses respectivamente.
Otros tres hombres implicados fueron sentenciados a entre tres y siete años de prisión.
El 23 de octubre de 2019 se hallaron los cadáveres de 31 hombres y ocho mujeres, entre ellos dos adolescentes de 15 años, dentro de un camión estacionado en en una zona industrial al este de Londres.
El remolque había llegado en barco desde el puerto belga de Zeebrugge y, dentro, los migrantes murieron de asfixia e hipertermia debido a las altas temperaturas.
«Mamá, papá, los quiero muchísimo. Me muero, ya no puedo respirar», había escrito una de las víctimas, Pham Thi Tra My, de 26 años, en un SMS enviado a sus familiares horas antes de ser descubiertos los cuerpos.
«Hubo intentos desesperados de contactar con el exterior por teléfono y de romper el techo del contenedor», subrayó el juez Sweeney al anunciar las condenas.
La gran mayoría de las víctimas procedían de una región pobre del centro de Vietnam, donde las familias se endeudan por miles de dólares para poder enviar a uno de los suyos al Reino Unido, a través de redes clandestinas, con la esperanza de que encuentren un empleo bien remunerado.
Los migrantes pagaron hasta 13.000 libras (18.000 dólares) por un servicio que consistía en que un camionero estaba al corriente de su presencia en el vehículo.
Siete personas fueron condenadas el 15 de septiembre en Vietnam por su participación en este tráfico.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó este viernes al Gobierno argentino a que derogue el decreto por el cual el Estado expulsa a migrantes con antecedentes penales. Y aconsejó que, mientras se lleva a cabo ese proceso, se suspenda su aplicación.
Lo hizo a través del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que días atrás analizó en Suiza la situación particular de Argentina.
«El Comité expresa su profunda preocupación por la promulgación y aplicación del Decreto Nº 70/2017, a pesar de que fue declarado inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativo en marzo de 2018″, dice el documento del organismo, que señala que esa norma es contraria a los mandatos de la Convención Internacional, ratificada por el Estado argentino en 2007. De hecho, la nulidad del DNU está bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Comité de la ONU está integrado por 14 especialistas de todas las regiones del planeta. Estas recomendaciones al Estado nacional son parte de sus observaciones finales sobre la situación de los derechos de las personas migrantes en la Argentina, tratadas junto a García y organismos sociales en Ginebra, Suiza, a principios de septiembre.
La sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza (Reuters)
Naciones Unidas también exigió al Estado argentino que revise todos los casos de expulsiones que se hayan realizado desde la sanción del decreto y los que aún están pendientes de resolución.
Durante el diálogo con el Estado, María Landázuri, integrante del Comité y relatora para la Argentina, reclamó que se revise la situación de por lo menos 125 casos de expulsión, informados por la Defensoría General de la Nación. Y fue concreta con el caso de Liz Moreta, que contó Infobae semanas atrás.
La resolución de la ONU se dio una semana después de que el senador nacional Miguel Ángel Pichetto se refiriera a la situación de Gómez Cueva y en contra de la decisión del propio Gobierno de permitirle regresar de modo excepcional. «Hay una patología en Argentina, una delincuente peruana narcotraficante que fue condenada a cuatro años, cumplió la condena y la expulsaron. Vendía droga, desintegraba familias y ahora como somos humanitarios, buenísimos, vamos a permitirle que vuelva para que se encuentre con los hijos mayores acá, extraordinario«, había dicho el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio.
El Comité de la ONU recomendó además que el Estado «adopte las medidas necesarias para que, en todos los procedimientos administrativos y judiciales, se garantice el respeto de las garantías procesales a las personas migrantes en pie de igualdad con los nacionales del Estado»; y pidió que «considere alternativas a la ‘retención’ que actualmente se aplica a los migrantes».
También apuntó al tratamiento que el Gobierno dio sobre casos como el de Vanessa, donde al expulsarla a su país de origen separaron a la madre de sus hijos nacidos en Argentina. Y reclamó que «vele por que los niños migrantes y los niños argentinos no sean separados de sus padres o de sus cuidadores primarios, así como no sean vulnerados sus derechos por una decisión administrativa sobre la situación migratoria de sus familiares».
También como en los casos de Gómez Cueva y Moreta, exigió al Estado que «motive a la rehabilitación de las personas migrantes que han cumplido sus condenas por cometimientos de delitos, para que puedan reintegrarse a su familia cuando sus hijos están radicados en Argentina».
Asimismo, el Comité solicitó que el Estado busque alternativas a la detención para fines de expulsión y remarcó que esta debe ser usada como medida de último recurso.
Liz Moreta tiene tres hijos argentinos, pero el Gobierno quiere echarla del país
El informe manifestó su profunda preocupación por los aspectos discriminatorios y regresivos en materia de derechos del DNU 70/2017, en particular, en lo que respecta a las garantías del debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a la igualdad de trato y la libertad de circulación. Así, expresa su seria preocupación por que «el decreto haya creado un procedimiento sumario ‘acelerado’, aplicable a las personas que son objeto de una orden de expulsión, que provoca indefensión, y da un carácter únicamente administrativo a las decisiones de permanencia o expulsión que afectan la vida y los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias».
«Las observaciones que hizo el Comité de trabajadores Migratorios de la ONU son claras: pide derogar el DNU que modificó la Ley Nacional de Migraciones, suspender su aplicación y revisar las expulsiones dictadas y ejecutadas en su marco. Además, consideró que su contenido es contrario a lo que establece la convención de la ONU que nuestro país ratificó en el 2007. Necesitamos que el Estado implemente estas medidas y dé marcha atrás con las políticas migratorias violatorias de derechos«, consideró a InfobaeDiego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que expusieron sobre la situación de migrantes en Argentina durante el encuentro en Suiza.
«El Comité fue muy claro en marcar cuáles son los apectos que el Gobierno incumple obligaciones internacionales en materia de derechos de migrantes. Es una oportunidad para el Estado para cubrir con estas obligaciones. Uno de los puntos de recomendaciones es que se incluyan organizaciones civiles en el seguimiento de estas recomendaciones. Desde Amnistía Internacional estamos disponibles y atentos para colaborar en ese espacio y la garantía de estos derechos que el Estado incumple», comentó a este medio Mariana Marques, directora de Política y Justicia Internacional de esta ONG en Argentina.
La ONU además hizo pública su preocupación por las situaciones de violencia y acoso por parte de la policía, de las que son víctimas vendedores ambulantes de Senegal y Haití y el colectivo LGBTIQ. También señaló que los trabajadores informales tienen dificultades para acceder a opciones para su regularización migratoria, lo que los expone a situaciones de abuso por parte de las autoridades. Instó al Estado, en ese sentido, a reconocer el trabajo autónomo como un criterio para acceder a la residencia.
El Comité advirtió al Estado, también, por los discursos de las autoridades y medios de comunicación que asocian a las personas migrantes con la delincuencia y la inseguridad. Pidió al Estado que adopte medidas para eliminar los estereotipos discriminatorios sobre las y los migrantes. Las observaciones finales del Comité obligan a las agencias del Estado, en sus distintos niveles, incluido el Poder Judicial, a retomar y profundizar una política migratoria basada en los derechos de las personas migrantes, en lugar de la política inaugurada por el DNU que las criminaliza.
El presidente estadounidense Donald Trump renovó este jueves su amenaza de cerrar “toda la frontera” con México, incluyendo los intercambios comerciales, si la situación migratoria se sale de control.
“Si se llega a un nivel en el que perdemos el control o personas pueden resultar heridas, cerraremos el ingreso al país por un período de tiempo”, dijo a periodistas. “Me refiero a toda la frontera. México no podrá vender sus automóviles a Estados Unidos”, dijo.
El anuncio de Trump se da en medio del desarrollo de una caravana migratoria que se reagrupa en la ciudad mexicana de Tijuana, cercana a la frontera, donde unas 3.000 personas buscan alternativas para cruzar a Estados Unidos.
Desde que la caravana comenzó a llegar al norte mexicano, el presidente estadounidense envió miles de soldados que están autorizados a emplear “la fuerza letal si hace falta”, dijo el jueves, aunque aseguró que espera que no sea necesario.
Trump ha declarado públicamente y en reiteradas ocasiones su rechazo a que ingresen a Estados Unidos, por lo que el miércoles en la noche, el Pentágono alertó de que usarían la fuerza si es necesario.
El Pentágono recibió el martes una nota de la Casa Blanca en donde le daba más libertad para operar en la frontera, especialmente si los guardias fronterizos exigen apoyo militar en caso de violencia, dijo Jim Mattis, secretario de Defensa, a periodistas.
Pero incluso si se llama a los soldados de refuerzo en caso de que se intenten forzar los pasos fronterizos, “ningún soldado estará armado”, dijo. “Probablemente serán miembros de la policía militar equipados con escudos, porras, sin armas de fuego”.
Mattis calculó la cantidad de personal militar desplegado a lo largo de la frontera con México en 5.764, además de los 2.100 guardias nacionales que ya se encontraban en el sitio.
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