Anoche, durante un control rutinario realizado por efectivos de la Dirección de Seguridad Vial, se produjo un importante hallazgo en un vehículo interceptado en la ruta. El hecho tuvo lugar cuando un automóvil Volkswagen Polo fue detenido para su inspección. Al revisar el rodado, los agentes notaron la presencia de una significativa suma de dinero, lo que motivó la intervención de personal especializado de la Dirección Drogas Peligrosas.
Tras una exhaustiva inspección del vehículo, las autoridades procedieron al secuestro de $19.435.000 en efectivo en moneda nacional, así como U$S 47.581 en dólares estadounidenses. El conductor del automóvil, un hombre de 46 años oriundo de Salta, quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.
Cabe destacar que el sujeto en cuestión cuenta con antecedentes penales, habiendo cumplido una condena previa por el delito de transporte de estupefacientes. Debido a la naturaleza del hallazgo, el Juzgado Federal tomó intervención en el caso, ordenando las actuaciones de rigor y el secuestro del dinero.
El hecho ha generado preocupación en las autoridades, que continúan investigando la procedencia de los fondos y si están vinculados a actividades delictivas. El conductor permanecerá bajo custodia mientras se avanza en las pesquisas.
El FBI ha identificado a Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años originario de Bethel Park, Pensilvania, como el tirador involucrado en el intento de asesinato del ex presidente Donald Trump. El incidente ocurrió durante la tarde de este sábado en el recinto Butler Farm Show, donde Trump participaba en un evento.
Detalles del Incidente
Crooks disparó desde el techo de una planta de manufactura ubicada al norte del recinto, utilizando un rifle tipo AR-15. El agresor logró disparar ocho veces antes de ser abatido por agentes del Servicio Secreto. En el ataque, una persona resultó muerta y dos más fueron gravemente heridas, todos hombres adultos. Las autoridades encontraron materiales explosivos en el vehículo de Crooks, lo que agrava la gravedad del incidente.
Investigación en Curso
El FBI ha declarado que la investigación sigue siendo activa y ha solicitado la colaboración del público para aportar cualquier información relevante. En un comunicado, instaron a quienes tengan fotos o vídeos relacionados con el ataque a enviarlos por internet. Hasta el momento, no se han revelado detalles concluyentes sobre las motivaciones de Crooks.
Perfil del Agresor
Thomas Matthew Crooks se graduó de Bethel Park High School en 2022. Según documentación electoral, estaba registrado como votante republicano en Pensilvania. No obstante, los registros federales de financiamiento de campañas muestran que realizó una donación de 15 dólares a un comité de acción política progresista el mismo día que el presidente Joe Biden asumió el cargo, el 20 de enero de 2021.
Crooks no tenía antecedentes penales, según los registros judiciales públicos de Pensilvania. La identificación del tirador se demoró porque no llevaba documentos consigo en el momento del ataque. Los agentes del Servicio Secreto lo encontraron en el techo del edificio desde donde realizó los disparos, fuera del perímetro de seguridad del evento.
Reacciones y Contexto
El padre de Crooks, Matthew, declaró a CNN que estaba tratando de comprender lo sucedido y que prefería esperar a hablar con la policía antes de hacer comentarios sobre su hijo. Crooks vivía en Bethel Park, un suburbio de Pittsburgh, a unos 70 kilómetros de Butler, donde se produjo el atentado.
Los medios locales explicaron que Crooks eligió un lugar en el tejado de un edificio fuera del perímetro de seguridad del acto de campaña, lo cual le permitió evitar los controles de seguridad y los arcos detectores de metales. Según un análisis de posiciones elaborado por CNN, el tirador estaba a una distancia de unos 120 a 150 metros de Trump.
Conclusión
Este atentado ha generado una respuesta rápida por parte de las fuerzas de seguridad y ha dejado a la comunidad en estado de shock. La investigación continúa y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre las motivaciones y posibles conexiones del agresor. Las autoridades han reiterado su llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que pueda ser útil en el esclarecimiento de los hechos.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó este viernes al Gobierno argentino a que derogue el decreto por el cual el Estado expulsa a migrantes con antecedentes penales. Y aconsejó que, mientras se lleva a cabo ese proceso, se suspenda su aplicación.
Lo hizo a través del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que días atrás analizó en Suiza la situación particular de Argentina.
«El Comité expresa su profunda preocupación por la promulgación y aplicación del Decreto Nº 70/2017, a pesar de que fue declarado inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativo en marzo de 2018″, dice el documento del organismo, que señala que esa norma es contraria a los mandatos de la Convención Internacional, ratificada por el Estado argentino en 2007. De hecho, la nulidad del DNU está bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Comité de la ONU está integrado por 14 especialistas de todas las regiones del planeta. Estas recomendaciones al Estado nacional son parte de sus observaciones finales sobre la situación de los derechos de las personas migrantes en la Argentina, tratadas junto a García y organismos sociales en Ginebra, Suiza, a principios de septiembre.
La sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza (Reuters)
Naciones Unidas también exigió al Estado argentino que revise todos los casos de expulsiones que se hayan realizado desde la sanción del decreto y los que aún están pendientes de resolución.
Durante el diálogo con el Estado, María Landázuri, integrante del Comité y relatora para la Argentina, reclamó que se revise la situación de por lo menos 125 casos de expulsión, informados por la Defensoría General de la Nación. Y fue concreta con el caso de Liz Moreta, que contó Infobae semanas atrás.
La resolución de la ONU se dio una semana después de que el senador nacional Miguel Ángel Pichetto se refiriera a la situación de Gómez Cueva y en contra de la decisión del propio Gobierno de permitirle regresar de modo excepcional. «Hay una patología en Argentina, una delincuente peruana narcotraficante que fue condenada a cuatro años, cumplió la condena y la expulsaron. Vendía droga, desintegraba familias y ahora como somos humanitarios, buenísimos, vamos a permitirle que vuelva para que se encuentre con los hijos mayores acá, extraordinario«, había dicho el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio.
El Comité de la ONU recomendó además que el Estado «adopte las medidas necesarias para que, en todos los procedimientos administrativos y judiciales, se garantice el respeto de las garantías procesales a las personas migrantes en pie de igualdad con los nacionales del Estado»; y pidió que «considere alternativas a la ‘retención’ que actualmente se aplica a los migrantes».
También apuntó al tratamiento que el Gobierno dio sobre casos como el de Vanessa, donde al expulsarla a su país de origen separaron a la madre de sus hijos nacidos en Argentina. Y reclamó que «vele por que los niños migrantes y los niños argentinos no sean separados de sus padres o de sus cuidadores primarios, así como no sean vulnerados sus derechos por una decisión administrativa sobre la situación migratoria de sus familiares».
También como en los casos de Gómez Cueva y Moreta, exigió al Estado que «motive a la rehabilitación de las personas migrantes que han cumplido sus condenas por cometimientos de delitos, para que puedan reintegrarse a su familia cuando sus hijos están radicados en Argentina».
Asimismo, el Comité solicitó que el Estado busque alternativas a la detención para fines de expulsión y remarcó que esta debe ser usada como medida de último recurso.
Liz Moreta tiene tres hijos argentinos, pero el Gobierno quiere echarla del país
El informe manifestó su profunda preocupación por los aspectos discriminatorios y regresivos en materia de derechos del DNU 70/2017, en particular, en lo que respecta a las garantías del debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a la igualdad de trato y la libertad de circulación. Así, expresa su seria preocupación por que «el decreto haya creado un procedimiento sumario ‘acelerado’, aplicable a las personas que son objeto de una orden de expulsión, que provoca indefensión, y da un carácter únicamente administrativo a las decisiones de permanencia o expulsión que afectan la vida y los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias».
«Las observaciones que hizo el Comité de trabajadores Migratorios de la ONU son claras: pide derogar el DNU que modificó la Ley Nacional de Migraciones, suspender su aplicación y revisar las expulsiones dictadas y ejecutadas en su marco. Además, consideró que su contenido es contrario a lo que establece la convención de la ONU que nuestro país ratificó en el 2007. Necesitamos que el Estado implemente estas medidas y dé marcha atrás con las políticas migratorias violatorias de derechos«, consideró a InfobaeDiego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que expusieron sobre la situación de migrantes en Argentina durante el encuentro en Suiza.
«El Comité fue muy claro en marcar cuáles son los apectos que el Gobierno incumple obligaciones internacionales en materia de derechos de migrantes. Es una oportunidad para el Estado para cubrir con estas obligaciones. Uno de los puntos de recomendaciones es que se incluyan organizaciones civiles en el seguimiento de estas recomendaciones. Desde Amnistía Internacional estamos disponibles y atentos para colaborar en ese espacio y la garantía de estos derechos que el Estado incumple», comentó a este medio Mariana Marques, directora de Política y Justicia Internacional de esta ONG en Argentina.
La ONU además hizo pública su preocupación por las situaciones de violencia y acoso por parte de la policía, de las que son víctimas vendedores ambulantes de Senegal y Haití y el colectivo LGBTIQ. También señaló que los trabajadores informales tienen dificultades para acceder a opciones para su regularización migratoria, lo que los expone a situaciones de abuso por parte de las autoridades. Instó al Estado, en ese sentido, a reconocer el trabajo autónomo como un criterio para acceder a la residencia.
El Comité advirtió al Estado, también, por los discursos de las autoridades y medios de comunicación que asocian a las personas migrantes con la delincuencia y la inseguridad. Pidió al Estado que adopte medidas para eliminar los estereotipos discriminatorios sobre las y los migrantes. Las observaciones finales del Comité obligan a las agencias del Estado, en sus distintos niveles, incluido el Poder Judicial, a retomar y profundizar una política migratoria basada en los derechos de las personas migrantes, en lugar de la política inaugurada por el DNU que las criminaliza.
Bajo el lema de establecer una «reciprocidad migratoria» entre países, la Argentina exigirá desde los próximos días un nuevo listado de requisitos para los extranjeros que quieran tramitar la residencia en el país.
Entre las nuevas exigencias figuran: el comprobante de carencia de antecedentes penales de los últimos 10 años, certificados de salud y certificado de trabajo de sus países de origen, a la vez que un aumento de montos del trámite migratorio en algunos casos puntuales.
El ministro del Interior Rolegio Frigerio y el director de Migraciones Horacio García anunciarán esta tarde una batería de nuevas medidas de controles migratorios para reforzar el sistema de residencias de extranjeros en la Argentina.
Fuentes calificadas de la Casa Rosada adelantaron a Infobae que además de pedir los antecedentes penales retroactivos a 10 años para aquellos extranjeros que busquen radicarse en la Argentina, la Dirección de Migraciones podrá pedir también certificados de salud y de trabajo.
«Se evaluará cada caso, de cada país para establecer mecanismos de reciprocidad equilibrados y ajustados al principio de igualdad legal», dijo un funcionario del gobierno que adelantó parte de las medidas que hoy se anunciarán.
Es decir, que si determinado país pide como requisito para los extranjeros que tramitan residencia el certificado de salud, de antecedentes penales o de trabajo a un argentino aquí se les pedirá exactamente las mismas condiciones.
Sede central de Migraciones (foto de archivo)
Este mismo esquema funcionará a la hora de establecer el cobro de trámite de una radicación. En algunos casos la Argentina cobra montos inferiores a los de otros países por el mismo trámite. Pero en adelante equiparará las cifras para establecer lo que en el Gobierno denominan un «principio de política de reciprocidad clara».
Uno de los motivos centrales que generaron este endurecimiento de las autoridades argentinas en su política migratoria radica en que durante los últimos años el Gobierno intentó establecer un acuerdo con algunos países de la región para compartir información de sus ciudadanos en todo lo que tiene que ver con los antecedentes penales. Pero al parecer, hasta ahora no hubo respuesta favorable.
En el Gobierno no quisieron dar detalles de los países que no cumplieron con los reclamos de las autoridades migratorias de la Argentina. Solo se supo que se trata de países de la región.
No obstante, desde la Casa Rosada aclararon que la Argentina no endureció su política migratoria si se tiene en cuenta que en los últimos tres años hubo un récord de radicaciones. Desde 2016 hasta ahora unos 650.000 extranjeros se convirtieron en residentes. La mayoría de ellos son venezolanos, paraguayos, bolivianos, peruanos y colombianos.
La estrategia de política migratoria del Gobierno apunta a reforzar el esquema de expulsión de extranjeros que cometan delitos en el país. La Dirección de Migraciones ya avanzó en un acuerdo con los jueces federales de todo el país para establecer una suerte de base de datos con todas las causas penales donde los extranjeros cumplen condena a fin de aplicar el principio de «extrañamiento» para motorizar la expulsión automática.
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