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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso contra Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo, por manipular los datos de inflación del INDEC. Además, fue inhabilitado por seis años para ejercer cargos públicos.
El fallo, dictado por los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, alcanzó también a Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor, con la misma pena. La sentencia fue emitida por el Tribunal Oral Federal N° 2 y quedó firme tras el rechazo de todos los recursos presentados por la fiscalía y las defensas.
No irá preso, pero no podrá competir
Al tratarse de una condena en suspenso, Moreno no quedará detenido. Sin embargo, la inhabilitación le impediría presentarse a cargos nacionales si se aprueba la ley de ficha limpia, actualmente en tratamiento legislativo.
Los delitos
El tribunal ratificó que Moreno fue hallado responsable de inducir la manipulación de los índices de inflación entre 2006 y 2007 para ajustarlos a las expectativas del gobierno de Néstor Kirchner. La investigación determinó la adulteración de datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Capital Federal, Gran Buenos Aires y Mendoza durante ese período.
Paglieri, por su parte, fue condenada por abuso de autoridad y destrucción de registros públicos al ordenar cambios metodológicos sin respaldo legal, lo que inutilizó registros estadísticos oficiales.
Un fallo con fuertes fundamentos
Los jueces destacaron que las alteraciones afectaron la transparencia y credibilidad del sistema estadístico nacional. Guillermo Yacobucci señaló que estas conductas “lesionan la legitimidad de las instituciones democráticas” y forman parte de una “matriz de corrupción”.
Por su parte, la fiscalía había insistido en que se condenara también por falsedad ideológica, algo que fue descartado por los jueces, al considerar que los informes de prensa del INDEC no constituyen un “instrumento público” bajo esa figura legal.
La causa quedó concluida tras años de investigación y juicio, marcando un antecedente clave sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la gestión de estadísticas oficiales.
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