En el día de hoy, dio inicio el 1° Taller de Juezas y Jueces de Paz de Catamarca en la ciudad de Tinogasta, organizado por la Corte de Justicia, con el propósito de fortalecer las herramientas judiciales en los diferentes puntos de atención a los justiciables. La apertura del evento estuvo a cargo de la Presidenta de la Corte de Justicia de Catamarca, Dra. María Fernanda RosalesAndreotti; los ministros de la Corte, Dra. Rita Verónica Saldaño y Dr. Miguel Figueroa Vicario; y el Intendente de Tinogasta, Sr. Ernesto Andrada, quienes destacaron la importancia de la justicia de paz como pilar fundamental para garantizar el acceso a la justicia en comunidades alejadas.
En sus palabras de apertura, la Dra. Rosales Andreotti expresó «Este taller no solo representa un espacio de aprendizaje, sino también de construcción conjunta para una justicia más cercana y eficiente, especialmente en zonas de difícil acceso.»
Un espacio de formación e intercambio
El encuentro, que se lleva a cabo en el Museo de los Sabores, incluye exposiciones de destacadas figuras judiciales como la Dra. Beatriz Pelufo, jueza de paz letrada de Aguilares, Tucumán, y la Dra. Josefina Penna, jueza de paz de Yerba Buena, Tucumán. También se realizarán talleres prácticos y conversatorios sobre mediación familiar y penal, así como una revisión del programa Justicia Cerca, que promueve soluciones judiciales accesibles en las comunidades más vulnerables. Este taller forma parte de las acciones impulsadas por el convenio de colaboración recientemente firmado entre los Poderes Judiciales de Catamarca y Tucumán, el cual busca fomentar la capacitación y el intercambio de experiencias en el ámbito de la justicia de paz. Con la participación de juezas y jueces de toda la provincia, funcionarios y magistrados judiciales el taller se desarrollará en 2 jornadas.
El Gobierno anunció el envío de 150 pliegos al Senado para la designación de jueces, fiscales y defensores del pueblo con el propósito de cubrir vacantes en el Poder Judicial «a la mayor brevedad posible».
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, declaró en conferencia de prensa que las designaciones requieren “del acuerdo de distintos partidos políticos que conviven en una Cámara donde el partido del Poder Ejecutivo es minoría” y añadió: “Esperamos que esos partidos lo tomen con responsabilidad”.
Además, subrayó que “no se trata de sacar ventajas políticas sino de tener un Poder Judicial con los recursos necesarios para resolver los problemas de la gente”. Según detalló, actualmente existen unas 311 vacantes entre los jueces, 161 entre los fiscales y 80 entre los defensores.
Amerio también puntualizó las implicaciones del anuncio, destacando que “esto le cambia la vida a la gente porque los jueces son los que meten presos a los delincuentes”. Asimismo, sostuvo que “necesitamos más jueces para que un juicio laboral no dure años dejando en una situación de incertidumbre a las empresas y a los trabajadores. Necesitamos más jueces para que un reclamo administrativo contra el Estado no sea eterno dejando desprotegidos a los ciudadanos”.
El secretario de Justicia concluyó afirmando que “todos los candidatos a jueces que enviaremos al Senado pasaron previamente por una selección que realiza el Consejo de la Magistratura en la que se juzga su idoneidad para ocupar el cargo”.
“No alcanza con la legitimidad de origen, el ejercicio también tiene que ser legítimo. De qué sirve tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas”. Esta frase fue el eje central del mensaje que compartió hoy el Papa Francisco, en ocasión de la inauguración de la sede porteña del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) y del Instituto Fray Bartolomé de las Casas, una suerte de ONG de magistrados.
Estas palabras resultan la primera manifestación pública del sumo pontífice luego de la reunión con el presidente Javier Milei en el Vaticano. En otro pasaje de su intervención, un video grabado de poco más de 4 minutos, indicó que “los derechos sociales no son gratuitos, la riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas” y, en este marco, consideró que “el Estado es hoy más importante que nunca y está llamado a ejercer el papel central de redistribución y justicia social“.
El mencionado evento se realizó en avenida Huergo al 1100, y contó con la presencia de todo el arco del Poder Judicial de la Nación, desde jueces que condenaron a Cristina Kirchner hasta magistrados y juristas que militan en la organización Justicia Legítima. También con funcionarios y dirigentes políticos varios sectores.
Varios de ellos vincularon el mensaje de Francisco con la realidad política argentina y el proceso político encabezado por el presidente Milei, sobre todo cuando se refiere a “la legitimidad de origen”. “Les pido firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos”, finalizó el sumo pontífice.
Entre los invitados a la inauguración se destacaron monseñor Gustavo Carrara, vicario general del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires; Stella Maris Martínez; defensora general de la Nación; María Lorena Segovia, defensora general de Paraguay; María Julia Correa, presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Consejo de la Magistratura CABA; Karina Leguizamón, Luis Duacastella Arbizu y Fabiana Schafrik, del Consejo de Magistratura porteño, y Alicia Ruiz y Marcela De Langhe, juezas del Tribunal Superior de Justicia CABA.
La Corte Suprema de Justicia declaró hoy admisible el recurso de «per saltum» de los jueces con sus traslados suspendidos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, en una resolución dada a conocer este mediodía.
El máximo tribunal de la República Argentina con la mayoría formada por los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton resolvió abrir el per saltum presentado por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para no ser removidos de los cargos que ocupan en la Justicia Federal Penal, donde se tramitan las causas de corrupción que investigan la gestión kirchnerista.
Los cuatro integrantes de la mayoría de la Corte Suprema firmaron el mismo voto y el presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz firmó el suyo dando lugar también a la apertura del recurso excepcional.
De esta forma quedó en suspenso el trámite. En la misma resolución se le comunicó al Consejo de la Magistratura que, hasta que se pronuncie la Corte sobre el fondo de la cuestión, debe abstenerse de llevar adelante cambios y/o designaciones de magistrados; y al mismo tiempo le dio 48 horas para enviar el expediente completo.
De esta manera, la Corte se expidió sobre la admisión del recurso, pero no sobre el fondo, porque la sentencia debe dictarse después de que conteste el Consejo de la Magistratura. Es probable que, como el máximo tribunal acortó los plazos y decretó días y horas inhábiles, la decisión sobre el fondo sea muy rápida.
Mientras tanto, los jueces permanecerán de licencia porque así lo solicitaron.
La mayoría estable en la Corte Suprema se mantiene y los magistrados que la firmaron redactaron un voto conjunto con el objetivo de evidenciar que se mantiene en el Tribunal dicha mayoría, como ocurrió en los últimos 15 años. Asimismo, esa mayoría se basó siempre en precedentes, que en esta oportunidad también se citaron, con la finalidad de dar previsibilidad en la interpretación para que las reglas sean claras.
Los antecedentes del caso
Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli interpusieron un recurso de per saltum contra la sentencia de primera instancia que les rechazó el amparo deducido contra el Consejo de la Magistratura y solicitaron a la Corte Suprema que se declare sobre “sus traslados son definitivos”.
El recurso significa que se interpone contra la sentencia de primera instancia y se salta la Cámara para ir directamente a la Corte Suprema. Por esta razón es una vía excepcionalísima y fue admitido una única vez por la Corte Suprema desde que la ley fue sancionada.
En el único per saltum que admitió la Corte, hubo una sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de la reforma judicial y el Estado Nacional planteó el tema en el máximo tribunal, sin deducir recurso de apelación; saltó la instancia
Los jueces no saltaron la instancia, de ese modo, lo que dificultó seriamente la resolución de la medida. La sentencia de primera instancia se dictó el 21 de agosto pasado y el 25 de agosto, los actores plantearon dos recursos: el per saltum ante la Corte Suprema y el recurso de apelación ante la Cámara Contencioso administrativo.Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli
Esta decisión planteó un obstáculo: porque la ley establece que el per saltum debe ser «el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido. En el momento en que el recurso fue interpuesto, podría haber sido rechazado, porque había otro recurso, el de apelación, y entonces el per saltum no era la única vía.
Por esa razón se decidió esperar en resguardo de los derechos de los magistrados. En este momento, al no haber sentencia de la Cámara y dado el avance que se produjo en la situación, se corre el riesgo de que el derecho a una sentencia se torne ilusorio. Si se espera el dictado de la sentencia de la Cámara, más el recurso extraordinario, puede pasar mucho tiempo.
El requisito, que no se cumplía al momento de la interposición del recurso, y que podría haber motivado su rechazo, se cumple ahora, porque podría volverse abstracta cualquier decisión que se adopte luego de que esté en condiciones de ser resuelto el recurso extraordinario. Lo que la Corte hace es reconocer el derecho a una sentencia que pueda cumplirse de modo efectivo.
La ley requiere que exista gravedad institucional, en el sentido de que exceda el mero interés de las partes. Para la Corte eso sucede en este caso, porque más allá del interés de los dos jueces, se debe definir cuál es el alcance de los traslados de jueces federales, de importancia para todo el sistema judicial.
En el fondo, tratan de analizar los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales y las disposiciones que rigen esos procedimientos para contar con una magistratura independiente.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó hoy a los jueces que garantizan la «impunidad» del exmandatario Mauricio Macri en la causa por las presuntas presiones sobre magistrados ejercidas por la «mesa judicial» de Juntos por el Cambio y manifestó sus deseos de que los «argentinos se den cuenta».
En una serie de tuits, Fernández de Kirchner expresó que «los jueces Martín Irurzun (el de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores de Macri) y Leopoldo Bruglia (el trasladado flojo de papeles, sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de ley) acaban de consagrar una vez más la impunidad para Macri».
La expresidenta reseñó que la jueza federal María Servini «había solicitado a las empresas telefónicas ‘las llamadas realizadas -y celdas activadas- entre el 01 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019 por Macri y por otros funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo’».
Pero tras el fallo de hoy de la Cámara Federal que le pide a la jueza «limitar los alcances de las medidas de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos relevantes según la hipótesis fijada en el caso», Fernández de Kirchner señaló que «estos son los jueces y esta es la oposición que hablan de impunidad señalando con el dedo al Gobierno y al Frente de Todos».
«La prueba solicitada iba a demostrar la existencia de la mesa judicial macrista y su articulación con los servicios de inteligencia y con distintos miembros del Poder Judicial para perseguir opositores y apoderarse de empresas ajenas», añadió la exmandataria.
Y prosiguió: «¿A nosotros con la impunidad? Allanaron mis casas, rompieron paredes, se llevaron objetos personales, me citaron a indagatoria 8 veces en un día… Me espiaron, me siguieron, me escucharon y difundieron llamadas privadas ilegalmente… Y se llenan la boca hablando de la República».
«Máximo tenía razón: en ningún lugar del mundo Macri va a tener más impunidad que en la Argentina. El Poder Judicial argentino se la garantiza», planteó la mandataria al citar a su hijo, jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos.
Para la exmandataria se trata del «mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad» a Macri «siendo empresario por el delito de contrabando agravado de autos. El mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad en la causa por escuchas ilegales como jefe de Gobierno de la Ciudad y apenas 19 días después de haber asumido como Presidente», añadió.
«No hay argentino más impune que Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta», concluyó.
Se incluirá en el marco de la reforma del Estado que propone el Poder Ejecutivo Provincial. El objetivo es garantizar la transparencia del proceso de selección y la independencia del Poder Judicial.
Luego de que ayer la Cámara de Senadores de la Provincia diera sanción definitiva a la iniciativa que deroga la Ley N° 5.012 (de Creación e Integración del Consejo de la Magistratura), la asesora General de Gobierno, Fernanda Ávila, adelantó que el Poder Ejecutivo incluirá en el marco de la llamada reforma del Estado un nuevo mecanismo superador para la designación de jueces, que incluirá examen y concurso con la participación de distintos actores, garantizando la transparencia y la independencia del Poder Judicial.
“Trabajamos en un proyecto superador para la elección de magistrados, que se enviará en estos días a la Legislatura para su debate y tratamiento por ambas Cámaras. Ya no será a través del Consejo de la Magistratura, pero si habrá un concurso con un examen previo para el ingreso”, explicó la funcionaria provincial.
En ese orden, la nueva reglamentación establecería que para aspirar a un cargo en el Poder Judicial se deberán reunir determinados requisitos. “Estamos consultando a varios expertos en la materia, contrastando los distintos modelos vigentes del país, para hacer un proyecto superador de lo que existía hasta el momento, garantizando siempre la transparencia y la independencia de la Justicia”, subrayó Ávila.
Al respecto, la letrada indicó que la iniciativa se incluirá dentro del marco de la reforma del Estado que propone el Poder Ejecutivo Provincial, y que el mecanismo de selección de jueces será similar al régimen único para el ingreso a la Administración Pública, con concursos que garanticen la idoneidad de los aspirantes y la transparencia del proceso.
La asesora General de Gobierno recordó que en el régimen propuesto para los ingresos al Estado se contempla que participen del proceso los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, al igual que otros actores sociales. En tanto que en el caso de los magistrados se analiza incluir la participación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, del Colegio de Abogados, de otros organismos que tenían intervención en el Consejo de la Magistratura, y que incluso la sociedad misma que pueda participar.
“El objetivo es que sea un proyecto superador, la idea es sumar más que restar”, valoró Fernanda Ávila, al tiempo que pronosticó que la próxima semana el PEP enviaría a la Legislatura para su debate esta propuesta superadora sobre el nuevo mecanismo de selección de jueces.
Por último, la asesora General de Gobierno anunció que se invitó a autoridades del Colegio de Abogados, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, al rector de la UNCA, Flavio Fama, y el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Salerno, a una reunión el próximo lunes con el Gobernador Raúl Jalil.
Gracias a sus diferentes versiones internacionales (también tuvo una recordada edición argentina) MasterChef es uno de los programas más populares del mundo.
El último episodio de este ciclo de cocina amateur en España fue atípico. Una de las participantes logró la expulsión tras realizar un plato con una perdiz sin desplumar ni cocinar.
No era una instancia más, era la fase de eliminación y cada participante debía cocinar un plato con los ingredientes que encontrasen en una caja sorpresa. Saray encontró una perdiz que venía entera y sin desplumar y se negó a cocinarla.
La perdiz, sin desplumar y completamente cruda, fue emplatada con algunos tomatitos cherrys y cebolla de verdeo al rededor. Fuente: LA NACION
Cuando llegó el momento, la competidora presentó su plato ante el jurado y la cara de ellos se desfiguró al instante. Sobre él, una perdiz cruda y con todas las plumas esperaba a ser evaluada. Los integrantes del jurado, indignados, tuvieron que expulsarla.
«Te voy a ser franco. Que me faltes al respeto a mí, que lo has hecho, a tus compañeros, que también lo has hecho, al programa, a las miles de personas que se han quedado fuera. Lo que le has hecho a este producto no tiene justificación alguna. Ni se te ocurra abrir la boca. Nos hemos equivocado terriblemente contigo.», le dijo Jordi Cruz , integrante del jurado.
Si bien le costó la expulsión, Saray aseguró que lo volvería hacer porque jamás le arrancaría las plumas a un animal. «Lo volvería hacer. No tenía ninguna posibilidad de salvarme. ¿Qué me queréis ver aquí quitando plumas como una perra? No, no, no. Yo no me voy a poner aquí a arrancar plumas para darte a ti la satisfacción. ¿Qué queréis? ¿Que haga el pajarraco puteada ante todos? Pues toma. Pajarraco vivo pa’ ti. Y eso es lo que hice porque estaba enfadada. Muy enfadada», sostuvo luego de la eliminación.
El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior. El texto ingresó poco antes de las 20 por la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. La respuesta del mundo judicial no tardó en llegar: hubo un fuerte rechazo al proyecto y se advirtió sobre una escalada de renuncias. Y, según la información a la que accedió Infobae, ya son 10 los jueces que renunciaron desde que salió a la luz la iniciativa oficial.
Todos ellos presentaron la renuncia entre el martes 18 y este jueves. Ellos son: Miguel Omar Pérez (vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III); Marcelo Gonzalo Díaz Cabral (Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín); Beatriz Bistué De Soler, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal; Silvia Nora Ramond, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 de la Capital Federal; Miguel Angel Caminos, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal; Fernando Adolfo Larrain, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal; María Cristina Bértola, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16; Juan Carlos Dupuis, vocal de la Cámara Nacional en lo Civil Sala E; Carlos Alberto González, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Vocalía N° 20; y Jorge Adolfo López, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30 de la Capital Federal.
La Asociación de Magistrados y la de Fiscales habían criticado el proyecto del Gobierno para reformar el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y advirtieron que la iniciativa viola fallos ya dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la intangilidad de la remuneración de los jueces. De hecho, también habría renunciado un número similar de fiscales.
“Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación”, sostuvieron en un comunicado.
Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial también rechazaron el proyecto legislativo que, según entienden, “atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales»
Para la Federación el proyecto ha sido elaborado “sin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales y sin la participación de esta institución, única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os que la componen” y “agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85 % de las causas judiciales del país”
Señalaron que esos sueldos y jubilaciones “no son de privilegio” y “no se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de “la justicia””. En esa línea, consideraron que la iniciativa tiene una “mirada sesgada que desconoce que las magistradas y funcionarias, como el resto de las mujeres, se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales”. “Este proyecto pretende eliminar la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años”, indicaron.
“Quienes trabajamos todos los días en los tribunales provinciales somos conscientes de la realidad económica del país. La vocación por la función pública se asienta sobre el compromiso de mejorar la vida y el bienestar de las sociedades en las que vivimos, por esa razón estamos siempre dispuestas/os a participar en todas las discusiones orientadas a esos objetivos”, expresaron quienes integran la Federación.
La Cámara de Diputados intentará apurar el proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo. Estos regímenes especiales atañen a ocho mil personas con haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes. Corresponde, según fuentes oficiales, el 3% del total de los jubilados y un gasto de 25 mil millones de pesos por año.
“Este proyecto no mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanas/os ni resuelve los problemas que denuncia. Hacemos un llamado público a los tres poderes del Estado a trabajar en la construcción de respuestas adecuadas y basadas en las realidades de todo el país que contribuyan a una salida rápida y definitiva de la grave situación económica que nos afecta a las/os argentinas/os», expresaron desde la Federación.
Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura
La semana pasada Ricardo Recondo, recientemente nombrado vicepresidente del Consejo de la Magistratura, cuestionó la iniciativa. “Es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata tampoco de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses”, advirtió.
“La garantía de intangibilidad de los sueldos de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio. Pasa en todo el mundo. El juez no puede hacer nada, tiene un nivel de incompatibilidad que no lo tiene ningún otro funcionario del Estado. No estoy llorando miserias. Los jueces tienen, en este momento, una buena retribución”, explicó Recondo.
Para el caso del Poder Judicial la iniciativa propone el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años -hoy es de 60 años-: incrementaran del 12 al 19 por ciento el aporte; limitar el ámbito de aplicación personal (por ejemplo, quedarán excluidos los prosecretarios administrativos, medida que podría generar tensión con los sindicatos judiciales). incrementar los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio; y que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años. Hoy los jueces se jubilan con el 82 por ciento móvil.
El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que la Argentina necesita jueces que «sean parte de la lucha contra el narcotráfico», para de esa manera «asegurar que los delincuentes no salgan impunes».
Necesitamos que los jueces sean parte de la lucha contra el narcotráfico para asegurar que los delincuentes no salgan impunes. https://t.co/5CgNB2jen0
El primer mandatario se expresó así en Twitter luego de que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, manifestó también en la red social su malestar por la liberación de un acusado de encabezar una banda narco en General Roca, tras el pago de una fianza de 100.000 pesos.
El gobernador dijo: «Ya no hay detenidos del grupo de sospechosos de integrar la banda narco que desbarató nuestra Policía en Roca y cuyo búnker destruimos. La Cámara Federal de Apelaciones los dejó en libertad. Con estos jueces garantistas es imposible ganar la batalla contra los narcotraficantes».
La senadora Cristina Kirchner difundió este lunes una denuncia sobre una supuesta maniobra del Gobierno para acelerar la designación de jueces, durante una reunión con organismos de derechos humanos que organizó su bloque en el Senado y que esgrimió como el motivo principal por el que no podía concurrir a la tercera audiencia del juicio oral por corrupción por sobreprecio en la obra pública.
El jefe del bloque de Unidad Ciudadana, Marcelo Fuentes, que ofició de vocero del encuentro, declaró que «hay una vorágine de pliegos» de jueces que buscan ser aprobados por el oficialismo en la comisión de Acuerdos, presidida por el peronista Rodolfo Urtubey, y que «no hay tiempo para una ameritación» de las nominaciones.
En diálogo con periodistas en el Senado, Fuentes acusó al bloque que lidera el senador Miguel Pichetto, de prestar «acuerdo» para esas designaciones y advirtió a su par del peronismo «la no conveniencia de seguir aprobando pliegos en un momento electoral como este».
También dijo que es «medio zonzo» pensar que convocó con carácter de urgencia a la reunión de bloque, en un día inusual de escasa actividad parlamentaria, como «excusa» para evitar que la ex presidenta y precandidata a vicepresidenta no asista a la tercera audiencia del juicio oral y público que se le sigue en los tribunales de Retiro por corrupción.
En el encuentro, que se extendió menos de una hora y media en el despacho de Kirchner, estuvieron también representantes de los organismos de derechos humanos como Taty Almeyda y el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, entre otros.
«Escuchamos los planteos de los organismos, en particular la preocupación por el despliegue de actividades del Senado que es un retroceso en la política de derechos humanos», dijo Fuentes y mencionó la designación de Pedro Hooft, hijo de un juez de Mar del Plata denunciado por su participación en la desaparición de abogados en la «noche de las corbatas».
«De todos modos lo del pliego de Hooft es una distracción, un juego que hace el Gobierno a los efectos de acuerdos que ha celebrado con miembros del bloque de Argentina Federal que permite esto», consideró.
José Miguel Farfán, alias «Chapo Guzmán del Cono Sur», cayó detenido en Bolivia. Tras la detención de Delfín Castedo, la del «Chapo salteño» era la más importante.
Otro capo narco del norte argentino cayó detenido. Se trata de José Miguel Farfán, de 48 años, alias el «Chapo Guzmán del Cono Sur», fue capturado el miércoles en el vecino país de Bolivia. Según fuentes militares, tuvo un estrecho vínculo con dos exjueces federales de esta provincia, el ya condenado José Antonio Solá Torino y el actualmente procesado Raúl Reynoso, con ambos hubo coimas de por medio, según la fuente. Ayer fue trasladado a esta provincia, donde quedó a disposición del Juzgado Federal de Orán, a cargo de Gustavo Montoya.
Durante dos décadas Farfán fue apresado cuatro veces, en esta oportunidad estaba prófugo desde el 2015, imputado por la Justicia Federal argentina acusado de integrar una estructura criminal que traficaba pasta base de cocaína en aeronaves que ingresaban ilegalmente al país a través de la modalidad denominada «tránsito aéreo irregular» (TAI) desde Bolivia. También estaba implicado en la introducción de cocaína a través de aeronaves (bombardeo), cuando en noviembre del año 2014 se secuestraron 388,346 kilos de cocaína.
También fue acusado de efectivizar un soborno al destituido Juez Federal de Salta José Antonio Solá Torino, con el objeto de que este levantara una orden de captura en su contra. A lo expuesto se le imputa el delito de homicidio. Por otro lado, Farfán aparece ligado a la gestión del exjuez Federal de Primera Instancia de Orán, Juan Raúl Reynoso, y en los dos casos aparece sobornando con sendas sumas de dinero para beneficiarse en las causas que tenía en su contra. Cabe destacar que el evadido y capturado recientemente fue eximido de prisión en una causa por el tráfico de más de 400 kilos de pasta base de cocaína, por el exjuez federal Reynoso.
La detención
Entre la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Bolivia se llevó a cabo por cuarta vez la detención del narco oriundo de Apolinario Saravia, en el operativo se denominó «Luna Rosa», que fue supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
«Estamos muy satisfechos porque, una vez más, la cooperación en el ámbito internacional arroja resultados concretos en materia de lucha contra el narcotráfico. Para combatir a las bandas trasnacionales tenemos que seguir profundizando los lazos con los países de la región, promoviendo el trabajo en equipo con vistas a un objetivo común: llevarles tranquilidad a los ciudadanos», afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.
El prófugo fue detectado, identificado y detenido en la avenida Cristo Redentor y tercer anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Al momento de la captura el narcotraficante iba acompañado por su hijo de 18 años en un vehículo Suzuki Vitara. Cuando fue localizado localizado Farfán poseía documentación apócrifa que lo identificaba como Miguel Ángel Zalasar Yabi, que no pudo acreditar ya que fue refutado por los estudios biométricos obtenidos previamente por los investigadores
A más de un efectivo les llamó la atención el manejo casi desinteresado por las consecuencias o lo que le podría suceder si alguien lo reconocía, el capo narco no disimulaba el hecho de andar en vehículos de alta gama y residía en uno de los barrios más lujosos del vecino país, en una ostentosa vivienda. En el momento de ser detectado transitaba a bordo de su 4×4 con total impunidad. Estaba prófugo después de ser beneficiado en más de una oportunidad por exjueces federales salteños. La Justicia argentina ofrecía una recompensa de 500.000 pesos para quien pudiera aportar datos concretos para su captura.
Tras varias semanas de negociación, el Gobierno logró hoy un acuerdo con los distintos órganos judiciales para avanzar en la reglamentación de la ley que obliga a pagar impuesto a las ganancias a los jueces nombrados a partir de 2017.
Luego de que la Corte Suprema revocara a finales de noviembre una medida cautelar que impedía la aplicación del tributo a jueces, fiscales e integrantes del Poder Judicial asumidos después del 1º de enero del año pasado, el ministro de Justicia, Germán Garavano, debió iniciar una serie de reuniones y tratativas para que aceptaran la propuesta oficial.
El acuerdo fue rubricado por el Gobierno junto a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General y la Asociación de Magistrados.
De esta manera, el impuesto a las ganancias tomará como base imponible la diferencia entre el salario percibido a partir de su ascenso como juez o ingreso al Poder Judicial después de 2017 y el sueldo del puesto anterior.
La aplicación gradual de esta fórmula se extenderá por alrededor de cinco años.
Según estimaciones oficiales, más de 100 nuevos magistrados comenzarán a tributar ese impuesto con la aplicación de la ley impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada por el Congreso.
«Se ha dado un paso histórico, mediante el dialogo, en un acuerdo que logra el pago del impuesto a las ganancias de los nuevos jueces, fiscales y defensores, y el cumplimiento de la ley», sostuvo Garavano en declaraciones publicadas en La Nación.
El 27 de noviembre pasado el máximo tribunal había revocado una medida cautelar otorgada a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que impedía la plena vigencia la ley 27.346, sancionada en 2016 y que establece que los nuevos funcionarios judiciales ingresados a partir del 1º de enero de 2017 deben tributar, en tanto que los anteriores a esa fecha seguirán excluidos.
Sin embargo, el Gobierno intentará acercar posiciones con el PJ en el Congreso para sancionar una norma que haga que todos los integrantes del Poder Judiciales paguen ese impuesto.
Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli
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