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Las tres mujeres propietarias denunciaron un atropello desmedido de la Policía, el municipio y la Justicia santamariana.

La madrugada del martes 29 de octubre se produjo el violento desalojo de dos food trucks ubicado en la Plaza de Las Américas en Santa María. Una importante comitiva de efectivos policiales y empleados municipales con maquinaria vial pesada ejecutaron una orden emitida por el Juzgado de Faltas del municipio santamariano. 

Los tres propietarias de los dos tráileres dieron su versión de lo ocurrido esa madrugada y denunciaron que fueron agredidas durante el procedimiento “nos destruyeron nuestra fuente laboral, nos golpearon como a delincuentes”, comentó una de las mujeres. 

Si bien se identificaron con nombre y apellido, al tratarse de un hecho violento no se brindarán los datos para el resguardo de su integridad. “Esa madrugada ya habíamos concluido nuestra jornada de trabajo y nos fuimos a descansar a nuestras casas. Entonces, recibimos un llamado de que nos iban a desalojar, por lo que acudimos de inmediato”, relataron.
Al llegar al lugar, según las denunciantes, “aparecieron más de 50 policías, de todos lados. Móviles cortaban la calle, máquinas, parecía como un procedimiento para destruir un búnker de drogas, como se ve en la televisión. Nosotras intentamos defender nuestra fuente laboral, una inversión de toda la vida, con lo que damos de comer a nuestros hijos -uno de ellos con discapacidad-, ellos armados con armas largas, escudos, cascos, capuchas, drones y nosotras tres con un megáfono y nuestros celulares, con los que intentamos captar el atropello a nuestros derechos. ¿Nuestro delito? Solo querer trabajar como nos enseñaron nuestros padres”, lamentó entre lágrimas una de las mujeres.

Aquella noche, los efectivos policiales captaron imágenes con un vehículo aéreo no tripulado, las que luego fueron acompañadas con una breve descripción de lo ocurrido que llegó a nuestro medio: “Fueron desalojados los food trucks de Plaza Las Américas por orden del juzgado de faltas, con colaboración de la Policía departamental, en conjunto con personal de la Municipalidad de Santa María. Hubo incidentes graves por parte de los propietarios que se encontraban en el lugar con bidones de combustible, con los cuales intentaron prender fuego al personal policial y municipal, logrando que las llamas alcancen la integridad física de un oficial”.

“Eso es una gran mentira, nosotros no llevamos nada, en nuestro vehículo solo teníamos una biblia, porque somos gente de fe y trabajadora, no delincuentes ni matones. El combustible que teníamos y que prendimos en el piso era un sobrante del grupo electrógeno que utilizamos para generar electricidad, que es con la que hacemos funcionar los food trucks, ya que desde el municipio nos niegan brindarnos el servicio y hostigan a los vecinos que intentan darnos el servicio. Solo pretendíamos que esas máquinas no se acerquen a nuestros tráileres, la inversión de nuestras vidas, el sustento con el que damos de comer a nuestros hijos”, agregó una de las denunciantes. 

“En cambio, ellos nos golpearon, nos esposaron, nos metieron al móvil y nos llevaron a la comisaría sin tener un motivo. Estuvimos una hora en la comisaría y luego nos liberaron porque no había una orden judicial, intentaron armarnos una causa, pero a nosotros nos llevaron al médico para constatar las heridas que nos habían provocado durante las agresiones y el oficial que dice que sufrió heridas nunca fue, entonces ¿de qué lesiones habla?, es todo una mentira, una más de las irregularidades que cometió el municipio para con nosotros”, aseguró. 

“Nunca pudieron habernos desalojado, porque nosotros tenemos dos recursos de amparo presentados ante la Justicia, uno está en Apelaciones y otro en la Corte de Justicia. Ellos no pueden pasar por encima de un juez con una ordenanza, empleando un procedimiento administrativo totalmente irregular, porque no hicieron avisos previos. La orden del Juzgado de Faltas nunca la vimos. Porque nunca la tuvieron, porque no pueden, es un atropello total a nuestro derecho que tenemos como ciudadanos a trabajar y poder tener una vida digna. Nos destruyeron nuestra fuente laboral y nuestra inversión, ahora no sabemos de qué vamos a vivir, estamos desesperadas, incluso ella tiene una nena de 4 años y es madre soltera”, remarcó. 

Cabe destacar que las denunciantes manifestaron que los food trucks actualmente están en poder del municipio en un depósito: “Nos los llevaron cargados con mercadería, los tráileres no podrían ser movidos cargados, nosotros los descargábamos le sacábamos el mobiliario para recién moverlos, seguramente con el transporte. No solo destruyeron la mercadería que ya se pudrió, sino que también los muebles y seguramente la estructura que no soportó que sean removidos con el peso que tienen”.
Es necesario remarcar que ambos tráileres, uno dedicado a la venta de comida rápida y otro a la venta de juguetes, contaban con habilitación comercial, proporcionada por el mismo Municipio de Santa María, que en 2023 dictó una ordenanza que regulaba dicha actividad comercial, excluyendo a ambos comercios del espacio público que se le había asignado, con lo cual comenzó una disputa legal que terminó en la presentación de un recurso de amparo y el posterior desalojo del sitio donde estaban ubicados, según las denunciantes, por intereses netamente políticos.