La joven salvadoreña de 20 años Imelda Cortez recobró este lunes su libertad luego que un juez la absolvió de los cargos que enfrentaba tras sufrir un parto espontáneo en un retrete al que su hija sobrevivió, un embarazo causado por las violaciones que sufrió de su padrastro durante siete años.
“Juez de tribunal de sentencia de Usulután absuelve a Imelda Cortez. Libertad”, escribió en Twiter Bertha María Deleón, la abogada que comandó la defensa de la joven, que pasó 20 meses encarcelada por el caso.
El juicio tuvo un giro inesperado luego que la Fiscalía solicitó al tribunal “un proceso abreviado” y cambió la tipificación del delito de tentativa de homicidio a “abandono y desamparo de personas” en perjuicio de su hija, por lo que pidió la condena de un año de cárcel y no 20, como había solicitado originalmente.
La Fiscalia explicó en un comunicado que cambió del delito se dio por la nueva “política de persecución penal en materia de violencia contra las mujeres”.
Después de que el juez declarase su inocencia, Imelda fue liberada “de inmediato” tras haber pasado un año y ocho meses en prisión preventiva, anunció el portavoz de la Agrupacion Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapeútico Ético y Eugenésico (ACDATE), Jorge Menjívar.
“Sabemos que Imelda no cometió ningún delito y por eso debe quedar en absolución total, recobrando la libertad que se le ha negado por un delito que no ha cometido”, declaró horas antes del veredicto a la AFP Keyla Cáceres, una de sus abogadas.
Imelda Cortez (C) is embraced by relatives after she was acquitted and released, outside the Judicial Center for Sentencing in Usulutan, 90 km from San Salvador, on December 17, 2018. – Imelda Cortez got pregnant after she was raped by her stepfather. She gave birth to her baby in a latrine in 2017 and was rushed to the hospital by her mother, where the doctor suspected she had an abortion. Although the baby was found healthy and alive, she had been in prison ever since, accused of attempted aggravated homicide, in a country where abortion is illegal under all circumstances. (Photo by MARVIN RECINOS / AFP)
La letrada recordó que Cortez quedó embarazada producto de las agresiones sexuales que sufrió a lo largo de siete años por su padrastro, quien se encuentra detenido a la espera de juicio.
La acusación fiscal afirma que el 17 de abril de 2017 la joven buscó ayuda médica en el hospital nacional de la ciudad de Jiquilisco, departamento de Usulután, por sufrir una hemorragia.
“Al ingresarla, una doctora diagnosticó que la fémina había tenido un parto extrahospitalario, pues además habían llevado la placenta”, consignó un comunicado del Centro Judicial.
Cortez lo justificó diciendo “que sintió que le salió algo cuando estaba en el servicio (sanitario)”.
El Salvador cuenta con una ley antiaborto muy severa que criminaliza a las mujeres aún en situaciones como el parto extrahospitalario de Cortez, por lo que el sanatorio donde fue atendida informó a la policía.
Agentes policiales y soldados inspeccionaron entonces la fosa séptica en la vivienda de la joven, en la localidad rural de El Paraíso, donde escucharon el llanto de la recién nacida “llena de heces y de polvo blanco”.
La bebé fue trasladada al hospital y sobrevivió.
Según el parte judicial, Imelda Cortez negó inicialmente haber dado a luz, y arrojó a la bebé a la fosa séptica, lo que “configura el delito de homicidio agravado tentado”.
Desde 2017, Cortez se mantiene bajo detención provisional en el centro penal de San Miguel, en el este del país.
Tras la absolución, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) aseguró que “se ha hecho justicia” y celebró que Cortez quedara “absuelta y libre”.
Para Fespad, el fallo de este lunes es “un primer paso en la búsqueda de justicia para Imelda”.
“El caso constituye un buen precedente jurídico, criminológico y social en donde se absuelve a una mujer que ha sido víctima primero de la violación, en condición de pobreza, y segundo víctima de un sistema judicial criminalizador, patriarcal e injusto”, agregó Fespad en un comunicado.
La defensa de Cortez arremetió contra la ley antiaborto de El Salvador, que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, incluso cuando es producto de una violación o corre peligro la vida de la mujer.
“Imelda representa a las niñas y jóvenes adolescentes que tienen una vulneración de sus derechos humanos en su totalidad. Vemos cómo el Estado, por medio de la penalización absoluta del aborto, condena a mujeres como Imelda, las mete en prisión y otras terminan muertas sin que se conozcan sus nombres”, aseguró la abogada Cáceres.
Bajo la consigna “libertad para Imelda”, agrupaciones feministas se manifestaron frente al tribunal que ventiló el caso que acaparó la atención de los organismos humanitarios.
El Parlamento irlandés adoptó el jueves el proyecto de ley que legaliza el aborto, siete meses después de un referéndum histórico durante el cual los irlandeses se pronunciaron contra la prohibición constitucional de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
El Legslativo había empezado a examinar el texto en octubre y fue adoptado el jueves. Prevé autorizar la IVE sin condiciones hasta las doce semanas o en los casos de «riesgo para la vida» o de «grave peligro para la salud» de la mujer embarazada.
También permite el aborto en caso de anomalía del feto que podría llevar a su muerte ‘in utero’.
El primer ministro Leo Varadkar celebró un «momento histórico para las mujeres irlandesas», en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
El 25 de mayo, el 66% de los irlandeses votaron por referéndum por la liberalización del aborto, un nuevo sismo cultural en este país de 4,7 millones de habitantes de tradición fuertemente católica, tres años después de la legalización del matrimonio homosexual.
«Hace poco más de 200 días, vosotros, el pueblo irlandés, votasteis por derogar la octava [enmienda de la Constitución irlandesa, que en 1983 grababa a fuego el tabú del aborto en Irlanda, ndlr] para que cuidemos de las mujeres con compasión. Hoy hemos votado la ley que transformará [este deseo] en realidad», declaró en Twitter el ministro de Salud, Simon Harris.
ese organismo provincial emitió un comunicado en el que desmiente tajantemente la versión de que el feto expulsado de una niña de 13 años haya sobrevivido a la práctica médica que se realizó. Cargó contra la «manipulación perversa y la intimidación» que, a su entender, se buscó con la difusión falsa del caso.
El documento indica que «Ante las diversas versiones existentes sobre la interrupción legal de embarazo (ILE) realizada a una niña de 13 años en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, en particular lo referido a que el feto expulsado en la práctica médica tuvo una sobrevida de 10 horas, este Ministerio de Salud de Entre Ríos reitera que se trata de una versión no fidedigna».
«Dado la conmoción que producen estas versiones, la manipulación perversa y la intimidación que se ha ejercido hiriendo profundamente la sensibilidad social, violentando los derechos de la niña y atentando contra la necesaria tranquilidad de los equipos de salud, se hace imprescindible aclarar que no es posible que ocurra sobrevida dentro de las condiciones establecidas por el Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo como no lo ocurrió en este caso», añade.
«Con las reservas de la información que conciernen al secreto profesional y a los derechos a la intimidad de la niña, atendiendo al debido resguardo de todos los datos concernientes a la identidad de la persona menor de edad y su historia clínica confeccionada con elementos técnicos, objetivos y científicos, sólo se aclara que el resultado del proceso medicamentoso realizado fue con el rigor que indica el protocolo», agrega.
«Cabe indicar que el registro del historial clínico considerado por las normas deontológicas y las herramientas legales del derecho del paciente, derivado de una asistencia médica de calidad puesto que se trata de un fiel reflejo de las prestaciones realizadas al paciente, dicho registro constituye un elemento de prueba de responsabilidad profesional, un testimonio documental de ratificación y veracidad de declaraciones de los actos clínicos y conducta profesional, instrumento médico legal fundamental de primer orden», precisa.
«En el sector salud se deben contemplar los derechos del paciente, el secreto médico es un elemento clave, la confidencialidad, la intimidad y la historia clínica son el documento más privado que existe», menciona.
«Es por ello que, ante declaraciones a la prensa de profesionales de la salud del ámbito público estatal refiriéndose a la ILE realizada a la niña de 13 años, este Ministerio de Salud está analizando las posibles ocurrencias de violación al secreto profesional, a la Ley de Paciente y a sus deberes como funcionario público», adelanta.
«La atención de la salud de la población entrerriana es nuestra prioridad, brindar toda la asistencia médica a cualquier persona que ingresa a los efectores, en el marco de lo que mandan las leyes en vigencia en la República Argentina, forma parte de nuestros objetivos sanitarios», define.
«Por eso queremos llevar tranquilidad a toda la población de Entre Ríos, en particular de la ciudad de Concordia, que desde este Ministerio hemos tomado conocimiento de los hechos, se actuó con celeridad en concordancia con los otros organismos de protección de derecho y la Justicia, resguardando en todo momento los derechos de la niña por lo que se continuará de la misma manera», concluye.
siete médicos del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia se apuraron en los últimos días a formalizar por escrito su objeción de conciencia para la práctica de abortos, luego de que fueran testigos de un hecho que los perturbó.
En los medios de comunicación sólo se conocieron algunos datos aislados sobre lo sucedido. Por ejemplo, que en el nosocomio se había practicado un aborto a una menor de edad que cursaba el quinto mes de embarazo y que presuntamente había sido violada. También trascendió que en un primer momento el personal médico se habría resistido, pero la intervención de la flamante jueza de familia, la Doctora Belén Esteves, posibilitó que se diera cumplimiento al protocolo para abortos en casos de violación, sin que llegara a judicializarse el caso.
Pero ese fue apenas un momento de una secuencia de hechos más complejos y traumáticos que dispararon un torbellino de emociones y de planteos éticos y legales, tanto en partícipes como en testigos presenciales y autoridades del hospital.
Por empezar, el bebé nació con vida. Su cuerpecito quedó apoyado sobre la «chata» sin que nadie se atreviera a poner fin a su existencia, suponiendo que su presunta «inviabilidad» haría que en forma inmediata los latidos de su corazón se detuvieran. ¡Pero ello no ocurrió!
«Permaneció con vida varias horas» confirmó a El Entre Ríos uno de los profesionales. Otro se atrevió a calcular que fueron «aproximadamente diez horas». Una tercera fuente consultada resaltó la indignación que embargó a algunas enfermeras, testigos impotentes de lo que algunos califican como «abandono de persona».
El estupor también alcanzó al servicio de Neonatología, al que no le dieron intervención para asistir a la criatura en su evidente esfuerzo por sobrevivir.
El caso provocó además incertidumbres en el plano jurídico. Según la ley 24540/95, todo nacimiento con vida, aunque dure sólo instantes, debe ser anotado en el libro de nacimientos del Registro Civil, mientras que el deceso debe ser volcado al libro de defunciones, adjuntando el certificado firmado por el médico que acredite la causa de la muerte.
«En Neonatología se resisten a firmar el certificado de defunción. ¿Qué causa de muerte van a poner, si ellos no lo vieron ni lo atendieron?», explicó uno de los siete profesionales que notificaron mediante carta a la Dirección del Hospital Masvernat su objeción de conciencia, de manera tal de que no contribuirán a practicar abortos.
La inviabilidad, un concepto médico pero no jurídico
El derecho argentino, lo mismo que el de muchas naciones del mundo, no subordina la existencia de la persona humana a su presunta «viabilidad». Dicho en otras palabras, se es persona humana por el sólo hecho de estar viva, sin que importe en lo más mínimo cuánto tiempo se crea que pueda durar esa vida, si apenas unos segundos más, semanas, meses o años.
No es un capricho este enfoque. Si la falta de «viabilidad» implicara la pérdida de los derechos humanos, alguien desahuciado por una enfermedad terminal no sería considerado persona y sería válido abandonarlo a su suerte o directamente eliminarlo.
En diálogo con El Entre Ríos, el Director del Hospital Masvernat, el Doctor Miguel Ragone, explicó desde el punto de vista médico la «inviabilidad» del feto que no supera las 22 semanas, a la par que admitió que la ley argentina no la contempla.
– El protocolo para abortos por violación, ¿qué prevé para casos como el de esta criatura que nace viva y su existencia se prolonga durante varias horas?
– Como la interrupción del embarazo se hace en el período que se considera aborto, los recién nacidos no tienen viabilidad.
– La ley argentina no contempla la viabilidad. Hay persona donde hay vida humana, con independencia de cuán viable se crea que es esa vida.
– Efectivamente, la ley no la contempla.
– ¿Entonces, cómo hacen para decidir en base a la viabilidad si no cuentan con el aval jurídico para ello?
– Justamente eso es lo que nos planteamos como médicos y lo que se explicó en una reunión con miembros del Poder Judicial, que tuvo lugar el martes último. Un aborto se considera tal hasta las 22 semanas o 500 gramos, más / menos 50 gramos. Por ejemplo, un chico de 18 semanas que pese 350 gramos, la formación de los órganos no está completa. No es viable. Por más que se le haga lo que sea no es viable. Pero a su vez, lo que nos preocupa a nosotros es cuando haya viabilidad, ¿qué se hace? Porque cuando hay viabilidad, nosotros como médicos deberíamos tener la conducta de asistirlo, por ejemplo con un chico de 24, 26 semanas, que tiene posibilidades de una supervivencia.
Según el protocolo que tenemos, hasta las 22 semanas no habría viabilidad. Por más que se tome cualquier medida, va a terminar en el fallecimiento sí o sí del feto. De todos modos, hay baches en la ley.
– ¿No debe ser fácil, más allá de la presunta inviabilidad de un bebé de 20 semanas -como aproximadamente habría tenido el reciente caso-, viendo que su corazón late por varias horas, no hacer nada?
– No es fácil y es una situación que impresiona. Se puede dar una atención mínima y ver su evolución. Pero en casos de 20 semanas ni acá ni en ningún lado, al menos por ahora, se ha logrado la viabilidad.
– Después de este caso, ¿ha recibido notas de médicos que le plantean la objeción de conciencia para la práctica de abortos?
– Sí, sí, sí, he recibido.
– ¿Cuántos?
– Hasta ahora son siete los que me presentaron.
– La ley obliga a anotar en el libro de nacimientos del Registro Civil a toda criatura que nazca con vida sin importar cuántos meses tenga ni el tiempo que transcurra vivo.
– Bueno, ahí está la duda porque…
– También exige anotar el deceso en el libro de defunciones.
– Normalmente, todo lo que sea aborto hasta las 22 semanas y 500 gramos, más / menos 50, no se lo anota porque se lo considera un aborto, porque no es viable. A partir de ahí sí. Es lo que habitualmente se hace. Si no, tendríamos que estar anotando los abortos espontáneos, que es un porcentaje muy alto.
Tenemos 2900 partos por año y los abortos espontáneos, por causas naturales, no provocados, son un alto porcentaje; tendría que anotarse a todos los fetos de 16, 17, 18 semanas. Nunca se hizo porque se lo considera aborto.
– ¿O sea que no hay registro ni en el libro de nacimiento ni el de defunciones?
– No. Son abortos. Hay muchos grises y es necesario aclarar y poner en la normativa cosas bien precisas. Deberían consensuar y decir que con tanta cantidad de meses actualmente no hay viabilidad y no se lo considera. Deberían trabajar en la parte legislativa en ese tema, para aclarar y que no haya dudas. Aparte de la objeción de conciencia de muchos y la situación ya es difícil de por sí, las cosas no están claras.
El martes se trató el Protocolo de Abuso Sexual Infantil, porque desde hace uno o dos meses se considera que toda persona menor que denuncia abuso pasa a ser cuestión de acción pública y por tanto es obligatoria la denuncia. Entonces, cuando estamos ante un aborto a una menor por presunta violación, en ese caso los médicos tendríamos que hacer la denuncia.
– ¿Hasta ahora, con el «Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo», a los profesionales no se les exigía hacer denuncia alguna? Por ejemplo, llegaba una menor de 14 años, decía que la habían violado, y ustedes debían practicar el aborto sin dar cuenta a la Justicia sobre la presunta violación.
– Exactamente. Pero de ahora en más, como pasa a ser acción pública, sí vamos a hacer la denuncia. De eso hablamos en la reunión con gente de la Justicia y el Copnaf. Ante el cambio de paradigma, que pasa a ser de acción pública, se tendría que modificar el protocolo de aborto y que incluya la denuncia correspondiente, para superar la contradicción con el nuevo protocolo de abuso infantil.
– ¿Aunque a futuro las reglas sean claras y precisas, igualmente todo esto debe ser difícil de sobrellevar para los médicos?
– Sí, es muy complicado y difícil y realmente nos deja mal a todos. Acá, en la diaria, nosotros estamos peleando por la vida. Y respecto del embarazo no deseado, lo ideal es el trabajo en prevención.
La confusión inicial sobre la violación
Uno de los médicos del Hospital Masvernat consultados por El Entre Ríos aseguró que en un primer momento ellos desconocían que la menor embarazada hubiera sido violada. Por el contrario, la información inicial con la que contaron daba a entender que el papá del bebé sería un adolescente, apenas dos años mayor que la chica, con quien ella estaba vinculada. Recién cuando intervinieron los padres de la menor y el abogado que los representó quedó expuesto que el bebé sería fruto de una violación.
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