Desde el Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca, a través de la Dirección Provincial de Calidad y Competitividad turística de la Secretaría de Gestión Turística, se iniciará desde este lunes una serie de reuniones con representantes del sector público y privado de la Provincia para consensuar el Anteproyecto de la nueva Ley de Alojamientos Turísticos de la Provincia de Catamarca, que reemplazaría al Reglamento de Alojamiento Turístico N° 1199 que data del año 1980, y que actualmente rige como norma para regular la actividad.
El nuevo anteproyecto fue elaborado por el equipo técnico de la Dirección Provincial de Calidad y Competitividad Turística, y busca adecuar la normativa al contexto actual de la actividad, para lo cual se elaboró el borrador que será puesto en consideración del sector público y privado el próximo lunes a las 10 hs. en ámbitos de la Secretaría de Gestión Turística con la presencia de representantes del sector.
En la reunión, se abordará el contenido del Anteproyecto y la metodología a aplicar para esta etapa de consenso con el sector, que incluirá talleres de trabajo, entre otras instancias, antes de su presentación formal en el ámbito legislativo.
El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que la pandemia por coronavirus “cambió las urgencias” del Gobierno nacional que asumió el 10 de diciembre del año pasado, y por eso “las prioridades se han visto alteradas”.
“Argentina sigue teniendo las mismas carencias del 10 de diciembre y algunas se complicaron mucho más como consecuencia de la pandemia, que complicó absolutamente todo”, dijo el mandatario en una entrevista con periodistas de Radio Nacional.
En este sentido, el Presidente explicó que debió postergar el envío de la ley de aborto al Parlamento por el avance de la enfermedad, pero aclaró que se mantiene dentro de la agenda de postpandemia.
Fernández dijo que la ley para legalizar el aborto también «se postergó por la urgencia, pero está pendiente»
“Las prioridades siguen siendo las mismas, hay que seguir trabajando para mejorar las condiciones de igualdad, para darle a la mujer los derechos que tienen; yo no he abdicado en mandar la ley de aborto, en absoluto, simplemente postergamos el envío por la urgencia que hoy tenemos”, enfatizó y agregó: “Es un tema pendiente en la Argentina y no lo he dejado de lado como algo importante a resolver”.
Fernández explicó que el proyecto está terminado y que no fue enviado aún porque sabe que va a generar un debate en toda la sociedad. “No lo hemos mandado porque va a generar un debate, y está bueno que así sea. Pero preferí postergar ese debate por el de hoy, que es la pandemia”, agregó el mandatario.
Así, el Presidente ratificó su postura a favor de la legalización del aborto y pidió entender que cuando se habla de la interrupción del embarazo, se refiere a un tema de salud pública. “Yo no me siento bien sabiendo que en la Argentina mueren mujeres por un aborto”, afirmó.
Asimismo, Fernández anticipó que promoverá la aprobación del “Plan de los 1000 días” para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos. “Quiero dar certezas, que el Estado garantice salud y alimentación a madre e hijo entre los 1000 días que van desde el momento del embarazo hasta que el chico cumpla tres años”, afirmó el mandatario y adelantó que impulsará que ambos proyectos se traten juntos.
Una mujer levanta un pañuelo celeste durante la última movilización por las Dos Vidas que se realizó en Luján
Dentro de estas prioridades alteradas, a las que hace mención el mandatario, se encuentra le reforma judicial. Fernández manifestó que espera poder enviar al Congreso “en los próximos días” el proyecto de reforma judicial, a la vez que remarcó que quiere “seguir trabajando profundamente para que la Inteligencia se dedique a lo que se tiene que dedicar”.
“Espero que en los próximos días pueda mandar la reforma para que funcione de mejor modo la Justicia Federal argentina en todos sus fueros”, sostuvo el mandatario, quien señaló que va a “trabajar para tener una mejor Justicia”.
El jefe de Estado reveló además que el jueves envió el pliego de Cristina Caamaño para ser designada directora general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “Quiero seguir trabajando profundamente para que la Inteligencia argentina se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es preservar los intereses del país frente a otros riesgos, que no son los argentinos, piensen como piensen”, añadió.
Alberto Fernández en videoconferencia desde la Quinta de Olivos (Presidencia)
El ministro de Educación, Francisco Gordillo junto al secretario de Gestión Educativa, Miguel Arroyo y el director de Educación Privada y Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa, Rubén Martí llevó adelante una reunión con representantes de escuelas de gestión privada para trabajar sobre la actualización y modificación de la Ley de Enseñanza Privada N° 3387. Asimismo, se avanzó en la conformación del Consejo Asesor de la Dirección de Educación Privada.
La comisión que tendrá como principal objetivo analizar los capítulos de la ley para trabajar en la actualización y modificación de la norma que data del año 1978, estará conformada por representantes legales de instituciones educativas de gestión privada, senadores, diputados y representantes del Poder Ejecutivo. En la oportunidad, el ministro Gordillo manifestó que lo consensuado se redactará en un acta acuerdo y luego se enviará este documento a la legislatura como aporte para su tratamiento.
Además, en la reunión se acordó reglamentar el capítulo 8 en los artículos 53 al 56 de la Ley N°3387 / 78 referido al Consejo Asesor constituido por propietarios, representantes legales, docentes y padre o tutores. — Ministerio de Educación de Catamarca prensa@catamarca.edu.arfacebook.com/educacioncatamarca http://web.catamarca.edu.ar/
“En la Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito donde casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto pero todos sabemos que existe. ¿Cuál es el problema de que exista? Que todo aborto se vuelve clandestino y en la clandestinidad el riesgo de vida y de salud de la mujer aumenta. El problema es más agudo de acuerdo a la clase social de quién practica el aborto. Si es de clase alta, lo hará en un centro de salud adecuado, en condiciones adecuadas y el certificado médico dirá que tuvo una aborto espontáneo y su salud estará garantizada”, expresó el presidente Alberto Fernández este miércoles, en el cierre su gira europea en Francia.
Ante los alumnos del Instituto de Estudios Políticos de París (Scienses PO París), el mandatario anunció que el Gobierno prepara un proyecto para despenalizar el aborto. “Voy a mandar un ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en cualquier centro público”, indicó.
“Una mujer sin recursos toda su vida corre peligro. Y si zafa su vida, corre el riesgo de sufrir lesiones internas. Es parte de la discusión hipócrita que se tuvo con el divorcio, durante años discutimos si se podía volver a casar”, manifestó Fernández, quien trazó una analogía con una vivencia personal junto a su madre y su nueva pareja: “Salió la ley, mi mamá y Carlos se casaron y los tres hijos fuimos testigos. ¿Para qué discutimos durante 20 años esto? Yo siento que con el aborto pasa algo parecido. Hay quien siente que legalizar el aborto lo vuelve obligatorio. No es obligatorio para nadie. Es un tema que debemos resolver desde el mundo de la salud pública. No podemos poner en riesgo la salud de la mujer que decide abortar”.
Y agregó: “No vivo en paz con mi consciencia sabiendo que una mujer tiene que realizarse un aborto, no tiene la posibilidad económica y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando o matando”.
El 17 de noviembre de 2019, casi un mes antes de asumir la Presidencia, Fernández brindó una entrevista en la cual confirmó que enviaría un proyecto de ley para legalizar el aborto en caso de resultar electo. “Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así”, dijo por aquel entonces.
“Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo la convicción de que Dios no lo permite que no lo haga. Y respetémoslo. Y respetemos a los otros”, señaló en diálogo con Página 12.
El presidente electo ya había manifestado su posición con respecto a este tema durante la presentación del libro de la escritora Ana Correa titulado “Somos Belén”, que repasa la historia de una joven tucumana que fue presa luego de haber tenido un aborto espontáneo.
“No lo podía creer. Lo que más me impresionó es que cuando Belén recupera la libertad pide que no la reconozcan porque no sabía cómo la iban a recibir y la jefa de la cárcel le dice que tenía que salir con la cara en alto porque no era culpable de nada, ella no quería que la reconocieran. Y todas las que salieron ese día salieron con una máscara para no ser reconocidas. ¿Cómo podemos vivir en esa sociedad? ¿Cómo podemos ver eso y no reaccionar? Estoy muy convencido de lo que digo respecto de los derechos de la mujer”, completó.
El Senado aprobó y convirtió en ley impulsada por mel presidente Alberto Fernández
La Cámara de Senadores convirtió esta madrugada en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
La iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un debate de casi ocho horas en el que 33 senadores, sobre 65 presentes, hicieron uso de la palabra.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y que ayer a la mañana fue sancionado por la Cámara de Diputados, recibió el apoyo de la bancada del Frente de Todos y de sus aliados, como Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), pero también del santafecino Carlos Reutemann integrante del interbloque Juntos por el Cambio como representante del bloque Santa Fe Federal.
En contra lo hizo el resto del interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que la riojana María Vega, quien hoy juró como reemplazante de la radical Olga Brizuela y Doria (electa intendenta de La Rioja), se abstuvo.
El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.
Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.
Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.
Cuando la medida comenzaba a debatirse, se conoció la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar un proyecto de ley para que sea debatido durante las actuales sesiones extraordinarias para terminar con las jubilaciones especiales en la Justicia y en el Cuerpo Diplomático.
Hoy la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
El oficialismo logró el quórum sin la presencia de la oposición que, sin embargo, no impidió que el Frente de Todos lograra los votos positivos de los dos tercios de los miembros presentes en el recinto que se requieren para debatir la cuestión sobre tablas.
El debate de la iniciativa estuvo interrumpido durante casi dos horas por pedido del interbloque de Juntos por el Cambio, cuyos miembros reclamaban que no habían llegado a leer el texto aprobado por la Cámara baja tras una sesión de más de veinte horas que terminó cerca de las diez de la mañana.
Antes de pasar al cuarto intermedio, la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti anunció que el presidente Alberto Fernández había notificado que ampliará el período de sesiones extraordinarias para discutir un proyecto que elimina las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial y en el cuerpo diplomático.
La cuestión previsional era uno de los principales pilares sobre los que se armó la estrategia de la oposición para votar en contra el proyecto que excluía de la suspensión de la movilidad jubilatoria a los regímenes especiales.
La sesión, además, consistió en el debut de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como moderadora del debate como presidenta del Senado, en un rol que cumplió con rigor y ateniéndose al reglamento.
El presidente del bloque del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, reconoció que en la Argentina “hay un cuadro muy importante de injusticia social” y aseguró que “en 2001 la deuda superaba el 100 por ciento del PBI y ahora estamos en el 150 por ciento”.
Además, recordó que cuando Cristina Fernández de Kirchner entregó el poder en 2015 “la relación de la deuda con el PBI era del 40 por ciento”.
“Casi llegamos a la independencia económica. Nos faltó tiempo”, evaluó.
En tanto, el senador oficialista Jorge Taiana, en su discurso interpretó que el voto en contra de la oposición obedece a que “en líneas generales y muy mayoritariamente pretende negar la gravedad de la situación en la que han dejado el país”.
“La Ley de Emergencia, la reconstrucción, la necesidad de tomar medidas especiales, todo eso no se justifica si se logra limar la idea de que estamos efectivamente al borde del precipicio”, reflexionó.
Por su parte, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff justificó la votación en contra de la oposición porque consideró que la declaración de la emergencia era innecesaria.
“Cuando se tienen mayorías y la voluntad de una oposición de construir, ¿para qué repetir la historia de nueve emergencias? Tienen un país gobernado y gobernable, no tienen necesidad de esta delegación”, precisó.
Además, insistió con que “esta es una ley que esconde un ajuste enorme, con mayor carga tributaria que pagan los sectores medios y los sectores productivos”.
Esta es una ley que esconde un ajuste y hay que decir las cosas como son, es un ajuste enorme, que lo pagan los sectores medios, los sectores productivos y los jubilados. #LeyDeEmergencia
Finalmente, el porteño de Juntos por el Cambio Martín Lousteau manifestó que la Argentina “fracasó en su performance colectiva como sociedad” y que el país “está en situación de extrema fragilidad”.
Además, criticó el proyecto de Ley argumentando que “trae una emergencia, pero delega más facultades que la emergencia votada en 2002, con la peor crisis económica y política de la historia” y calificó a la ley aprobada hoy como “un impuestazo”.
Sobre las retenciones
El Congreso facultó al Poder Ejecutivo a aumentar los derechos de exportación en tres puntos porcentuales para determinados productos agropecuarios y a establecer «mecanismos de segmentación y estímulo» para pequeños productores y cooperativas que serán alcanzadas por las retenciones.
Asimismo, la norma -que sufrió modificaciones durante su tratamiento en la Cámara de Diputados promovidas por el Gobierno- plantea que «las modificaciones de las alícuotas deberán ser informadas por el PE ante una comisión integrada por miembros del Poder Legislativo, del Consejo Federal Agropecuario y representantes de las entidades y organizaciones representativas del sector agropecuario para que se expidan al respecto».
La ley prevé darle la facultad al PE de aumentar en tres puntos porcentuales los derechos de exportación de determinados productos agropecuarios y establecer nuevos topes.
De esta manera, el Ejecutivo podrá incrementar las retenciones al poroto de soja hasta 33%, mientras que los cereales como el maíz y el trigo podrían llegar hasta 15%.
Las carnes, la leche en polvo, la lana y otras producciones hasta el momento tributan 9%, aunque el Ejecutivo podría llevarlas hasta el tope de 15%.
Por su parte, las producciones agroindustriales de las economías regionales se ubicarán en 5%, productos a definir por el Gobierno.
En la sesión en Diputados se incluyó un artículo en el cual el Gobierno «deberá establecer mecanismos de segmentación y estimulo tendiente a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación».
Asimismo, «establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización».
Estos dos nuevos puntos no contaron en la aprobación de la Ley con mayores detalles o informes de los montos de compensación.
Otro cambio que se realizó fue que los tres puntos porcentuales del valor incremental de los derechos de exportación previstos en la ley se destinarán «a la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos», que será administrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deportes de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Paola Bazán, se reunió en la mañana de hoy y avanzó en el tratamiento del proyecto de Ley que establece la creación de la Base de Alta Montaña, Grupo Especial de Rescate (G.E.R.)», iniciado por el legislador Carlos Antonio Marsilli.
En tal ocasión la comisión recibió la visita del autor del proyecto y del comisario inspector Rubén Aldeco, junto al oficial principal Miguel Serra, para profundizar sobre el mismo y poder lograr un despacho sobre la iniciativa.
Desde el punto de vista del derecho constitucional importa, establecer la división entre el Estado Nacional y las provincias no sólo con relación a la competencia para reglamentar el ejercicio del derecho a la salud sino también determinar cuál de las jurisdicciones debe tomar a su cargo la obligación con relación a los habitantes, en cuanto a la protección del derecho. En realidad, lo que se encuentra en juego es la distribución de competencias a efectos de ejercer el denominado «poder de policía», entendiéndose por éste la facultad de reglamentar el ejercicio de derechos constitucionalmente asignados a los habitantes del país. Lo afirmado corresponde a la aplicación de los artículos 14, 75, 121 y 125 de la Constitución Nacional.
La discusión no es menor ya que días atrás, precisamente el 23 de Abril de 2019, ingreso a la cámara de diputados de la provincia de Catamarca un proyecto de ley de autoría del Dr. Enrique Cesarini denominado “ Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de quedar en situación de calle” y esto reabre el debate, que esperamos prontamente se de en ámbitos de la legislatura catamarqueña, en virtud del acuciante estado de vulnerabilidad en el que se encuentran cada vez más catamarqueños al quedarse sin techo y por el cual no les queda otra que pernoctar en las calles de las ciudades de la provincia.
Es menester decir, que el estado de calle, es un estado de extrema tragedia por el cual un ser humano se ve desprovisto de su Derecho fundamental a la salud y a tener una vivienda digna como se estableciera en la CADH y el PIDESC, los estados partes se comprometen a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura hasta el máximo de los recursos de que disponga en la medida de los recursos disponibles.
Esto significa que la intensidad de goce y efectividad de ejecutoriedad de este derecho, le corresponde al estado Provincial y según el fallo de la corte suprema de justicia en recurso de hecho deducido por S.Y.Q.C. por si y en representación de su hijo menor J.H.Q.C en QCSY c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo, el máximo tribunal sostuvo que hay una “garantía Minima” que genera una obligación estatal inexcusable mas allá de la potestad discrecional de la autoridad de aplicación y de las restricciones presupuestarias, que hacen obligatoria y de carácter urgente, el tratamiento por parte de la legislatura de la provincia de Catamarca del proyecto N° 150/2019, ingresado por el Diputado del Pro ya que el frio extremo al que están siendo sometidos innumerables hermanos catamarqueños, por falta de políticas de asistencia y de contención de la provincia, seguramente terminaran con mas de una tragedia sin estigmatizaciones.
La Cámara Alta Provincial presidida
por Jorge Solá Jais, trató sobre tablas y aprobó por unanimidad los
Presupuestos Provincial y del Poder Legislativo.
Reunidos en el recinto “Fray Mamerto
Esquiú” en su segunda sesión extraordinaria, el Pleno convirtió en Ley el
Presupuesto General de Cálculo de Gastos y Recursos del Sector Público
Provincial mediante el cual fija para el año que viene $ 49.792.701.561,00 el
total de Gastos Corrientes y de Capital del Presupuesto del Sector Público
Provincial no Financiero (Administración Central, Organismos Descentralizados e
Instituciones de la Seguridad Social), mientras que en Concepto de Gastos $
34.473.673.767, un 44,43% más que en el ejercicio financiero 2018.
Conforme establece la Ley N°5586,
el Presupuesto autoriza al Ejecutivo y a los Ministros y/o Secretarios de
Estado, a modificar el mismo incorporando las partidas específicas necesarias o
incrementando las ya previstas, cuando deba realizar gastos originados por la
adhesión a Leyes Nacionales y/o Decretos del Poder Ejecutivo Nacional y/o
Resoluciones de Jurisdicciones o Entidades del Sector Público Nacional y/o
Convenios con la Nación o con otras Provincias a desarrollarse en el ámbito
provincial.
En igual sentido, se autoriza
además al Poder Ejecutivo a Implementar un régimen de verificación y extinción
de las deudas del Estado Provincial con Organismos Descentralizados de la
Administración Pública Provincial, las Municipalidades de la Provincia y
Organismos o Instituciones del Estado Nacional y de dichos Organismos con el
Estado Provincial, entre otras facultades.
“Esta Cámara de Senadores vino
estudiando este proyecto de Ley y analizando con profundidad algunos puntos, lo
que derivó en reuniones tanto con miembros de la Comisión de Hacienda de Diputados
como con el propio ministro Sebastián Véliz” explicó el senador Ariel Espinoza
al momento de dar lectura al despacho de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y
Legislación Laboral considerando asimismo que “quizás el proyecto que hoy se
está tratando no sea el que todos hubiésemos querido, pero está atado a los
lineamientos del Presupuesto Nacional, donde hay poca inversión pública en la
búsqueda del famoso déficit cero”.
No obstante, el Senador por el departamento
La Paz apunta que “a pesar de la crisis actual, los responsables del Erario
Público de la Provincia, aseguran que el presupuesto diseñado garantiza a
cumplir con los servicios esenciales que se debe brindar a los ciudadanos
respecto a educación, seguridad y salud, además del mantenimiento de la infraestructura
educativa y de la salud pública, estando claramente estipulado el esquema de
los recursos y gastos”
El desarrollo sutentable -aquella economía que busca su expansión pero que a la vez sostiene la idea de cuidado para con el medio ambiente- y sostenible -la compatibilidad de los recursos naturales disponibles con la producción- fue impulsado hoy por la Cámara Alta.
El Senado dio media sanción con modificaciones al proyecto de Ley iniciado por el senador Jorge Daniel Malnis por el que el Poder Ejecutivo deberá establecer políticas de desarrollo sustentable y sostenible; promover su difusión, conocimiento y puesta en práctica en todo el territorio de la provincia.
Según manifiesta la Ley, los factores para el desarrollo de sustentabilidad y sostenibilidad que se debe tener en cuenta están compuestos de diferentes sectores ellos son: sustentabilidad Económica; Sustentabilidad Ecológica; Energética; Social; Cultural y Científica.
“La sustentabilidad es algo de lo que se habla en muchas ocasiones, sin darle el significado que tiene o de manera superficial, sin entender realmente su importancia. Por lo que tener en claro que es un desarrollo sustentable y sostenible es imprescindible, hablar de un desarrollo sustentable es hablar de un desarrollo respetuoso con el medio ambiente en que vivimos y un desarrollo socialmente justo” expresa el senador entre los fundamentos tras enfatizar que “se basa en una dimensión social, económica y ambiental, las que pueden ser englobadas en lo que podríamos definir como recursos suficientes para todos”.
Energía renovables
Otra de las leyes aprobadas con modificaciones por la Cámara de Senadores es la adhesión a la Ley Nacional N° 27.424 de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.
“Las energías renovables, son la alternativa más limpia para el medio ambiente, se encuentran en la naturaleza en una cantidad ilimitada y, una vez consumidas, se pueden regenerar de manera natural o artificial” destacó la diputada Verónica Rodríguez Calascibetta -autora de la ley- entre los fundamentos del proyecto que vuelve a la Cámara Baja para su revisión.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción a un proyecto a través del cual se modifica la Ley Nº 5530, de Prevención de las adicciones.
La iniciativa parlamentaria -impulsada por el diputado Isauro Molina- modifica el artículo dos, especificando que a partir de la presente Ley, los establecimientos de gestión Pública, Privada y Municipal deberán contener en los proyectos curriculares contenidos vinculados a la prevención e investigación de uso indebido de drogas, tabaco, y /o que producto del consumo genera alteraciones emocionales y conductuales en el individuo.
Así mismo, la modificación del artículo cinco, inciso d, determina que se debe prevenir los problemas relacionados con el consumo de sustancias que generan adicción.
Fundamentos
Isauro Molina, diputado provincial.
El diputado Molina indicó al fundamentar la ley que “resulta necesario que la educación recupere el valor de la escuela como espacio social privilegiado para la enseñanza y el aprendizaje de los saberes que integran el acervo social, cultural, científico y tecnológico, como institución integradora de las tradiciones sociales y culturales que representan a los diversos sectores y grupos comunitarios que conforman la sociedad, potenciadora de vínculos y constructora de ciudadanía. Es decir, desde una perspectiva que se centre en el fortalecimiento de las políticas de enseñanza, y que entienda a la escuela primaria como el espacio social en el que se recree una experiencia común de niñez, en el que los niños encuentren un espacio favorable para su desarrollo, cuidado y aprendizaje, en el que logren ampliar sus visiones del mundo, y se apropien de nuevos conocimientos y saberes que les permitan complejizar sus interpretaciones, ensayar sus modos de participación social y construir expectativas de futuro”.
Relevancia
El legislador manifestó que “en este marco, cobra especial relevancia la decisión de poner en marcha la elaboración de un nuevo diseño curricular que, no sólo asuma la centralidad de la enseñanza y el aprendizaje, sino también la responsabilidad en la selección de contenidos que garanticen el derecho de todos a acceder a los saberes necesarios para la vida, para la participación social y comunitaria desde una visión crítica y transformadora. Lo que supone, además, la necesidad de revisar y transformar las propuestas pedagógicas respecto de los procesos de transmisión, de las formas de organización de la escuela y de las condiciones materiales y simbólicas en que la educación tiene lugar”, manifestó.
Distintos sectores de trabajadores y trabajadoras de la salud de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una importante movilización frente al Congreso de la Nación, para rechazar la reforma aprobada el 1 de noviembre en la Legislatura porteña por la cual los enfermeros y las enfermeras ya no somos profesionales sino personal técnico-administrativo.
La comunidad de los 34 hospitales porteños se manifestaron contra el vaciamiento sistemático de los centros de salud, contra el proyecto de cerrar cinco hospitales y la precarización laboral de sus trabajadores, y el reciente ataque a la formación académica. El proyecto oficialista sancionado regula a los profesionales del sistema público de salud, excluyendo a los “Licenciados en Enfermería”, “Licenciados en Instrumentación Quirúrgica”, y los “Licenciados en Bio-imágenes”, de la categoría profesional.
Fabiana Pérez, delegada de ATE en el Hospital María Ferrer e integrante de la Multisectorial por Salud, explicó: “Exigimos el pase a profesionales de salud, muchos tenemos entre 5, 7 y hasta 9 años de estudios, con la licenciatura, los profesorados y los doctorados, el Gobierno de la Ciudad nos está discriminando”.
“Los diputados porteños van a presentar un proyecto para que nos escuchen y vamos a hacer medidas de fuerza como paros parciales por turno”, adelantó la trabajadora.
La marcha de ayer por la tarde llegó a la Legislatura de la Ciudad Autónoma cerca de las 16 horas. Las juntas internas realizaran acciones de protesta durante los próximos días, y los distintos sectores representados confluirán en una medida a fines de noviembre. ATE ya anunció un Paro Nacional de salud para el próximo miércoles 21 de este mes.
La Legislatura porteña aprobó una ley que sanciona a los choferes de estos ómnibus con inhibiciones para trabajar durante 5 años y multas que llegan a los 200 mil pesos.
La Legislatura porteña aprobó este jueves una reforma a las sanciones por infracciones de tránsito, incluida la revocación de la habilitación de micros escolares para que sean utilizados con el fin de transportar manifestantes a marchas populares.
El bloque oficialista impulsó esta medida así como también la de sacarle la licencia a los choferes de estos colectivos en infracción. La reforma sumará estas penas a las multas existentes por «transporte indebido».
La nueva ley estipula que si detienen a un colectivo escolar cuando lleva manifestantes a una marcha, el conductor puede perder su permiso para trabajar con escuelas por un lapso de cinco años.
La norma que ahora caduca contemplaba multas de 150 a 1.500 Unidades Fijas (entre $2600 y $26000) por la infracción de «transporte indebido» además de una sanción económica para el chofer. Pero con la nueva ley, las penas pasarán a ser más duras con multas de hasta 200 mil pesos y retiros de licencia.
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