En la segunda sesión ordinaria de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Guerrero, tomó juramento de forma virtual como flamante integrante del cuerpo a Diego Martín Figueroa, asumiendo de esta forma la vacancia que dejó Maríta Colombo por su deceso.
En la oportunidad, la Comisión de Poderes compuesta por Marcelo Murúa y Jimena Moreno en representación de la mayoría, junto a Enrique Cesarini -por la minoría-, estudió la certificación enviada por el Juzgado Electoral provincial y también la nota presentada por Fabiana Bracamonte solicitando su incorporación en Diputados en reemplazo de Colombo.
La Comisión consideró que correspondía la asunción de Figueroa puesto que el juzgado informó que correspondía al ahora flamante diputado la cobertura a la banca.
A la vez, denegó la incorporación de Bracamonte ya que la ley de cupo del 30% en la composición de listas electivas no incluyó procedimiento alguno para los reemplazos y, además, el sistema de obtención de bancas se encuentra ceñido a la Constitución provincial a través del sistema D´Hondt.
De esta forma, tras poner en consideración lo resuelto por la Comisión, los legisladores aprobaron por unanimidad el ingreso a Diputados del ciudadano Figueroa.
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Avanzó el protocolo de intervención en el sector público con sanciones en casos de violencia, discriminacion de género u orientación sexual
La Cámara baja de la Legislatura de forma unánime aprobó con media sanción un proyecto presentado por Natalia Herrera, Tiago Puente, Natalia Saseta y Marita Colombo por el cual se establece en todo el sector público Provincial la obligatoriedad de un protocolo de intervención ante situaciones de violencia, discriminación de género u orientación sexual.
La herramienta busca intervenir ante comportamientos y acciones u omisiones cometidas por funcionarios/as y empleados/as de la provincia con una escala de sanciones que van desde el apercibimiento y las suspensiones hasta la cesantía y exoneración de acuerdo a la gravedad de la falta. De esta forma, se apunta a garantizar el respeto de los derechos de la/s víctima/s, la reserva y celeridad de las actuaciones y también el respeto por el derecho de defensa de la/s personas involucradas.
Saseta, quien obró como miembro informante de la iniciativa proyecto expresó que se “debe garantizar el funcionamiento de sistemas adecuados de atención a las víctimas de discriminación y violencia por razones de género, en el ámbito de las relaciones laborales y educativas, donde es necesario prevenir e intervenir de manera oportuna y eficaz ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género”. “Lo que buscamos con esta ley, con Marita y en su homenaje, es que tenga una real aplicación porque de nada sirven leyes que pueden ser bonitas pero no se ejecutan; buscamos una real aplicación y cuidado cuando se trata de vulneración a los derechos de género” remarcó.
Por su parte, Puente resaltó que el protocolo propuesto “considera como hechos de discriminación las acciones que degraden a las personas” para indicar que se debe avanzar en la consecusión de “una ciudadanía plural y tolerante”. En tanto, Alejandro Páez y Mónica Zalazar felicitaron a sus pares autores del proyecto. ————————————————
Identidad de género: Media sanción al protocolo para que las escuelas y colegios acepten el cambio registral del prenombre de alumnos y alumnas
Diputados dio media sanción y por unanimidad al proyecto presentado por Adriana Diaz y que crea un protocolo obligatorio para todos los establecimientos educativos de cambio registral del prenombre de alumnos y alumnas que soliciten el reconocimiento de su identidad autopercibida.
La autora del proyecto explicó que la iniciativa se encuentra enmarcada en la ley nacional de Identidad de Género (26.743). En este sentido subrayó que es ”necesario avanzar con acciones positivas para la efectiva aplicación” para acotar que “pretendemos acercar herramientas para el efectivo procedimiento con la identidad autopercibida de las personas y este proyecto trata particularmente la identidad de los niños, niñas y adolescentes trans”.
Además, observó que “por desinformación, mala información o prejuicio, directivos, supervisores, docentes y personal administrativo de los establecimientos educativos no avanzan, no se atreven, algunos tienen miedo, de ajustarse a la ley nacional de identidad de género”.
De esta forma, la iniciativa obliga al personal de educación a utilizar de manera inmediata el prenombre de uso social o autopercibido que manifieste el alumno. A la vez, el proyecto establece que se debe permitir la vestimenta acorde a la identidad autopercibida del alumno y la alumna.
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