En las últimas horas crecieron las críticas hacia el Gobierno tras conocerse la noticia de la compra masiva de alimentos destinados a sectores vulnerables a precios mayores a los del mercado. Uno de los principales apuntados fue el ministro Daniel Arroyo, cabeza del Ministerio de Desarrollo Social, el área responsable de las mencionadas compras.
“Le pidió explicaciones, pero no hubo ningún reproche”, dijeron muy cerca del Presidente en relación a la conversación que hoy tuvo con Arroyo a raíz de las duros cuestionamientos que recibió. “Alberto (Fernández) no duda de su honestidad ni de su capacidad, tampoco de su compromiso con el trabajo”, agregaron a Infobae desde Olivos. Y dejaron en claro que de ningún modo se le pediría la renuncia.
Sin embargo, el Gobierno inició una investigación del tema donde no descarta sancionar a las empresas que pusieron precios por encima del valor de mercado para proveer al Estado en este momento de emergencia.
“Vamos a ir a fondo para ver qué pasó y no descartamos sancionar a los vivos que se aprovecharon de esta situación”, dijo un Ministro que siguió de cerca lo ocurrido en las últimas horas.
En este sentido, tanto el Presidente como el resto de su equipo creen que el ministro Arroyo actuó correctamente en medio de una emergencia y que hubo “empresarios avivados” que van a investigar. En el caso de que se detecte que se incumplió con los precios de referencia del mercado y la lista de los precios cuidados se sancionaría a los empresarios responsables.
“Vamos a ir a fondo en la investigación”, acotó un allegado al jefe de Estado. Así, se ratificó la idea del Presidente: apoyar la gestión de Arroyo y al mismo tiempo investigar o eventualmente sancionar a los empresarios que formaron parte de la venta de alimentos al Estado.
En rigor, el Ministerio de Desarrollo Social decidió concretar las compras a pesar de que en casos como el del azúcar y la aceite la oferta que hicieron los privados estuvo por encima de los precios testigos recomendados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). “Se les solicitó una mejora pero siguieron por arriba del precio, por eso ante la necesidad de llegar cuanto antes a paliar necesidades urgentes se decidió concretar la compra”, es la explicación que dio Arroyo ante el Presidente y, más tarde, ante los medios.
A pesar de las críticas, Desarrollo Social decidió seguir adelante con la licitación y no anularla. “Seguimos, no se cometió ninguna deslealtad y los pasos fueron los correctos; además, ya se está entregando esa mercadería, no hay tiempo para perder», aseguraron en el equipo de Arroyo.
La nueva crisis del Gobierno se presentó hoy por la mañana, cuando a través del Boletín Oficial la población tomó conocimiento de las compras autorizadas al Ministerio de Desarrollo Social para la compra de aceite, fideos, azúcar, arroz y lentejas, más conocidos en el mundo de la ayuda social como “alimentos secos”, que son los que se distribuyen entre comedores y merenderos y, en medio de la emergencia sanitaria, llegarán también a otras instituciones que están directamente involucradas en la provisión de comidas que se entregan calientes en las villas y asentamientos del conurbano bonaerense.
Por el aceite, el Gobierno autorizó compras por $ 164 millones a las empresas Sol Ganadera, Copacabana y Teylem, que ofrecieron precios por aceites mezcla de 1,5 litros de $ 157,80, $ 158,67 y $ 166,58 para las marcas Indigo, Casaliva, Ideal y Marolio. En los supermercados, un aceite de girasol de primera marca, como Cocinero, se vende a $ 145,79. Es decir, el Estado compró a un precio 14% más caro.
Pero si la compra se realizara con los productos del programa Precios Cuidados, la diferencia sería todavía mayor. En la lista de precios elaborada por el Gobierno se encuentran los aceites con las marcas Cada Día e Ideal a un precio de $ 121 cada una, en presentación de 1,5 litros. La diferencia es de 37,6%.
Los intendentes y movimientos sociales vienen presionando a diario para que el Ministerio agilice esas compras. La semana pasada, incluso, desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), una organización cercana al Gobierno, se distribuyó un comunicado criticando la demora en la distribución de alimentos y pidiendo al Estado que “simplifique el envío de alimentos e insumos de higiene a los barrios, evitando la burocracia absurda y agilizando la organización junto a todos los actores territoriales”.
Las trabas burocráticas no son sencillas de explicar para quienes esperan en el territorio y mucho menos para la población que hoy se enteró de esas compras por encima de los precios de mercado. Con deudas previas, que no fueron saldadas, y proveedores que -con suerte- cobrarán dentro de dos o tres meses, nada se hace sencillo para quienes tienen que elaborar licitaciones en medio de la emergencia. En paralelo, existen problemas más estructurales que tiene el azúcar, cuyos proveedores se niegan a acordar con la Secretaria de Comercio Interior un valor que pueda ingresar en el programa de “precios cuidados”, sumados a un drástico aumento de la asistencia que debe brindar el Estado.
Arroyo explicó en las redes sociales que se trató de “una compra extraordinaria” de alimentos para asistir a 11 millones de personas, y reconoció que en dos rubros, (aceite por 1,5 litro y azúcar por 1 kg) “la oferta superó los precios testigos”. Explicó que “ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica se decidió realizar la compra” y aseguró que “todas las compras fueron realizadas bajo la supervisión de la SIGEN, el Instituto Nacional de Alimentación y de acuerdo a las normativas realizadas por el decreto 260/2020”.
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