El juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, dio la razón al gobierno de Chubut en la disputa sobre la retención de fondos coparticipables establecida por el gobierno nacional.
En una resolución a la que accedió Infobae, el juez ordenó implementar la medida autosatisfactiva promovida por la provincia y decretar la suspensión de la retención realizada por el Poder Ejecutivo en pago de préstamos otorgados dentro del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Sastre pidió a los gobiernos de Chubut y de la Nación que establezcan los medios para cancelar o refinanciar la deuda que el Estado provincial tiene con la Casa Rosada, sin importar el compromiso de servicios esenciales para los habitantes de la provincia.
Para comprender la causa del conflicto, es necesario remontarse a la semana pasada, cuando el gobierno nacional implementó una garantía para recuperar una deuda de Chubut y redujo la distribución habitual de los fondos coparticipables que le pertenecen.
Con la ayuda de otros gobernadores, Ignacio Torres, el líder local, hizo una amenaza de interrumpir la suministración de petróleo y gas en caso de que Javier Milei no detuviera su acción. En simultáneo, inició una campaña legal que culminó en la decisión actual.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había reclamado a la Justicia el dictado de una medida «autosatisfactiva» contra el Estado Nacional para que «case» la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia en concepto de reembolsos por préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el reintegro inmediato de lo ya retenido.
En la demanda se reclamó hacer cesar «la retención automática de fondos coparticipables» que «son utilizadas como una herramienta de presión política para bloquear recursos coparticipables», según el texto al que tuvo acceso Télam.
La provincia concretó la presentación del texto de la demanda ante el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Sastre, quien dio vista a la fiscalía para manifestarse sobre la competencia de ese Tribunal y la competencia de la medida solicitada, informaron a Télam fuentes judiciales
A media mañana del martes, el fiscal federal de Rawson Fernando Gelvez dictaminó que el Juzgado Federal 1 de esa ciudad es competente para intervenir en el caso, postuló que debe admitirse «formalmente la medida autosatisfactiva» pedida y ante ello juez quedó en condiciones de resolver.
El magistrado «debe declararse competente para entender en estos actuados, admitiendo formalmente la medida autosatisfactiva articulada», sostuvo el dictamen fiscal al que tuvo acceso Télam.
La medida que pide el gobierno de Chubut » resulta de competencia del Juzgado Federal Nro. 1 de Rawson, por encontrarse demandado el Estado Nacional, más precisamente el Ministerio de Economía, con domicilio en Av. Hipólito Irigoyen N° 250, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», agregó el fiscal.
La demanda
En la demanda de 77 carillas a la que tuvo acceso Télam, el gobierno de Chubut pidió dictar la medida autosatisfactiva que ordene «el cese de la retención automática que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Decreto Nro. 286/95), realiza sobre las sumas que ha de percibir la provincia del Chubut por Coparticipación Federal de Impuestos».
«Esta situación deberá mantenerse por el plazo de la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial dispuesto mediante la Ley Nº VII N° 94», sostuvo la presentación firmada por el gobernador Torres, el fiscal de Estado de Chubut Andrés Giacomone, el fiscal adjunto Lucas Papini y el abogado Javier Stampone.
En la demanda se reclama también que se ordene al Estado Nacional «renegociar la deuda en condiciones razonables que impliquen un plazo mínimo de 5 años de amortización y una modificación de las condiciones actuales de actualización de la deuda por CER».
En concreto se pide aplicar «una tasa BADLAR en pesos bancos privados para operaciones superiores a $ 1.000.000, en un plazo de 30 a 35 días, más un spread de 200 a 300 puntos básicos».
En su defecto, se solicita autorizar a la provincia a tomar «un nuevo endeudamiento con el exclusivo destino de cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario Provincial mediante la emisión de un título de deuda cancelable en un plazo de 5 años en pesos o dólares, bajo la legislación nacional o extranjera».
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