Las autoridades del colegio Santa María consideraron «ilegítimo e ilegal» el proceso por el cual el Ministerio de Educación le aplicó una sanción a la institución por el caso de homofobia que denunció un alumno y cuatro de sus compañeros.
El miércoles, la cartera educativa emitió una resolución por la cual «deja establecido que el colegio ha incurrido en un acto de discriminación». Además se impuso una multa superior a los 100 mil pesos y se ordena que los directivos y docentes se capaciten en temas de derechos humanos.
«Consideramos que esta resolución ha sido dictada en el marco de un proceso administrativo ilegítimo e ilegal», sostuvieron las autoridades en un comunicado que difundieron el jueves.
También destacaron que se violaron las «garantías constitucionales de defensa en juicio», aunque la sanción no fue el resultado de un proceso judicial sino de una decisión del Ministerio de Educación.
Los padres de Santiago Coraita, de 16 años, denunciaron que el 28 de septiembre las autoridades lo llamaron para pedirle que no usara una pulsera que representa la lucha por los derechos de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans).
De acuerdo a lo que relataron, durante la reunión se indagó en aspectos de la vida privada del alumno, que se sintió intimidado y violentado.
A cuatro compañeros que se expresaron contra la homofobia en las redes sociales para apoyar a Santiago los sancionaron y les informaron que no los inscribirían en el colegio el año que viene.
El argumento de los directivos fue que cometieron una «falta de respeto grave» porque, en una de las imágenes que publicaron se veía una señal de «fuck you» y el símbolo del colegio.
Tras la denuncia, el Ministerio de Educación le pidió al colegio informar a cuántos chicos les habían llamado la atención en los últimos tres años por usar una pulsera o por una falta de respeto a un símbolo.
Desde la institución, según se describió en la resolución 10.202 de Educación, respondieron que no podían ofrecer esa información en el plazo de 48 horas que se estipulaba porque debían revisar los legajos de todos los estudiantes que pasaron por sus aulas.
El ministerio consideró que se estaba tratando de dilatar el proceso porque bastaba con revisar el libro único de firmas que deben tener todas las escuelas y emitió la resolución que aplica la multa y también ordena matricular a los alumnos sancionados si lo desean sus familias.
«Nos impusieron plazos absurdos, imposibles de cumplir, no dando lugar a nuestro pedido de prórroga para reunir la documentación solicitada, violando de esa manera la Ley de Procesos Administrativos», afirmaron desde el Santa María.
Además, dejaron abierta la posibilidad de recurrir a una instancia judicial. «Hemos colaborado en todo lo requerido en este proceso y por ello continuaremos por la vía administrativa y/o judicial que correspondan, evitando aquellas discusiones que no contribuyen al entendimiento, el diálogo y la paz», plantearon.
Agregaron que «tampoco se formalizó un procedimiento investigativo que nos permitiese defendernos y demostrar la inexistencia de discriminación alguna, así como el correcto proceder de la institución».
El caso de Santiago Coraita tuvo repercusión nacional y generó una manifestación en contra de la discriminación en las puertas del colegio el 14 de diciembre.
«Ante todo lo sucedido y expresado hasta el momento desde el colegio Santa María ratificamos nuestras convicciones y valores fundamentales, que son el respeto, la tolerancia y la convivencia, los cuales deben estar siempre presentes en la búsqueda de justicia», sostiene el comunicado.
Ante el Inadi
Desde el colegio Santa María se destacó que ya habían expresado ante el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) su voluntad de aceptar como alumnos el año que viene a los chicos que fueron sancionados tras solidarizarse con Santiago Coraita.
Sin embargo, los padres de los cinco estudiantes involucrados plantearon ante el Inadi el rechazo a la propuesta porque consideraron que la institución no admitió haber actuado mal.
Fuente: El Tribuno
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