Desde fuentes allegadas al gobierno expresaron que «El examen no busca ser un filtro, sino un requisito que deberán cumplir todos los empleados», en relación a las evaluaciones dispuestas por el Gobierno nacional para el personal del sector público, una decisión que ha generado una particular inquietud entre los empleados.
Comentan además, que consiste en un examen de “idoneidad”. En una primera etapa, que comienza la semana próxima, abarca a unos 40.000 trabajadores cuyos contratos vencen a fin de año. Se trata específicamente de empleados de planta transitoria, contratados y monotributistas (Categoría 1109). Se podrá rendir hasta 3 veces y se estudia la posibilidad de extender un par de meses los contratos para aquellos empleados que no aprueben en la primera oportunidad.
Las autoridades tomaron la decisión, además, que todo aquel que quiera ingresar al Estado Nacional deba realizar este examen que será obligatorio junto con la presentación del certificado de antecedentes penales.
Se prevé que los exámenes sean de dos tipos uno para empleados administrativos y otro para profesionales. Se evaluarála comprensión lectora, el razonamiento lógico matemático y, en el caso de los profesionales, el conocimiento de la administración pública (por ejemplo, la Constitución Nacional, la ley de Ética Pública, normativas relacionadas con el funcionamiento del Estado).
Para rendir, cada empleado deberá sacar un turno en una página web que será habilitada a tal efecto, precisan en medios del Gobierno. Los turnos se podrán sacar a partir de esta semana y los exámenes comenzarán la próxima. El empleado será citado a un establecimiento para rendir donde dispondrá de una computadora o una laptop en la que deberá ingresar el código que el sistema le asigna en el momento de la inscripción.
Dispondrá de una hora para responder entre 20 y 24 preguntas. Terminado el plazo, se le dará inmediatamente la puntuación y se le otorgará un certificado. La calificación es a los efectos de determinar si aprobó o no el examen y sólo será conocida por el empleado. Las calificaciones no serán públicas ni serán utilizadas a los efectos de realizar rankings.
Desde nación dejaron saber que según las cifras que se manejan en el Gobierno, durante la actual gestión se obtuvieron los siguientes resultados en materia de reducción del Estado:
El Gobierno recibió 18 ministerios y los limitó a 8.
La cantidad de autoridades superiores (ministros, secretarios y subsecretarios) se redujo en 33%.
Se cerraron más de 250 áreas del Estado (direcciones nacionales, direcciones simples, coordinaciones, etcétera). A corto plazo podrían llegar a 400.
Se redujo en más 30.000 el número de empleados de la administración y las empresas públicas desde diciembre del año pasado, un 7,8% (descontadas las fuerzas de seguridad). El Correo Argentino, por caso, pasó de 17.000 a 12.000 empleados, aproximadamente.
El gasto público llegó a 43% del PBI al finalizar el mandato de Alberto Fernández, cuando en los años 90 era de 32%.
En los años 90 había 2 millones de empleados públicos y en la segunda década de los años 2000 esa cifra se elevó a 3 millones.
“Pese a que tenemos 50% más de empleo estatal y de gasto público no mejoraron los servicios en educación, salud y seguridad” afirman fuentes oficiales.
El objetivo del Gobierno es hacer más chico y más eficiente el Estado y rescatar el concepto de “servidor público”.
Cada área del Estado es analizada bajo tres parámetros, si pertenece a la administración Nacional, si corresponde a las provincias o municipios o si debe estar en la órbita privada.
Se analiza la situación de los organismos descentralizados que son más de 100. Algunos serán cerrados y otros fusionados. El Gobierno observó que muchos de ellos fueron perdiendo su razón de ser. Otros no se verán afectados como, por ejemplo, el INDEC.
Asimismo, el Gobierno nacional saca un comunicado informando que el personal desafectado de las áreas cerradas no necesariamente fue despedido ya que, por la ley Bases, se lo pudo pasar a disponibilidad. Así, durante 6 a 12 meses siguen cobrando el sueldo. Terminado el plazo correspondiente, el personal que no logre ser reubicado será despedido con el pago de la indemnización.
La intención de las autoridades es estandarizarlos apuntando a simplificar el sistema y lograr una base común.
Para más adelante se contempla la posibilidad de premiar el desempeño de las áreas que mejor realicen sus tareas.
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