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En diciembre de 2023, apenas comenzó el gobierno de Javier Milei, el Gobierno invitó a denunciar a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación si los beneficiarios de planes sociales eran extorsionados por organizaciones piqueteras: hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse un total de 2.720. De ellas quedaron en pie 924 denuncias, divididas en todo el país: 45 en CABA, 159 que no detallaron el lugar y otras 720 en otras jurisdicciones. De esas 45 denuncias “porteñas”, el fiscal Pollicita, a cargo de la investigación, citó a todos. Solo siete acudieron a los tribunales. Con miedo, declararon.

“Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada”. El mensaje iba a destinado a Patry, o menor dicho Patricia Iramain, delegada, quien había advertido en mensaje de grupo la lista de nombres diciendo: “Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”.

Los chats analizados

El Departamento de Crimen Organizado de la PFA efectuó las tareas de investigación, tanto en redes sociales y fuentes abiertas como en los domicilios vinculados, que permitieron identificar a los referentes denunciados, corroborar o descartar su condición de tales, determinar la vinculación que tuvieren entre sí y localizar su lugar de actuación y su domicilio particular.

Mientras tanto, la Fiscalía obtuvo numerosos informes y expedientes administrativos provenientes de compañías telefónicas, del Ministerio de Capital Humano de la Nación, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y de la AFIP. Todo ello, para la fiscalía, fue conformando un cuadro probatorio que siguió con intervenciones telefónica de los sospechosos, con los listados de comunicaciones y activación de antenas.

En base a eso, la fiscalía estableció que “al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social.

Se trata de personas en situación de alta vulnerabilidad social, y dicha exigencia se hacía bajo diversos conceptos como “cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”. O para cobrarles por la entrega de alimento, pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional, u obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional, quedándose los acusados con la ganancia, y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen, e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales”.

Todo ello, dice el dictamen, ocurrió “bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería.”

A su vez, se comprobó también que, para sostener la duración en el tiempo y garantizar el funcionamiento de esta actividad, se implementó un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las “movilizaciones” —al comienzo y al final—, la confección de “listas de castigados” —que debían “reparar” su sanción mediante el cumplimiento de nuevas tareas—, la imposición de multas por faltar a una “marcha” —de hasta $10.000 por cada ausencia—, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos —turnos médicos, trámites, etc.—, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos —por plazos determinados, según cada “incumplimiento”—, entre otros mecanismos.

Gerardo Pollicita (Adrián Escandar)

Pollicita afirmó ante Casanello que existió una “conformación de estructuras jerárquicas piramidales al interior de cada comedor, en cuyo estrato inferior se encuentran los integrantes de las ‘listas de espera’, personas de alta vulnerabilidad social que debían cumplir determinada cantidad de ‘movilizaciones’ o un tiempo estipulado de asistencia a ellas para acceder al Plan Potenciar Trabajo”.

A eso le siguen los “beneficiarios comunes”, que perciben la prestación social y, a cambio, se les exige su dinero y su asistencia a las “movilizaciones”, en un escalón superior se hallan personas a las que se los anota como beneficiarios del doble de dicha prestación social, a cambio de exigirles, además del dinero y las “movilizaciones”, más tareas a determinar en cada caso —se los denomina “cuadrilla”, “esenciales” o “nexo”, según el caso—.

Encima de ellos se colocan los “delegados”, que perciben a veces el doble, triple o cuádruple de dinero, transmiten las exigencias coactivas al resto, cobran las “cuotas” y dirigen los mecanismos de control y sanciones y, en el estrato superior, se encuentran los “referentes”, que dirigen la actuación de los delegados, ejecutan por sí mismos o por terceros la intimidación a las víctimas y controlan la recaudación y la asistencia a las “movilizaciones”.

Marcha del Polo Obrero /Crédito: Ariel Torres

Según la fiscalía, además, en el caso de la “Asociación Civil Polo Obrero” se comprobó, en esta etapa, que había personas colocadas en un escalón superior a los referentes de cada comedor, entre los cuales se individualizó a Jeremías Cantero, quien coordinaba el funcionamiento de varios comedores. A él se lo señala quien extorsionaba a las víctimas. Elizabeth del Carmen Palma se ocupaba de cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social.

“Tanto Cantero como Palma también intervendrían en las decisiones sobre el destino del producto del delito”, se sostuvo. El 27 de marzo de 2024, Palma y Cantero le manifiesta a Cantero su preocupación respecto de la posibilidad de que se los investigue “por lavado” en relación a las “cooperativas que están recibiendo las cápitas” . Cantero le propuso “pensar un plan de adónde va eso”. Para la fiscalía se debe investigar el destino de ese dinero.

Los chats que sostienen la acusación

chats de la causa que investiga si se extorsionaba a beneficiarios de planes sociales

Como parte de las pruebas, el fiscal evaluó que Patricia Iramain publicó la lista de personas que no recibirán mercadería por no ir a las “movilizaciones”, o que serán degradadas a la última categoría (“lista de espera”) por la misma razón, mientras que otros “ingresan a comedor” por haber cumplido con el tiempo fijado de asistencia a las “movilizaciones”.

En las siguientes capturas, se ve cómo una de las víctimas pide que se le tenga por justificada la inasistencia a una “marcha” y adjunta la respectiva constancia del turno médico y laboratorio que le impidió ir; en otra se advierte que una víctima pregunta si la falta justificada sirve o no como asistencia, y en la última uno de los acusados, Gustavo Vásquez, ante el aviso de ausencia a una “movilización”, pide que aporten el “justificativo”.

Los chats que analiza el fiscal Pollicita y el juez Casanello

En otra, una persona se queja porque a su hermana no le entregaron mercadería y además le dieron de baja el plan, a pesar de que no podía asistir a la “movilización” porque se había operado. Aquí, ante una pregunta puntual de una víctima, se le informa que está “sancionada” por no pagar el “alquiler del comedor” y que por eso no podrá retirar mercadería en todo el mes.

También se advierte que el sistema de “castigos” por no cumplir con las exigencias de los imputados no sólo incluía la publicación de “listas de castigados” o “sancionados”, sino que también se les daba la posibilidad de “reparar” ese “castigo” a través de la prestación de tareas, como se ve en estas capturas.

Otra mujer, Elizabeth Mamani, anuncia que estará cobrando las “cápitas” y que deben ponerse al día, de manera concordante con lo declarado por los denunciantes. En otro mensaje, ante la poca convocatoria que había generado una “invitación”, Vásquez avisa que pasa a “contar como movilización”.

En otro diálogo, Vásquez reconoce que “son muy pocos los que movilizan por conciencia” y, por eso, hace que la “marcha” a la que antes “invitaba”, pase a ser “obligatoria” y cuente “como movilización”. “De ahora en más yo dejo de ser permisivo”, escribió. También informaron que se iba a avanzar con una “recategorización” (de “beneficiario común” a “lista de espera”). En esta otra captura se ve que se había compartido una “invitación” a una “movilización” y, ante la duda, una de las víctimas pregunta si esa “movilización” es “obligatoria” o “solo para los interesados”.

Los chats que analiza la justicia

En otra captura una de las víctimas se queja por el excesivo monto dinerario exigido para poder acceder a “las 10 cajas” con la mercadería del Estado Nacional, e incluso cuenta que en las “marchas” les hacen preguntan acerca de si ellos les cobran algo. En otros diálogos, el imputado Lucca Philippe Quispe Rashuman invita a retirar mercadería sólo a los “compañeros que participan activamente” —e incluso les cobran un monto adicional a cada uno en concepto de “flete”— y que la acusada Gloria Jaramillo aclara que “la repartición es como siempre solo los que tienen movilización”.

Para la fiscalía, estas pruebas “no hacen más que confirmar lo declarado por cada uno de los denunciantes que se explayaron sobre estas exigencias coactivas —que no sólo se transmitían por Whatsapp, sino también en persona— y sobre las las estructuras jerárquicas piramidales de cada organización”.

los chats analizados por la justicia

“Es importante destacar la gravedad institucional que revisten los hechos investigados, por cuanto se habría comprobado que una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fueron desviados del destino presupuestario que les correspondía y, en vez de aplicarse a la ayuda de las personas de alta vulnerabilidad social, fueron utilizados como vehículo coactivo por parte de los aquí acusados quienes, a la hora de transmitir a las víctimas sus exigencias coactivas y extorsivas, paradójicamente invocaban como consigna precisamente la ‘lucha’ en defensa de los más necesitados; pero en los hechos obtuvieron un lucro indebido a costa de dichas necesidades”, advirtió Pollicita al impulsar los allanamientos.

Pollicita agregó otras citas de los testimonios recolectados. “En las reuniones Gianni y Tango les gritaban y amenazaban de una manera violenta a los integrantes del comedor que si no iban a las marchas les quitaban el Plan Potenciar Trabajo” (…) y; “Los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo teníamos que pagar 2500 pesos mensuales a los delegados, y a medida que ibas subiendo de nivel tenías que pagar más plata, dependiendo de la plata que recibías. Cuando no vas a las marchas y no pagas los 2500 pesos te bajan de categoría, por ejemplo, de “Cuadrilla” a “Beneficiario Común (…)”, señaló.

“Esas amenazas las dicen verbalmente, a mí personalmente me amenazaron varias veces, gritándome” (…); “La gente que trabaja en el comedor sale a vender por el barrio los alimentos que da el gobierno” (…) “Las máximas referentes del comedor son Gloria y Rossmery. Mucha gente del comedor les tiene miedo a Gloria y Rossmery” (…); “Iba a manifestaciones y repartía volantes de los candidatos cuando había elecciones, por ejemplo, en las elecciones presidenciales repartí volantes de Massa por el barrio. Además, a veces cocinaba pan casero, chipa, bizcochuelo, que después vendían en el barrio y esa plata se la quedaba Gloria Paraguay, que es la coordinara del comedor. Todo esto lo hacía porque sino Gloria me decía que me cortaban el plan”, agregó.

Los chats que analiza la justicia

“Podemos retirar mercadería que le da el gobierno del comedor más o menos una vez por mes, pero cada vez que vamos tenemos que pagar 1500 pesos y nos dan una bolsa de mano con algunos productos, tales como aceite, harina, leche o arroz” (…); “Cuando no vamos a las movilizaciones tenemos que justificar la inasistencia, por ejemplo, si vamos al médico tenemos que mandar comprobante al grupo de Whatsapp que tenemos algún turno” (…) y;”Yo como en el comedor nada más el día que cocino, el resto de los días no me dan comida. (…)”Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo” (…) “a todos los integrantes del comedor nos cobran un 2% del dinero que obtenemos del Plan Potenciar Trabajo y cada 15 días tenemos que pagar 1000 pesos para que nos den las dos raciones de comida que recibo los días que cocino” (…); “Cuando nos ausentábamos a 3 marchas nos daban de baja el plan, yo conozco a una señora que le dieron de baja el plan porque se ausentaba a las marchas, ella se fue del barrio el año pasado, supuestamente era una de las fundadoras del comedor, nunca más se supo de ella.”, refirió otro testimonio.

“Después de un tiempo que estuve asistiendo a marchas, y cumplí esa cantidad de asistencias, ellos me inscribieron en el Plan Potenciar y ahí tuve acceso a la tarjeta del Banco Nación, a mi nombre, a eso le llamaban “ascenso”; (…)”Hay que pagar en el comedor los primeros dos días de cada mes los 2300 pesos por el alquiler del local, pasados esos dos días sin pagar nos aplican una sanción que consta de no poder retirar comida en todo el mes””, refirió otro testimonio. El último acotó: “En caso de no pagar el aporte nos sancionaban sacándonos de la organización. Si yo no iba a las marchas nos ponían faltas, por cada marcha que no iba me cobraban $10.000 y a veces nos sacaban mercadería, dependiendo de la delegada (…)”

Fuente: Infobae

Las actuaciones judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, de Barrios de Pie y otros grupos. Se iniciaron por denuncias realizadas en la línea 134 que habilitó el Ministerio de Seguridad. Las graves maniobras que se investigan.

Dirigentes y militantes piqueteros son investigados por la Justicia Federal acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que participen de manifestaciones callejeras y vendan al público alimentos y productos distribuidos por programas que ejecutaba el ex Ministerio de Desarrollo Social. Las actuaciones surgieron a partir de testimonios brindados por las víctimas a la línea 134 que habilitó el Gobierno.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, en la causa se ejecutaron órdenes de 27 allanamientos. Se trata del resultado de las investigaciones judiciales que se iniciaron a raíz de una presentación ante el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Entre los acusados figuran, entre otros, Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, que integran el Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares. También está bajo la lupa la actuación del Movimientos Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

En el listado de investigados también figuran Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello, según se indicó.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal dejó firme un pedido de allanamiento y la intervención de líneas telefónicas a varios acusados por el delito de extorsión. De acuerdo con las actuaciones a las que tuvo acceso Infobae, los acusados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.

De acuerdo con la instrucción del caso, que estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, “se encontraban reunidos los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos -pertenecientes a domicilios particulares de los requeridos; sedes de comedores populares: Rivadavia I, La Carbonilla, Mariano Ferreyra, Kuña Guapa y Caminos de Tiza, depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas- todo ello a fin de proceder a la aprehensión de los imputados para garantizar su comparecencia, secuestrar el producto del delito y recolectar elementos probatorios tales como planillas de asistencias a las movilizaciones o dispositivos celulares”.

“De las intervenciones efectuadas se desprendía que las actividades de los imputados se orientaron a su vez a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 28 personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados”, estableció la decisión que firmó la semana pasada la Sala I de la Cámara.

Para el tribunal, “reviste particular importancia lograr el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de las exigencias coactivas y extorsivas eran transmitidas por allí, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo”.

La semana pasada los piqueteros fueron a la Quinta de Olivos y se activó el protocolo anti piquetes

Según informó el Ministerio de Seguridad esta mañana, el tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada unidad de certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.

Al respecto, se informó que fueron secuestrados “millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia”.

Tras los operativos, la Justicia también logró captar “los chats de apriete” de las personas que realizaron las denuncias en el 134, las cuales las ratificaron ante en sede fiscal y aportaron sus propios mensajes recibidos por WhatsApp y donde quedaron las explicitadas las maniobras de extorsión para concurrir a las marchas.

“Del análisis de las pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones. Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente”, se indicó en un comunicado. Y agregaron pruebas que revelan que la gente que no podía ir a una marcha tenía que acreditarlo mediante certificados médicos.

Una pelea de fondo

El Gobierno, desde el inicio de la gestión, puso en marcha una política de fuerte confrontación con las organizaciones sociales que venían intermediando en la distribución y gestión de la ayuda social. Esa disputa se cristalizó en un protocolo que redactó el Ministerio de Seguridad para evitar los cortes de tránsito y en un cambio en la forma de gestionar los planes, que instrumentó el Ministerio de Capital Humano, sin la participación de piqueteros.

Las organizaciones sociales vienen realizando manifestaciones callejeras de manera periódica, sin que lograran, hasta ahora, cambios en la política que activó la administración nacional.

Fuente: Infobae