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  • El Gobierno reglamenta la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia

    El Gobierno reglamenta la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia

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    El Gobierno nacional oficializó este martes la reglamentación de la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia mediante la Resolución Nº 57/2024, publicada en el Boletín Oficial. Esta medida, impulsada por la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a modernizar un régimen de más de tres décadas, flexibilizando las condiciones operativas y administrativas para las empresas del sector.

    Un sistema más simple y digital

    El nuevo esquema permite que los transportistas se registren de manera gratuita y online a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), unificando todos los registros bajo el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros (RNTAP). Este trámite obligatorio, disponible desde el 11 de diciembre, debe realizarse mediante una Declaración Jurada e incluye la presentación de información clave como nóminas de conductores, flota vehicular y pólizas de seguro.

    Los operadores recibirán un Certificado de Alta de Transportista en un plazo de cinco días hábiles, lo que facilitará la inscripción de sus servicios. Para las empresas ya en actividad, se establece un plazo de 60 días corridos para declarar sus operaciones conforme al nuevo marco.

    Libertad operativa

    La reglamentación permite a las empresas establecer libremente sus recorridos, itinerarios, precios y frecuencias, agilizando las modificaciones operativas que antes demoraban hasta un año. Ahora, los ajustes pueden realizarse en un plazo de 15 días. Sin embargo, se mantienen los estándares vigentes en materia de seguridad vial, higiene y accesibilidad, incluyendo la revisión técnica vehicular obligatoria.

    Sanciones por incumplimientos

    Esta medida surge en un contexto de sanciones recientes contra empresas que no cumplían con la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, una obligación amparada por la legislación vigente. A pesar de los fallos judiciales a favor del Estado, algunas compañías continuaron negándose a cumplir, lo que llevó al Gobierno a avanzar con nuevas medidas sancionatorias.

    La normativa establece claramente que las empresas de transporte colectivo terrestre deben garantizar la gratuidad en los pasajes para personas con discapacidad y para niños, niñas y adolescentes beneficiarios de programas de cuidado integral, reafirmando su derecho a la accesibilidad en el transporte público.

    Declaraciones oficiales

    El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó en redes sociales que esta medida simplifica la entrada al mercado del transporte de pasajeros: “Con seguro y revisión vehicular aprobada, cualquiera puede convertirse en proveedor de transporte de pasajeros”.

    Por su parte, desde el Ministerio de Economía, se aseguró que el nuevo sistema elimina la burocracia excesiva y permite una mayor competitividad en el sector, favoreciendo la oferta de servicios y una reducción de precios para los usuarios.

  • Federico Sturzenegger Impulsa el «Decreto 51» para la Eliminación y Reforma de Organismos Públicos

    Federico Sturzenegger Impulsa el «Decreto 51» para la Eliminación y Reforma de Organismos Públicos

    Buenos Aires, 24 de julio de 2024 – El ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, se prepara para realizar su primera gran movida desde que se incorporó al Gabinete del presidente Javier Milei. En un esfuerzo por reducir la estructura del Estado y optimizar el uso de recursos públicos, Sturzenegger firmará el «Decreto 51», que propone la eliminación, reforma o fusión de alrededor de 60 organismos públicos.

    El objetivo principal del decreto es reducir el gasto público y eliminar estructuras consideradas innecesarias o utilizadas de manera ineficiente durante administraciones anteriores. Esta medida, que se enmarca dentro de la política de desmantelamiento de institutos y organismos públicos, ha sido defendida por el vocero presidencial Manuel Adorni como una manera de terminar con «grandes cajas de la política» y «lugares para generar empleo militante».

    Organismos Afectados

    Entre los organismos que se verán afectados por el decreto, se encuentran:

    • Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), dependiente del Ministerio de Capital Humano.
    • Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), bajo la Jefatura de Gabinete.
    • Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que ya había sido anunciado para su cierre en febrero.

    Otros organismos que podrían verse afectados incluyen el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el Instituto Nacional del Teatro (INT), Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner, el Instituto Nacional “J. D. Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

    Impacto y Reacciones

    La decisión de eliminar o reformar estos organismos se fundamenta en la idea de que no cumplen una función necesaria para la función pública o fueron utilizados de manera irregular para desviar fondos durante la administración kirchnerista. Sin embargo, esta medida no estará exenta de costos, ya que se espera que el gobierno deba gastar millones en indemnizaciones por despidos o retiros voluntarios.

    El gobierno de Sturzenegger asegura que la medida es necesaria para terminar con las «trabas del Estado» y que el problema no es la cantidad de empleados, sino su función dentro de una estructura que crea impedimentos. No obstante, esta premisa no ha llevado a la reubicación de los empleados afectados, manteniéndose firme la meta de alcanzar 70 desvinculaciones.

    Futuro del Decreto

    Aunque la lista completa de los organismos afectados aún no se ha oficializado, la implementación del «Decreto 51» acercará al gobierno a su objetivo de recortar el presupuesto estatal. A pesar de las posibles consecuencias económicas inmediatas, como el pago de indemnizaciones, la administración de Milei confía en que la medida servirá para alcanzar una mayor eficiencia en la función pública y apoyar su plan de modernización y desregulación del Estado.