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El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, y la ANSES, bajo la conducción de Mariano de los Heros, descubrieron y denunciaron ante la Justicia la existencia de al menos 203 casos de fraude en la tramitación de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La investigación, que reveló graves irregularidades en oficinas de ANSES en zonas como González Catán, Lomas de Zamora y Retiro (CABA), expuso lo que funcionarios de La Libertad Avanza describieron como “una práctica sistemática de falsificación de documentos”.

Según la investigación, en estas oficinas se detectaron certificados médicos apócrifos y documentación falsa que permitía a las solicitantes cobrar fraudulentamente el beneficio, que asciende este mes a $87.815. La Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de ANSES recopiló evidencia de formularios adulterados, en su mayoría el denominado PS 2.67, en el cual se simularon embarazos inexistentes o se falsificaron certificaciones de interrupción del embarazo para acceder al beneficio.

Modus operandi y casos emblemáticos

Los investigadores identificaron un patrón en las irregularidades. Entre los casos más llamativos se encuentra el de una médica obstetra que, al ser consultada, negó haber firmado los formularios y que se usaran sus datos profesionales. Según su testimonio, la firma y el número de CUIL incluidos en los documentos no le pertenecen. En otros casos, beneficiarias confesaron haber accedido a formularios fraudulentos a través de intermediarios, como una persona identificada solo como “Estela”, quien cobraba $1.800 por cada trámite falsificado.

En Lomas de Zamora y Turdera también se descubrieron falsificaciones de firmas y matrículas de obstetras que, según las investigaciones, no habían trabajado en los hospitales o salitas mencionadas en los formularios. Uno de los médicos implicados declaró que hacía más de una década no prestaba servicio en el hospital donde supuestamente ejercía, y denunció usurpación de identidad ante las autoridades policiales y judiciales.

Impacto económico y acciones legales

El fraude podría haber generado un perjuicio de hasta 160 millones de pesos para el Estado. ANSES detalló dos posibles escenarios de impacto: uno de máxima, con pérdidas de hasta 165.959.199 pesos, y un escenario específico que estima pérdidas de 58.862.376 pesos a valores actuales.

El organismo presentó la denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py, y el caso recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos y la fiscalía de Ramiro González. En el escrito, ANSES solicita que se investigue a fondo la posible red de fraude y que se identifique no solo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales de este sistema delictivo. Los funcionarios de Javier Milei enfatizaron la necesidad de “revelar la red delictual que utiliza este sistema defraudatorio contra el Estado”.

Nuevas medidas para evitar futuros fraudes

En respuesta a estos hallazgos, el Ministerio de Capital Humano y ANSES han comenzado a rediseñar sus protocolos de seguridad. Entre las medidas previstas se incluye la digitalización de los certificados médicos y la implementación de tecnologías de verificación de identidad, con el objetivo de reforzar la transparencia y prevenir nuevas estafas en el sistema de seguridad social.

Fuentes oficiales comentaron a Infobae que, a partir de los formularios PS 2.67 adulterados y sellos médicos falsos, ANSES comenzó a intensificar los controles en otras oficinas de atención en el país para identificar posibles fraudes adicionales.

Requisitos y controles para acceder a la Asignación por Embarazo

De acuerdo con la normativa vigente, las beneficiarias deben cumplir con una serie de requisitos que incluyen estar desocupada o tener ingresos menores al salario mínimo, y ser argentina o residente con al menos tres años en el país. También se requiere la presentación del formulario PS 2.67, que debe estar avalado por controles médicos y registrarse en el Programa SUMAR del Ministerio de Salud.

La investigación de la ANSES dejó al descubierto una “práctica sistemática” de adulteración de estos documentos, que hasta el momento ha llevado a identificar 283 casos sospechosos en la Regional Bonaerense IV y 111 en González Catán II. La Justicia determinará los próximos pasos en una investigación que busca llegar hasta el fondo de esta trama de fraude al Estado.