Catamarca, 3 de enero de 2024 – La Justicia del Trabajo suspendió este miércoles la aplicación del capítulo 4 del DNU 70/2023, que modificaba el régimen laboral argentino. La medida fue solicitada por la CGT, que consideraba que las modificaciones eran anticonstitucionales.
El capítulo 4 del DNU, que fue firmado por el presidente Javier Milei el 29 de diciembre de 2023, establecía una serie de cambios en el régimen laboral, entre ellos:
La reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias.
La eliminación de la indemnización por despido injustificado.
La flexibilización de las normas sobre trabajo a distancia.
La CGT presentó una medida cautelar ante la Justicia del Trabajo, argumentando que las modificaciones eran contrarias a la Constitución Nacional. En particular, la central obrera consideró que la reducción de la jornada laboral violaba el derecho al descanso y la indemnización por despido injustificado violaba el derecho al trabajo.
La Sala de Feria de la Cámara del Trabajo hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT. En su fallo, los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior consideraron que las modificaciones laborales del DNU 70/2023 «afectan gravemente derechos fundamentales de los trabajadores».
La suspensión del DNU 70/2023 es un revés para el gobierno de Javier Milei. El presidente había promovido la reforma laboral como una medida para generar empleo y mejorar la productividad. Sin embargo, la medida fue criticada por la oposición y los sindicatos, que consideraron que iba a perjudicar a los trabajadores.
La suspensión del DNU 70/2023 abre la puerta a que la Justicia anule las modificaciones laborales. La CGT ha anunciado que seguirá luchando para que el DNU sea declarado inconstitucional.
La resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo atendió el pedido de la CGT para que se levante la feria y se evalúe la suspensión del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
La sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo definió este martes habilitar el receso judicial para tratar el recurso presentado a fin de año por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 emitido por el Gobierno de Javier Milei que, entre otras medidas, cambia las condiciones de contratación laboral en el país.
La resolución, firmada por los camaristas María González y Alejandro Subera, atendió el pedido de la CGT, firmado por su secretario general Héctor Daer, para que se levante la feria y se evalúe el pedido de suspensión del decreto de necesidad y urgencia.
El pedido de la CGT
En el primer punto de la petición, la CGT solicitó que «se decrete la medida cautelar solicitada de suspensión de la aplicación del “Título IV Trabajo” del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023».
En la misma resolución, los jueces González y Subera trasladaron el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita un dictamen.
«Esta Sala considera que, frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve», señalaron los camaristas.
Desde la Confederación Farmacéutica Argentina consideran que las nuevas medidas del Gobierno de Javier Milei llevan a la «destrucción a la profesión farmacéutica” y ponen en «extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos”. Marcharán a Tribunales.
La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) anticipó que este viernes presentará un recurso de amparo ante la Justicia para frenar la implementación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 del Gobierno de Javier Milei por considerar que “lleva a la destrucción a la profesión farmacéutica” y “pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos”.
La presentación, según precisó el presidente de la entidad, Ricardo Pesenti, será acompañada por una concentración frente al Palacio de Tribunales, en el centro porteño, en tanto las farmacias cerrarán sus persianas durante una hora, a partir del mediodía.
“Esta no es una medida política; de hecho, muchos farmacéuticos votaron a este gobierno. Sin embargo, creemos que hay desconocimiento de las consecuencias graves que trae este DNU”, indicó Pesenti.
La presentación de la medida de amparo tendrá lugar este viernes a las 13, acompañada de una concentración frente al Palacio de Tribunales, en el barrio porteño de San Nicolás, junto al cese de actividades en farmacias a lo largo del país, entre las 12 y las 13.
“Con el argumento falso de bajar el precio de los medicamentos, el DNU lleva a la destrucción de la profesión farmacéutica, minando 20 artículos de la Ley 17.565 de ejercicio profesional”, sostuvo la Confederación Farmacéutica en un comunicado.
Detalles de las modificaciones
El DNU 70/2023, mediante la modificación de la ley 17.565, elimina la exigencia de que «los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas«.
También deja afuera el texto que especificaba que «los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio», indicó la COFA.
A su vez, la medida dictada por el Gobierno deja sin efecto lo que establecía la ley, que determinaba que «la venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal».
“También lleva al fin de las farmacias que están en los barrios más alejados, en los pueblos, beneficiando a las cadenas que se concentran en los grandes centros urbanos”, detalló COFA.
Además, advirtió que, con estas medidas, “los medicamentos no van a bajar de precio, porque el precio lo fijan los laboratorios, no las farmacias”, pero “lo que sí va a suceder es que se pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos quitando controles sanitarios sobre los medicamentos”.
“Si hay desvíos en la calidad, problemas de fabricación, adulteración o falsificación, no va a haber forma de detectarlo oportunamente ni de retirar esos productos del mercado”, destacó.
“Los farmacéuticos somos imprescindibles, sobre todo hoy, en un contexto de crisis del sistema sanitario, cada vez con mayor demanda de atención. Brindamos servicios fundamentales como el control de la presión, aplicación de vacunas, de inyectables, curaciones, manejo de la medicación”, concluyó COFA.
La medidas anunciadas por el presidente Javier Milei lograron un inmediato rechazo de distintos partidos con fuerte representación parlamentaria.
La intención del presidente Javier Milei para hacer realidad las reformas profundas de desregulación del Estado podría verse desbaratada si la oposición logra amalgamar una mayoría que tumbe su mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Congreso Nacional.
El horizonte al que se asoma el oficialismo luce atiborrado de nubarrones y la piedra angular del programa ultrareformista de La Libertad Avanza corre serio peligro.
No solamente Unión por la Patria (primera minoría en ambas cámaras) y el Frente de Izquierda se pronunciaron en contra, una variable que ya estaba incorporada a la matriz de cálculo del Gobierno, sino que también alzaron la voz (aunque en un tono menos beligerante) en rechazo a la metodología del decreto otras fuerzas opositoras como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Cambio Federal.
En el PRO, en tanto, hay una divisoria de aguas que preanuncia una ruptura inminente. Mientras que el ala macrista, a través de diputados como Hernán Lombardi y Luciano Laspina, salió exultante a alabar el decreto que consagra el imperio absoluto del mercado, el ex precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, que tiene predicamento sobre unos diez diputados del PRO, ensayó una crítica muy nítida, con más énfasis en la forma que en el contenido del DNU.
En la misma sintonía se expresó el flamante mandamás de la UCR nacional, Martín Lousteau, la mesa nacional del partido centenario y la vicepresidenta del bloque de diputados radicales, Karina Banfi. Mientras tanto, el jefe del bloque Rodrigo De Loredo se refugia por ahora en un silencio cuasi monástico, pero no tiene margen para ir en contra de su propio partido.
Si bien ya tiene vigencia, para quedar firme, el DNU deberá pasar el filtro de la comisión bicameral de Trámite Legislativo y luego la convalidación o no en el pleno de cada una de las dos cámaras legislativas. Con que una de las dos cámaras apruebe con mayoría simple el dictamen, será suficiente para que el megadecreto sobreviva a las turbulencias y proyecte una nueva Argentina. La puesta en marcha del paquete de reformas implicaría un enérgico desguace del andamiaje institucional y jurídico sobre el cual se construyó el entramado social y normativo del país.
Sin embargo, la debilidad de origen de La Libertad Avanza, con una fuerza parlamentaria exigua (38 diputados y siete senadores), le podría pasar factura por primera vez al nuevo Gobierno libertario.
No le alcanza ni de cerca con su primer anillo de alianzas, constituido por el PRO y algunas figuras sueltas satélites como José Luis Espert, para perfilar la mayoría necesaria que ejecute este plan de demolición total del sistema de protecciones sociales del Estado. Hasta el momento, únicamente el Senado logró frenar en 2020 un DNU que había sido dictado en 2018 por el ex presidente Mauricio Macri, que cargaba sobre los usuarios la compensación a las distribuidoras de gas por diferencia de cambio.
Esta vez, el apremio es mucho mayor: no hay posibilidad alguna de esperar dos años a raíz del daño que en ese lapso de tiempo podría producirse en el tejido social, sostiene el kirchnerismo.
Y desde la UCR, Cambio Federal y la Coalición Cívica están decididos a no convalidar un antecedente peligroso en términos institucionales, de avasallamiento de la división republicana de poderes. Más allá de la estrategia política de la oposición para no dejar pasar el DNU, por un andarivel separado actuará la Justicia. El asunto ya está judicializado, hay acciones de amparo para frenar la aplicación del decreto y presentaciones judiciales que hacen hincapié en la inconstitucionalidad «insanable» de la norma jurídica.
Más rechazos
En el Senado, Unidad Federal (bloque del peronismo disidente) manifestó su rechazo a través del entrerriano Edgardo Kueider, quien señaló que «todo indica que el DNU es inconstitucional, y que las materias en las que avanza no están respaldadas ni por la necesidad ni por la urgencia que reclama este instrumento».
A su juicio, «el Gobierno nacional vulnera la división de poderes y desconoce abiertamente al Congreso de la Nación».
En la Cámara de Diputados, Cambio Federal, el bloque de nueve diputados nacionales que armó Emilio Monzó y que preside Miguel Pichetto, ya se abroqueló con el resto de la oposición.
Nicolás Massot, otro de los referentes de esta fuerza política, argumentó la postura. «Estoy de acuerdo con gran parte de las medidas anunciadas, no en todas, pero no considero que el DNU sea el camino, ya que la única posibilidad en este caso es aprobar o rechazar el decreto en su totalidad». «La Argentina necesita un cambio, pero uno que sea duradero y sostenible en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno. Si no se respeta el procedimiento institucional y jurídico para hacerlo, se habilita la vía judicial con planteos de inconstitucionalidad. Eso solo va a generar más incertidumbre y traer más complicaciones a la salida de la crisis», fundamentó.
Esto es una República. El Presidente debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por Ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación.
Por su parte, Pichetto consideró que «el Presidente debe gobernar con el Congreso» y «no contra el Congreso». «Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por Ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación», explicó.
«Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. No está justificada ni la NECESIDAD NI LA URGENCIA, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias», agregó el rionegrino en la red social X (antes Twitter).
El Presidente emitió un mensaje con los detalles del decreto de necesidad y urgencia. Anunció la derogación de la Ley de Alquileres, entre otras medidas.
El presidente Javier Milei destacó que su Gobierno «empezó el camino» de la reconstrucción después de «décadas de fracasos y empobrecimiento».
En un mensaje emitido por cadena nacional, el mandatario señaló que su administración estuvo enfocada en «intentar contener la enorme crisis que heredamos» y que por eso diseñó un «plan de estabilización de shock que comprende un plan de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio y una política monetaria que incluye saneamiento del Banco Central Central».
Anunció que firmó un decreto de necesidad y urgencia «para destrabar el andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido al país».
Qué dice el DNU
Anunció que el DNU de desregulación económica contiene medidas como la derogación de ley de Alquileres y de la ley de Abastecimiento, entre decenas de disposiciones.
También incluye la derogación de leyes como la de «góndolas, Compre Nacional, observatorio de precios, las leyes de promoción de industrial y promoción comercial», además de la eliminación de normativas que «impiden la privatización de empresas públicas» y del «régimen de sociedades del Estado», para avanzar hacia la «transformación de todas las empresas del Estado para su posterior privatización».
Enumeró «30 de las más de 300» reformas, medidas y derogaciones que incluye el decreto de necesidad y urgencia que será publicado en las próximas horas para «comenzar la reconstrucción del país».
En cadena nacional, Milei mencionó la derogación de leyes que regulan el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga y obras sociales, empresas farmacéuticas, el sector turístico, registro automotor, clubes de fútbol, ley de tierras, modificación del código civil y comercial, y la cesión total o parcial del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas.
Milei hizo un diagnóstico de la economía y las cifras de la pobreza y destacó que «seis de cada diez chicos son pobres».
El mensaje presidencial se publicará en el Boletín Oficial con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con todos los detalles.
Además, anunció que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar un paquete de leyes cuyo contenido aún se desconoce.
«La crisis requiere de acción inmediata», consideró Milei al brindar un mensaje por cadena nacional.
Es para trabajadores hombres de entre 60 y 64 años y mujeres de entre 55 y 59 años. Requisitos y restricciones.
Está a la firma del Presidente Alberto Fernández un proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para los trabajadores desocupados al 30 de junio de este año – mujeres entre 55 y 59 años y varones entre 60 y 64 años con 30 años de aportes efectivos (sin moratoria) ingresados en la Seguridad Social. Si cumplen esos requisitos podrán jubilarse con el 80% del haber que les corresponde, “no pudiendo en ningún caso resultar inferior al haber mínimo” ( hoy $ 25.922). Y cuando alcancen la edad jubilatoria ( 60 años las mujeres, 65 años los varones) pasarán a cobrar el 100%.
El proyecto de Prestación Anticipada por Desempleo (PAD), además, de la cobertura de la obra social (PAMI), en el artículo 6 agrega que en caso de fallecimiento del titular, el cónyuge o conviviente tienen el derecho de pensión por viudez.
El artículo 4 del DNU especifica que “la Prestación Anticipada tiene carácter extraordinario y su solicitud podrá efectuarse dentro de los dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente”.
Por su parte, el artículo 7 aclara que “la Prestación Anticipada es incompatible con la realización de actividades en relación de dependencia o por cuenta propia, y con la percepción de cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sean nacionales, provinciales o municipales”.
En tanto, el artículo 5 señala que una vez otorgado ese beneficio, ”se extinguirá en el supuesto en que la persona beneficiaria se incapacite y acceda a las prestaciones de retiro por Invalidez“ de la ley previsional.
Por su parte, el artículo señala que “la Jefatura de Gabinete de Ministros procederá a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento a las disposiciones que se establecen por la presente medida”.
En base a los registros de ANSeS, en el Gobierno estiman que la PAD en lo inmediato podría beneficiar a más de 30.000 personas, los llamados “jóvenes para jubilarse pero grandes para trabajar«. Son la contracara de los que tienen la edad para jubilarse pero les falta años de aportes para completar los 30 años mínimos requeridos.
Sin ingresos, algunos logran hacer alguna “changa” informal, pero todos deben esperar cumplir los 60 años en el caso de las mujeres o 65 años los varones para jubilarse, requisito para iniciar el trámite previsional.
El texto es muy similar a la PAD que rigió a través de la ley N° 25.994 sancionada en enero de 2005 y que tuvo vigencia hasta 2007. Entonces 47.236 personas accedieron a la PAD, de acuerdo al Boletín Estadístico de la Seguridad Social.
El Informe Técnico de ANSeS que propicia el proyecto de DNU dice “que su dictado resulta conveniente en términos de propiciar medidas de inclusión para un grupo particularmente vulnerable en virtud de problemáticas estructurales y coyunturales del mercado de trabajo” y “con menores posibilidades que otros grupos poblacionales para su reinserción laboral”.
También reconoce “el esfuerzo contributivo de las personas” por contar con más de 30 años de aportes, “ y las dificultades para obtener ingresos suficientes afectados por la crisis económica previa y durante la pandemia de COVID-19” .
Concluye que se “torna una medida de carácter urgente, dado que garantizará ingresos permanentes a personas que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad, a la vez que les otorgará cobertura sanitaria, una protección de suma relevancia atendiendo a que la pandemia del COVID-19 sigue vigente” .
El Gobierno nacional anunciará hoy los alcances de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con medidas de cuidado para mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país, y que continuará con el parámetro del semáforo epidemiológico, que establece distintos tipos de restricciones según la situación sanitaria en cada distrito del país.
«El DNU se va a renovar con los mismos parámetros que se vienen aplicando hasta ahora, con el fundamento de aplicar criterios objetivos y que no haya mucha más discusión», anticipó anoche el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones a la señal de cable A24.
El nuevo DNU -que comenzará a regir esta medianoche- se extenderá por las próximas dos semanas, mientras el Gobierno nacional espera que la Cámara de Diputados debata la ley de «Emergencia Covid» que ayer obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones.
Este proyecto establece un marco normativo sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus.
El objetivo del Gobierno nacional era obtener ayer la sanción de la norma, ya aprobada por el Senado, antes de que venza hoy el DNU vigente con restricciones, pero ante la falta de acuerdo con la oposición, la propuesta deberá ser tratada en una nueva sesión dentro de dos semanas.
En sus declaraciones de anoche, Cafiero ratificó que la nueva norma va a extenderse por «dos semanas» a la «espera» de que «se termine el tratamiento de la ley que también copia estas medidas», por lo cual, aclaró, «cuando se apruebe, tampoco va a cambiar» el criterio para adoptar las restricciones.
El DNU que vence hoy estableció nueve días de aislamiento estricto (entre el 22 y el 30 de mayo); luego cinco días con mayores habilitaciones (del 31 de mayo al 4 de junio); el pasado fin de semana (5 y 6), nuevamente con restricciones más duras, y los últimos días de esta etapa (del 7 al 11 de junio) otra vez con medidas más laxas.
El parámetro sanitario que rige actualmente, incluido en el proyecto de ley que se trata en el Congreso, establece la división del país en cuatro categorías, de acuerdo con los riesgos: bajo, mediano, alto y alarma epidemiológica y sanitaria.
Ayer, Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunieron con el comité asesor de expertos para evaluar la situación sanitaria nacional .
En ese encuentro, los epidemiólogos que asesoran al presidente Alberto Fernández calificaron de «alarmante» que las vacaciones de invierno se extiendan 14 días a raíz de la «movilidad que generaría en todo el país», y los expertos lo consideraron una «antesala de la tercera ola», por lo que propusieron «separar» esa instancia en «períodos más cortos».
Según pudo saber Télam de fuentes oficiales, los expertos recomendaron al Poder Ejecutivo mantener «medidas similares» a las actuales en los distritos que estén en alarma epidemiológica.
Previamente, Cafiero había recibido en su despacho de Casa Rosada a sus pares de provincia y Ciudad de Buenos Aires, Carlos Bianco y Felipe Miguel, respectivamente, para analizar los datos epidemiológicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que integran ambas jurisdicciones.
En ese encuentro, que se extendió por 50 minutos, se destacó «el descenso paulatino» de los casos pero se coincidió en que «aún falta mucho camino por recorrer».
Fuentes oficiales indicaron que se considera la posibilidad de «volver a tener períodos» de aislamiento «durante el invierno, es decir, aprovechar los feriados y semanas cortas».
También remarcaron que, después de aquellos nueve días de aislamiento obligatorio, las medidas «fueron eficaces» para bajar los casos en todo el país, con excepción de Córdoba, que «explotó».
El Gobierno nacional está preocupado por la situación sanitaria en Córdoba y también por la suba de casos en Chaco y Jujuy.
En el encuentro de ayer, los expertos «defendieron el semáforo epidemiológico y reiteraron que debe haber mayores controles por parte de las jurisdicciones» ante «el récord de ocupación en camas de unidades de terapia intensiva».
La situación judicial de Miguel Ángel Paz, el preparador físico que atacó a un empleado de seguridad porque lo intimó a cumplir con la cuarentena en su departamento, cada vez se complica más. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, aplicó el DNU sobre el coronavirus y lo imputó por los dos delitos que prevé esa norma, confirmaron fuentes judiciales. Aunque no está formalmente detenido, el juez le prohibió salir de su casa hasta que termine la cuarentena.
Paz regresó al país el jueves 12 luego de un viaje a Estados Unidos. La empresa de seguridad del edificio Rosales Park Tower, en Vicente López, asegura que violó la cuarentena al menos tres veces. Primero el jueves, luego el viernes y finalmente el sábado por la tarde.
Ese día, el empleado de seguridad agredido, Gustavo Granucci, lo intimó a cumplir con el protocolo de salud. La noticia se habría filtrado en un chat del edificio. Paz llamó a la guardia para quejarse y luego bajó a agredirlo.
“¡¿Me estás amenazando, la c… de tu madre? ¿Vos me estás amenazando a mí, vos me estás amenazando a mí? ¡Me dijiste que me ibas a poner una multa, me estás amenazando!”, se escucha a Paz increpar al guardia de seguridad. El efectivo, intimidado, respondió: “Vos no estás cumpliendo el protocolo de sanidad. Tomátelas de acá, salí de la guardia”. Un empujón desató la furia del propietario.
Las cámaras de seguridad registraron la brutal agresión cerca de las 21:20 del sábado. Fue una ráfaga de 19 trompadas en pocos segundos.
Granucci, de 31 años, sufrió heridas en el cuerpo y la fractura del tabique nasal. Pese a todo, cerca de las 2 de la madrugada del domingo realizó la denuncia en la Comisaría 1ª de Olivos. A esa hora, el video de la agresión ya se había filtrado en Twitter. El presidente Alberto Fernández, siempre atento a las redes, se comunicó por mensaje directo con David Coen, la persona que subió el video. Y el domingo a la mañana se refirió al caso en una entrevista radial: pidió que el preparador físico quede preso.
Por la agresión y la amenaza al vigilador se inició una causa donde actúa el fiscal Martín Gómez, de la UFI de Vicente López Este. El domingo a primera hora, el fiscal dispuso la aprehensión, como medida preventiva, y envió una ambulancia al domicilio de Paz para revisarlo. “No presentaba ningún síntoma vinculado al coronavirus”, le dijo el fiscal ayer con los datos brindados por la Policía y la Secretaría de Salud de Vicente López.
Esta tarde, Gómez indagará a Paz por la agresión. Finalmente se optó por el sistema de videoconferencia para resguardar la salud de todos los empleados judiciales.
Un patrullero vigila la entrada del edificio donde vive el agresor
En paralelo avanza la causa penal por el DNU que estableció las primeras medidas para evitar la propagación del coronavirus. Entre ellas figura la obligatoriedad de permanecer aislados durante 14 días para aquellas personas que presenten síntomas de la enfermedad o que hayan ingresado a la Argentina provenientes de los países más afectados por la enfermedad, como es el caso de Estados Unidos.
Según el DNU, publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial, el mismo día que Paz volvió al país, quienes violen el aislamiento serán denunciados por los delitos previstos en los artículos 205 (protege la salud en general) y 239 (delito de desobediencia) del Código Penal. El primero tiene hasta una pena de dos años de prisión.
“Ya fue imputado por los delitos que prevé el DNU y lo notificamos mediante un acta que se le hizo llegar a su casa que tiene prohibido salir hasta que cumpla con la cuarentena”, dijo una fuente judicial del Juzgado Federal 2 de San Isidro. El juez Mirabelli avanza por estas horas con las primeras medidas de prueba. “Lo principal es asegurar la salud de todos y que se cumpla con el aislamiento”, fue la orden a sus empleados. En los próximos días, Paz será indagado. Antes deberá declarar como testigo el empleado de seguridad agredido.
El presidente Alberto Fernández volvió a referirse al caso anoche, en la conferencia de prensa desde Olivos. Minutos después, lo llamó a Granucci, el empleado agredido. “Lo primero que hizo fue felicitarme por mi accionar para intentar frenar a ese animal. Me aclaró que esa no es la forma de actuar hacia mí. Después repudió totalmente la violencia y me dijo que saben dónde vive, cómo se llama y que ahora me quede tranquilo”, contó Granucci .
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