El juez federal Sebastián Casanello ha dispuesto una vez más la inhibición de bienes de Alberto Fernández y de otras 50 personas y empresas involucradas en la investigación del escándalo de los seguros. Esta medida había sido previamente ordenada por Julián Ercolini, primer magistrado del caso, hace un año, pero luego fue revocada por la Cámara Federal.
Entre los implicados se encuentran el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, el broker Héctor Martínez Sosa, su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, el broker Pablo Torres García y las empresas Bachellier, San Ignacio y San German, entre otras. Esta acción les impide la venta o disposición de sus bienes y el acceso a sus cajas de seguridad.
En total, son 51 las personas y entidades afectadas.
Bachellier fue la empresa que más comisiones cobró entre 2020 y 2024, alcanzando un total de $1.665.741.081, con un pico de $700.416.803 en 2022 tras un decreto de Alberto Fernández que otorgó el monopolio a Nación Seguros al finalizar el sistema de coaseguro.
Por su parte, San Ignacio y TG Broker fueron destacadas en una nota enviada por el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato de créditos de jubilados, percibiendo un total de $231.918.674 en comisiones, sin contemplar las millonarias obtenidas por las coaseguradoras Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.
La Justicia sustentó la medida de inhibición en los notables avances de la investigación, expresando que los imputados han sido convocados a declaración indagatoria por hechos de corrupción, generando suficientes motivos de sospecha de su implicación en delitos económicos.
La causa cambió de juez a principios de febrero, cuando finalizó la subrogancia de Ercolini en el juzgado federal 11, momento crucial en el que Casanello asumió y decidió revisar minuciosamente la documentación, solicitando información faltante a diversos organismos y a Nación Seguros.
Durante la investigación, se revelaron diversas prácticas irregulares, como la designación de empresas intermediarias a través de notas no oficiales enviadas por funcionarios de segunda línea, e incluso ministros. El caso de Federico D’Angelo y las cooperativas utilizadas en presuntos desvíos de fondos ilícitos fueron puestos en relieve, evidenciando movimientos financieros cuestionables hacia propiedades, automóviles y hasta plateas en un estadio de fútbol.
El escándalo derivó en intentos desesperados por recuperar el dinero desviado, como el pedido de devolución de fondos al Fideicomiso 866 por parte del ex gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, y transferencias a fideicomisos inmobiliarios, así como pagos millonarios a entidades como el Club Atlético River Plate. Las investigaciones continúan arrojando luz sobre este complejo entramado de corrupción y malversación de fondos.