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  • OEA aprueba resolución que declara ilegítimo nuevo gobierno de Nicolás Maduro

    OEA aprueba resolución que declara ilegítimo nuevo gobierno de Nicolás Maduro

    Este jueves, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que declara ilegítimo el segundo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela.

    La decisión se tomó en paralelo a la ceremonia en la cual el mandatario juramentó para su segundo período.

    La resolución aprobada por 19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y un ausencia declara “la ilegitimidad del nuevo periodo de Nicolás Maduro que se inició el 10 de enero”.

    La medida “hace un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo”, estipuló la resolución.

    Entre los países que votaron a favor estuvieron Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador, Canadá y Brasil.

    Venezuela, Nicaragua, Bolivia y algunos países del Caribe votaron en contra y entre los países que se abstuvieron estuvo México.

    La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA fue solicitada por las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú.

    Maduro ganó el 20 de mayo unos comicios boicoteados por la oposición. Su país está sumido en una grave crisis política y económica que ha obligado a 2,3 millones de personas a abandonar el país desde 2015, según la ONU.

    La crisis en Venezuela ha provocado escasez de alimentos y medicinas y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación en 2019 alcanzará 10.000.000%.

    La Asamblea General de la OEA está compuesta por las delegaciones de todos los Estados miembros activos, que actualmente son 34 ya que Cuba no participa.

  • Las empresas de transporte público amenazan con parar las unidades si no reciben ayuda del Gobierno hasta el jueves

    Las empresas de transporte público amenazan con parar las unidades si no reciben ayuda del Gobierno hasta el jueves

    Las empresas del transporte urbano de Catamarca, se dirigieron a través de un comunicado a los usuarios del servicio de transporte urbano y suburbano de la provincia, manifestando que el Gobierno de la Provincia se comprometió a una ayuda económica para solventar los costos del combustible, a efectuarse el próximo jueves 10 de enero. Hasta concretarse esa asistencia, reducirán las frecuencias, y en caso de no hacerse efectiva la ayuda en el día convenido, directamente no sacarán las unidades a la calle. El siguiente es el texto completo:

    «La inflación real de los últimos años, los niveles de actualización salarial impuestos y la escala cambiaria sufrida por la economía global, ha producido en el sector del transporte automotor de pasajeros un efecto devastador en la explotación del servicio. La política de actualización tarifaria en la provincia no ha receptado ni acompañado el impacto en tales variables económicas en el precio del servicio. Tras meses de numerosos reclamos por las vías formales pertinentes (escritas y verbales) en demanda de la actualización tarifaria real, y de la determinación de los montos a pagar por subsidios en garantía de la continuidad del servicio, las autoridades gubernamentales se han comprometido a otorgar el día jueves 10 de enero de 2019 un subsidio para afrontar el costo del combustible. dado que la crítica situación descrita torna absolutamente inviable la prestación del servicio de transporte. Las empresas se ven obligadas a reducir la circulación de sus unidades a niveles mínimos esenciales, situación que subsistirá hasta el día jueves próximo, en tanto los fondos provinciales se hagan efectivo hasta esa fecha. En el caso de que los fondos no fueran transferidos a las empresas, estas se verán obligadas a suspender la prestación del servicio público de transporte por imposibilidad material de subsistencia de las mismas hasta la regularización del régimen de asistencia económica mencionado. Las empresas de transporte manifiestan que la medida adoptada no constituye una medida de fuerza o un paro, sino que responde a la imposibilidad de afrontar los costos del combustible para circular. El Congreso de la nación en el que participan los legisladores por Catamarca, sanciona la Ley de Presupuesto Nacional que refleja la quita anunciada de los subsidios y el traspaso a las provincias de la administración y pago de los subsidios al transporte».

    Conocido este comunicado, desde la UTA convocaron a una reunión urgente para estudiar los términos en que fue redactado, considerando que están en etapa de negociación para evitar medidas drásticas que pongan en peligro la fuente laboral de los trabajadores del transporte público.

  • El Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad

    El Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad

    Envuelto en una crisis económica que no da tregua, el Gobierno parece apuntar sus dardos electorales a una agenda a la Bolsonaro: seguridad y mano dura. Luego de dejar trascender durante la semana que crearía un Ejército de reserva conformado por civiles y tras anunciar que buscará avanzar con la compra de 300 de las cuestionadas pistolas eléctricas Taser, ahora Cambiemos dejó saber que piensa enviar un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad.

    Según publicó el diario Clarín, el Poder Ejecutivo enviaría la iniciativa en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias. Se propondría que la edad de imputabilidad baje de los actuales 16 a los 15 años y que la pena de prisión máxima para adolescentes de entre 15 y 18 sea de 15 años.PUBLICIDAD

    El proyecto del nuevo régimen penal juvenil ya había sido anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, e incluso ya había avanzado en acuerdos con sectores de la oposición, como por ejemplo con el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, pero la coyuntura electoral llevó a postergar el debate.

    La iniciativa contemplaría un criterio de escalas por edad: A los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego.  Entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.

    En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos multidisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para acompañar a los niños y evitar que desarrollen una carrera delictiva.

    El jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Martín Casares, confirmó que el Poder Ejecutivo aceptaría un texto más moderado que el que proponía el ala más dura del oficialismo, que sostenía que la edad de imputabilidad debía fijarse en los 14 años de edad, en lugar de los 16 que rige en la legislación vigente. «El proyecto que ya estaba terminado hace varios meses ha ido evolucionando y generando nuevos consensos. El proyecto original proponía un concepto mas duro», reconoció el funcionario en diálogo con el canal TN.

    A través de su cuenta en Twitter, el diputado nacional de la UCR-Cambiemos Luis Petri celebró la decisión del Gobierno de bajar a 15 la edad de imputabilidad. «La edad de imputabilidad debe fijarse desde el momento en que la persona tiene capacidad para comprender la criminalidad del hecho que comete, de lo contrario olvidamos a las victimas y su necesidad de tener Justicia», consideró el mendocino.

    Distinta fue la reacción de parte de la oposición. El jefe de la bancada de diputados nacionales del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, se manifestó por Twitter y calificó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien sindica como principal artífice del proyecto, como «bruta, fascista e ignorante».

    «No sorprende que Patricia Bullrich pretenda construir un discurso y perfil similar al de Jair Bolsonaro. Es bruta, fascista e ignorante. Las principales cualidades ya las posee», despotricó el diputado de Red por Argentina. «Según la UCA y UNICEF, el 51,7% de los menores de 17 años son pobres, el 40, 2% nunca leyeron un libro, el 22% comparte el colchón para dormir y el 17% nunca festejó su cumpleaños. ¿La única respuesta que propone Macri y Bullrich es mandarlos a la cárcel?», completó Grosso.

    Desde la izquierda, el legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano también salió contra la iniciativa del Poder Ejecutivo, que según dijo, busca «reforzar la represión» como respuesta a la «crisis» económica. «Después del nuevo protocolo para el uso de armas de fuego y la compra de pistolas Taser, ahora el gobierno vuelve con la baja de la edad de imputabilidad. Los gobiernos en crisis refuerzan la represión», aseguró el diputado del Frente de Izquierda.

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  • El Gobierno impulsa la creación de una fuerza con 10 mil reservistas

    El Gobierno impulsa la creación de una fuerza con 10 mil reservistas

    El Ministerio de Defensa trabaja en un proyecto de ley para crear una fuerza de 10 mil reservistas, en su mayoría civiles. Recibirán entrenamiento, remuneración y estarán a disposición de las Fuerzas Armadas. Solo podrán actuar en casos de que se produzca un conflicto bélico.

    En el caso de que se sancione la propuesta elaborada por el ministerio a cargo de Oscar Aguad se hará una convocatoria pública para sumar a civiles, que tendrán una capacitación similar a la que recibe un soldado.

    Quienes se incorporen a la fuerza podrán volver a la vida civil una vez terminado el entrenamiento, y solo serán convocados ante potenciales situaciones de conflicto bélico.

    El plan incluye una remuneración para las personas que se sumen a la fuerza, que se les pagará una o dos veces al año, cuando sean convocados para el entrenamiento y la formación. La capacitación duraría entre 15 y 29 días por año, consigna el diario Clarín.

    Este proyecto es impulsado a cinco meses de que el presidente Mauricio Macri implementó modificaciones en las Fuerzas Armadas, en un cambio de paradigma con respecto al kirchnerismo. El Gobierno dispuso el año pasado que los militares podrán asistir en seguridad interior, lo que estaba impedido desde 2006.

    En su anuncio el Presidente defendió los cambios al hablar sobre los «desafíos y amenazas» del siglo XXI, como el narcotráfico y el terrorismo internacional. Esto incluye la participación de los militares «en la custodia y protección de objetivos estratégicos». Con estas modificaciones las Fuerzas Armadas también podrán ser usadas «en forma disuasiva o efectiva» en «agresiones de origen externo».

  • Moyano no perdió el tiempo y comenzó el 2019 a pura crítica contra el Gobierno

    Moyano no perdió el tiempo y comenzó el 2019 a pura crítica contra el Gobierno

    El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, cuestionó hoy la gestión presidencial de Mauricio Macri y consideró que volver a votar a un ‘gobierno que hambreó‘ al país, ‘sería un error muy grande‘.

    ‘Me cuesta creer que este gobierno pueda volver a ganar una elección. Volver a votar a un gobierno que nos hambreó, sería un error muy grande que le costaría mucho a la historia argentina y al futuro de los argentinos‘, manifestó Moyano.

    ‘Es imposible que este hombre (Macri) pueda tener el porcentaje de votos que dicen que tiene. Lo dudo porque hay disconformismo‘, afirmó el líder camionero en declaraciones a Radio 10.

    Moyano señaló que mantuvo conversaciones con trabajadores, empresarios y comerciantes que han votado a Cambiemos, quienes le manifestaron estar ‘completamente defraudados‘ ante la gran cantidad de Pymes cerradas y falta de consumo.

    ‘Hubo trabajadores que también se equivocaron (al votar a Macri) y prometen no cometer el mismo error‘, indicó.

    El dirigente sindical evaluó que las perspectivas económicas ‘son muy difíciles‘ por la vigencia ‘del capitalismo salvaje‘ y consideró que quien así no lo vea será cómplice de una realidad que después ‘seguramente va a lamentar‘.

    ‘Este gobierno quiere llevar adelante políticas para que los que más tienen tengan más y los que menos tienen cada vez estén más condenados al hambre‘, agregó.

    El sindicalista cuestionó también a la actual dirigencia de la CGT porque ‘no ha actuado en consecuencia‘ para rechazar las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional.

    ‘Permiten que el gobierno avance con rapidez en los objetivos de terminar con los derechos de los trabajadores, llevándolos a una situación de hambre y subordinación total‘, señaló.

    ‘Espero que los muchachos reaccionen y tengan en cuenta que este gobierno es anti obrero, anti peronismo, anti todo lo que tenga que ver con darle más dignidad a la gente‘, añadió.

  • Odebrecht denunció al Gobierno por discriminación frente a otras empresas

    Odebrecht denunció al Gobierno por discriminación frente a otras empresas

    La empresa brasileña Odebrecht demandó al Estado argentino por discriminación frente a otras firmas luego de que suspendiera a la compañía en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC). La compañía sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri aplicó un “doble estándar” porque no actuó de la misma manera ante las empresas locales que admitieron pagos ilegales en la Justicia.

    La suspensión preventiva que recayó sobre la firma brasilera salpicada por escándalos de corrupción, que involucró a empresarios y funcionarios de varios países de la región, data del 3 de julio de 2017. Esto le impidió competir en nuevas licitaciones.

    Transcurridos más de 14 meses la constructora pidió su rehabilitación. En su demanda, Odebrecht reclamó que le emitan el certificado de capacidad de contratación y le permitan competir por nuevos proyectos de obra pública, según reveló el diario La Nación.

    Según Odebrecht, mientras continúa suspendida no se ha «generado hasta el momento ningún acto concreto» en la investigación sobre las demás empresas involucradas en la causa por presuntas coimas en obras públicas, que sigue el juez federal Cladio Bonadio. Por eso solicitó a la Justicia que le ordene al RNC que informe cómo actuó ante otras «empresas cuyos funcionarios y/o accionistas han reconocido expresamente ante la Justicia la comisión de delitos o prácticas de corrupción relacionadas con contratos públicos, a fin de evitar arbitrariedades».

    En julio pasado, la empresa pidió una medida cautelar que recayó ante la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra Giménez, y luego radicó una demanda contra el Estado. El Estado le hizo una serie de requerimientos de información sobre todos los procesos judiciales y administrativos que afronta en la Argentina o en el exterior.

    La firma brasileña, en tanto, tomó la requisitoria del Registro como una maniobra para demorar su rehabilitación que evidenciaba «el doble estándar existente en este caso».

    En su momento, el Ministerio del Interior rechazó los reclamos de Odebrecht. Planteó que el reclamo carece de sustento y no explica de «forma precisa y concreta dónde y en qué circunstancia [el Registro] habría aplicado criterios divergentes a una misma situación».

    A su vez, la jueza Marra Giménez consideró que las novedades judiciales provenientes de la causa judicial excedían «el marco del presente proceso», pero la demanda contra el Estado para discutir la suspensión en el Registro de Constructores sigue su curso.

  • Trump desafía a congresistas en sexto día del cierre del gobierno federal de EEUU

    Trump desafía a congresistas en sexto día del cierre del gobierno federal de EEUU

    Los miembros del Congreso regresaron a Washington el jueves, pero había pocas esperanzas de poner fin al cierre parcial del gobierno ante la falta de un acuerdo presupuestario debido a la negativa del presidente Donald Trump de dar el brazo a torcer en su demanda de financiar la construcción del muro en la frontera con México.

    El Senado estaba en sesión después de las vacaciones de Navidad, aunque se esperaba la presencia de pocos legisladores y ninguna negociación formal sobre para destrabar el presupuesto.

    El cierre parcial del gobierno federal entró este jueves en un sexto día.

    Trump, aparentemente sin dormir tras un agotador viaje de ida y vuelta a Irak para su primera visita a las tropas estadounidenses en zona de conflicto desde que llegó al poder, indicó en su cuenta de Twitter que no estaba de humor para comprometerse en discusiones.

    El mandatario exige que la ley de presupuesto asigne 5.000 millones de dólares para financiar el muro fronterizo con el que busca impedir la inmigración ilegal en la frontera con México, una propuesta central de la campaña electoral que lo llevó al poder.

    Los opositores y algunos exponentes del oficialismo republicano acusan al presidente de inflar el problema de la inmigración con fines políticos y dicen que un muro no es la mejor forma de garantizar la seguridad en la frontera, por lo que no apoyan la iniciativa.

    En represalia, Trump se niega a firmar un paquete de gastos más amplio, lo que obliga a sectores del gobierno federal a detener sus actividades por falta de fondos y unos 800.000 empleados federales son licenciados sin goce de sueldo.

    Ninguna de la dos partes ha movido sus piezas en el tablero político y este jueves Trump mantuvo su tono de desafío.

    “¿Se han dado cuenta finalmente los demócratas de que necesitamos desesperadamente seguridad en la frontera y un muro en la frontera sur?”,
     escribió en Twitter, apenas tres horas después de haber llegado del viaje a Irak.

    “Necesitamos evitar que las drogas, el tráfico de personas, los miembros de pandillas y los delincuentes entren a nuestro país”, dijo.

    Nerviosismo económico

    Los cierres parciales del gobierno no son un arma inusual en las negociaciones presupuestarias de Washington, donde las fuertes divisiones entre los dos partidos hacen que la cooperación sea una rareza.

    Pero el rencor se ha disparado bajo la administración de Trump y se espera que aumente aún más a partir de enero, cuando los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes tras su victoria en las elecciones de medio mandato de noviembre.

    El conflicto ha atizado las preocupaciones sobre la perspectiva de la economía de Estados Unidos para 2019, tras el aumento registrado en 2018, con los mercados en un vértigo de montaña rusa.

    Trump ya había adelantado que aprobó un contrato para la construcción de un muro de unos 185 kilómetros de extensión en Texas,
     aunque sin dar detalles.

    Grandes secciones de la frontera de más de 3.200 km con México ya están divididas por cercas u otras barreras.

    Pero los inmigrantes, muchos huyendo de la violencia y de la pobreza en sus países, siguen cruzando ilegalmente.

    Los críticos de Trump dicen que está pisoteando los derechos de asilo legalmente protegidos y argumentan que los recursos deben canalizarse hacia alternativas de alta tecnología en vez de un muro.

    La gestión del flujo ilegal en la frontera se ha complicado ante la afluencia de familias y niños pequeños, cuando hace unos años eran mayoritariamente hombres los que ingresaban clandestinamente.

    Dos niños guatemaltecos murieron en diciembre por enfermedades aún no reveladas estando bajo la custodia de las autoridades estadounidenses y la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, dijo que se requerían “medidas de protección extraordinarias” para manejar el flujo.

    El Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Kevin McAleenan, advirtió el miércoles que la agencia no pudo hacer frente a los miles de migrantes que llegaban, ya que la mayoría de las instalaciones se construyeron hace décadas pensadas para hombres que llegaban solos.

    “Necesitamos la ayuda del Congreso. Necesitamos un presupuesto para la atención médica y la salud mental para los niños alojados en nuestras instalaciones”, dijo a la cadena CBS News.

  • El Gobierno apeló la excarcelación de Boudou en la causa Ciccone

    El Gobierno apeló la excarcelación de Boudou en la causa Ciccone

    La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un recurso de casación contra la excarcelación del exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone, en el que advirtió que la intervención del Tribunal Oral 4 en la resolución constituyó «un acto viciado de nulidad de orden general».

    La UIF recordó que el pedido de excarcelación inicial que hizo Boudou «actualmente se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación» y que el Tribunal Oral ya perdió «la potestad de resolver ese punto en particular, sobre todo considerando que las aristas de ponderación tenidas en cuenta al momento de resolver no han variado».

    «Esta querella considera que la resolución dictada no se encuentra debidamente fundada (…), incurriendo en arbitrariedad manifiesta toda vez que arriba a conclusiones que no resultan de una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa», señaló en la presentación.

    La UIF rechazó el fallo del TOF 4 del pasado 11 de diciembre, en el que los magistrados hicieron lugar la pedido de excarcelación del ex vicepresidente, que recuperó su libertad con una tobillera electrónica y tras el pago de una caución de un millón de pesos.

    «Consideramos que una vez presentado el recurso de casación contra el decisorio que ordenara la prisión preventiva del condenado Boudou se excitó la jurisdicción de la Alzada, perdiendo el Tribunal Oral la potestad de resolver respecto de ese punto en particular, sobre todo considerando que las aristas de ponderación tenidas en cuenta al momento de resolver, no han variado», evaluó la UIF en su presentación.

    El organismo cita varios pasajes de los argumentos esbozados por el juez Guillermo Costabel, el único de los tres integrantes de la sala que votó en contra de liberar a Boudou, ya que Gabriela López Iñíguez y Adriana Pallioti conformaron la mayoría que le otorgó la excarcelación.

    Además, la UIF cuestionó que el TOF 4 no la consultó en su carácter de querellante, pese a que fue la única parte que pidió la «inmediata detención» de Boudou tras la sentencia.

    «Siendo la única parte acusadora que ha argumentado largamente en su alegato final respecto de los motivos por los cuales se consideraba necesaria la imposición de las penas junto con la inmediata detención de los acusados, llamativamente el Tribunal actuante no nos ha concedido las vistas correspondientes a esta incidencia», se quejó el organismo.

    Y recalcó: «No correr esa vista, es decir, impedir escuchar los argumentos de la única parte que solicitó la cautela personal en los condenados afecta, lisa y llanamente, la garantía constitucional del debido proceso».

    Para la UIF, «no existe ninguna modificación de las circunstancias fácticas o personales del condenado que permitan tener por válidamente fundado el razonamiento adoptado en la nueva resolución».

    Boudou había quedado detenido el pasado 7 de agosto luego de que el mismo tribunal, pero con otra composición, lo condenara a cinco años y diez meses de prisión por la compra ilegal de Ciccone Calcográfica.

  • Empresarios de pymes salieron a la calle en protesta de la política económica del Gobierno: «cierran sus puertas 25 empresas cada día»

    Empresarios de pymes salieron a la calle en protesta de la política económica del Gobierno: «cierran sus puertas 25 empresas cada día»

    Empresarios salieron a la calle, el día de hoy, para manifestarse por la crisis económica y las medidas tomadas por el Gobierno. Cientos de dueños y representantes de pymes se concentraron frente al Congreso para exigir “medidas urgentes” que detengan la sangría que hace que alrededor de 25 pymes de todo el país bajen sus persianas cada día. 

    Antes de la devaluación y del inicio de la recesión “la tasa de mortalidad de las pymes era de 10 cada 24 horas”; sin embargo “hoy la cifra ha escalado de manera dramática: cierran sus puertas 25 empresas cada día”, puntualizaron a través de un comunicado conjunto ocho entidades que agrupan a pymes de todo el país y más de 20 cámaras del sector.

    El dato es producto de un relevamiento realizado por federaciones con presencia en distintas provincias, en contraposición con “las estadísticas oficiales, que no terminan de reflejar la magnitud del desastre que nos ocurre”, sostuvo Fernández durante una entrevista con La Mañana, por AM 750.

    Manifestación de los empresarios de pymes, frente al Congreso Nacional, este jueves 06/12/18.

    Por esto, los empresarios que esta mañana se concentraron frente al Congreso y se movilizaron luego hasta el anexo de la Cámara de Diputados presentaron a los legisladores una serie de propuestas para salir de la crisis. “Solicitamos medidas que el Parlamento puede tomar y construir las mayorías necesarias” para sacar al sector de la crisis. Mejores tasas de financiamiento, eliminación de impuestos y “una administración inteligente del comercio exterior” son algunas de esas iniciativas.

    “Pedimos algo más que declaraciones y diagnósticos”, porque los tiempos a futuro de la supuesta recuperación económica que estima el gobierno nacional “no se condicen los tiempos reales para pagar sueldos, cubrir impuestos y pagar alquileres”, añadió Fernández.

    “Se nos dijo que en el Ministerio de la Producción se iba a poner una sala de primeros auxilios para medidas urgentes las pymes, pero llegó el nuevo ministro y lo que han puesto es una sala de velatorios”, criticó Fernández y para demostrarlo enumeró: “Aumentó la cantidad de cierres de pymes, las medidas que se toman no son conducentes y siguen estas tasas de interés que son las más altas del mundo”.

    Además, “la AFIP ha hecho un festival de embargos y planes de pago que son incumplibles y que terminan en cierres de cuentas corrientes y la imposibilidad de acceder a licitaciones oficiales”, cuestionó.

    Fuente: Página 12.

  • El gobierno francés en alerta ante la organización de una nueva protesta de los «chalecos amarillos» este sábado

    El gobierno francés en alerta ante la organización de una nueva protesta de los «chalecos amarillos» este sábado

    El gobierno del presidente francés Emmanuel Macron continua en el intento de apaciguar a los «chalecos amarillos», a causa del miedo a un estallido de violencia en nuevas protestas previstas para el sábado, marcándose un clima de descontento general que se extiende a otros sectores.

    Las convocatorias a manifestar en París el sábado proliferaban en las redes sociales y la mayoría dan cita en los Campos Elíseos, epicentro de las últimas manifestaciones que culminaron en disturbios y enfrentamientos con la policía el fin de semana pasado.

    El primer ministro francés, Édouard Philippe, reiteró el jueves un llamado a los «chalecos amarillos» de todo el país a no congregarse en París para manifestar. El objetivo no es «prohibirles que se expresen», pero «evitar que caigan en la trampa tendida por los alborotadores», dijo ante el Senado.

    Manifestantes, conocidos como los chalecos amarillos, se manifiestan en Marsella, en el sur de Francia, el sábado 1/12/18. (Claude Paris)

    Por su parte, las autoridades anunciaron el despliegue de «recursos excepcionales», además de los 65.000 policías y miembros de las fuerzas del orden que estarán movilizados en todo el país.

    El ministerio del Interior dijo que «constata una verdadera radicalización» de algunos «chalecos amarillos», sin contar que, según la misma fuente, están movilizados miembros de la ultraderecha y la ultraizquierda.

    Un representante de los «chalecos amarillos», Benjamin Cauchy, pidió al presidente Emmanuel Macron reunirse con parte del movimiento para «calmar» la situación, que según él, ha llevado al país «al borde de una guerra civil». «Le pedimos que se reúna con nosotros para negociar sobre el poder adquisitivo, que es lo que sustenta toda esta ira», dijo Cauchy.

    El malestar en varios sectores de la sociedad francesa

    Las protestas de los «chalecos amarillos», que expresan la cólera de los franceses que llegan con las justas a fin de mes, comenzaba a tener un efecto contagio y se expandía en otros sectores, principalmente entre los estudiantes.

    Protestas estudiantiles en París (archivo).

    Alrededor de 200 colegios de secundaria y escuelas, así como algunas universidades, estaban bloqueadas o afectadas en toda Francia el jueves, por cuarto día consecutivo. Los estudiantes protestan contra una reforma del bachillerato y el acceso a las universidades.

    Decenas de personas con máscaras que cubrían sus rostros lanzaron cócteles molotov, incendiaron contenedores de basura y se enfrentaron con la policía en varias ciudades del país.

    Un total de 146 personas fueron detenidas por la mañana tras enfrentamientos frente a un establecimiento de secundaria en los suburbios de París.

    Los bloqueos siguen siendo «minoritarios» pero están a menudo plagados de «mucha violencia», señaló el ministro de Educación Jean-Michel Blanquer.

    Por otra parte, el principal sindicato de agricultores anunció manifestaciones todos los días de la próxima semana y dos sindicatos de camioneros también convocaron una huelga indefinida desde el domingo por la noche.

    Cuatro personas han muerto en relación a las protestas que comenzaron el 17 de noviembre y cientos han resultado heridas.

    Varios museos cerca de los Campos Elíseos y Arco del Triunfo, que sufrió graves daños el sábado pasado, anunciaron que permanecerán cerrados el sábado. Algunas escuelas de la zona han suspendido también las clases ese día.

    Asimismo, el partido de fútbol del París Saint-Germain contra el Montpellier, previsto para el sábado, también ha sido aplazado a petición de la policía de París.

    La figura de Macron mantiene en caída su índice de aprobación desde que llegó al poder en 2017, actualmente ronda el 23% luego de la semana caótica).

    Su gobierno anunció el miércoles por la noche que no aumentarán los impuestos a los combustibles en 2019 – causa detonante de las protestas de los «chalecos amarillos»-.

    Fuente: AFP.

  • Trabajadores Radicales realizaron contundentes críticas a la gestión de Macri y a la posición adoptada por la UCR en la coalición gobernante

    Trabajadores Radicales realizaron contundentes críticas a la gestión de Macri y a la posición adoptada por la UCR en la coalición gobernante

    El viernes y sábado se llevó a cabo en la ciudad de Rosario el encuentro del sindicalismo radical, el brazo oficial que tiene la UCR en el sector del trabajo. La Organización de Trabajadores Radicales (O.T.R.) mantuvo planteos críticos a la realidad general y del trabajo en el país, al gobierno Nacional de Cambiemos junto a los distintos gobiernos provinciales del PJ, y al rol que ha venido teniendo la Unión Cívica Radical en esta etapa.

    La O.T.R. se ha manifestado públicamente en desacuerdo y a la actitud asumida por las distintas autoridades partidarias nacionales, en cuanto a las posiciones que asumió el partido.

    Acto de la O.T.R. Nacional en la ciudad de Rosario (Santa Fe), en conmemoración de los 30 años de la organización. 

    “No estuvimos callados en la década pasada, cuestionamos y combatimos al Kirchnerismo en nuestros ámbitos y en la calle, no podíamos estar callados estos años, y no lo estuvimos”, dijo el secretario General de la O.T.R. Nacional Javier Varetto.

    El gremialista señaló que «era necesario un cambio, pero que lamentablemente el radicalismo ha sido un convidado de piedra de esta etapa, donde se desarrolló un gobierno nacional de Cambiemos-Pro«, agregando que “las decisiones que toma el gobierno parecen ser elaboradas para y por el beneficio de determinados sectores de la sociedad, los sectores concentrados de la economía”.

    Además la OTR reafirmó el rechazo a la Reforma Laboral, «ya que en la forma que está planteada no sirve para generar empleo, solo generaría flexibilización laboral y una vuelta a las recetas de la década del 90».

    “La UCR debe dejar de hacer un seguidismo bobo al gobierno nacional, marcando la crítica que corresponda, con propuestas alternativas de solución y así poder corregir los errores que se producen”, sentenció Varetto. Y confirmó que es necesario “un radicalismo que sea barrera de protección a los sectores vulnerables, los trabajadores y los jubilados” y reclamó que “ este radicalismo del siglo XXI debe volver a levantar las banderas del radicalismo social que enarboló Larralde y su artículo 14 bis, así como cada uno de los gobiernos radicales”.

    Acto

    Las jornadas llevadas a cabo a fines de la semana pasada se debieron en conmemoración por los 30 años de la Organización de Trabajadores Radicales.

    Al término de la reunión, dirigentes chaqueños participes de la mesa nacional -Claudia Mariscal y Diego López- comentaron que “el evento fue un acto de reconocimiento a los militantes que durante el año 1.988. en Huerta Grande, dieron vida a la O.T.R.  y que a la vez son los que dieron la posibilidad que siga durante todos estos 30 años y que también se pueda seguir incorporando a las nuevas generaciones”.

    “Básicamente, nuestra organización lleva como bandera el artículo 14 bis que son los derechos de los trabajadores y de hecho, todos los que militamos en la O.T.R. somos trabajadores, delegados o miembros de los sindicatos, por eso siempre trabajamos o articulamos con los gremios”, explicaron.

    Sobre los ejes y objetivos que se plantea la organización, los referentes de los trabajadores radicales remarcaron que “nuestros objetivos es seguir construyendo y fortaleciendo la O.T.R.”.


  • Massa en Tucumán: “La mayoría de los argentinos necesita otro gobierno”

    Massa en Tucumán: “La mayoría de los argentinos necesita otro gobierno”

    El líder del Frente Renovador compartió un encuentro con el gobernador tucumano, Juan Manzur, en la Casa de Gobierno, junto al cual dialogó sobre los desafíos que enfrenta la política argentina en el marco del difícil momento económico y social que atraviesa el país. “Tenemos que tener la capacidad de dialogar con todos para construir una alternativa mejor para la sociedad”, aseveró Massa.

    Sergio Massa se encuentra en la capital de Tucumán donde fue recibido por el Gobernador Juan Manzur, ocasión en la que resaltaron la importancia de la reunión de la que participaron la semana pasada en Buenos Aires junto a diputados, senadores y gobernadores.

    Sobre Alternativa Federal, Massa señaló que “es un espacio que nace y que pretende ser Gobierno. Queremos construir un equipo, hablar con todos los sectores, discutir ideas y propuestas. Queremos convocar a un gran acuerdo económico y social. Construir una alternativa es construir una nueva mayoría, porque hoy la mayoría de los argentinos necesita otro gobierno”.

    Y añadió que “todos los que nos reunimos coincidimos en que el Gobierno de Macri fracasó y que el camino que hoy transitamos está causando mucho dolor. Los argentinos y argentinas necesitan que se discutan y resuelvan los problemas del presente, por eso hace un par de semanas lanzamos “Agenda Argentina”.

    El líder del Frente Renovador, quien estuvo acompañado por los diputados Marco Lavagna y Diego Bossio, explicó el objetivo “Agenda Argentina”, iniciativa presentada hace dos semanas en Entre Ríos: “Es un espacio de debate para intercambiar experiencias y aprender de expertos, encontrar consensos y plantear soluciones. El primer encuentro lo hicimos en Paraná centrado en seguridad, una preocupación que está en la base de cualquier contrato social”. Al respecto, agregó que “estamos trabajando en propuestas concretas para mejorar la seguridad de los argentinos y argentinas, como hicimos en Tigre”.

    Tras su encuentro con Manzur, Massa declaró que “no es momento de nombres, sino de propuestas y soluciones. Alternativa Federal es un espacio que nace y busca construir una nueva mayoría, amplia y generosa. Tenemos que tener la capacidad de dialogar con todos para construir una alternativa mejor para la sociedad, este es un espacio que mira y construye la Argentina del futuro. Tenemos que dejar de hablar de cada uno y animarnos a construir un proyecto de país y desarrollo”.

    Consultado sobre su participación ayer en el Foro de economistas argentinos, Massa indicó que “reunimos a un grupo de economistas de distintas procedencias, variadas tradiciones de pensamiento y con diferentes trayectorias para pensar los desafíos económicos que tiene nuestro país. Este foro que llamamos E20 no se trata de una contracumbre, sino de un encuentro para aportar soluciones. Antes de atender los grandes desafíos globales, tenemos que concentrarnos en los desafíos más próximos. No se puede pensar el futuro si antes no se resuelve el presente, que es preocupante, angustioso, insoportable”.

    Estuvieron presentes Carolina Vargas Aignasse (Secretaria de gobierno), Regino Amado (Ministro de gobierno), Silvia Perez (Secretaria de Gobierno), Daniel Leiva (Fiscal de Gobierno), entre otros.

    La agenda de Sergio Massa en Tucumán continuará con una recorrida por un Centro de Innovación Tecnológica, una visita a un establecimiento dedicado a la fabricación de balas para caza y tiro deportivo, y un almuerzo junto a empresarios locales.