El juez federal Sebastián Casanello dispuso el secreto de sumario en la causa que investiga a movimientos piqueteros por extorsión, coacción agravada y defraudación. Esta medida busca garantizar que las diligencias se lleven a cabo sin poner en riesgo la investigación, según los investigadores.
Avances en la Investigación
La causa, que se intensificó el lunes pasado con una treintena de allanamientos, se centra en reconstruir el movimiento de dinero y las actividades ilegales de estos grupos. El juez Casanello, junto al fiscal Gerardo Pollicita, ha ordenado más allanamientos y tomado al menos una testimonial para profundizar en cómo operaban los planes sociales bajo sospecha.
Denuncias y Origen de la Causa
La investigación comenzó el 20 de diciembre, en medio de la preparación de una movilización piquetera contra Javier Milei. El Ministerio de Seguridad habilitó el número 134 para recibir denuncias anónimas, resultando en reportes de todo el país. Pollicita se centró en 45 denuncias en la Capital Federal, localizando y entrevistando a siete personas.
Modus Operandi y Extorsión
Según Pollicita, bajo la apariencia de administrar comedores populares, al menos tres grupos extorsionaban a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Exigían dinero bajo conceptos como «cápitas», «cuotas», «alquiler de comedor», o forzaban a vender comida recibida gratuitamente del Gobierno Nacional, quedándose con las ganancias. También obligaban a participar en movilizaciones bajo amenaza de dar de baja la prestación social.
Pruebas y Control sobre las Víctimas
Las pruebas recabadas indican un sistema de control y sanciones, incluyendo listas de castigados, multas por ausencias a marchas y justificaciones de ausencias con comprobantes. Las víctimas, en situación de alta vulnerabilidad social, eran forzadas a cumplir con estas exigencias bajo amenaza de perder beneficios sociales.
Medidas Judiciales
El juez Casanello dispuso la inhibición de bienes de las personas y cooperativas allanadas. Entre los involucrados se encuentran Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo y otros 28 individuos. Además, se solicitó al INAES que audite el funcionamiento de las cooperativas implicadas.
Próximos Pasos
La investigación se centrará en el análisis de la documentación y pruebas obtenidas, con los celulares de los involucrados como piezas clave. Las defensas esperan respuesta a sus planteos de nulidad y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, busca convertirse en querellante.
Debe estar conectado para enviar un comentario.