La Corte Suprema obligó al Estado a pagarle a la provincia de San Luis $15 mil millones por coparticipación.
El Máximo Tribunal dio lugar a la causa original de 2015, en la que se reclamaban retenciones del 15% de ANSES y del 1,9% por parte de AFIP: discriminado, son $11.500 millones del primer organismo y $3.500 del ente recaudador; la suma redondea los 15 mil millones mencionados.
La decisión fue firmada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la mayoría del tribunal que es independiente del PRO.
A esta altura, ya están quienes se planteansi fue acertada la idea del asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón de reemplazar de manera intempestiva, antes de que finalice su mandato, a Ricardo Lorenzetti de la presidencia del Máximo Tribunal de la República.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto al presidente Mauricio Macri.
La decisión no es una buena noticia para el gobierno nacional en un contexto de ajuste para reducir el déficit. Sobre todo porque, próximamente, la Corte podría resolver sobre el caso Santa Fe (otra de las provincias que reclama), por un monto que rondaría los 45.000 millones de pesos.
Esta sentencia le suma otro capítulo a una vieja disputa: en noviembre de 2015 -sobre el epílogo de la presidencia de Cristina Kirchner-, la Corte Suprema consideró inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); según el gobierno puntano, en su caso, la Nación no le restituyó los fondos.
En noviembre del año pasado, el Máximo Tribunal también le había ordenado al Estado nacional que le devolviera los fondos coparticipables a la provincia de La Pampa.
«En términos futbolísticos, es como si la Argentina enfrentará todavía un partido cuesta arriba, con nueve jugadores, pero con un tiro libre a favor«. La metáfora deportiva que eligió en off un experto en litigios internacionales ilustra la «ventana de oportunidad» que la Corte Suprema de Estados Unidos le dio hoy al país en el caso de la demanda por la expropiación de YPF, que podría costarle al Estado nacional hasta USD 3.000 millones.
Esto es, la decisión del máximo tribunal norteamericano de pedir la opinión del solicitor general (procurador) antes de fallar sobre la jurisdicción que corresponde es una buena noticia para la Argentina luego de dos reveses judiciales en cortes inferiores.
A diferencia de la Argentina, en Estados Unidos el solicitor general es un brazo del Poder Ejecutivo, de modo que si por razones de política exterior el gobierno norteamericano opina que es conveniente apoyar el planteo argentino, el procurador va a argumentar en ese sentido ante la Corte (Garro)
«El gobierno argentino gana tiempo y, sobre todo, tiene ahora la chance de operar para que se abra la discusión sobre la jurisdicción» del abanico de opciones, este no es el fallo que más esperaba la Casa Rosada, porque no se decidió el traslado de la causa a la Justicia argentina, pero es una puerta que se abrió y que según interpretan los especialistas le da espacio en ese debate a consideraciones políticas, ligadas a la relación bilateral de ambos países.
«A diferencia de la Argentina, en Estados Unidos el solicitor general es un brazo del Poder Ejecutivo, de modo que si por razones de política exterior el gobierno norteamericano opina que es conveniente apoyar el planteo argentino, el procurador va a argumentar en ese sentido ante la Corte Suprema», señaló Alejandro Garro, profesor de derecho internacional en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Igualmente, esa argumentación debe ser jurídica, aclaró.
Jueza Loretta Preska
La administración de Mauricio Macri pretende que el caso, iniciado por el fondo Burford Capital, especializado en este tipo de litigios internacionales, continúe en la justicia argentina y no en los tribunales de Nueva York. Y si bien la opinión que el máximo tribunal estadounidense solicitó hoy al gobierno de Donald Trump no es vinculante, sin duda va a ser tomada muy en cuenta. En este sentido, según Garro también la composición actual de la Corte Suprema norteamericana, con una mayoría conservadora cercana a los intereses de la Casa Blanca, podría favorecer al país.
«La posición argentina es defendible», opinó en off the record otro experto legal de Washington con larga trayectoria en demandas internacionales. «El problema es que el gobierno kirchnerista hizo en su momento una defensa muy mala del caso, jugó para la tribuna mediática sin evaluar los costos legales en el largo plazo y prácticamente lo regaló«, añadió.
Es muy posible que un gobierno como el de Trump, que ya se ha mostrado sensible a los intereses argentinos, escuche los argumentos del Gobierno
Ahora es necesario revertir la situación y remontar los fallos en contra en dos instancias judiciales en tribunales de Nueva York. Pero según los expertos hay elementos que juegan a favor del país. En primer lugar, que es muy posible que un gobierno como el de Trump, que ya se ha mostrado sensible a los intereses argentinos, escuche los argumentos del Gobierno. Esos planteos giran en torno a la idea de que un tribunal norteamericano no puede tener competencia sobre un acto soberano como lo fue la expropiación, en abril de 2012, del 51% de las acciones de YPF en manos de la española Repsol.
Burford Capital compró luego a los accionistas minoritarios de la petrolera el derecho de accionar contra el país por no haber respetado los contratos. Para los demandantes se trata de una cuestión comercial que debe decidirse en la jurisdicción donde cotizan las acciones de la firma. Es decir que si el máximo tribunal norteamericano les da la razón, el caso volvería al juzgado del segundo distrito de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, reemplazante de Thomas Griesa.
El titular de la ANSES aclaró que la resolución del Máximo Tribunal es por juicios del período 2002-2009 y que la decisión no afecta la Reparación Histórica. «Nadie se va a interponer en el cuidado que venimos haciendo nosotros de los jubilados», enfatizó
Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que este martes declaró inconstitucional el índice de ANSES para calcular jubilaciones, el Gobierno salió a ponerle paños fríos a la decisión al asegurar que el costo fiscal podría ascender a unos «$700 millones, manejables» para el presupuesto.
El titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, aseguró este miércoles que «ni el fallo ni nadie se va a interponer en el cuidado que venimos haciendo nosotros de los jubilados y vamos a pagar lo que corresponde y vamos a seguir solucionando estos juicios«.
En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario aclaró que lo que el Máximo Tribunal «está fallando es sobre el período del 2002 y el 2009, es decir, son juicios heredados de la gestión anterior de Gobierno«.
Ayer, luego de conocerse la noticia, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó que el costo fiscal anual rondaría los $700 millones.
Basavilbaso fue más cauto y evitó dar un número. «Todo va a depender de múltiples factores. Hay unos 10 mil juicios en la corte. Hay que esperar, hay que ver cómo va a ser el impacto. Todo va a depender de cuántos expedientes nos envíe la Justicia«, explicó.
Finalmente, el funcionario descartó que esa deuda se pague con bonos. «Tenemos que terminar de evaluar los impactos. Queremos resolver el problema de los juicios a los jubilados y vamos a pagar lo que corresponde«.
«Hoy en día nadie discute que la plata de la ANSES es para los jubilados. Cuando necesitemos la plata recurriremos a las ganancias que produce el Fondo (de Garantías de Sustantividad) para pagar estas mayores jubilaciones que estaban pendientes de muchos años«, concluyó.
Es el sistema electoral que le permitió a Alicia Kirchner ganar la Gobernación pese a no ser la candidata más votada
La Corte Suprema de Justicia se expedirá mañana sobre la ley de lemas de Santa Cruz. Se trata del sistema electoral que en 2015 le permitió a Alicia Kirchner sumar los votos del sublema del peronista Daniel Peralta y ganar la Gobernación.
La UCR presentó un amparo antes de las elecciones. Pretendía que se declarara la inconstitucionalidad de una ley provincial que define el método para elegir autoridades. Además, buscaba que se proclamara como ganador de las elecciones al candidato que obtuviese la mayor cantidad de votos. El pedido no prosperó, pero avanzó por distintas vías hasta llegar a la Corte.
Finalmente, el radical Eduardo Costa fue el candidato con más sufragios, pero Kirchner terminó asumiendo como gobernadora por la aplicación de la ley que ahora analizará el máximo tribunal, según informó cuando estableció su cronograma de debate para fin de año.
Los ministros comenzarán a exponer sus miradas sobre el tema este lunes. En 2003, cuando a la Corte le tocó intervenir en un caso similar, decidió no involucrarse porque se trataba de una cuestión de competencia provincial.
Carlos Maqueda es el único de los firmantes de esa sentencia que continúa en el tribunal. La posición del resto de los jueces es una incógnita en un momento donde prima la desconfianza. La semana pasada, el presidente Carlos Rosenkrantz quedó en soledad defendiendo la aplicación del 2×1 para represores, algo que marca el pulso político que atraviesa la Corte.
La decisión tiene un peso más simbólico que real. Es que Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, es el único distrito del país que mantiene este sistema de votación para la Gobernación. Se sospecha que el año que viene Alicia Kirchner podría intentar una jugada similar a la de 2015 para competir por la reelección. Su principal contricante, Costa, se distanció recientemente del Gobierno cuando se opuso a votar el Presupuesto en el Senado.
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