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  • Se aprobó la ley anti UBER

    Se aprobó la ley anti UBER

    Con los alrededores repletos de taxistas y mientras Uber sigue creciendo en usuarios y conductores, la Legislatura porteña aprobó este jueves una ley que incrementa los castigos contra el transporte ilegal. La norma, que concreta distintas modificaciones al código de Tránsito de la Ciudad, está claramente orientada a darle otro golpe a la aplicación, que desembarcó en Buenos Aires en 2016 y, además de haber sido declarada ilegal por el Gobierno porteño, también suma fallos adversos de la Justicia local 

    Una vez que la ley entre en vigencia, en el caso de que un agente de transito identifique a un conductor de Uber, podrá retenerle la licencia preventivamente; además, el conductor de Uber podría perder su registro por entre 7 y 30 días. Antes, la sanción era de 5 a 10 días.

    Se aprobó la ley que endurece castigos a conductores de Uber. En la calle hubo una protesta de taxistas. Foto: Luciano Thieberger.

    Se aprobó la ley que endurece castigos a conductores de Uber. En la calle hubo una protesta de taxistas. Foto: Luciano Thieberger.

    Además, continuará aplicándose una multa que puede llegar a las 10 mil UF (Unidades Fijas), valuadas en $17,85 cada una, por lo que la infracción podría costar hasta $ 178.500.

    El proyecto fue presentado por el bloque oficialista Vamos Juntos y se aprobó con 37 votos a favor, 11 negativos y 9 abstenciones. Además del macrismo, acompañaron algunos legisladores peronistas y se opusieron los del bloque Evolución, que presentaron otro proyecto con el fin de legalizar el uso de la app. Se abstuvieron diputados de Unidad Ciudadana, aunque en la previa se especulaba con que podrían apoyar la ley.  

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    «Con la modificación del Código de Tránsito y Transporte buscamos brindar mayores herramientas para el control del transporte público y así garantizar la seguridad a los vecinos», dijo Francisco Quintana, vice primero de la Legislatura y miembro del bloque Vamos Juntos, y agregó: «En la medida en que Uber no se encuadre en el marco legal, nos vemos en la obligación de agravar las sanciones. Estamos abiertos a conversar siempre que haya voluntad de estar dentro de la ley. Otras empresas entendieron que ese es el camino».

    «Hoy los taxistas están en inferioridad de condiciones porque los conductores de plataformas tienen menos obligaciones. Nuestro proyecto los iguala. Rechazamos la decisión de este gobierno de mantener el status quo porque coloca a los taxistas en desventaja», dijo Marcelo Guouman, legislador del bloque Evolución y autor de un proyecto que plantea regular las aplicaciones.

    Mientras la sesión avanzaba en el recinto, una caravana de taxistas identificados, entre otros, con el sindicato de peones, que lidera Omar Viviani, se manifestaron con sus autos en Diagonal Sur, frente a la Legislatura. 

    Allí repitieron sus consignas. Se leyeron otra vez carteles que decían «Fuera Uber». Y volvieron a sostener que la aplicación es competencia desleal y les saca trabajo.  «Uber es precarización, inseguridad y monopolización», decía otra de las pancartas que sostenía una taxista. 

    Desde 2016, las marchas de taxistas contra Uber complican el tránsito y, muchas veces, en lugar de generar adhesiones, provocan bronca y quejas de automovilistas y peatones que padecen demoras en el tránsito. Además, hubo taxistas que participaron de escraches a choferes de Uber, e incluso a un grupo, Taxistas Unidos, se lo vincula con ataques violentos. 

    Aunque hubo sanciones a taxistas y uno fue condenado por estos ataques, por ahora los castigos parecen ser poco respecto de la cantidad de ataques se produjeron. 

    Desde el Gobierno porteño mantienen la postura de que Uber se adapte a la regulación local. Y al mismo tiempo deben evitar que se los vincule con los taxistas, que al mismo tiempo que son perjudicados aparecen como beneficiados cada vez que se toma una resolución en contra de Uber.

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    Mientras tanto, cada semana, entre 2.500 y 3.000 personas en Argentina se bajan en sus smartphones la aplicación. En pocos pasos, completan una solicitud que les permite ser conductores, utilizando sus propios autos. Y se estima que, en el mismo lapso, otras 45 mil personas descargan la aplicación como pasajeros. 

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    Desde Uber, en tanto, mantienen la postura que mostraron desde el principio. Sostienen que esta ley «parece más orientada a contentar a los violentos que a escuchar a todos los que quieren que este gobierno mire para adelante».

    Uber. En la Legislatura porteña avanza una ley para endurecer las penas contra choferes de la aplicación. Foto: Martín Bonetto

    Uber. En la Legislatura porteña avanza una ley para endurecer las penas contra choferes de la aplicación. Foto: Martín Bonetto

    Al mismo tiempo, lanzaron campañas publicitarias en medios audiovisuales y enviaron mails a conductores y usuarios. Allí adjuntaron una lista con los teléfonos, los mails y las cuentas de twitter de los legisladores. Los instaban a escribirles para persuadirlos de no apoyar la ley. 

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    El tratamiento de esta ley se dio en un contexto de escraches, violencia y vandalismo por parte de los «caza Uber». Aunque en las últimas semanas no se conocieron casos nuevos, hubo al menos 750 agresiones registradas por conductores de autos que trabajan con la aplicación. 

    Caza Uber. Los ataques se repiten en las calles de Buenos Aires.

    Caza Uber. Los ataques se repiten en las calles de Buenos Aires.

    Por otra parte, la Ciudad identificó a casi 1.700 conductores ilegales de Uber. En general los controles se llevan a cabo en Retiro, Aeroparque y las terminales fluviales; y los agentes ya son expertos en identificar los movimientos y las respuestas evasivas de conductores y pasajeros. «Además, los pasajeros pasan por una situación incómoda, están apurados, con las valijas… enseguida se quieren bajar del auto e irse, cosa que deja aún mas en evidencia a los conductores», le contaron a Clarín desde el área a cargo.

  • Finocchiaro considera suficiente a la actual ley sobre educación sexual

    Finocchiaro considera suficiente a la actual ley sobre educación sexual

    En entrevista con Infobae el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, dio a conocer su posición -reflejando la del Ejecutivo- sobre las voces que exigen reformas a la actual  ley de Educación Sexual Integral (ESI) -Nº 26.150-.

    Alejandro Finocchiaro

    Desde el fallido paso en el Congreso de la polémica ley por el aborto legal, la discusión se ha mantenido centrada en las estrategias para reducir la problemática del embarazo no deseado. Un punto clave es la educación que reciben los jóvenes en los centros educativos, pero justamente una de las principales razones de disputa entre conservadores y progresistas es el respeto -o no- del ideario institucional (lo que es avalado en la normativa vigente).

    A continuación la entrevista al Ministro:

    — ¿Se trata en concreto de una ratificación de la ley 26.150, actualmente vigente?

    —La ley del año 2006 es buena y su texto no necesita modificación. Todos los ministros de Educación de las provincias y el ministerio nacional votamos que esto es un espacio curricular y que cada provincia decidiera la modalidad de su aplicación porque son las provincias las que tienen la gestión de las escuelas. Esa Resolución, la 340 de este año, no agrega ningún tipo de contenido a la Ley vigente votada, pero la hace efectiva en todo el territorio; no existe motivo para modificar la ley y volver a un debate que ya fue saldado hace 12 años.

    — Sin embargo…

    — Sí,con todo esta polémica que se ha ido gestando, con padres que están muy preocupados por lo que se les va a enseñar a los hijos, en primer lugar queremos asegurar que las familias son y seguirán siendo parte fundamental en la educación de sus hijos y segundo que los contenidos deben ser brindados en todas las escuelas pero respetando los principios y el ideario de cada una de las escuelas.

    — La Ley actual de hecho fija los contenidos que deben dar todas las escuelas, más allá de su ideario.

    — Sí, esta Resolución sistematiza los contenidos. Por ejemplo, en el nivel inicial, ¿qué se enseña? Las partes externas del cuerpo humano, el vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales, los procesos de gestación y nacimiento; y en esto cabe aclarar algo muy importante: al chico se le explica que a partir de la relación de sus papás se concibe un hijo que la madre lleva en el vientre… no se explica el acto sexual. Además los chicos no tienen la capacidad de comprenderlo a esa edad. Sigo con los contenidos: la disposición de recibir y dar cariño, la igualdad de oportunidades para niños y niñas en los juegos, y trabajos, se les explica que no hay colores de nenas y nenes, ni juegos de nenas y nenes. Una cosa muy importante es el concepto de intimidad, el decir «no» a interacciones inadecuadas con otras personas, a no guardar secretos que los hacen sentir vergonzosos. Todo esto para  la prevención del abuso. También la diversidad de familias, ensambladas, monoparentales, algo que tiene que ver con la prevención del bullying.

    — ¿Y en primaria?

    — En el nivel primario lo mismo: el cuerpo humano como totalidad, los caracteres sexuales, cómo se van desarrollando, los cambios en la pubertad, en el caso de los niños más grandes, etcétera. Estos son los núcleos de aprendizaje prioritarios que se deben dar. Ahora, también es verdad una cosa: no existen contenidos que hablen de masturbación, de sexo compartido, y de todas las cosas que se han ido diciendo en las redes sociales. ¿Cuáles son los objetivos de la ESI? El cuidado del cuerpo, el propio y el del otro, el respeto a la diversidad y por las elecciones del otro, con la sexualidad desde lo afectivo, desde lo psicológico. Y también de una manera muy fuerte con la prevención del embarazo adolescente. Tenemos que en el país ascienden al número de 110.000 los nacimientos de bebés de chicas de entre 15 y 19 años, en muchos casos asociados además al abuso. Esos son los ejes de la Educación Sexual Integral.

    — ¿Qué pasa con esto de la llamada Ideología de género? Del planteo de que no existe, por ejemplo, un determinismo biológico en la identidad sexual.

    — Lo que la ESI enseña, y hablamos esencialmente del secundario, es la diversidad. No promueve nada, muestra la diversidad, básicamente, y aclaremos que esto ya viene de la ley de 2006, para promover el respeto por el otro, con lo cual prevenimos violencia, prevenimos bullying. Respeto a la libertad que tiene el otro. No lo incentiva, ni lo promueve. Hay gente que decide tener relaciones sexuales con gente de su mismo sexo, hay gente que decide esto o aquello, hay gente que se percibe de una manera o de otra… Y listo. No dice «está bien o está mal». Pero además, cada escuela de acuerdo a sus convicciones y valores emite opinión sobre eso, porque si no estaríamos cercenando la libertad de las familias de elegir la educación que quieren para sus hijos. El contenido se da. Tomemos por ejemplo otra materia. En Historia se dicta la Reforma Protestante. Un colegio católico podrá valora como quiera este hecho, pero el contenido debe darse. No puede darse el siglo XVI como si eso no hubiese existido.

    — Los métodos anticonceptivos pueden ser otro caso…

    — Claro, los métodos anticonceptivos deben darse, pero el profesor en su libertad de cátedra puede decir «nosotros, desde nuestra fe, participamos de este método y no de este otro…» Lo que que queremos es alejar todas esas fantasías que se han generado en torno a la Ley.

    —Las propuestas que hay para reformar la ley, tanto a nivel nacional como provincial, apuntan directamente al artículo 5° que plantea esta libertad de enfoque de la que usted habla.

    — Nosotros creemos que la ley del 2006, la 26.150, está bien y no consideramos necesario modificarla sino que tenemos que completar su aplicación en todo el país.

    — ¿Ha hecho su Ministerio algún estudio de cómo se implementa? Porque tanto los católicos como los evangélicos afirman que en sus colegios se dicta ESI; incluso afirman que a veces les resulta más fácil a las escuelas confesionales acordar la implementación de esos contenidos, justamente porque comparte un ideario, que a las estatales.

    — Bueno sí, lo que pasa también es que a muchos docentes les resulta incómodo este tema, o no están capacitados.

    — ¿Pero existe un relevamiento, un cuestionario enviado a las escuelas para saber si están implementando la ley y cómo?

    — Justamente, a partir de lo que definió esta Resolución, en el marco del operativo Aprender, les preguntamos a los chicos si en su escuela se dictan estos temas, ya que estas evaluaciones nos sirven a nosotros para poder aplicar políticas públicas.

    — ¿La Resolución del Consejo Federal incumbe entonces a todos los distritos?

    — Las resoluciones del Consejo, si se aprueban, son obligatorias, aun para los que votaron en contra. Pero en este caso, la resolución se votó por unanimidad.

    — ESI no es una materia…

    — No, es un espacio curricular; después cada provincia e incluso cada escuela dentro de su planificación deberá definir cómo incluye ese contenido curricular. Como cualquier otro contenido.

    — Habiendo esta unanimidad en los ministerios de Educación de todo el país, ¿tiene sentido seguir con la discusión de una reforma de la ley? Entiendo que usted representa al Ejecutivo, pero…

    — Frente a toda la confusión que se generó, consideramos necesario salir a hacer pública la posición del Ejecutivo. El Congreso es un poder independiente. Me preguntan a mí, Ministro de Educación de la Nación, y yo digo: no necesitan reformar la ley porque con los contenidos que están alcanza, son suficientes. Tenemos que seguir trabajando por la implementación completa y generalizada de esta Ley. De hecho la ESI es parte fundamental del plan ENIA (Embarazo no intencional adolescente), de prevención del embarazo no intencional adolescente, que estamos trabajando con Desarrollo Social y Jefatura de Gabinete y que ya se empezó a aplicar en diez provincias del norte del país que son las que tienen mayor cantidad de casos de embarazo adolescente.

    — Este debate de la ESI parece una nueva grieta…

    — Es que tenemos que cerrar las grietas, no fomentarlas. Por eso era muy importante la aclaración. Porque Educación Sexual Integral es algo en lo que coincidieron todos los sectores cuando se debatió la Ley de Abortopero también valoramos y debemos tener en cuenta el derecho de las familias a educar a sus hijos y la libertad de cátedra y de valores que tiene cada institución escolar.

    En la provincia de Catamarca, a través de los comentarios proporcionados por los mismos estudiantes de colegios confesionales, la ley no es aplicada de forma exhaustiva y beneficiaria para el adolescente. Respondiendo a su ideario institucional, en estos establecimientos se dispone de un espacio denominado «educación para el amor», donde el contenido es incompleto y poco efectivo en contexto de la realidad en la que están sumergidos los jóvenes actualmente.

    Fuente: Diario Infobae

  • Senadores aprobaron modificaciones a la ley sobre trastornos del aprendizaje

    Senadores aprobaron modificaciones a la ley sobre trastornos del aprendizaje

     El día de hoy se sancionaron cambios y agregados respecto a la normativa provincial Nº 5455.

     “Son beneficiarios de la presente Ley, los Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos que cursen sus estudios de educación inicial obligatoria, primaria, secundaria y superior no Universitaria, ya sea que concurran a instituciones públicas como privadas. Sera obligatorio el Programa de Detección Temprana, prevención y asistencia de los trastornos del aprendizaje para todo niño, niñas, adolescente y adultos en edad de escolarización y deberá acompañar la certificación correspondiente al ingreso del ciclo primario”, quedaría redactada la normativa.

     Uno de los artículos que se incorpora establece que “corresponderá al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología la adaptación metodológica e incorporación curricular sobre los Trastornos Específicos del Aprendizaje. La misma será obligatorio a partir del año 2019 en todos los planes de estudios de las carreras de formación docentes que se dicten en los Institutos de Educación Superior, sean públicos o privados”.

     Asimismo, estipula en tanto que: “el Ministerio de Salud como así las Obras Sociales que presten su servicio en la Provincia, deberán garantizar las prestaciones necesarias para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de las Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA) (Trastorno del Aprendizaje) debiendo incluirlas en sus programas y planes de salud. El plan de tratamiento será acordado con los Colegios Profesionales teniendo en cuenta la especificidad de las prácticas, y asumiendo que existen diferentes miradas sobre esta condición”.

     Al proyecto se le asigno el N°5558.

    Asociación de Padres de Niños con Dislexia.

     Por su parte, la Asociación de Padres de Niños con Dislexia encabezada por su presidente Fabián Ponce, celebraron la aprobación definitiva otorgada por la Cámara de Senadores, ya que “será una herramienta fundamental para evitar conflictos con los docentes en la escuela y contar con atención sanitaria en centros públicos”.

     “Los maestros estarán capacitados y la atención en salud será la óptima, en una Ley completa y acorde a las necesidades de los chicos”, apuntaron la semana pasada desde la Asociación al reunirse con la Comisión de Instrucción Pública, Cultura, Arte y Tecnología del Senado.

  • Tucumán: La ley de tiempo de espera debutó con cinco operativos y ninguna infracción

    Tucumán: La ley de tiempo de espera debutó con cinco operativos y ninguna infracción

    La ley provincial de “Tiempo de Espera para la atención al público” (Ley 8.895) debutó con cinco operativos, pero sin multas. Personal de la Dirección de Comercio Interior (DCI) realizó ayer inspecciones en oficinas que suelen ser críticas, pero en las actas constató que se cumplían con los requisitos exigidos por la norma, que ordena que la espera no podrá superar los 30 minutos, si se realiza de pie, y los 90 minutos, siempre que el local cuente con asientos, tickets numerados y sanitarios.

    Anses Tucuman

    El director de la DCI, Francisco Nader, precisó a LA GACETA (de Tucumán) que los operativos se realizaron ayer en las sedes centrales de EDET, Gasnor, la Sociedad Aguas del Tucumán, Tarjeta Naranja y en el Banco Nación. “En las primeras cuatro instituciones no se detectaron infracciones, ya que cuentan con todo lo exigido por la ley, y además había poca afluencia de gente”, señaló. Sin embargo, detalló que en la entidad monetaria se toparon con un planteo legal. “Argumentaron que, de acuerdo a la ley orgánica del Banco Nación, sólo tienen competencia en ellos organismos federales. Suponíamos que nos podían hacer planteos de esta naturaleza”, dijo.

    Indicó que la exposición será analizada y consultada ante la Fiscalía de Estado, ya que estiman que podrían encontrar posturas similares en otros establecimientos nacionales.

    El funcionario provincial adelantó, no obstante, que configurarán la infracción correspondiente a estos organismos si es que llegaran a encontrar colas en las veredas, algo que está prohibido en la flamante norma. Según lo dispone la ley reglamentada recientemente por el Poder Ejecutivo, una persona no debería aguardar más de 30 minutos si es que la espera se hace de pie, y hasta 90 en caso de que haya asientos, números y sanitarios disponibles.

    Por decreto

    Se considera trato indigno toda práctica de atención al público que implique permanecer en filas en el exterior de instituciones y/o locales comerciales.

    Con pruebas que demuestren ese trato indigno, el usuario o consumidor puede dirigirse hasta la sede de la Dirección de Comercio Interior de la provincia (9 de Julio 497 de esta ciudad) o efectuar la denuncia telefónica al número del organismo provincial 4525080.

    En el ámbito provincial, los establecimientos deberán colocar un cartel destacado que detalle los derechos y cómo y dónde se deben realizar las denuncias, de acuerdo con lo establecido por el decreto 3.314, firmado por el gobernador Juan Manzur.

    La ley que promete terminar con el trato indigno a la hora de esperar ser atendido en instituciones públicas, privadas y en comercios, entró en vigencia el jueves, tres años después de ser sancionada en la Legislatura. Prevé multas económicas similares a las de la Ley de Defensa al Consumidor, que van desde los $ 500 a los $ 5 millones, según la estructura y la postura en el mercado del infractor.

    Algunos tucumanos celebraron la iniciativa, impulsada por el legislador Fernando Valdez (UCR). Sin embargo, otros se mostraron pesimistas respecto del cumplimiento de la norma y, mucho más, que las colas vayan a desaparecer. En una encuesta publicada por este diario, que al cierre de esta edición contaba con 1.644 votos, el 56% no creía posible que se vayan reducir las filas.

    El comentario más valorado fue el de la usuaria Blanca Suárez, quien denunció que es excesivo el tiempo de espera en el Subsidio de Salud. “El tiempo mínimo de cola es de una hora y media”, escribió, y recibió el respaldo de más de medio centenar de foristas. Omar Barragan, por su parte, opinó que la ley debería aplicarse también para la espera en los servicios de transporte de pasajeros. “En los colectivos de larga distancia, por lo general los que van al norte, tienen hasta dos horas de demora”, precisó.