La negociación está empantanada. Una vez más. Como ya ha sucedido en el último mes. Idas y vueltas truncos para poder sacar a flote la Ley Ómnibus. Las últimas señales del Gobierno respecto a la coparticipación del Impuesto País – uno de los temas centrales en el toma y daca con la oposición – han sido claras. Para Javier Milei no es una herramienta de negociación, aunque hasta el viernes haya estado sobre la mesa que integran representantes del oficialismo, la UCR y Hacemos Coalición Federal.
Los diputados cordobeses, que están en el esquema legislativo que conduce Miguel Pichetto, presionan para que la coparticipación del impuesto ingrese en la discusión particular de la ley, que comenzará mañana a las 14 en la Cámara de Diputados. Exigen que se incorpore porque entienden que las provincias no reciben ningún beneficio con el proyecto que se está tratando – incluso todo lo contrario – y que ya están golpeadas por la quita de fondos que implicó la eliminación del impuesto a las Ganancias del gobierno anterior.
“Si no lo quieren meter en la discusión, les vamos a coparticipar el impuesto PAIS a las trompadas”, había anticipado un legislador cordobés, con humor e ironía, minutos después de culminada la votación general en el recinto de la Cámara baja el viernes pasado. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presiona para que la coparticipación sea parte de la negociación final en la votación particular. Los cordobeses aún no cerraron su apoyo en el artículo que dispone la emergencia y las delegaciones de poder del Poder Legislativo al Ejecutivo. “Tenemos varias diferencias”, advirtieron.
Este lunes, después de un fin de semana sin demasiados contactos entre el oficialismo y la oposición dialoguista, el ministro del Interior, Guillermo Francos, dejó en claro en una entrevista radial que si la oposición quieren imponer el tratamiento del Impuesto País, el Gobierno tiene la decisión de vetarlo, en el caso de que salga aprobado el proyecto. “El veto es una facultad presidencial y el presidente ha sido claro en el sentido de que no coparticipa el Impuesto País”, indicó.
Esa idea se la adelantó anoche Maximiliano Fariña al diputado cordobés Oscar Agost Carreño en una reunión que mantuvieron por Zoom y que fue uno de los pocos contactos entre el oficialismo y la oposición dialoguista durante el sábado y el domingo. Fariña, asesor de Federico Sturzenegger, es denominado “el escriba”, porque en cada reunión con los legisladores opositores anota los puntos que le proponen modificar o eliminar. Es quien tiene el punteo de lo que se negocia en múltiples mesas parlamentarias.
“Si ustedes meten lo del Impuesto País, nosotros se los vamos a vetar”, le dijo, palabras más, palabras menos Fariña a Agost Carreño. Fue una advertencia. Lo cierto es que las condiciones también llegaron desde la bancada opositora. Le anticiparon al representante del Gobierno que el proyecto debe pasar por el Senado y que aún hay margen para seguir discutiendo. En verdad, lo que le intentaron hacer ver es que pueden bloquearles el proyecto si quieren imponer las condiciones a rajatabla. “Tienen que abrir la discusión”, anticiparon desde Hacemos Coalición Federal.
La línea argumental de Francos y Fariña fue reforzada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia matutina. “No vamos a discutir ningún punto que tenga que ver con lo fiscal. Después de aprobar la ley discutiremos el paquete fiscal que fue quitado”, sostuvo. Dos ministros de confianza de Milei y un mismo discurso: el Impuesto País no es una moneda de cambio.
En Córdoba, el gobierno provincial que más impulsa la inclusión de la coparticipación, relativizaron las sentencias oficialistas. “No depende de ellos que se discuta o no. Es verdad que pueden vetar, es un atributo presidencial, pero veremos en los hechos que sucede. Decían que no iban a negociar nada y la ley ya fue recontra negociada en un montón de artículos”, explicaron cerca de Llaryora. El gobernador cordobés está ejerciendo una fuerte presión sobre la Casa Rosada en las últimas horas. Dejó de lado la condescendencia de los primeros días de gestión.
Llaryora y algunos gobernadores que respaldan su postura – aunque no se exponen demasiado en la negociación – creen que si la ley pasa tal como está, los gobiernos provinciales quedarán desfinanciados y el Presidente ya tendrá la ley que quería para gobernar, por lo que se caería una de las cartas claves para negociar. Por eso no acepta que la discusión fiscal se postergue para después de la aprobación del proyecto y quiere que ingrese en la discusión ahora. Ese es un punto de fricción que está aumentando la tensión.
“Están muy a la defensiva y nerviosos porque no saben qué hacer. Los interlocutores no tienen poder político. Tampoco quieren avanzar en la discusión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, se quejaron en el bloque Hacemos Coalición Federal, un espacio determinante para que el oficialismo logre una mayoría parlamentaria en la votación particular. Sus 23 votos valen mucho en un Congreso fragmentado y desde dónde emergen quejas permanentes sobre las dificultades para negociar con el oficialismo.
En la oposición dialoguista consideran que hay una “disociación muy grande entre lo que se dice y lo que se hace”, motivo por el cuál no dan de baja la negociación. Los idas y vueltas de los libertarios degradaron el vínculo con los bloques opositores, que por estas horas trabajan sus posicionamientos para afrontar el comienzo de la votación particular.
Durante tres horas y media el bloque de la UCR estuvo reunido para determinar cómo iban a votar. Una situación similar ocurrió con el bloque de los cordobeses, que mantuvieron un encuentro durante la mañana para ver cómo seguir. La tarde de hoy estuvo marcada por múltiples reuniones para obtener posicionamientos comunes. En estas horas se reunirá el esquema que lidera el rionegrino Pichetto.
El bloque que conduce el cordobés Rodrigo De Loredo hizo un punteo sobre cómo votarán mañana los artículos del proyecto. Esperan novedades de la coparticipación del Impuesto PAÍS y del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGI), por el que los gobernadores piden una compensación para equilibrar las deudas de las cajas de jubilaciones provinciales.
Los radicales resolvieron apoyar el capítulo de privatización de empresas estatales que envió el Gobierno la semana pasada, pero exigen cambios en los artículos que hablan de transparencia y que dejan en manos de la comisión Bicameral la supervisión de la venta. Hay libertad de acción entre los diputados, pero aseguran que no bloquearán los artículos que corresponden a esa temática.
Otro de los temas importantes en los que la UCR tomó partido es en lo que respecta a seguridad. Una minoría del bloque acepta los pedidos de la ministra Patricia Bullrich, mientras que la mayoría se resiste a la suba de penas para los que participen y organicen piquetes, además de diferencias en los artículos que modifican el concepto de legítima defensa y resistencia a la autoridad.
Los radicales definieron cómo votarán los artículos en particular aunque están atentos a las negociaciones de los gobernadores con la Casa Rosada (Gustavo Gavotti)
El ministro Francos será quién monitoree desde Buenos Aires lo que suceda en el Congreso. Lo hará junto al Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el asesor Santiago Caputo, de extrema confianza del Presidente. El ministro del Interior viajará el viernes a Roma para sumarse a la comitiva presidencial que se reunirá con el Papa Francisco. Para ese entonces la ley debería estar siendo tratada en el Senado. Son días trascendentales para el futuro de la ley, muy preciada por el Gobierno-
La relación entre el oficialismo y la oposición está deteriorada. El último eslabón de esa vínculo tenso fue chiste del escritor Nik que Milei subió a sus redes sociales, en el que marca que el Gobierno ha logrado “un hecho inédito” que es que “los diputados hayan laburado todo enero”. Un gesto poco amigable en un momento de negociación plena y donde el oficialismo aún no tiene garantizada el contenido de la ley.
Otra señal clara de la mala relación con las provincias la expuso el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. “Busquen consensos y saquen de sus cabezas vernos de rodillas. Jamás en 40 años desde el regreso de la democracia, un Gobierno Nacional agredió y le faltó el respeto a las Provincias como padecemos desde el 10 de diciembre”, afirmó.
El enojo público del ex senador llegó como consecuencia de las declaraciones que el presidente previsional del Senado, Bartolomé Abdala, hizo durante el fin de semana respecto a la discusión sobre la inclusión del Impuesto País en la negociación parlamentaria. “Los gobernadores son animalitos de gastar y donde vean que pueden sacar algo más para llevar agua para su molino, lo van a hacer”, sentenció. Sus apreciaciones cayeron muy mal en las filas opositoras.
Los gobernadores siguen esperando un llamado del Gobierno para negociar. Cerca de Francos aseguran que no está en sus planes reunirse con mandatarios en las próximas horas. Todo sería a través de contactos telefónicos. La relación entre la oposición dialoguista y la Casa Rosada está atada con un hilo. En las próximas horas el Gobierno debe sacar adelante el contenido de la ley Ómnibus, que por ahora es un cascarón vacío, que fue utilizado como un triunfo político por el oficialismo. Una victoria endeble pero real.
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