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  • 10 jueces y casi la misma cantidad de fiscales renunciaron al conocer el proyecto del Gobierno para eliminar las jubilaciones de privilegio

    10 jueces y casi la misma cantidad de fiscales renunciaron al conocer el proyecto del Gobierno para eliminar las jubilaciones de privilegio

    El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior. El texto ingresó poco antes de las 20 por la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. La respuesta del mundo judicial no tardó en llegar: hubo un fuerte rechazo al proyecto y se advirtió sobre una escalada de renuncias. Y, según la información a la que accedió Infobae, ya son 10 los jueces que renunciaron desde que salió a la luz la iniciativa oficial.

    Todos ellos presentaron la renuncia entre el martes 18 y este jueves. Ellos son: Miguel Omar Pérez (vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III); Marcelo Gonzalo Díaz Cabral (Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín); Beatriz Bistué De Soler, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal; Silvia Nora Ramond, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 de la Capital Federal; Miguel Angel Caminos, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal; Fernando Adolfo Larrain, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal; María Cristina Bértola, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16; Juan Carlos Dupuis, vocal de la Cámara Nacional en lo Civil Sala E; Carlos Alberto González, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Vocalía N° 20; y Jorge Adolfo López, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30 de la Capital Federal.

    La Asociación de Magistrados y la de Fiscales habían criticado el proyecto del Gobierno para reformar el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y advirtieron que la iniciativa viola fallos ya dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la intangilidad de la remuneración de los jueces. De hecho, también habría renunciado un número similar de fiscales.

    “Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación”, sostuvieron en un comunicado.

    Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial también rechazaron el proyecto legislativo que, según entienden, “atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales»

    Para la Federación el proyecto ha sido elaborado “sin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales y sin la participación de esta institución, única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os que la componen” y “agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85 % de las causas judiciales del país”

    Señalaron que esos sueldos y jubilaciones “no son de privilegio” y “no se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de “la justicia””. En esa línea, consideraron que la iniciativa tiene una “mirada sesgada que desconoce que las magistradas y funcionarias, como el resto de las mujeres, se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales”. “Este proyecto pretende eliminar la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años”, indicaron.

    “Quienes trabajamos todos los días en los tribunales provinciales somos conscientes de la realidad económica del país. La vocación por la función pública se asienta sobre el compromiso de mejorar la vida y el bienestar de las sociedades en las que vivimos, por esa razón estamos siempre dispuestas/os a participar en todas las discusiones orientadas a esos objetivos”, expresaron quienes integran la Federación.

    La Cámara de Diputados intentará apurar el proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo. Estos regímenes especiales atañen a ocho mil personas con haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes. Corresponde, según fuentes oficiales, el 3% del total de los jubilados y un gasto de 25 mil millones de pesos por año.

    “Este proyecto no mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanas/os ni resuelve los problemas que denuncia. Hacemos un llamado público a los tres poderes del Estado a trabajar en la construcción de respuestas adecuadas y basadas en las realidades de todo el país que contribuyan a una salida rápida y definitiva de la grave situación económica que nos afecta a las/os argentinas/os», expresaron desde la Federación.

    Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura
    Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura

    La semana pasada Ricardo Recondo, recientemente nombrado vicepresidente del Consejo de la Magistratura, cuestionó la iniciativa. “Es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata tampoco de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses”, advirtió.

    “La garantía de intangibilidad de los sueldos de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio. Pasa en todo el mundo. El juez no puede hacer nada, tiene un nivel de incompatibilidad que no lo tiene ningún otro funcionario del Estado. No estoy llorando miserias. Los jueces tienen, en este momento, una buena retribución”, explicó Recondo.

    Para el caso del Poder Judicial la iniciativa propone el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años -hoy es de 60 años-: incrementaran del 12 al 19 por ciento el aporte; limitar el ámbito de aplicación personal (por ejemplo, quedarán excluidos los prosecretarios administrativos, medida que podría generar tensión con los sindicatos judiciales). incrementar los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio; y que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años. Hoy los jueces se jubilan con el 82 por ciento móvil.

  • Jubilaciones: 3 millones de jubilados cobrarán 37% menos con la nueva formula Fernandez y el Estado ahorrará $ 5.500 millones por mes

    Jubilaciones: 3 millones de jubilados cobrarán 37% menos con la nueva formula Fernandez y el Estado ahorrará $ 5.500 millones por mes

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    Los 3 millones de jubilados que realizaron aportes previsionales en su etapa laboral activa cobrarán en promedio un 37% menos de lo que les correspondería si se hubiese aplicado la ley de Movilidad para el trimestre marzo-mayo, con extremos como una ganancia del 11,7% para el haber mínimo y una quita del 57,2% para los superiores y una reasignación de recursos que representará para el Estado nacional un ahorro mensual de $5.586,7 millones.

    Los datos surgen de sendos análisis de la consultora Econométrica y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que manifestaron opiniones divergentes en relación con el anuncio de aumentos en las jubilaciones formulado el viernes por el presidente Alberto Fernández, el director de la ANSES, Alejandro Vanoli, y la directora del PAMI, Luana Volnovich.

    Al respecto, el director de Econométrica, Ramiro Castiñeira, sostuvo que las jubilaciones “no dependen del Poder Ejecutivo sino de una ley” y que con los incrementos anunciados “pasamos de la reparación histórica” a “la licuación histórica”.

    “Más allá de que el Congreso haya suspendido la aplicación de la ley, la última palabra la va a tener el juez. Y el juez ya ha dicho que esto es una violación a la propiedad privada”, manifestó el economista a Infobae, además de señalar que, si se excluye a los pasivos beneficiados por leyes especiales, de un universo de 6,6 millones de jubilados hay aproximadamente 3 millones que realizaron aportes y 3,6 millones que accedieron mediante moratorias previsionales.

    Por el contrario, CEPA, si bien presenta un informe en el que reconoce que la modalidad adoptada por el Gobierno implica “una reducción del monto de jubilaciones agregadas de unos $5.500 millones” en relación con el aumento general del 11,56% dispuesto por la ley suspendida, sostuvo que “no se puede hablar de ajuste sobre los jubilados” ya que el incremento promedio de “casi 8%” es similar a la inflación que la entidad proyecta para el trimestre marzo-mayo.

     “Pasamos de la reparación histórica…. volvemos a la licuación histórica”, aseguró Ramiro Castiñeira, luego de sostener que el promedio de las jubilaciones con aportes tendrá una quita del 37% en relación con el aumento que les hubiera correspondido con la aplicación de la ley

    En una previsión de las demandas que podrían realizarse, Castiñeira señaló en su cuenta de twitter que “licuar las jubilaciones arriba de la mínima entre 2002-2006 gatilló una lluvia de juicios contra el Estado”, aunque distinguió entre esa “lluvia” y la “garúa de sentencias y un mero goteo de gasto público para su pago”.

    Los pocos que cobraron lo hicieron 10 años más tarde vía reparación histórica, o quedó de herencia”, lamentó.

    Tomando como referencia el incremento del 11,56% que hubiese correspondido aplicar según la ley de Movilidad suspendida en diciembre, Castiñeira presentó cuatro realidades diferentes de acuerdo con los aumentos anunciados de una suma fija de $1.500 más 2,3%:

     Los jubilados que cobran la mínima tendrán una mejora del 11,7% respecto del aumento que les hubiera correspondido por la ley de Movilidad, pero los que perciban el equivalente a 4 jubilaciones mínimas perderán un 57,2%, según el cálculo de Econométrica

    . Los jubilados con aportes tendrán en promedio un aumento del 7,3%, lo que implica una quita del 37% respecto de la suba del 11,56%.

    . Los pensionados con aportes tendrán un aumento del 9,8%, con un recorte del 15%.

    . Los jubilados con moratoria recibirán un incremento del 12,7%

    . Por último, los pensionados con moratoria una suba del 12,9%

    En el desagregado según el nivel del haber jubilatorio, Castiñeira precisa que aquellos que cobran el haber mínimo tendrán una mejora del 11,7%, ya que el aumento combinado de $1.500 más 2,3% les representa un incremento del 13%.

    A medida que se incrementa el haber jubilatorio, el porcentaje efectivo de aumento disminuye, ya que el componente de suma fija representa una proporción menor.

    Para aquellos que perciban el equivalente a 2 jubilaciones mínimas ($28.136) el ajuste combinado será un equivalente al 7,6%, con una pérdida del 34,2% en relación con lo que hubiesen cobrado con la aplicación de la ley.

    En el caso de los que cobren el equivalente a 3 haberes mínimos, la suba será del 5,9% y la quita del 49,5%, en tanto para los que cuenten con una jubilación equivalente a 4 mínimas el aumento será del 5% y el recorte del 57,2%.

    “Si se quiere un sistema de reparto donde todos tengan una jubilación mínima independientemente del aporte realizado, esa deberá ser una norma explícita, para no estafar más a nadie. Pasamos de la reparación histórica… volvemos a la licuación histórica”, sentenció Castiñeira en su cuenta de twitter.

    Al respecto, planteó en declaraciones a Infobae que “la base del sistema es aportar y cobrar en función de lo aportado, pero de repente te dicen que todo eso es un verso. No se sabe de cuánto va a ser el próximo aumento, vuelve la discrecionalidad”.

    Por el contrario, CEPA puntualizó que “no resulta menor” discutir “cómo se aplica la suma fija y el complemento variable sobre los segmentos de jubilaciones” y en ese sentido destacó que “una mayor mejora, en términos relativos, para los jubilados de menores ingresos favorece aún más al consumo, el principal componente de la actividad económica”.

    Por esa vía, CEPA llega a la paradoja de sostener que “no se puede hablar de ajuste sobre los jubilados”, aunque a la vez admite que “considerando esta estructura de distribución de jubilaciones, el aumento implicaría una reducción del monto de jubilaciones agregadas de unos $5.500 millones”.

    “El incremento de un monto fijo de $1.500 más 2,3% implica un incremento de casi 8% de aumento respecto del monto agregado de jubilaciones previas, es decir, no habría pérdida de poder adquisitivo si se considera una estimación de inflación de 8,04% para el trimestre marzo-mayo de 2020”, sostuvo, para agregar que en el caso de la jubilación mínima el aumento anunciado representa “unos $200 adicionales” sobre lo que se hubiese dispuesto con la ley de Movilidad.

     Para CEPA “no se puede hablar de ajuste” ya que en el 60% de los casos se cobrará más que con la ley de Movilidad

    A diferencia del cálculo de Econométrica, la entidad dirigida por Hernán Lechter aseguró que “el aumento para los primeros tres quintiles (el 60% de los casos) superaría la fórmula de la movilidad anterior, el cuarto quintil quedaría al nivel de la inflación estimada por CEPA y solo el 20% quedaría por debajo de la inflación”.

  • Anses oficializó los aumentos de jubilaciones y pensiones a partir de junio

    Anses oficializó los aumentos de jubilaciones y pensiones a partir de junio

    El Gobierno estableció el haber mínimo jubilatorio vigente a partir de junio en $11.528 y el máximo en $84.459. Los nuevos montos representan un aumento del 10,74%.

    La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 139/2019 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

    El importe de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderán a $5446 y $9222 respectivamente.

    Además de los aumentos mencionados, las bases imponibles mínima y máxima para calcular los aportes y contribuciones quedan establecidas en$4.009 y $130.321.

    Por otra parte, el ente informó el 14 de mayo que las asignaciones familiares para los trabajadores en relación de dependencia pasarán a: $2250 para el grupo familiar con ingresos entre $4009 y $34.876; $1515, para entradas hasta $51.152; $914, hasta $59.057; y $469, hasta $107.658.

    Las escalas para recibir las asignaciones familiares (Fuente: Anses).
    Las escalas para recibir las asignaciones familiares (Fuente: Anses).

    De esta forma, serán 13,2 millones de personas las que recibirán el aumentode 10,74% en sus haberes a partir del 1 de junio. Del total, más de 6,9 millones corresponden a jubilaciones y pensiones; más de 1,5 millón a Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM), y más de 4,8 millones a Asignaciones Familiares.

  • ANSES: jubilaciones y la AUH subirán un 10,74%

    ANSES: jubilaciones y la AUH subirán un 10,74%

    ANSES comunicó este martes que, a partir del próximo 1° de junio, aumentarán las jubilaciones, pensiones y las asignaciones familiares un 10,74 %. La medida beneficiará a más de 13, 2 millones de personas.

    Con este nuevo aumento, la jubilación mínima pasará de $10.410,37 a $11.528,44, mientras que la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), subirá de $8328,29 a $9222,75.

    Según lo publicado, del total, más de 6,9 millones corresponden a jubilaciones y pensiones; más de 1,5 millones a Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM) y más de 4,8 millones a Asignaciones Familiares (AAFF).

    Es importante señalar que esta suba del 10, 74 % se sumarán al aumento por movilidad adelantado del 46% de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo anunciado en marzo pasado

    Asimismo, desde el ente nacional informaron que aumentará la Ayuda Escolar Anual a $1884 por hijo. Este dinero se lo paga el Estado a los trabajadores formales, a quienes cobran la PUAM, la Prestación por Desempleo y la Asignación Universal. Además, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad ascenderá a $7331.

    Actualmente, más de 8,7 millones de niños cubiertos por ANSES.  Con los nuevos aumentos, los nuevos montos y los rangos de ingreso del grupo familiar para las AAFF quedarán conformados de la siguiente manera:

    Otras asignaciones: