El Gobierno anunció el envío de 150 pliegos al Senado para la designación de jueces, fiscales y defensores del pueblo con el propósito de cubrir vacantes en el Poder Judicial «a la mayor brevedad posible».
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, declaró en conferencia de prensa que las designaciones requieren “del acuerdo de distintos partidos políticos que conviven en una Cámara donde el partido del Poder Ejecutivo es minoría” y añadió: “Esperamos que esos partidos lo tomen con responsabilidad”.
Además, subrayó que “no se trata de sacar ventajas políticas sino de tener un Poder Judicial con los recursos necesarios para resolver los problemas de la gente”. Según detalló, actualmente existen unas 311 vacantes entre los jueces, 161 entre los fiscales y 80 entre los defensores.
Amerio también puntualizó las implicaciones del anuncio, destacando que “esto le cambia la vida a la gente porque los jueces son los que meten presos a los delincuentes”. Asimismo, sostuvo que “necesitamos más jueces para que un juicio laboral no dure años dejando en una situación de incertidumbre a las empresas y a los trabajadores. Necesitamos más jueces para que un reclamo administrativo contra el Estado no sea eterno dejando desprotegidos a los ciudadanos”.
El secretario de Justicia concluyó afirmando que “todos los candidatos a jueces que enviaremos al Senado pasaron previamente por una selección que realiza el Consejo de la Magistratura en la que se juzga su idoneidad para ocupar el cargo”.
El ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, enfatizó la necesidad de la responsabilidad social en el marco de la pandemia de COVID19.
El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, se reunió con fiscales penales provinciales y representantes de la Fiscalía Federal para hacer un diagnóstico sobre la aplicación de las normas y sanciones que se encuentran vigentes en el marco de la pandemia de COVID19.
El objetivo central del encuentro fue coordinar esfuerzos en el ámbito de cada una de las competencias de los poderes del Estado con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas para evitar la propagación y circulación del virus.
En el encuentro, el ministro de Seguridad planteó que el Gobernador tiene “la firme aspiración de evitar que la provincia retorne a la fase 1 del ASPO por el potencial perjuicio que representa para todos, no solo en su actividad económica sino también por su salud mental”.
“Es por eso que para garantizar la apertura de las distintas actividades comerciales, deportivas, espirituales, se hace necesario poner el foco en aquellos que con conductas irresponsables ponen en riesgo su vida y las de los demás, comprometiendo todo el esfuerzo que viene realizando el Estado y la sociedad en su conjunto”, aseguró el ministro de Seguridad.
Aguirre explicó que por estas razones se ha decidido establecer un sistema de multas económicas que se suman a las sanciones penales establecidas por las normas nacionales y ordenanzas municipales para aquellas personas físicas y jurídicas que incumplan con las medidas de prevención establecidas en el ordenamiento jurídico creado en el marco de esta emergencia sanitaria
En este sentido, Aguirre adelantó que los montos de las multas están en análisis y serán dados a conocer por el COE Catamarca en las próximas horas.
“El Estado tiene la obligación de llamar a una absoluta responsabilidad a toda la ciudadanía para ceñirse a las medidas decretadas por el Poder Ejecutivo para contener brotes masivos de contagios. La situación de la pandemia de COVID-19 a nivel regional es realmente grave y nuestro objetivo primordial es evitar el crecimiento exponencial de casos y no inducir un potencial colapso del sistema general de salud, como ya se avizora en otras provincias”, aseguró el ministro de Seguridad.
Estuvieron presentes en la reunión, además del Gobernador, el fiscal federal Santos Reynoso, la fiscal general Milagros Vega, el secretario de la fiscalía federal, Javier Merep, los fiscales provinciales Luis Baracat, Exequiel Walther, Alejandro Gober, el ministro de Gobierno Jorge Moreno, la asesora general Fernanda Rosales, el fiscal de Estado Marcos Denett, y el Secretario de Seguridad, Martin Miranda, entre otros funcionarios.
El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior. El texto ingresó poco antes de las 20 por la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. La respuesta del mundo judicial no tardó en llegar: hubo un fuerte rechazo al proyecto y se advirtió sobre una escalada de renuncias. Y, según la información a la que accedió Infobae, ya son 10 los jueces que renunciaron desde que salió a la luz la iniciativa oficial.
Todos ellos presentaron la renuncia entre el martes 18 y este jueves. Ellos son: Miguel Omar Pérez (vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III); Marcelo Gonzalo Díaz Cabral (Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín); Beatriz Bistué De Soler, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal; Silvia Nora Ramond, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 de la Capital Federal; Miguel Angel Caminos, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal; Fernando Adolfo Larrain, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal; María Cristina Bértola, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16; Juan Carlos Dupuis, vocal de la Cámara Nacional en lo Civil Sala E; Carlos Alberto González, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Vocalía N° 20; y Jorge Adolfo López, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30 de la Capital Federal.
La Asociación de Magistrados y la de Fiscales habían criticado el proyecto del Gobierno para reformar el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y advirtieron que la iniciativa viola fallos ya dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la intangilidad de la remuneración de los jueces. De hecho, también habría renunciado un número similar de fiscales.
“Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación”, sostuvieron en un comunicado.
Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial también rechazaron el proyecto legislativo que, según entienden, “atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales»
Para la Federación el proyecto ha sido elaborado “sin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales y sin la participación de esta institución, única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os que la componen” y “agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85 % de las causas judiciales del país”
Señalaron que esos sueldos y jubilaciones “no son de privilegio” y “no se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de “la justicia””. En esa línea, consideraron que la iniciativa tiene una “mirada sesgada que desconoce que las magistradas y funcionarias, como el resto de las mujeres, se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales”. “Este proyecto pretende eliminar la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años”, indicaron.
“Quienes trabajamos todos los días en los tribunales provinciales somos conscientes de la realidad económica del país. La vocación por la función pública se asienta sobre el compromiso de mejorar la vida y el bienestar de las sociedades en las que vivimos, por esa razón estamos siempre dispuestas/os a participar en todas las discusiones orientadas a esos objetivos”, expresaron quienes integran la Federación.
La Cámara de Diputados intentará apurar el proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo. Estos regímenes especiales atañen a ocho mil personas con haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes. Corresponde, según fuentes oficiales, el 3% del total de los jubilados y un gasto de 25 mil millones de pesos por año.
“Este proyecto no mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanas/os ni resuelve los problemas que denuncia. Hacemos un llamado público a los tres poderes del Estado a trabajar en la construcción de respuestas adecuadas y basadas en las realidades de todo el país que contribuyan a una salida rápida y definitiva de la grave situación económica que nos afecta a las/os argentinas/os», expresaron desde la Federación.
Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura
La semana pasada Ricardo Recondo, recientemente nombrado vicepresidente del Consejo de la Magistratura, cuestionó la iniciativa. “Es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata tampoco de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses”, advirtió.
“La garantía de intangibilidad de los sueldos de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio. Pasa en todo el mundo. El juez no puede hacer nada, tiene un nivel de incompatibilidad que no lo tiene ningún otro funcionario del Estado. No estoy llorando miserias. Los jueces tienen, en este momento, una buena retribución”, explicó Recondo.
Para el caso del Poder Judicial la iniciativa propone el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años -hoy es de 60 años-: incrementaran del 12 al 19 por ciento el aporte; limitar el ámbito de aplicación personal (por ejemplo, quedarán excluidos los prosecretarios administrativos, medida que podría generar tensión con los sindicatos judiciales). incrementar los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio; y que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años. Hoy los jueces se jubilan con el 82 por ciento móvil.
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