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  • ARA San Juan: piden no dejar salir del país a Gustavo Arribas

    ARA San Juan: piden no dejar salir del país a Gustavo Arribas


    Familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan piden a la justicia que deniegue autorización para salir del país al exjefe de la AFI Gustavo Arribas.

    La representación de los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, hundido en el Mar Argentino en 2017, pidió a la justicia que deniegue autorización para salir nuevamente del país al exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, procesado en la causa por espionaje a los parientes de los tripulantes de la nave.

    La abogada Valeria Carreras argumentó la existencia de «peligro de fuga y contactos que entorpecerían no solo el proceso sino una eventual extradición» de Arribas, quien pidió permiso para viajar a Brasil por un período de 60 días.

    La presentación fue realizada por Carreras ante el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, quien procesó a Arribas y a la exnúmero dos de la AFI Silvia Majdalani en la misma causa.

    Además, el magistrado citó a indagatoria a Mauricio Macri para el próximo jueves como imputado por supuestamente haber ordenado y posibilitado la realización de esas tareas de inteligencia ilegal sistemáticas y le prohibió salir del país.

    Carreras solicitó que «no se conceda la autorización» a Arribas, quien pidió permiso para viajar a la ciudad brasileña de San Pablo, informó este domingo la abogada.

    «De la presentación no surge motivo válido y suficiente que amerite una nuevas salida del país, teniendo en cuenta que sería el tercer viaje (7-7-2021, 3-9-21 al 24-9-2021) y ahora solicita autorización de salida del país del 7-10-2021 al 8-12-2021, incluso haciendo mención a pasajes de otro viaje con destino a Uruguay», dijo la abogada en su escrito.

    «No consideramos, ni se han volcado en las presentaciones en conteste, que existan motivos impostergables para realizar un ‘nuevo viaje’. No puede concederse al procesado un lapso de autorización tan extenso como el pretendido, son 60 días Sr Juez. No puede habilitársele, la autorización por dicho extenso lapso, mucho menos si el destino es Brasil», añadió.

    Y abundó: «No puede dejar de sopesarse en la decisión que el procesado Gustavo Héctor Arribas tiene esposa e hija de nacionalidad brasileña, con lo cual accedería a visas de todo tipo sin mayores exigencias, e incluso podría naturalizarse en el país donde pretende viajar por 60 días».

    «No puede en esta instancia de la causa otorgar esa extensísima autorización para que el reo especule con las resultas procesales y dependiendo del resultado, proyecte su ‘fuga de la justicia desde el extranjero’», advirtió Carreras.

    También alertó acerca de que «no puede soslayarse que el procesado» Arribas «no solo tiene su anclaje familiar, sino sus inmuebles, su patrimonio, paga impuestos y especialmente previo al 2015 tenía sus vínculos profesionales, laborales, negocios, etc. Pero luego de asumir a cargo de la AFI, estrechó vínculos internacionales justamente con las agencias de inteligencia de Brasil, la Policía de Brasil quienes en cierto modo serían los encargados de ‘buscarlo’ si no retorna en fecha».

    «Pero algo más grave se vislumbra en caso de otorgar el permiso de salida a Brasil: podría llegar a entorpecer el proceso, a través del manejo de la información con la que ya cuenta y de información a la que podría acceder. Estamos convencidos que el procesado Arribas intentará en algún momento eludir a la justicia, y podría perpetrar una fuga, como Fabián Pepín Rodríguez Simón», añadió.

    Carreras alertó además sobre presuntas anomalías en el escrito de la presentación que Arribas hizo ante la justicia. ante lo cual podrían «plantearse nulidades, desconocimiento del encartado, desconocimiento de firma, etc.».

    Al respecto dijo que «deberá intimarse al presentante a ratificar o rectificar, tanto las firmas que se le atribuyen como así también el contenido del escrito ensamblado, ello a fin de evitar futuras nulidades».

    Además advirtió que en el texto del pedido de autorización para ir a Brasil «se incluye un párrafo que reza ‘Finalmente, se destaca que las reservas correspondientes al desplazamiento a la República Oriental del Uruguay serán acompañadas antes del viaje’, y desconoce esta parte si se trató de un error, si se va a entrar y salir de Brasil, hacia Uruguay, si además de los 60 días del permiso en conteste con destino Brasil hay otro pedido de permiso adicional».

  • La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció a Macri y Arribas por venta irregular de armas en el organismo

    La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció a Macri y Arribas por venta irregular de armas en el organismo

    La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció hoy al ex presidente Mauricio Macri y a las ex autoridades del organismo durante la gestión anterior, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad.

    La denuncia por supuesto abuso de autoridad, violación de deberes y defraudación por administración fraudulenta resultó sorteada en el juzgado federal de Daniel Rafecas e intervendrá el fiscal Federico Delgado, según el trámite cumplido en los tribunales federales de Retiro, informaron fuentes judiciales.

    En el caso de Macri, se lo denunció «en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art 12, Ley N 25520)» como máxima autoridad nacional del Sistema de Inteligencia», según explicaron fuentes del organismo.

    En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por el ex titular de la AFI, Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, supuestamente «carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico».

    Estas resoluciones abrieron la puerta a la venta a precio «irrisorio» a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas «aptas para el disparo y utilización».

    Los 73 agentes que compraron las armas pagaron precios que no alcanzarían «el 20 por ciento del valor real de un arma usada en el mercado formal», según la denuncia, en la que se subraya que se vendieron «armas de colección que no se consiguen en el mercado» como revólveres Ruger y Colt Trooper.

    El Ruger “tenía la leyenda que decía ‘200 años de la libertad de América’”, destacó la presentación de Caamaño.

    Además, la funcionaria remarcó en la denuncia que “no consta ni valuación ni tampoco información acerca del valor de venta respecto a la única escopeta a repetición marca MOSSBERG, 12UAB Modelo 500 que fue vendida mediante este procedimiento fraudulento” a un ex funcionario.

    “La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso”, sostuvo.

    Por otro lado, la AFI denunció que “permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad».

    De acuerdo a lo denunciado por Caamaño, cada funcionario o agente podía comprar hasta cinco armas a «un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad» y «prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso».

    Además de Macri, Arribas y Majdalani fue denunciado otro ex funcionario de la AFI cuya identidad se mantuvo en reserva en base a los lineamientos de la Ley Nacional de Inteligencia.

    Las resoluciones que permitieron las ventas declararon al armamento «en condiciones de rezago» porque no resultaba «económicamente rentable ni factible su recuperación».

    Ante ello se autorizó la venta a los agentes «pertenecientes a la Agencia» con credencial de legítimo usuario de arma de fuego con pago que se realizaba a través de descuento de haberes.

    Para autorizar la operación, Arribas se habría basado en un informe según el cual, según denunció ahora su sucesora Caamaño, no surgía que el armamento era de rezago sino que lo clasificaba «como material en desuso».

    El área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20 por ciento de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper.

    Este lote fue parte de una primera operación en tanto que en 2018 hubo una segunda venta de otras 38 armas «bajo la misma modalidad».

    «La tasación de las armas no respetó el procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado”, concluyó la denuncia que aludió a un «perjuicio a la administración pública».

  • La AFI pidió la indagatoria de Mauricio Macri por espionaje ilegal

    La AFI pidió la indagatoria de Mauricio Macri por espionaje ilegal

    La denuncia presentada hoy por Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en los tribunales de Comodoro Py consta de nueve carillas. Allí, como se informó hoy por la mañana, se asegura que -a partir del hallazgo de un disco rígido con mails de dirigentes políticos, sociales y periodistas- durante la gestión macrista en la central de espías se hizo inteligencia ilegal.

    Por esa situación Caamaño pidió que sean citados a indagatoria el ex presidente de la Nación Mauricio Macri “por ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de la política de inteligencia nacional». Lo mismo solicitó para Gustavo Arribas quien condujo la AFI durante el gobierno de Macri y para Silvia Majdalani, que fue la segunda en la conducción del espionaje local.

    Caamaño, ex fiscal de Instrucción y ex secretaria del ministerio de Seguridad del gobierno de Cristina Kirchner, también pidió que por este caso sean indagados dos agentes de la AFI -cuyas identidades Infobae no revela- y de Darío Alberto Biorci, cuñado de Majdalani y ex Jefe de Gabinete de la AFI durante la gestión anterior.

    La denuncia señala que: “Se procedió al análisis de rutina de distintos soportes tecnológicos utilizados en arias sensibles de esta agencia. En tal sentido y puntualmente, se procedió a analizar el contenido de un disco rígido, marca Western Digital S/N WCASY0545906. En este disco se encontraron rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, dirigentes, fuerzas policiales, entre otros”.

    Allí se explica que “El disco fue hallado en dependencias de la agencia, y pudo detectar si las personas que habían accedido con credenciales al mismo. No obstante ello, la dinámica llevado a cabo durante la gestión anterior hace que se dificulte determinar con exactitud el área en la que se utilizaba el dispositivo, por cuanto el personal “de confianza” de la gestión anterior, rotaba por distintas áreas para llevar adelante las tareas espurias Ilegales que le eran encomendadas”.