Etiqueta: gobierno argentino

  • La Casa Rosada conmemoró el Viernes Santo con un mensaje de reflexión para todos los argentinos

    La Casa Rosada conmemoró el Viernes Santo con un mensaje de reflexión para todos los argentinos

    #ViernesSanto #SemanaSanta #CasaRosada

    En el marco de la Semana Santa, la Casa Rosada emitió un mensaje institucional a través de sus redes sociales para conmemorar el Viernes Santo, considerado el día más solemne dentro del calendario litúrgico cristiano. La publicación estuvo dirigida a todos los argentinos e hizo un llamado a la reflexión y la penitencia.

    “El Viernes Santo es el día más solemne de la Semana Santa, donde se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret, una jornada para la reflexión y penitencia entre los argentinos”, expresó el comunicado difundido desde la cuenta oficial de X (ex Twitter) de la Presidencia.

    A través del mensaje, el Gobierno manifestó su acompañamiento en espíritu a los distintos Vía Crucis que se desarrollaron a lo largo y ancho del país, en una jornada marcada por el recogimiento religioso y el respeto.

    La publicación estuvo acompañada de una imagen que muestra una vidriera religiosa con la figura de Cristo crucificado y la inscripción “Viernes Santo”. Además, se destacó una cita bíblica del Evangelio de Marcos 10:45:
    “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.”

    Esta expresión simbólica busca resaltar el significado espiritual del Viernes Santo y recordar los valores de entrega y sacrificio que representa esta fecha para millones de creyentes.

  • Polémico tuit de Nik genera intensas reacciones contra el gobierno anterior

    Polémico tuit de Nik genera intensas reacciones contra el gobierno anterior

    El popular caricaturista y creador de «Gaturro», Nik, cuyo nombre real es Cristian Dzwonik, ha desatado una tormenta en redes sociales con un tuit incendiario dirigido contra el gobierno anterior, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En su mensaje, Nik expresó una fuerte crítica, diciendo: «Te encerraron 1 año en tu casa mientras tus viejos se morían. Se vacunaron entre ellos. Te fundieron el país. Hicieron mierda todo, mientras el cínico psicópata golpeaba a su mujer y filmaba videos con trolas en Olivos. No te olvides nunca: fue Cristina, fue Alberto, fue Massa, y todos estos pseudo progres falsos, cínicos, pusilánimes, seres de 💩, de doble vara y falsa moral que ayudaron POR GUITA a construir el PEOR GOBIERNO DE LA HISTORIA. La Argentina NO OLVIDARÁ. Ni olvido ni perdón.»

    Este tuit, cargado de acusaciones y expresiones fuertes, ha generado una oleada de reacciones en Twitter y otras plataformas, con usuarios polarizados entre quienes apoyan su crítica y quienes lo acusan de incitar al odio y de usar un lenguaje inapropiado para una figura pública.

    Las menciones a la gestión de la pandemia, la administración de las vacunas, y los incidentes en la Quinta de Olivos han reavivado las discusiones sobre las políticas y decisiones del gobierno anterior, así como sobre la ética y moral de los líderes mencionados.

    Mientras algunos sectores respaldan el derecho de Nik a expresar su indignación y comparten su frustración, otros lo critican por el tono violento de su mensaje y por personalizar las críticas de una manera que consideran excesiva y divisiva.

    Hasta el momento, ni Alberto Fernández, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Sergio Massa han respondido públicamente a las afirmaciones de Nik, pero el tuit sigue generando debates intensos en el ámbito político y en la sociedad argentina.

  • Bruglia y Bertuzzi denunciaron al Gobierno argentino ante la CIDH

    Bruglia y Bertuzzi denunciaron al Gobierno argentino ante la CIDH

    Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi presentaron una denuncia ante la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno argentino por el trámite que se inició en el Consejo de la Magistratura y que provocó que fueran removidos como integrantes de la Cámara Federal, a donde habían llegado trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri, según la presentación a la que accedió Infobae.

    En el mismo trámite, le solicitaron al organismo internacional una medida cautelar que frene la tramitación del concurso abierto en el Consejo de la Magistratura para designar a nuevos jueces en esos puestos. Puntualmente reclamaron que hasta que la CIDH no se pronuncie sobre los cargos en los que fueron destituidos se suspenda la tramitación del concurso que tiene fecha para el próximo 26 de febrero.

    Hemos sido removidos por la política de nuestros cargos de Jueces de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, vitales para quienes manejan actualmente el sistema del poder, por motivos que en forma individual o combinada generaron un esquema ficcional del que se valieron las actuales autoridades del Gobierno Argentino para desalojarnos en forma expedita de los cargos que detentábamos. Fueron actos en apariencia lícitos con un vicio originario de ilegalidad (centrado en el Consejo de la Magistratura de la Nación), montados desde la estructura máxima del poder del Gobierno y perfectamente coordinados. Mediante esta ilícita acción, violaron las garantías de inamovilidad y estabilidad de la que gozábamos. Los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del poder judicial”, aseguraron.

    Bruglia y Bertuzzi quedaron en el ojo de la tormenta cuando en julio pasado el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Gustavo Ustarroz pidió la revisión de una decena de trasladados que consideraba irregulares. Allí figuraban los nombres de los dos jueces que habían integrado el Tribunal Oral Federal 4 y que, en la gestión macrista, habían sido trasladados por el entonces consejo de la Magistratura a la Sala 1 de la Cámara Federal, un tribunal clave a la hora de decidir el futuro de las causas que se investigan en Comodoro Py.

    El caso parecía terminado con el fallo de la Corte Suprema que, vía per saltum, decidió terminar con el sistema de traslados: Bruglia, Bertuzzi pero también el resto de los jueces trasladados debían ganar un concurso y conseguir el acuerdo del Senado si querían ser titulares de un tribunal, dijo la Corte. Por eso, indicó que debía abrirse un concurso para los cargos de la Sala I de la Cámara Federal, e impidió de esta manera que se pudieran sumar sus vacantes a un concurso ya abierto por el Gobierno.El presidente Alberto Fernandez, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto de La Plata el viernes pasadoEl presidente Alberto Fernandez, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto de La Plata el viernes pasado

    El fallo de la Corte enojó al oficialismo. Incluso, el presidente Alberto Fernández ha venido criticando a la Corte Suprema después de otro fallo que confirmó la condena al ex vicepresidente Amado Boudou. Y allí cuestiona cuál era la trascendencia para que la Corte interviniera en el caso del traslado de “tres ignotos jueces” (el tercero es Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal 7 que lleva la causa de los cuadernos y que también llegó allí por un traslado) y no en el de un ex vicepresidente, condenado por un caso de corrupción.

    Pero ahora, Bruglia y Bertuzzi fueron a la CIDH. A lo largo de 116 páginas, los jueces hicieron una descripción de cómo se gestó la decisión en el Consejo de la Magistratura (”Quien inició el trámite fue el representante del Presidente de la Nación, clara demostración del interés oficial en la remoción”, dijeron), la remisión de sus traslados al Senado (”Lo que ilegalmente se decidió, también con la colaboración del juez converso, fue que debían pasar nuestros pliegos por el Senado, con amplísima mayoría de senadores oficialistas, para que dieran su consentimiento. Algo impensado”), el trámite en la Cámara Alta (”El siguiente paso del proceso fue en el Honorable Senado, como el anterior, revestía requisitos formales de tiempo que se ejecutaron como si un castigo demoníaco fuera a caer sobre quien perdiera o demorara un día en el trámite. Y así no fue, todo se realizó en tiempo récord, muchas veces con exclusividad”), y el decreto que los removió ( “Trámite final en el Poder Ejecutivo, que firmó el decreto de remoción en horas y como ya se había cerrado la posibilidad de publicarlo el día siguiente en el boletín oficial, debió implementar un suplemento especial que ordenó imprimir el mismo día del original”)

    Es difícil pensar que el Presidente de la República Argentina no se encontraba especialmente inquieto o constreñido para desalojarnos de los despachos. Todo este primer segmento, en plena cuarentena oficial por la pandemia, momento de mayor rigor, con las actividades suspendidas salvo las esenciales, duró unas diez semanas. Plan completo”, sostuvieron.

    Según la presentación, “La segunda etapa fue la judicial, en un primer momento en el fuero Contencioso Administrativo Federal, fuertemente ligado a los intereses más primordiales de cualquier partido gobernante, vital e indescifrable, complejo para el entendimiento general, simple para el conocedor avezado”.

    Y luego “llegamos a la Corte, la Suprema de Justicia de la Nación, diremos que con muchas expectativas ya que dos años atrás ya había resuelto lo que debía ser objeto de pronunciamiento aquí, imposible otra solución que no sea contradictoria e inexplicable. Así fue que dijimos que la Justicia iba a ser superior a la política. Un viejo anhelo que creíamos íbamos a ver realizado en causa propia. Vienen a la memoria algunas caras – ante esas frases- que con mirada irónica, casi burlona, y una sonrisa de compasión, nos gesticulaban diciendo algo así como ‘es la política’….”. Los jueces recordaron que “dos o tres semanas antes del fallo definitivo se publicó, un domingo, en un diario de mucha difusión, que la Suprema Corte dictaría un fallo acomodado a tratar de complacer -parcialmente- a las partes con una tercera posición salomónica, ordenando nuestra restitución a los cargos que ocupábamos, pero en forma transitoria, hasta que se nombrara a los titulares”.

    “Nos pareció increíble, jurídicamente imposible, por todas las razones que en el presente desarrollaremos, y descartamos esa posibilidad porque era, como pocos casos en el derecho, una situación ya específicamente resuelta por esta misma Corte y que no admitía variables. Pasaban los días y la versión se iba extendiendo, facilitada por algún experto en comunicación de la Corte, que hasta buscó la forma que nos llegara la noticia como un cierto éxito para nosotros. Incluso se repartieron volantes entre el periodismo tratando de realizar una suerte de apología en tanto se establecería un freno al poder del Gobierno. El fallo es de una originalidad asombrosa, desconcertante. Debemos volver al principio, a lo que era la materia a decidir por la Justicia, donde se va a entender el razonamiento que queremos defender y lo sesgado de lo finalmente decidido”, afirmaron.

    Allí añadieron: “¿Por qué causa sorpresa el fallo de la Corte? Debido a que resuelve sobre temas no planteados y no decide sobre lo que debía hacerlo. Precisamente la conmoción, la sorpresa, es lo que indica temperatura alta en el indicador de la congruencia”.Los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (cij)Los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (cij)

    En ese sentido, la presentación afirmó: “la resolución que el Consejo de la Magistratura votó y aprobó dio inicio al centralizado plan de destitución, perfectamente coordinado y con los roles divididos, ejecutado desde la estructura misma del Gobierno, que culminó con una destitución política de naturaleza ilícita”.

    Para Bruglia y Bertuzzi, “está muy claro que el Consejo de la Magistratura nunca puso en duda el carácter permanente del instituto del traslado, no podría haberlo hecho ya que a nadie sensato se le podía ocurrir que setenta años de historia no eran suficientes, todo el Poder Judicial de la Nación sabía que los traslados eran definitivos, ni un solo juez pudo pensar ni se le ocurrió lo contrario. A nadie. Hacía veinte años que el Consejo de la Magistratura estaba haciendo traslados. Y apenas se producía concursaba las vacantes que dejaban los jueces trasladados. Todos los presidentes de las últimas siete décadas lo hicieron. Todos sabíamos que eran permanentes y habían pasado muchos casos por la Corte, que tampoco había controvertido o cuestionado ese carácter”. Y resaltaron: “nadie, ni siquiera los vociferantes y pletóricos de inquina empleados letrados que constantemente nos agraviaban por determinados circuitos de comunicación, nunca llegaron siquiera a pensar que el traslado podía tener el carácter de transitorio”.

    Afirmaron así que “esta confusión de la Corte marca un drástico vicio en la estructura misma de la resolución al pronunciarse sobre un hecho que no fue materia de conflicto ni de ejercicio del derecho de defensa” y sin pronunciarse sobre “la única cuestión que sometimos a su conocimiento: la nulidad de la resolución del Consejo de la Magistratura por afectar seriamente la seguridad jurídica”.

    Y por ello piden a la CIDH su intervención frente al concurso abierto para ocupar con titulares los dos cargos que están ocupando en la Sala I. A criterio de los jueces, todo este escenario “contribuye a alimentar el clima de inestabilidad institucional al afectar inexorablemente la prestación del servicio de justicia, frente a la lentitud que se observa en el trámite de los concursos en general”. Con el añadido de que la posibilidad de llevar a cabo en esos casos las designaciones ‘definitivas’ recaerá en el actual gobierno, lo cual supone un cúmulo extra de vacantes que le permitirá excepcionalmente nombrar en a los candidatos que habrán de ocuparlos de aquí en adelante”, se agregó.

  • La ONU pide al Gobierno Argentino no expulsar del país a migrantes con antecedentes penales

    La ONU pide al Gobierno Argentino no expulsar del país a migrantes con antecedentes penales

    La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó este viernes al Gobierno argentino a que derogue el decreto por el cual el Estado expulsa a migrantes con antecedentes penales. Y aconsejó que, mientras se lleva a cabo ese proceso, se suspenda su aplicación.

    Lo hizo a través del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que días atrás analizó en Suiza la situación particular de Argentina.

    Fue allí donde el director nacional de Migraciones, Horacio García, hizo pública la dispensa para que regrese al país Vanessa Gómez Cueva, una enfermera nacida en Perú que había sido expulsada del país y separada de sus hijos argentinos en febrero de este año, tras haber cumplido una condena de cuatro años de prisión por un delito relacionado a la ley de drogas.

    «El Comité expresa su profunda preocupación por la promulgación y aplicación del Decreto Nº 70/2017, a pesar de que fue declarado inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativo en marzo de 2018″, dice el documento del organismo, que señala que esa norma es contraria a los mandatos de la Convención Internacional, ratificada por el Estado argentino en 2007. De hecho, la nulidad del DNU está bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    El Comité de la ONU está integrado por 14 especialistas de todas las regiones del planeta. Estas recomendaciones al Estado nacional son parte de sus observaciones finales sobre la situación de los derechos de las personas migrantes en la Argentina, tratadas junto a García y organismos sociales en Ginebra, Suiza, a principios de septiembre.

    La sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza (Reuters)
    La sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza (Reuters)

    Naciones Unidas también exigió al Estado argentino que revise todos los casos de expulsiones que se hayan realizado desde la sanción del decreto y los que aún están pendientes de resolución.

    Durante el diálogo con el Estado, María Landázuri, integrante del Comité y relatora para la Argentina, reclamó que se revise la situación de por lo menos 125 casos de expulsión, informados por la Defensoría General de la Nación. Y fue concreta con el caso de Liz Moreta, que contó Infobae semanas atrás.

    La resolución de la ONU se dio una semana después de que el senador nacional Miguel Ángel Pichetto se refiriera a la situación de Gómez Cueva y en contra de la decisión del propio Gobierno de permitirle regresar de modo excepcional. «Hay una patología en Argentina, una delincuente peruana narcotraficante que fue condenada a cuatro años, cumplió la condena y la expulsaron. Vendía droga, desintegraba familias y ahora como somos humanitarios, buenísimos, vamos a permitirle que vuelva para que se encuentre con los hijos mayores acá, extraordinario«, había dicho el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio.

    El Comité de la ONU recomendó además que el Estado «adopte las medidas necesarias para que, en todos los procedimientos administrativos y judiciales, se garantice el respeto de las garantías procesales a las personas migrantes en pie de igualdad con los nacionales del Estado»; y pidió que «considere alternativas a la ‘retención’ que actualmente se aplica a los migrantes».

    También apuntó al tratamiento que el Gobierno dio sobre casos como el de Vanessa, donde al expulsarla a su país de origen separaron a la madre de sus hijos nacidos en Argentina. Y reclamó que «vele por que los niños migrantes y los niños argentinos no sean separados de sus padres o de sus cuidadores primarios, así como no sean vulnerados sus derechos por una decisión administrativa sobre la situación migratoria de sus familiares».

    También como en los casos de Gómez Cueva y Moreta, exigió al Estado que «motive a la rehabilitación de las personas migrantes que han cumplido sus
    condenas por cometimientos de delitos, para que puedan reintegrarse a su familia cuando sus hijos están radicados en Argentina».

    Asimismo, el Comité solicitó que el Estado busque alternativas a la detención para fines de expulsión y remarcó que esta debe ser usada como medida de último recurso.

    Liz Moreta tiene tres hijos argentinos, pero el Gobierno quiere echarla del país
    Liz Moreta tiene tres hijos argentinos, pero el Gobierno quiere echarla del país

    El informe manifestó su profunda preocupación por los aspectos discriminatorios y regresivos en materia de derechos del DNU 70/2017, en particular, en lo que respecta a las garantías del debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a la igualdad de trato y la libertad de circulación. Así, expresa su seria preocupación por que «el decreto haya creado un procedimiento sumario ‘acelerado’, aplicable a las personas que son objeto de una orden de expulsión, que provoca indefensión, y da un carácter únicamente administrativo a las decisiones de permanencia o expulsión que afectan la vida y los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias».

    «Las observaciones que hizo el Comité de trabajadores Migratorios de la ONU son claras: pide derogar el DNU que modificó la Ley Nacional de Migraciones, suspender su aplicación y revisar las expulsiones dictadas y ejecutadas en su marco. Además, consideró que su contenido es contrario a lo que establece la convención de la ONU que nuestro país ratificó en el 2007. Necesitamos que el Estado implemente estas medidas y dé marcha atrás con las políticas migratorias violatorias de derechos«, consideró a Infobae Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que expusieron sobre la situación de migrantes en Argentina durante el encuentro en Suiza.

    «El Comité fue muy claro en marcar cuáles son los apectos que el Gobierno incumple obligaciones internacionales en materia de derechos de migrantes. Es una oportunidad para el Estado para cubrir con estas obligaciones. Uno de los puntos de recomendaciones es que se incluyan organizaciones civiles en el seguimiento de estas recomendaciones. Desde Amnistía Internacional estamos disponibles y atentos para colaborar en ese espacio y la garantía de estos derechos que el Estado incumple», comentó a este medio Mariana Marques, directora de Política y Justicia Internacional de esta ONG en Argentina.

    La ONU además hizo pública su preocupación por las situaciones de violencia y acoso por parte de la policía, de las que son víctimas vendedores ambulantes de Senegal y Haití y el colectivo LGBTIQ. También señaló que los trabajadores informales tienen dificultades para acceder a opciones para su regularización migratoria, lo que los expone a situaciones de abuso por parte de las autoridades. Instó al Estado, en ese sentido, a reconocer el trabajo autónomo como un criterio para acceder a la residencia.

    El Comité advirtió al Estado, también, por los discursos de las autoridades y medios de comunicación que asocian a las personas migrantes con la delincuencia y la inseguridad. Pidió al Estado que adopte medidas para eliminar los estereotipos discriminatorios sobre las y los migrantes.
    Las observaciones finales del Comité obligan a las agencias del Estado, en sus distintos niveles, incluido el Poder Judicial, a retomar y profundizar una política migratoria basada en los derechos de las personas migrantes, en lugar de la política inaugurada por el DNU que las criminaliza.

  • La decisión de la Corte Suprema de EEUU por YPF le abrió al gobierno argentino una «ventana de oportunidad»

    La decisión de la Corte Suprema de EEUU por YPF le abrió al gobierno argentino una «ventana de oportunidad»

    «En términos futbolísticos, es como si la Argentina enfrentará todavía un partido cuesta arriba, con nueve jugadores, pero con un tiro libre a favor«. La metáfora deportiva que eligió en off un experto en litigios internacionales ilustra la «ventana de oportunidad» que la Corte Suprema de Estados Unidos le dio hoy al país en el caso de la demanda por la expropiación de YPF, que podría costarle al Estado nacional hasta USD 3.000 millones.

    Esto es, la decisión del máximo tribunal norteamericano de pedir la opinión del solicitor general (procurador) antes de fallar sobre la jurisdicción que corresponde es una buena noticia para la Argentina luego de dos reveses judiciales en cortes inferiores.

     A diferencia de la Argentina, en Estados Unidos el solicitor general es un brazo del Poder Ejecutivo, de modo que si por razones de política exterior el gobierno norteamericano opina que es conveniente apoyar el planteo argentino, el procurador va a argumentar en ese sentido ante la Corte (Garro)

    «El gobierno argentino gana tiempo y, sobre todo, tiene ahora la chance de operar para que se abra la discusión sobre la jurisdicción» del abanico de opciones, este no es el fallo que más esperaba la Casa Rosada, porque no se decidió el traslado de la causa a la Justicia argentina, pero es una puerta que se abrió y que según interpretan los especialistas le da espacio en ese debate a consideraciones políticas, ligadas a la relación bilateral de ambos países.

    «A diferencia de la Argentina, en Estados Unidos el solicitor general es un brazo del Poder Ejecutivo, de modo que si por razones de política exterior el gobierno norteamericano opina que es conveniente apoyar el planteo argentino, el procurador va a argumentar en ese sentido ante la Corte Suprema», señaló Alejandro Garro, profesor de derecho internacional en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Igualmente, esa argumentación debe ser jurídica, aclaró.

    Jueza Loretta Preska
    Jueza Loretta Preska

    La administración de Mauricio Macri pretende que el caso, iniciado por el fondo Burford Capital, especializado en este tipo de litigios internacionales, continúe en la justicia argentina y no en los tribunales de Nueva York. Y si bien la opinión que el máximo tribunal estadounidense solicitó hoy al gobierno de Donald Trump no es vinculante, sin duda va a ser tomada muy en cuenta. En este sentido, según Garro también la composición actual de la Corte Suprema norteamericana, con una mayoría conservadora cercana a los intereses de la Casa Blanca, podría favorecer al país.

    «La posición argentina es defendible», opinó en off the record otro experto legal de Washington con larga trayectoria en demandas internacionales. «El problema es que el gobierno kirchnerista hizo en su momento una defensa muy mala del caso, jugó para la tribuna mediática sin evaluar los costos legales en el largo plazo y prácticamente lo regaló«, añadió.

     Es muy posible que un gobierno como el de Trump, que ya se ha mostrado sensible a los intereses argentinos, escuche los argumentos del Gobierno

    Ahora es necesario revertir la situación y remontar los fallos en contra en dos instancias judiciales en tribunales de Nueva York. Pero según los expertos hay elementos que juegan a favor del país. En primer lugar, que es muy posible que un gobierno como el de Trump, que ya se ha mostrado sensible a los intereses argentinos, escuche los argumentos del Gobierno. Esos planteos giran en torno a la idea de que un tribunal norteamericano no puede tener competencia sobre un acto soberano como lo fue la expropiación, en abril de 2012, del 51% de las acciones de YPF en manos de la española Repsol.

    Burford Capital compró luego a los accionistas minoritarios de la petrolera el derecho de accionar contra el país por no haber respetado los contratos. Para los demandantes se trata de una cuestión comercial que debe decidirse en la jurisdicción donde cotizan las acciones de la firma. Es decir que si el máximo tribunal norteamericano les da la razón, el caso volvería al juzgado del segundo distrito de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, reemplazante de Thomas Griesa.

    Fuente: