Durante la jornada de hoy, a raíz de una denuncia penal radicada en la Comisaría de Fiambalá, en la que una mujer mayor de edad, manifestó que personas desconocidas habrían ingresado a su vivienda y le sustrajeron elementos de bazar y mantelería, luego de una minuciosa investigación, los efectivos llegaron hasta el barrio Pueblo Nuevo, de la localidad de Medanitos, Departamento Tinogasta, donde procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Olmos (20) y a la demora de un adolescente de 17 años de edad, quienes serían los presuntos autores del ilícito.
Finalmente, los uniformados recuperaron los elementos sustraídos, que quedaron en calidad de secuestro, y ambas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.
La rama judicial de la Asociación Trabajadores del Estado anunció un paro por tiempo indeterminado para este jueves y viernes pero en la previa, se movilizaron este miércoles.
La medida justamente guarda relación con el plan de lucha, comunicado previamente a la Corte de Justicia, marcando que lo que se concreta durante esta jornada es parte del quite de colaboración y movilización que se llevó a cabo desde las 10 y hasta las 12 hs.
En tanto, mañana, jueves, se anuncia que el paro será por tiempo indeterminado hasta obtener la respuesta favorable al pedido detallado en el documento que presentaron al máximo tribunal el 5 de febrero pasado. De esta manera los empleados del Poder Judicial endurecen su postura en pos de lograr el incremento salarial, marcando que el 14% dado por el Ejecutivo no es suficiente.
Durante la protesta, el discurso de los representantes gremiales giró contra el Ejecutivo provincial, puntualmente con el Gobernador Raúl Jalil. «Hemos pedido el aumento pero desde la Corte nos indicaron que no tienen los fondos para dar un incremento salarial, ni siquiera para dar el 14% que había anunciado el Ejecutivo ya que el Gobernador decidió no mandar la partida presupuestaria. El señor gobernador es el que nos obliga a hacer paro y si no tenemos el aumento que estamos solicitando la familia judicial va a realizar paros conjuntos», marcó Cecilia Falcón, referente de la ATE Judicial.
A raíz de denuncias penales radicadas en diferentes Unidades Judiciales, en la que personas manifestaron que habrían sido víctimas de ilícitos, tras una ardua tarea investigativa, en distintos procedimientos, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia materializaron un registro domiciliario ordenado por la Fiscalía de Instrucción en feria, a cargo de la Dra. Valeria Deolinda Reyes, en un inmueble de la manzana «A», del barrio Parque Sur, donde recuperaron dos motocicletas; una Motomel celeste 110 cc., y una Gilera Smash 110 cc., de colores negro y blanco, la cual estaba desarmada.
Continuando con las tareas investigativas, el personal policial interviniente, conjuntamente con sus pares del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte), bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías Nº 4, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de la calle José. V. Figueroa al 400, donde hizo lo propio con una Corven Energy 110 cc., de color rojo, por lo que finalmente todos los rodados fueron incautados y puestos a disposición de la Justicia interviniente.
A raíz de denuncias penales radicadas en los Precintos Judiciales Nº 1 y 7, en la que personas del sexo masculino manifestaron que habrían sido víctimas de ilícitos, tras una ardua tarea investigativa, en distintos procedimientos, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia materializó medidas Judiciales ordenadas por el Juzgado de Control de Garantías Nº 4, a cargo del Dr. Marcelo Hadel Sago, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción en feria, a cargo de la Dra. Yesica Andrea Miranda.
En domicilios ubicados en los barrios Villa Parque Norte y 111 viviendas Norte, los investigadores lograron recuperar tres (03) teléfonos celulares, dos de ellos marca Motorola y el restante Samsung, que fueron denunciados como sustraídos, por lo que quedaron en calidad de secuestro a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.
Conforme a una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial Nº 11, en la que una mujer mayor de edad comentó que habría sido víctima de un hecho delictivo por parte de dos desconocidos que circulaban en una motocicleta, tras una ardua tarea investigativa, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia materializaron allanamientos en viviendas ubicadas en la manzana N° 33, del barrio Eva Perón y en la calle San Cayetano S/N°.
En dichos lugares y, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 4, a cargo del Dr. Marcelo Hadel Sago, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción en feria, el personal interviniente secuestró dos (02) cascos para motos y prendas de vestir, las cuales habrían sido utilizadas al momento de cometer el ilícito, por lo que quedaron en calidad de secuestro, al igual que una motocicleta Yamaha FZ 160 cc., de color rojo, que también estaría vinculada a la causa.
Finalmente, los investigadores procedieron al arresto en averiguación del hecho de una persona del sexo masculino, quien fue alojada en la seccional a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas a seguir.
Numerarios de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 2, a cargo de la Dra. Silvia Más Saadi, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, a cargo de la Dra. Valeria Deolinda Reyes, materializaron tres allanamientos simultáneos; dos de ellos en viviendas ubicadas en las localidades de Collagasta y La Tercena, Departamento Fray Mamerto Esquiú y el restante en un inmueble del barrio La Chacarita de esta Ciudad Capital, como así también un registro en una camioneta Renault Kangoo, de color gris.
Durante las medidas Judiciales, los policías conjuntamente con Sumariantes de los Precintos Judiciales N° 3, 10 y 11, procedieron al secuestro de una (01) motocicleta Honda CG Titán 150 cc., de color rojo, tres (03) cubiertas de diferentes rodados, una (01) freidora, una (01) notebook marca Dell, tres (02) teléfonos celulares, la suma de ciento setenta y ocho mil ciento treinta pesos ($178.130) en efectivo, tres (03) obleas RTO y tres (03) certificados de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) aparentemente apócrifos, documentación ésta última que era distribuida a distintas personas, llevando a cabo una maniobra ilícita.
Al finalizar, los investigadores arrestaron en averiguación del hecho a dos personas del sexo masculino de apellidos Yudi (44), oriundo de la Provincia de Santiago del Estero y Simonazzi (40) quienes quedaron alojadas en dependencias policiales a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.
A raíz de una denuncia penal radicada por una mujer mayor de edad, por el supuesto delito de estafa, con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, con competencia en Delitos Informáticos, a cargo de la Dra. Vanesa Deolinda Reyes, en la jornada de ayer, personal de la División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales, materializó un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Control de Garantías en turno, a cargo de la Dra. Patricia De Marco.
En domicilios de la manzana «U», del barrio San Antonio Sur y en la manzana Nº 1, del barrio Santa Marta, los policías conjuntamente con Sumariantes de la Unidad Judicial N° 9, procedieron al secuestro de dos (02) teléfonos celulares marcas Motorola G31 y Samsung y un (01) posnet marca Verifone, mientras que en un inmueble del barrio 20 viviendas Sur, los numerarios llevaron a cabo un registro domiciliario, donde hicieron lo propio con documentación y talonarios de interés para la causa.
En el lugar, colaboraron sus pares de la División Investigaciones y de la Dirección General Criminalística y finalmente lo incautado fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.
Continuando con las tareas investigativas que dieron inicio en la madrugada de ayer, a raíz de un procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría Departamental Chumbicha en la calle Independencia, entre Belgrano e Hipólito Yrigoyen, de esa localidad del Departamento Capayán, anoche, numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, conjuntamente con sus pares de la Seccional mencionada, con conocimiento e intervención del Juzgado Federal, a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, Secretaría Penal a cargo del Dr. Luis Alberto Baracat, se hicieron presentes en un domicilio ubicado en el barrio San Martin de Chumbicha, y llevaron a cabo una medida Judicial en un automóvil Fiat Uno, de color gris, que fue incautado al igual que envoltorios con sustancias herbácea y tipo polvo, de color blanco, que se tratarían de Marihuana y Cocaína, apta para preparar unas 392 dosis respectivamente, que estaban en el interior de dicho rodado.
Luego, con colaboración de personal del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), los policías materializaron un allanamiento en una finca ubicada en la calle Nº 7, de la localidad de Colonia del Valle, Dpto. Capayán, donde encontraron cuatro (04) panes compactados y envoltorios con una sustancia herbácea, como así también un trozo de papel con una sustancia blanca, que al ser sometidos a la prueba de campo correspondiente, arrojaron como resultado que se trataban de 2,395 Kg. de Marihuana y otras dosis de Cocaína, que también quedaron en calidad de secuestro, al igual que una (01) pistola Bersa Thunder 9 mm., ciento setenta y dos (172) cartuchos de diferentes calibres, dos (02) cargadores de arma de guerra, una (01) escopeta calibre 16 mm., un (01) teléfono celular Motorola, de color gris y un (01) chaleco balístico policial, con la inscripción «Policía de Córdoba» en la parte trasera y un escudo identificatorio con su correspondiente Jerarquía.
Al finalizar las medidas Judiciales, los policías procedieron a la detención de dos personas del sexo masculino de 38 y 50 años de edad, ambas oriundas de la Provincia de Córdoba, quienes fueron puestas a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes presidida por el senador Héctor Fernández avanzó con nuevas entrevistas a postulados para ocupar cargos en el Poder Judicial de Catamarca, conforme a los pliegos enviados por el Ejecutivo Provincial.
Conforme lo establece la Constitución Provincial en relación al acuerdo que debe prestar la Cámara Alta a los pliegos, Senadoras y Senadores, recibieron al Dr. Juan Isauro Rosales y la Dra. Laura Graciela Guzmán.
Cabe destacar que el Dr. Rosales está postulado como Juez de Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos de la Provincia de Catamarca, mientras que a la Dra. Guzmán se la propone para el cargo de Defensora Oficial Penal para Víctimas de Violencia Familiar y de Género de la Primera Circunscripción Judicial.
Luego de tomar conocimiento de varias denuncias penales radicadas en las Unidades Judiciales N° 1, 4, 5, 6 y 8, en la que personas manifestaron haber sido víctimas de diferentes ilícitos, tras una ardua tarea investigativa, en la jornada del pasado domingo y este lunes, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevó a cabo medidas Judiciales en distintos inmuebles de la Capital.
En dichos lugares y bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 5, a cargo del Dr. Hugo Leandro Costilla, los policías procedieron al secuestro de un (01) teléfono celular marca Motorola G30, un (01) equipo de música Panasonic, como así también incautaron una (01) motocicleta Motomel Blitz 110 cc., de color gris, una (01) motocicleta Gilera Smash blanca 110 cc., y un (01) automóvil Renault Sandero, de color blanco, los cuales habrían sido utilizados para perpetrar algunos de los hechos.
Finalmente, los investigadores arrestaron en averiguación del hecho a una mujer de apellido Encinas (26) y a un hombre de apellido Nieva (30) y procedieron a la detención de otro hombre de apellido Veliz (34), quienes quedaron alojados en la dependencia policial a disposición de la Justicia interviniente.
Luego de que el Gobierno ya recibiera dos fallos adversos contra las retenciones a las exportaciones aplicadas entre septiembre y diciembre del 2018, más de una decena de pymes del sector textil, metalúrgico y alimenticio acudirán a tribunales federales para lograr la devolución de dichos pagos, ya que un decreto del Ejecutivo no puede aumentar los derechos.
Fuentes de empresas nucleadas en la Asociación de Industriales Metalúrgicos ( Adimra), en la cámara Copal y entidades textiles plantearon a BAE Negocios que tras conocerse los fallos referidos a dos firmas exportadoras -en Rosario y Comodoro Rivadavia-, habrá un conjunto de demandas judiciales para la ventana comprendida entre el 3 de septiembre y el 4 de diciembre, donde rigió el decreto presidencial.
En diciembre, precisamente con la promulgación del presupuesto 2019 aprobado por el Congreso, se agota el el plazo de reclamo. Aunque no se conocen los montos involucrados, se sabe -según coincidieron desde los sectores- que habrá un número mayor de empresas que atacarán el decreto que subió las retenciones.
El decreto publicado en el Boletín Oficial establece un derecho de exportación del 12% para todas las mercaderías, con un techo de $4 por dólar para las exportaciones primarias y de $3 por dólar para productos elaborados. A comienzos del mes, el Gobierno recibió un inesperado revés judicial que podría complicar su situación recaudatoria y perjudicar sus perspectivas de bajar el déficit fiscal, luego de que la Justicia federal de Rosario declarara inconstitucional el decreto que fijó las retenciones entre septiembre y diciembre del año pasado.
El argumento central de la resolución, que por vía de la repetición podrán solicitar todas las firmas alcanzadas por el decreto, es que el Poder Ejecutivo no puede legislar en materia impositiva. La resolución del Juzgado Federal 1 de Rosario, a cargo de Aurelio Cuello Murúa, consideró que el Ejecutivo incursionó en “exceso de su potestad reglamentaria sin que exista una delegación legislativa válida y en violación de la prohibición constitucional que pesa sobre el Poder Ejecutivo de legislar en materia tributaria”.
De esa manera, entendió que los derechos de exportación creados por el decreto de septiembre de 2018 “padecen de una nulidad absoluta e insanable”. El fallo fue el resultado de una acción de amparo impulsada por el estudio de abogados Casanova, Mattos y Salvatierra contra el decreto que fijó las retenciones a las exportaciones de algunos productos locales.
La Cámara Federal dejó firme el procesamiento a una mujer que, tiempo atrás, fue acusada de «amenazas e incitación al odio y a la violencia», a través de la red social Twitter, hacía el presidente Mauricio Macri y también al juez federal Claudio Bonadio.
La amenaza fue dirigida a Mauricio Macri (izquierda) y Claudio Bonadio (Derecha).
«Macri justifica el asesinato a un ladrón, ya podemos salir a matar tranquilos a Macri, Prat-Gay, Aranguren, Michetti y todo funcionario PRO», escribió primero la imputada identificada por sus iniciales M.N.S. En otro mensaje, publicó: «Si Bonadio prende fuego el kit Qunita, nosotros prendemos fuego a Bonadio. Tomá nota Pato Bullrich, es una amenaza, claro».
El juez Ariel Lijo procesó a la mujer por el delito de «amenazas e incitación al odio y a la violencia». En un primer momento, la imputada negó su vinculación con la cuenta de Twitter @lareinarea. Sin embargo, estaba asociada a su cuenta de Facebook.
Su defensa apeló ante la Cámara Federal diciendo que la decisión era «prematura, improcedente y reposa sobre una errónea calificación legal». Habló también de la criminalización de protesta y se quejó del embargo. Pero con las firmas de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, la Cámara Federal respaldó la decisión y dejó a la mujer al borde de juicio.
«Resulta acertado tanto la apreciación objetiva como el encuadre jurídico efectuado por el Magistrado de la anterior instancia», dice el fallo al que accedió Infobae. Y continúa: «Si bien han resultado infructuosas las medidas intentadas hasta el momento tendientes a que la empresa Twitter Inc. brinde información pertinente a la titularidad de la cuenta @LaReinaRea, existen elementos como para sostener, con el grado de certeza requerido por esta etapa, que los mensajes fueron efectivamente publicados por S.».
Además, el fallo resaltó: «No puede soslayarse que la información personal y la imagen que surge del perfil atribuido a S. no sólo es coincidente con el usuario de la red social Facebook también registrado bajo su nombre, sino que además se corresponde con la imputada».
«Por otro lado, no existen en el sumario indicios que permitan sospechar que terceros hayan utilizado la información personal y fotografías de la imputada para crear cuentas en las redes mencionadas y realizar tales publicaciones», añadieron en el fallo.
La Cámara Federal advirtió que las expresiones «exceden el marco de ‘protesta social’ alegado por la defensa» y señalaron que «constituyen el anuncio de un mal grave, cierto y serio, con idoneidad suficiente como para alarmar o amedrentar».
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