Estará conducido por un directorio ad honorem y presidido por la Secretaría de Transporte, que puede extender autorizaciones para percibir “todos los ingresos provenientes de la operación del sistema de transporte urbano e interurbano”.
A través de un decreto acuerdo, el Gobierno creó de la empresa estatal de transporte denominada “Catamarca Transporte Sociedad Anónima Unipersonal” (Catsau), una idea que fue anunciada a finales de febrero tras un encuentro con empresarios de las líneas de colectivos y representantes sindicales, materializada en el último Boletín Oficial.
El instrumento en cuestión realiza modificaciones a la ley provincial de transporte habilitando a la Secretaría de Transporte a, entre otras cosas, brindar a la firma estatal “la asistencia económica adicional a su operatoria comercial, que pudiera requerir para la adecuada prestación de los servicios” o “realizar pagos de subsidios por sí o por intermedio de Catsau a las concesionarias”.
El decreto que lleva la firma del Gobernador y sus ministros indica que el servicio de colectivos “se encuentra prestado por empresas concesionarias” para acotar que en la “realidad la prestación de dicho servicio resulta muchas veces deficiente, lo que hace necesario que sea el Estado quien asuma un control más activo, que permita fiscalizar, planificar la mejora y extensión de dicho servicio a través de inversiones públicas”. Además, esgrime que recaen en las arcas provinciales las “erogaciones por subsidios, como ser la gratuidad en el boleto estudiantil, además, boletos gratuitos a sectores vulnerables de la sociedad y la subvención del gasoil en su mayor porcentaje”.
En este orden de ideas, el decreto remarca que se apunta a que “el servicio de transporte sea administrado por una única empresa para mejorar la calidad del mismo, creándose una empresa que brinde el servicio por sí o a través de terceros en forma de subconcesión”. A la vez, sostiene que de esta manera la empresa podrá brindar el servicio “con unidades propias de ser necesario, o por intermedio de empresas que operen cada recorrido en caso de resultar adjudicatarios, previa licitación”.
Así las cosas, el Gobierno sostiene que contar con una empresa de transporte permitirá el desarrollo tecnológico con aplicaciones móviles (apps), “geolocalización de unidades en tiempo real, líneas de atención y reclamo por deficiencias de servicios, optimización de recursos y beneficios, como la implementación del sistema por transbordo” para viajar de un punto a otro en diferentes unidades abonando un solo boleto.
“A través de la empresa estatal se podrá unificar y centralizar el pago y aporte de subsidios por kilómetro recorrido, lo que garantiza la presencia efectiva y permanente de las unidades de transporte, con un criterio único y transparente, reduciendo así las discrecionalidades y diferencias que puedan darse por la subsistencia de diferentes prestatarias”, fundamentó el Gobierno.
En la letra fina, es decir, en el artículo del decreto, se habilita a la empresa estatal a “administrar, controlar, conceder, concesionar, alquilar y/o articular, según corresponda, las terminales de ómnibus provinciales”. También dispone que la empresa estatal sea conducida por un directorio ad honorem presidido por la Secretaría de Transporte y que el Ejecutivo establecerá anualmente el presupuesto operativo de la flamante firma.
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