La jueza de Familia, Gabriela Topino, ordenó que le bloqueen las redes sociales a un padre que incumplió con el pago de la cuota alimentaria de sus hijos menores de edad, en la ciudad de Rosario. Además, le impuso al padre deudor distintas sanciones como inhibición de bienes y prohibiciones de asistencia a espectáculos deportivos y de renovación de licencia de conducir.
La disposición de la jueza tiene la finalidad de que el padre «destine su tiempo para generar los ingresos que permitan satisfacer las necesidades de sus hijos”, de 7 y 9 años.
El abogado de la demandante, Sebastián Navas, habló del caso en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y afirmó: “No hay precedentes en el foro. Es una medida complementaria a las que se dictaron en este proceso (retención de licencia de conducir, por ejemplo). Hay una sentencia previa en la que se condena al demandado a abonar alimentos históricos”.
“Incumplió con eso, por eso solicitamos varias medidas. El bloqueo de redes sociales es complementario. El tiempo dedicado a momentos recreativos debería dedicarlo a generar ingresos para pagar la deuda”, argumentó.
Y agregó: “El demandado nunca se presentó para ofrecer su ayuda o aporte como progenitor. Tampoco aclaró si tiene o no cómo aportar. No hay constancia de que preste labor como monotributista o en relación de dependencia. Hasta el día de hoy se retienen ingresos del abuelo”.
“No recuerdo un antecedente en la justicia local de una resolución así. En mi caso particular, es la primera vez que pido el bloqueo de redes sociales y me hacen lugar. Entiendo que no hay antecedentes en este foro», precisó.
¿El bloqueo de redes sociales es de sencilla ejecución? Navas respondió que llevar a cabo esa medida “hay que enviar oficios a las empresas que son titulares de las redes sociales para que lo lleven a cabo. No solo comprenderá a las redes sociales que pueda utilizar en la actualidad el demandado, sino cualquier red social que pueda aparecer en el futuro», apuntó Navas.
La diputada Natalia Saseta presentó la iniciativa para modificar la Ley Provincial 5062.
La diputada provincial Natalia Saseta explicó esta mañana su proyecto de ley para modificar la Ley Provincial 5062, que busca reforzar el registro de deudores alimentarios en Catamarca. La propuesta, que ya obtuvo despacho favorable en la comisión, impide el ingreso de quienes estén registrados como deudores alimentarios a salas de juego de azar, casinos y bingos.
“Lo que buscamos es modificar uno de sus artículos, específicamente el artículo 4, para incorporar la prohibición de que los deudores que están morosos no puedan ingresar a salas de juegos de azar, casinos o salas de juego de bingo”, sostuvo Saseta, quien enfatizó en la importancia de garantizar el derecho de los niños a recibir la cuota alimentaria.
La diputada explicó que esta medida se enmarca en el interés superior del niño y espera desalentar a quienes incumplen con su deber. Se intenta proteger “el interés superior del niño restringiendo otro derecho como el derecho del juego y evitando así que el alimentante afecte su patrimonio, obstaculizando una vez más su deber, su obligación alimentaria”, añadió.
La propuesta exige que las personas presenten su identificación al ingresar a casinos, donde se verificará si figuran en el registro de deudores alimentarios. Además, se contempla que el Poder Judicial asegure el acceso a esta información para los concesionarios de juegos de azar.
Para Saseta, aunque idealmente los padres deberían cumplir con su responsabilidad sin medidas coercitivas, esta iniciativa refleja una realidad preocupante que es el hecho de que muchos padres no cumplen con la cuota alimentaria correspondiente. “Es triste tener que elaborar leyes que sancionen determinadas conductas cuando el deber alimentante debería ser algo sustancial”, afirmó la diputada.
Controversias y antecedentes
Sin embargo, este proyecto de ley se presenta en un contexto en el cual la propia diputada Saseta ha enfrentado denuncias que, aunque no se relacionan directamente con la temática de su proyecto, generan cierta controversia en su rol legislativo. Las denuncias incluyen reclamos de transparencia en el manejo de fondos y críticas a su gestión en diversas áreas, que han sido recogidas por sectores de la oposición en la provincia.
Estas acciones concretas de presión sobre los morosos, más la vergüenza que genera la condena social por la difusión de los casos, hicieron que en tiempo récord estas personas se pusieran al día con sus deudas.
«Hay muchos padres que pese a tener poder adquisitivo, prefieren no pagar y utilizan a los hijos como rehenes. Y como aún no hay un registro de moroso alimentarios a nivel nacional, cada provincia tiene sus propias leyes. Córdoba, por ejemplo, es la única que hasta el momento le prohíbe al deudor sacar o renovar el pasaporte y salir del país», explicó a InfobaeAdrián Nicolás de Stefano, Director General de Justicia, Registro y Mediación porteño, quien puso como ejemplo la situación vivida por un cordobés que no pudo viajar a Estados Unidos con su esposa y su nueva familia por no estar al día con la cuota que le debía a su ex.
«Lo que sucedió acá es que cinco días después de esa prohibición, el hombre pagó. Así que no era un problema de plata», recordó Stefano.
En la provincia de Buenos Aires hay 1.458 morosos alimentarios inscriptos (Shutterstock)
La encargada de revertir la conducta de ese hombre fue la abogada cordobesa Diana Mezzano, quien lo demandó por deberle a su clienta casi $200 mil en concepto de alimentos.
Para poder subirse al avión y no perder todas las reservas que ya había hecho en Nueva York, el demandado tuvo que abonar -además de la deuda- 12 meses de cuotapor adelantado por lo que terminó depositando $ 326 mil más los honorarios de la letrada.
«Como no pudimos ejecutar el auto que le habíamos embargado porque se nos dificultó encontrarlo pedimos que se librara una orden para impedirle salir del país», explicó Mezzano a Infobae.
Más allá que la letrada se mostró a favor de la creación de un registro nacional de deudores alimentarias, hizo hincapié en la reforma del Código Civil y Comercial que otorgó nuevas herramientas para abordar este tipo de situaciones. «Si bien su sanción ya tiene cuatro años para el derecho todavía es algo nuevo. Y así como yo utilicé esas leyes para presionar al deudor cualquier abogado del país también puede hacerlo. Hay que investigar qué tipo de vida lleva y las circunstancias que lo rodean para lograr que las medidas solicitadas sean efectivas. En este caso puntual, sabíamos que el ex de mi clienta hacía muchos viajes al exterior», resaltó Mezzano.
La reforma del Código Civil y Comercial, en 2015, proporcionó nuevas herramientas para acorralar a los deudores alimentarios y obligarlos a pagar
El Nuevo Código Civil y Comercial habilitó medidas cautelares para asegurar los alimentos provisionales, definitivos y futuros; fijó a los deudores la tasa de interés más alta que le cobran los bancos a sus clientes (según el Banco Central) e incorporó la responsabilidad solidaria (que otro se haga cargo de la deuda) cuando hay incumplimiento de pago, entre otras normas.
Muchas veces, los padres tienen poder adquisitivo para pagar la cuota alimentaria pero usan a los chicos como rehenes (Shutterstock)
«Cuando tomo un nuevo caso, lo primero que busco es embargar bienes para después ejecutarlos y cobrar la deuda. Indago si recibe dinero extra del cobro de alquileres o procedo a embargar sueldos (si trabaja en relación de dependencia) o la facturación (si es monotributista). Hoy en día, las redes sociales ayudan mucho para delinear un perfil del estilo de vida del demandado y establecer cuáles son los mejores mecanismos para forzarlo a cumplir con sus obligaciones como padre«, remarcó.
Si bien estos fallos ejemplares no abundan, sientan jurisprudencia como una forma de acorralar a aquellos que no cumplen con la manutención de sus hijos, que siguen en aumento con el paso de los años.
En la provincia de Buenos Aires hay 1.458 morosos alimentarios inscriptos mientras que en Capital Federal el número asciende a 5.547 gracias a un convenio de cooperación con varias provincias
Desde la Dirección de Antecedentes del Registro de Deudores Alimentarios de la provincia de Buenos Aires informaron que actualmente hay 1.458 personas inscriptas (el 98,8% son hombres) que no cumplen con esa obligación; y que el número de morosos viene creciendo desde 2016, cuando apenas había 272 inscriptos.
«Estamos teniendo un crecimiento mensual de 100 persona por mes. Es que al estar más en boga todo lo relacionado con los derecho de la mujer y de los niños, ellas cuentan con más herramientas para denunciar», indicó a Infobae Luis Di Girolamo, director de Antecedentes y Garantías Constitucionales de la Provincia, a cargo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos bonaerenses.
De todas maneras, se lamentó que la situación de los deudores alimentarios prescriba a los 5 años por ley. «Hay muchas mujeres que, cuando se vence el plazo, no vuelven a solicitar la inscripción ante el juzgado por lo que la mora continúa pero no queda asentada en ningún lado», explicó Di Girolamo.
En la Ciudad de Buenos Aires hay 5.547 morosos alimentarios inscriptos (Shutterstock)
Ante la falta de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM), cuyo proyecto de ley fue presentado por el senador radical Julio Cobos y obtuvo media sanción, en la provincia avanzan con más restricciones. «Ya firmamos convenios con 84 municipios con el objetivo de impedirle al moroso sacar o renovar la licencia de conducir. Ahora estamos trabajando en conjunto desde el Ministerio de Justicia provincial porque la interconexión de datos es compleja, pero estamos seguros que va a salir próximamente «, aseveró.
En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos porteño, en tanto, figuran 5.547 deudores registrados, de los cuales un 99% son hombres. Pero. a diferencia de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, los números se mantienen «estables» y se producen alrededor de 400 nuevas inscripciones por año.
En Buenos Aires se realizan alrededor de 100 nuevas inscripciones por mes y en la Ciudad un poco más de 400 por año
«Sin bien son cifras constantes, en 2017 se produjo el pico más importante desde el año 2000 ya que se sumaron 1.450 nuevos deudores gracias a un convenio de cooperación que hicimos con Chaco, Formosa, Entre Ríos, Mendoza, Salta, La Rioja, Tucumán, Chubut, San Luis y Jujuy», remarcó Stefano. Esto significa que si un moroso salteño o jujeño, por ejemplo, que se muda a Buenos Aires y necesita sacar un certificado de deudor alimentario, el sistema va a cruzar los datos y va a advertir que esa persona está en falta y le va a rechazar la solicitud.
Según Stefano, entre los juzgados civiles de la justicia nacional con asiento en la Ciudad y los juzgados civiles bonaerenses hay cerca de 10.000 causas por alimentos, por lo que lamentó la falta de actualización en los registros.
«Muchas veces son los jueces los que no mandan a inscribir a los morosos, son ellos los que no cumplen con la ley. Los magistrados pueden mandar a hacer la inscripción por petición de parte, pero también por oficio y muchas veces no lo hacen», concluyó.
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