Etiqueta: Corte Suprema

  • El Senado debate los pliegos de Lijo y García-Mansilla en medio de tensiones políticas y fracturas internas#Senado #CorteSuprema #Pliegos

    El Senado debate los pliegos de Lijo y García-Mansilla en medio de tensiones políticas y fracturas internas#Senado #CorteSuprema #Pliegos

    En una jornada marcada por intensas negociaciones y divisiones políticas, el Senado de la Nación sesiona desde las 14 para definir el futuro de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. La sesión, encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se desarrolla en un contexto adverso para el oficialismo, que no logró asegurar el respaldo de aliados clave.

    Quórum opositor y fractura en Juntos por el Cambio

    La sesión se inició con quórum gracias al aporte de 37 senadores: 32 del peronismo, dos del PRO (Alfredo De Angeli y María Victoria Huala), dos de la UCR (Pablo Blanco y Martín Lousteau) y el exlibertario Francisco Paoltroni. Este movimiento significó un revés para el Gobierno, que intentó sin éxito bloquear el inicio del debate ante la falta de apoyo del PRO y la UCR.

    A lo largo del día, figuras de Juntos por el Cambio manifestaron posturas dispares. Carolina Losada (UCR) y Luis Juez (PRO) rechazaron abiertamente los pliegos, calificando el proceso como “una falta de respeto institucional”. En tanto, desde el oficialismo, Bartolomé Abdala expresó optimismo respecto a una posible aprobación, aunque admitió que el escenario es complejo.

    Críticas a las designaciones y acusaciones cruzadas

    Uno de los focos de tensión radica en la forma en que fueron impulsadas las candidaturas. El Ejecutivo designó a García-Mansilla “en comisión” por decreto, lo que fue criticado por senadores de distintos bloques. Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana) acusó al Gobierno de intentar condicionar decisiones judiciales, vinculando la postulación del académico con causas judiciales contra Cristina Kirchner.

    Por su parte, el senador Pablo Blanco (UCR) anticipó que el rechazo es inminente y responsabilizó al Gobierno por no haber buscado consensos. “No me consta que el Ejecutivo se haya sentado a dialogar para lograr apoyo”, afirmó. También adelantó que, de ser rechazados los pliegos, podrían presentarse recusaciones y conflictos judiciales.

    Renuncia de Laura Izzo y ausencia de Villarruel

    La jornada también estuvo marcada por la renuncia indeclinable de María Laura Izzo como secretaria administrativa del Senado. Su salida fue aceptada sin objeciones, y recibió elogios desde todo el arco político. En tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel, ausente por estar ejerciendo la presidencia ante el viaje de Milei a EE.UU., aclaró su situación mediante redes sociales y respondió a críticas por su no participación en el recinto.

    Ficha Limpia, rechazada

    En el marco de la sesión, también se rechazó una moción presentada por el senador Juan Carlos Moreno (Cambio Federal) para tratar el proyecto de Ficha Limpia. Con 33 votos en contra y 27 a favor, el Senado decidió postergar el debate de esta iniciativa, que ya contaba con dictamen de comisión.

    Un resultado abierto

    Hasta el momento, se anotaron 17 oradores para el debate, lo que anticipa una sesión extensa. Aunque todo indica que los pliegos no alcanzarán los dos tercios necesarios para su aprobación, el resultado aún depende de las últimas negociaciones.

    El tratamiento de estas designaciones se da en un contexto de fuerte presión institucional y con un oficialismo que enfrenta crecientes dificultades para consolidar mayorías en el Congreso.

  • Crisis en Formosa: Gildo Insfrán desconoce fallo de la Corte y aumenta la tensión política

    Crisis en Formosa: Gildo Insfrán desconoce fallo de la Corte y aumenta la tensión política

    #GildoInsfrán #Formosa #ReelecciónIndefinida

    El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, rechazó tajantemente el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reelección indefinida en la provincia, lo que generó fuertes críticas y encendió el debate político en todo el país. En un acto público, Insfrán afirmó que «ningún porteño nos va a indicar quién va a ser nuestro representante», dejando en claro su intención de continuar en el cargo que ocupa desde 1999.

    Rechazo opositor y la posibilidad de intervención federal

    La reacción de Insfrán fue duramente cuestionada por la oposición. Francisco Paoltroni, líder del espacio Libertad, Trabajo y Progreso, pidió la intervención federal de la provincia, argumentando que “el Poder Ejecutivo debe evitar nuevas trampas que se burlan de los formoseños, de la Corte y la República”.

    Por su parte, el diputado radical Fernando Carbajal calificó al mandatario como «ilegítimo» y exigió su renuncia inmediata: “El fallo dice claramente que este octavo mandato es inconstitucional”. Otros referentes del frente opositor Juntos por la Libertad, como Gabriela Neme, señalaron que Insfrán busca replicar un modelo autoritario similar al de Nicolás Maduro en Venezuela, impulsando una reforma constitucional que habilite nuevos mandatos.

    Estrategia del oficialismo: reforma constitucional y narrativa antiporteña

    Según denunció Juan Montoya, integrante de la Confederación Frente Amplio Formoseño, Insfrán planea una reforma de la Constitución provincial para reiniciar los plazos y poder presentarse nuevamente en 2027. “Habla desde el enojo y la soberbia, como si fuera dueño de Formosa”, sostuvo.

    El mandatario también apeló a una narrativa recurrente en su discurso, atribuyendo las críticas a una supuesta intromisión de sectores porteños en los asuntos provinciales. «Siempre inventa que el enemigo es el porteño, juega con esa idea para mantener su base de apoyo», opinó Nelida Sotelo, dirigente opositora.

    Internas en la oposición: divisiones y desafíos

    A pesar de las críticas compartidas hacia Insfrán, las internas en la oposición formoseña son evidentes. El frente Juntos por la Libertad, que agrupa a libertarios y radicales, enfrenta tensiones entre sus propios integrantes. Paoltroni, una figura clave en el espacio, desconfía de algunos dirigentes aliados, asegurando que podrían estar «cooptados por Insfrán».

    El desafío inmediato de este frente será una elección municipal en abril, donde buscarán consolidar su unidad y demostrar su capacidad para enfrentar al oficialismo provincial, que domina la política formoseña desde hace más de dos décadas.

    El impacto nacional del fallo y el rol del Gobierno

    La postura desafiante de Insfrán pone en jaque el cumplimiento del fallo de la Corte y genera interrogantes sobre el rol del Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, en garantizar su aplicación. La intervención federal, planteada por varios dirigentes opositores, sería una herramienta extrema pero posible si el gobernador insiste en desconocer la resolución judicial.

    Mientras tanto, la tensión política en Formosa sigue en aumento, marcando un capítulo crítico en la lucha por la alternancia democrática y el respeto por las instituciones en Argentina.

  • Caso Chubut: el Gobierno prepara la apelación y podría ir directamente a la Corte Suprema

    Caso Chubut: el Gobierno prepara la apelación y podría ir directamente a la Corte Suprema

    El Gobierno de Milei apelará en las próximas horas el fallo del juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre (foto), quien hizo lugar a una medida promovida por el gobernador de Chubut Ignacio Torres y dispuso que cese la retención de la coparticipación ordenada por la Casa Rosada. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, la presentación ya está siendo elaborada por los abogados de la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra.

    Por estas horas se analiza si se apelará el fallo ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que tiene jurisdicción sobre los juzgados federales de Rawson y está integrada por los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, o si pedirá un per saltum para que resuelva directamente la Corte Suprema de Justicia.

    “El ministro de Justicia y el Procurador del Tesoro están estudiando el asunto”, dijo a este medio un vocero oficial.

    El fallo fue firmado a las 13:38 y rápidamente fue notificado a las partes.

    “Nos encontramos ante una injusta e intransigente posición por parte de la demandada, sumado a una inexistente política de absorción de consecuencias por parte del Estado Nacional respecto de la Provincia del Chubut llevada a cabo por el descuento automático de fondo coparticipables”, señaló el juez Sastre sobre el gobierno de Javier Milei.

    Además, el magistrado exhortó a los gobiernos de Chubut y de la Nación a que arbitren los medios necesarios para cancelar o refinanciar la deuda que el Estado provincial mantiene con la Casa Rosada, siempre y cuando no importen el compromiso de servicios esenciales para los chubutenses.

    Sin embargo, el magistrado no aceptó el pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de que el Estado nacional le devuelva los más de 13 mil millones de pesos retenidos la semana pasada.

  • La Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan

    La Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan

    Lo resolvió este martes por pedido de varios partidos políticos. Se trata de una medida cautelar que, de momento, pone freno a las reelecciones de Juan Manzur y Sergio Uñac.

    A través de una medida cautelar, la Corte Suprema de Justicia decidió suspender las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan que se iban a celebrar el próximo domingo.

    La Corte hizo lugar al pedido de una serie de partidos políticos que habían denunciado la imposibilidad de Juan Manzur y Sergio Uñac, respectivamente, a ir por un nuevo mandato ya que no sólo cumplieron sucesivos períodos como gobernador sino que anteriormente habían sido vicegobernadores.

    Con la firma de los jueces Horacio RosattiJuan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema declaró “la competencia originaria” del máximo tribunal y ordenó requerir a las dos provincias “el informe circunstanciado” para ser entregado en los próximos cinco días.

    El máximo tribunal suspendió las elecciones y solicitó a los tribunales electorales provinciales que envíen informes sobre las candidaturas en un plazo máximo de cinco días.

    Del texto del fallo parece adelantarse que, finalmente, la Corte no permitirá las candidaturas de Uñac y Manzur, puesto que sostiene que “cuando el Tribunal Electoral Provincial oficializó la candidatura del gobernador habilitó para competir en las elecciones que tendrán lugar el 14 de mayo próximo en búsqueda de un cuarto mandato”.

    El texto habla de “cuarto mandato”, que es justamente lo que argumenta la oposición para oponerse a la nueva candidatura de Manzur y Uñac

    “Es evidente entonces que ese acto electoral podría producir en breve un trastorno institucional de difícil reparación. Ante ello, esta Corte debe asegurar preventivamente que cualquiera sea la sentencia definitiva que recaiga en la causa, su cumplimiento sea aún posible dentro del sistema representativo republicano que las provincias se comprometieron a garantizar”, sostuvieron los jueces de la Corte.

    Pese a que las elecciones provinciales forman parte de las facultades previstas en las constituciones locales, la Corte interpretó que puede fallar en ambos casos.

    “Dado que es parte demandada una provincia y que el actor ha planteado ante esta Corte de manera seria una cuestión federal predominante, el proceso corresponde a la competencia originaria del Tribunal”, dijeron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda al justificar su intervención.

    “La inminencia de las elecciones previstas para el próximo 14 de mayo y la trascendencia institucional que reviste el planteo efectuado, exigen a este Tribunal adecuar el procedimiento a la vía prevista en la ley 16.986”, también conocida como ley de “Acción de Amparo”.

    Los jueces enmarcaron la acción en lo que establece el artículo ocho de esa normativa para “abreviar los plazos para integrar el contradictorio”, por lo que requirieron a ambas provincias que en cinco días presente “el informe circunstanciado” que establece la norma previo a resolver.

    Así, la Corte podría autorizar la realización de las elecciones en ambas provincias en un plazo perentorio.

    La ley prevé que “cuando la acción fuera admisible, el juez requerirá la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro del plazo prudencial que fije”.

    Los cinco días fijados por la Corte vencerán el próximo miércoles. Superado ese plazo, “se dictará sentencia fundada dentro de las 48 horas, concediendo o denegando el amparo”.

    De tal forma, la Corte podría resolver la semana próxima la habilitación de las elecciones y, en ese marco, si Uñac y Manzur pueden ser candidatos.

    La Corte citó como antecedente de los casos de Tucumán y San Juan lo que resolvió en 2019 respecto de Santiago del Estero: “la historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que con menor o mayor envergadura y éxito intentaron forzar —en algunos casos hasta hacerlos desaparecer— los principios republicanos que establece nuestra Constitución”.

    “Ese pasado debería desalentar ensayos que persiguen el único objetivo de otorgar cuatro años más en el ejercicio de las máximas magistraturas de la provincia a quien ya lleva doce años ininterrumpidos en esos cargos, desconociendo el texto constitucional”, sostuvo el tribunal en sus fundamentos, en un virtual adelanto de lo que resolverá sobre el fondo de la cuestión.

  • Zaffaroni: «Es una crisis seria, terminal de la Corte»

    Zaffaroni: «Es una crisis seria, terminal de la Corte»

    Tras la renuncia de Highton de Nolasco, el exjuez Eugenio Zaffaroni analizó el futuro de la Corte Suprema. «Es una cuestión de poder interno», aseguró.

    El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni opinó este miércoles que tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco «nos estamos quedando sin Corte, sería bueno avanzar», en referencia a la necesidad de conformar un nuevo cuerpo colegiado que no quede reducido a sólo cuatro miembros a partir del 1 de noviembre.

    «No sé ni cómo se reúnen ni cómo dialogan, llama la atención, se rompió la cuestión versallesca, es una Corte que se construyó así con actitudes sumamente agresivas. Supongo que se le hizo insoportable esa situación. Creo que claramente ese es el motivo de la renuncia», dijo Zaffaroni en declaraciones a radio AM750.

    En otro pasaje de la charla sostuvo que «esto es una cuestión de poder interno, no hay una cuestión ideológica» y pronosticó que «institucionalmente va a generar un problema, la oposición no va a dar el acuerdo a quien proponga el gobierno, habrá que negociar, es difícil en esta circunstancia, esto a a demorar en resolverse».

    Zaffaroni es partidario de que la Corte esté conformada por 15 miembros a el fin de que «naturalmente, el espacio de negociación sea un poco mayor».

    Desde su óptica, contar con un jurado de cuatro o cinco miembros es un problema ya que «si hay desacuerdo, son dos y dos y entra este subrogante en cada causa. Entonces, la causa sale A o sale B. ¿Qué jurisprudencia tenés?». En ese sentido el exmagistrado sostuvo que esta «es una crisis seria, terminal de la Corte».

    Cabe recordar que este martes, y de manera sorpresiva, Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia a la Corte a partir del 1 de noviembre, apenas unos días después de la polémica designación de Horacio Rosatti como su nuevo presidente, en una elección que no contó con los votos de la propia magistrada ni de Ricardo Lorenzetti, quien estaba ausente por trabajo.

  • La Corte Suprema dispuso un aumento del 10% retroactivo para todo el Poder judicial

    La Corte Suprema dispuso un aumento del 10% retroactivo para todo el Poder judicial

    La Corte Suprema de Justicia dispuso un aumento salarial para todo el personal del Poder Judicial de la Nación de un 10 por ciento retroactivo al 1 de noviembre de 2020, confirmaron hoy fuentes judiciales.

    El incremento salarial, «remunerativo y bonificable» es «para todas las categorías del Poder Judicial de la Nación», precisó la acordada 40/2020, firmada ayer en forma digital por los cinco jueces del máximo tribunal del país.

    A través del mismo documento, la Corte decidió que «los retroactivos correspondientes a noviembre y diciembre de 2020 sean abonados conjuntamente del mes de enero de 2021».

    Como en casos anteriores -la última con la acordada 34/2020 del 18 de noviembre pasado- el incremento fue dispuesto «como parte de la política salarial de 2020», para «mantener el poder adquisitivo de los sueldos de todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación respecto a la inflación».

  • Nahir Galarza fue a la Corte Suprema para que, con perspectiva de género, revierta su condena

    Nahir Galarza fue a la Corte Suprema para que, con perspectiva de género, revierta su condena

    Nahir Galarza, la joven de 22 años condenada a prisión perpetua por asesinar a balazos a su novio Fernando Pastorizzo, cometido en diciembre de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, presentó un recurso de queja para que, con perspectiva de género, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise y anule la sentencia dictada en su contra, informó hoy su defensa.

    La presentación fue realizada en forma digital ayer por la nueva defensora de Galarza, la abogada Raquel Hermida Leyenda, quien lidera el Equipo Interdisciplinario de la Red de Contención, una ONG destinada a asesorar a víctimas de violencia de género.

    El recurso en queja directo a la Corte nacional es la última vía de apelación que tiene la defensa para intentar revertir la condena, luego de que el 20 de octubre pasado el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) rechazara un recurso extraordinario federal presentado por los abogados de Galarza para que el fallo sea revisado por el máximo tribunal del país.

    Hermida Leyenda informó en un comunicado que el recurso de queja “se basa en la falta de perspectiva de género durante el proceso contra Nahir” y que “sostiene que la investigación y el debate oral evidenciaron graves negativas a la defensa, impidiendo la realización de numerosas pruebas”.

    “Fue notoria la violencia institucional contra los testigos que decían algo a favor de la imputada, hasta se llegó a denunciar por falso testimonio a una profesional y una vecina. Se le vedaron pericias completas y reiteradamente confundieron perspectiva con violencia de género”.

    La letrada también indicó que el Stjer aceptó su pedido para realizar “exhaustivas pericias a Nahir” que están “avanzadas”, y son “psicológica y neurocognitiva, psiquiátrica, endocrinológica y neurológica; además de una batería de análisis clínicos y diagnóstico por imágenes”.

    Sobre su estrategia de defensa y el motivo de estas nuevas pericias, Hermida Leyenda respondió que sólo quiere “conocer la verdad”.

    Galarza, quien actualmente tiene 22 años, fue con 19 la mujer más joven en haber sido condenada a prisión perpetua, y permanece alojada en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná.

    Allí cumple la condena por el crimen de Pastorizzo (20), cometido entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.

    Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado con el arma de su papá policía pero que había sido de manera «accidental».

    La sentencia a prisión perpetua fue dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.

  • La Corte Suprema de Justicia declaró admisible el recurso de «per saltum» de los jueces

    La Corte Suprema de Justicia declaró admisible el recurso de «per saltum» de los jueces

    La Corte Suprema de Justicia declaró hoy admisible el recurso de «per saltum» de los jueces con sus traslados suspendidos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, en una resolución dada a conocer este mediodía.

    El máximo tribunal de la República Argentina con la mayoría formada por los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton resolvió abrir el per saltum presentado por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para no ser removidos de los cargos que ocupan en la Justicia Federal Penal, donde se tramitan las causas de corrupción que investigan la gestión kirchnerista.

    Los cuatro integrantes de la mayoría de la Corte Suprema firmaron el mismo voto y el presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz firmó el suyo dando lugar también a la apertura del recurso excepcional.

    De esta forma quedó en suspenso el trámite. En la misma resolución se le comunicó al Consejo de la Magistratura que, hasta que se pronuncie la Corte sobre el fondo de la cuestión, debe abstenerse de llevar adelante cambios y/o designaciones de magistrados; y al mismo tiempo le dio 48 horas para enviar el expediente completo.

    De esta manera, la Corte se expidió sobre la admisión del recurso, pero no sobre el fondo, porque la sentencia debe dictarse después de que conteste el Consejo de la Magistratura. Es probable que, como el máximo tribunal acortó los plazos y decretó días y horas inhábiles, la decisión sobre el fondo sea muy rápida.

    Mientras tanto, los jueces permanecerán de licencia porque así lo solicitaron.

    La mayoría estable en la Corte Suprema se mantiene y los magistrados que la firmaron redactaron un voto conjunto con el objetivo de evidenciar que se mantiene en el Tribunal dicha mayoría, como ocurrió en los últimos 15 años. Asimismo, esa mayoría se basó siempre en precedentes, que en esta oportunidad también se citaron, con la finalidad de dar previsibilidad en la interpretación para que las reglas sean claras.

    Los antecedentes del caso

    Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli interpusieron un recurso de per saltum contra la sentencia de primera instancia que les rechazó el amparo deducido contra el Consejo de la Magistratura y solicitaron a la Corte Suprema que se declare sobre “sus traslados son definitivos”.

    El recurso significa que se interpone contra la sentencia de primera instancia y se salta la Cámara para ir directamente a la Corte Suprema. Por esta razón es una vía excepcionalísima y fue admitido una única vez por la Corte Suprema desde que la ley fue sancionada.

    En el único per saltum que admitió la Corte, hubo una sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de la reforma judicial y el Estado Nacional planteó el tema en el máximo tribunal, sin deducir recurso de apelación; saltó la instancia

    Los jueces no saltaron la instancia, de ese modo, lo que dificultó seriamente la resolución de la medida. La sentencia de primera instancia se dictó el 21 de agosto pasado y el 25 de agosto, los actores plantearon dos recursos: el per saltum ante la Corte Suprema y el recurso de apelación ante la Cámara Contencioso administrativo.Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán CastelliLeopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli

    Esta decisión planteó un obstáculo: porque la ley establece que el per saltum debe ser «el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido. En el momento en que el recurso fue interpuesto, podría haber sido rechazado, porque había otro recurso, el de apelación, y entonces el per saltum no era la única vía.

    Por esa razón se decidió esperar en resguardo de los derechos de los magistrados. En este momento, al no haber sentencia de la Cámara y dado el avance que se produjo en la situación, se corre el riesgo de que el derecho a una sentencia se torne ilusorio. Si se espera el dictado de la sentencia de la Cámara, más el recurso extraordinario, puede pasar mucho tiempo.

    El requisito, que no se cumplía al momento de la interposición del recurso, y que podría haber motivado su rechazo, se cumple ahora, porque podría volverse abstracta cualquier decisión que se adopte luego de que esté en condiciones de ser resuelto el recurso extraordinario. Lo que la Corte hace es reconocer el derecho a una sentencia que pueda cumplirse de modo efectivo.

    La ley requiere que exista gravedad institucional, en el sentido de que exceda el mero interés de las partes. Para la Corte eso sucede en este caso, porque más allá del interés de los dos jueces, se debe definir cuál es el alcance de los traslados de jueces federales, de importancia para todo el sistema judicial.

    En el fondo, tratan de analizar los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales y las disposiciones que rigen esos procedimientos para contar con una magistratura independiente.

  • Representantes del Gobierno nacional expresaron hoy su «solidaridad» con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti

    Representantes del Gobierno nacional expresaron hoy su «solidaridad» con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti

    Representantes del Gobierno nacional expresaron hoy su «solidaridad» con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien sufrió una protesta en su casa de la ciudad santafesina de Rafaela, y abogaron para que las «instituciones de la democracia trabajen libres de presiones».

    El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, manifestó su «preocupación» ante la protesta que sufrió ayer Lorenzetti y sostuvo desde Twitter que el país necesita que las «instituciones de la democracia trabajen libres de presiones».

    El ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, llamó a establecer como «límite» el «respeto a la convivencia democrática y sus instituciones», y convocó a que «todos los sectores democráticos de la sociedad acompañen este límite que merece un unánime y contundente repudio».

    Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, expresó también por redes sociales su «solidaridad y profundo repudio» y reafirmó el «compromiso» del Gobierno de Alberto Fernández por una «Justicia independiente».

    En tanto, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, sostuvo que no pueden «tolerarse» escraches como el que sufrió Lorenzetti y consideró «inadmisibles» los «aprietes e intimidaciones» de los que viene siendo objeto el máximo tribunal en las últimas semanas.

    «La marcha al domicilio de Lorenzetti constituye un hecho de enorme gravedad», sostuvo Mena, en declaraciones a Télam, y señaló además que se trata de una «práctica» a la que «nos quieren acostumbrar desde que en este país gobernó Mauricio Macri», por lo que pidió que «el PRO y el expresidente salgan a dar la cara».

    «No podemos tolerar estas prácticas, de enorme gravedad institucional, y que buscan generar hechos de violencia», advirtió.

    El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando «Chino», Navarro, planteó desde Twitter que «aquellos dirigentes del macrismo que buscan hacer política enfureciendo a la gente lo que logran es destruir la verdad y pueden destruir las instituciones».

    Por redes sociales, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y jefe del PJ, José Luis Gioja, se sumó a los mensajes de «solidaridad» y abogó por una «Justicia independiente, regida por la ley y no a la merced de los aprietes promovidos por algunos inescrupulosos».

    Un grupo de manifestantes opositores protagonizaron ayer una caravana de protesta frente al domicilio de Lorenzetti, a días de que ese cuerpo defina los recursos presentados por los magistrados Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, cuyos traslados fueron revocados por el Senado.

    El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a un «acuerdo extraordinario» para el próximo martes para analizar si concede el pedido de «per saltum» de los tres magistrados para que se resuelva la cuestión de fondo, respecto de si sus respectivos traslados por decreto durante el anterior Gobierno de Macri se ajustaron o no al trámite de designación previsto en la Constitución.

  • Catamarca fue a la Corte Suprema por la quita del IVA a alimentos de la canasta básica

    Catamarca fue a la Corte Suprema por la quita del IVA a alimentos de la canasta básica

    Catamarca fue a la Corte Suprema por la quita del IVA a alimentos

    La Provincia presentó, en la mañana de ayer, ante el máximo tribunal judicial de la Nación una acción de amparo de inconstitucionalidad contra los decretos presidenciales 561 y 567 que, se estima, repercutirán en un perjuicio de 1.100 millones de pesos para las arcas catamarqueñas.

    El Asesor General de Gobierno, Pablo Gallardo, confirmó que Catamarca presentó esta mañana, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una acción de amparo contra los decretos 561 y 567 emitidos por el Gobierno nacional, por medio de los cuales el Presidente Mauricio Macri dispuso medidas que incluyen la suba del piso de Ganancias, cambios en monotributo y autónomos y quitas del IVA a alimentos de la canasta básica, impuestos que forman parte de la masa coparticipable y por lo tanto la provincia sufrirá una detracción de fondos que tenía presupuestados.

    Catamarca se suma así al bloque de 16 distritos (junto con Formosa, Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Misiones y San Juan) que iniciaron demandas de inconstitucionalidad contra los citados instrumentos legales que implementó Macri luego de la derrota electoral en las PASO celebradas el pasado 11 de agosto.

    El funcionario catamarqueño explicó que los argumentos de las provincias ante la Corte Suprema son homogéneos en algunos aspectos, mientras que se diferencian en cuanto a cómo inciden las medidas nacionales en los respectivos presupuestos.

    Con respecto a la pérdida de recursos que sufrirá la provincia por la menor recaudación de IVA, Ganancias y Monotribuno, Gallardo indicó que las estimaciones indican que hasta fin de año la Catamarca recibirá mil cien millones de pesos menos.

    “El Presidente sistemáticamente decide no observar la Constitución Nacional, sobre todo en las cuestiones referidas al derecho intrafederal, que tienen que ver con los aspectos coparticipables. Desde Catamarca sostenemos que se deben tomar medidas que repercutan en un aliciente a la crisis que sufrimos los argentinos. Pero el Estado nacional debe afrontarlas con sus propios recursos, toda vez que cobra impuestos directos que componen el Tesoro de la Nación y por impuestos indirectos se queda con el 50 por ciento de la masa coparticipable. Pero lo que pretende Macri es que las jurisdicciones paguen por las medidas netamente electoralistas que tomó”, cuestionó el Asesor General de Gobierno.

    Por último, Gallardo señaló que la presentación legal seguirá un curso similar a la acción presentada oportunamente por Catamarca por la eliminación del Fondo Federal Solidario. Por ejemplo, tomará vista el Procurador General de la Nación y luego se llamará a audiencia. No obstante, indicó que el planteo también se puede resolver desde la política, lo que dependerá de que Nación abra un diálogo sincero y honesto con las provincias.

  • Las críticas obligaron a la Corte Suprema a torcer su decisión

    Las críticas obligaron a la Corte Suprema a torcer su decisión

    La historia lo demuestra: “los amigos del campeón” se multiplican de inmediato y con la misma proporción que el tamaño del triunfo. Del otro lado de la moneda, se sabe que “la derrota es huérfana”. Difícilmente los ahora desorientados jueces de la Corte Suprema de Justicia puedan escapar de esa inapelable jurisprudencia. Más bien todo lo contrario: en las próximas horas, algunos de sus colegas de Comodoro Py harán conocer la primera facturatras el fallido intento por aliviar el frente judicial de Cristina Kirchner.

    Al grano: encabezados por Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti -los dos líderes políticos del máximo tribunal-, cuatro de los cinco jueces enviaron ese día una breve nota al Tribunal Oral Federal 2, que ya estaba ultimando detalles para la primera audiencia del juicio oral por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del contratista K Lázaro Báez, ganador a través de su abanico de firmas de 52 contratos por 46.000 millones de pesos.

    Con la abstención del presidente formal del tribunal, Carlos Rosenkrantz, aquella notita pedía el original del expediente, que supera los 70 cuerpos. Nada más. Ni menos: a una semana del juicio, esa intervención procesal “ralentizaría” el proceso, en palabras textuales de una fuente de máxima confianza de uno de aquellos dos cortesanos. El 21 de mayo no habría audiencia.

    Unas horas antes, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -el tribunal de apelaciones inmediatamente inferior a la Corte- había rechazado los tres últimos recursos de Cristina y de Carlos Kirchner, el detenido primo del ex presidente también acusado en este caso. Esa decisión despejaba el último escollo para iniciar las audiencias.

    Entonces aparecieron Lorenzetti y Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton. Y la confesión de que el pedido del expediente para analizar nueve quejas procesales sin respuesta cuanto menos demoraría el juicio, sin plazos por supuesto. Una señal política de altísimo voltaje, que también buscaba destinatarios entre los jueces federales que tienen las demás causas contra Cristina.

    Ese mismo martes, casi en simultáneo, durante una entrevista televisiva Alberto Fernández -un diurno doctor Jeckyll que promete mesura e institucionalidad, pero que luego se torna míster Hyde con bravatas que barren aquel olivo- dio la lista de jueces que “van a tener que explicar” sus investigaciones sobre la viuda de Kirchner: Claudio Bonadio, Julián Ercolini, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. Una enumeración quirúrgica que el jueves también tuvo su respuesta desde la Asociación de Magistrados.

    Pero entonces, lo inesperado: una copiosa lluvia de críticas por parte de magistrados, constitucionalistas, asociaciones profesionales, funcionarios públicos y sobre todo en las calles y redes sociales, que olían el inconfundible perfume de la impunidad.

    Los jueces del TOF 2, que en principio se habían resignado a la suspensión del juicio, de pronto se animaron a borrar esa frase del escrito que enviaba la causa a la Corte. “Que paguen el costo ellos”, dijeron a este diario cerca del tribunal. Bajo fuego, los cortesanos intentaron desmentir su intención de beneficiar a Cristina. Falso: preparando la sigilosa movida, el portal de noticias de la Corte había omitido publicar el llamado a acreditaciones para la audiencia del 21, que el TOF2 le había enviado la semana pasada. Lo hizo el jueves.

  • Por un sorpresivo pedido de la Corte Suprema podría retrasarse el primer juicio a Cristina Kirchner

    Por un sorpresivo pedido de la Corte Suprema podría retrasarse el primer juicio a Cristina Kirchner

    La Corte Suprema de Justicia le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 el expediente principal del juicio por la obra pública a Cristina Kirchner que tiene fecha de inicio para el 21 de mayo. Lo hizo para tratar de poner orden en una causa llena de recursos y planteos que podrían derivar en distintos pedidos de nulidad a lo largo del juicio. 

    Según se pudo saber, es probable que esta decisión derive en una demora del inicio del juicio de la causa conocida como «Vialidad». Pero las fuentes judiciales señalaron que de este modo se evitarán futuras presentaciones de nulidades.

    La causa sufrió una larga serie de recursos y planteos. La semana pasada, uno de los acusados le pidió al tribunal que lo autorice por 15 días a internarse en un sanatorio de la provincia de Misiones para realizar «un programa de rehabilitación, desintoxicación y acompañamiento espiritual«.

    El planteo lo hizo Raúl Pavesi, ex director de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, que alegó que sufre un cuadro de malestar general. El fiscal del juicio, Diego Luciani, se opuso a la autorización y los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, la rechazaron.

    El caso de la obra pública tiene todavía algunas cuestiones pendientes de resolución. Una de ellas podría tener incidencia directa en el inicio del juicio. Se trata de la demanda civil que el gobierno de Mauricio Macri presentó en 2016 junto con la denuncia penal en la que pidió que los acusados indemnicen al estado nacional por las irregularidades cometidas. El Tribunal Oral ya dijo que ese planteo se debe tramitar en la Justicia Civil y Comercial Federal. Pero la jueza de ese fuero, Alicia Pérez, dijo que en rigor corresponde a la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y le devolvió la causa al Tribunal Oral que ahora debe volver a decidir.

    Pero paralelamente la defensa de Cristina Kirchner llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la demanda civil se trate en el juicio oral. El máximo tribunal todavía no resolvió, pero el caso ya pasó por algunos de sus jueces.

    A fines de abril, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió no acumular en un solo tribunal los juicios a Cristina Kirchner por las causas de las presuntas irregularidades de la obra pública a Lázaro Báez y por el expediente «Los Sauces».

    El efecto de esta decisión era, hasta ahora, que el próximo 21 de mayo comenzaría el juicio por la obra pública, lo que hubiera sido puesto en duda si se acumulaban ambos expedientes.

    La decisión fue tomada por unanimidad por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, que resolvieron lo que se conoce como un conflicto de competencia.

    La defensa de Pavesi, a cargo de Graciela Cervo, presentó el certificado de un psiquiatra que describía que el ex funcionario sufre un cuadro de malestar general, mareos, angustia e hipertensión arterial y recomendaba una internación de 15 días en el sanatorio Adventista Noreste Argentino, ubicado en la provincia de Misiones, para una «rehabilitación, desintoxicación y acompañamiento espiritual». La defensa dijo que la internación podía durar diez días.

    El fiscal Luciani se opuso. Señaló en su dictamen que autorizar a Pavesi significaba un riesgo de que no esté presente en el inicio del juicio. Lo mismo había dicho cuando se opuso al viaje a Cuba de la ex presidenta Cristina Kirchner, aunque en ese caso el Tribunal Oral la autorizó.

    Luciani también explicó que había una divergencia entre los 15 días que recomendaba el médico y los 10 días alternativos que planteó la defensa, que no era comprensible ni se explicaba por qué la internación debía ser en ese sanatorio -a mil kilómetros de la ciudad de Buenos Aires- y no en uno más cercano y que el diagnóstico médico no era preciso, sino genérico. Y por último le pidió al Tribunal Oral que Pavesi, de 67 años, sea revisado por el Cuerpo Médico Forense para determinar su estado de salud físico y psíquico.

    Los jueces compartieron el criterio y rechazaron la autorización. «Ni de la citada presentación de su asistencia técnica ni del certificado médico que acompañó luce un claro diagnóstico de entidad suficiente que amerite la internación solicitada», sostuvieron los jueces Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que hicieron referencia a la «orfandad de constancias médicas». Agregaron que tampoco se alegaron «cuestiones de urgencia» y que Pavesi no tiene domicilio en Misiones, sino que vive en la ciudad de Buenos Aires.

    Cristina Kirchner
    Cristina Kirchner

    «Finalmente, y no menos importante, es la proximidad del inicio de la fecha de audiencia de inicio de debate, por lo que entendemos que, a fin de no poner en riesgo su realización, y por los antes mencionados, corresponde no hacer lugar a la autorización de viaje«, concluyeron y ordenaron que el Cuerpo Médico Forense revise a Pavesi.

    Pavesi, ex director de Vialidad de Santa Cruz de diciembre de 2007 a febrero de 2013, es uno de los 13 acusados en el juicio que se realizará en los tribunales de Comodoro Py. Junto con Cristina Kichner también serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez.

    La acusación es por la presunta concesión irregular de obra pública para Santa Cruz a las empresas de Báez durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Según la imputación, muchas de esas obras nunca se terminaron pero se cobraron y tenían sobreprecio.