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Quién es Juan Ramos Padilla, el juez porteño de tono irreverente que condenó a Alperovich

El juez Juan María Ramos Padilla tiene una característica que es poco frecuente entre los magistrados. Tanto en su perfil de la red social X, como en manifestaciones políticas ligadas al kirchnerismo, expresa con tono irreverente sus opiniones. Ramos Padilla, de 71 años, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires, vocifera seguido críticas contra el Poder Judicial y llamó “una mafia” a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra quienes convocó a marchar en 2022 para pedir por la liberación de los denominados presos políticos. Hoy, al frente del tribunal porteño de manera unipersonal, Ramos Padilla dio el veredicto en la causa contra el exgobernador de Tucumán José Alperovichacusado de abuso sexual en perjuicio de su sobrina segunda y exsecretaria. Ramos Padilla lo condenó a 16 años de prisión y le inhibió los bienes.

Juan María Ramos Padilla es el padre del juez federal de La Plata con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, quien cobró protagonismo en 2019, cuando instruyó como juez penal la causa conocida como “Caso D’Alessio” en los tribunales federales de Dolores. Durante ese año, Ramos Padilla hijo fue defendido por su padre de las acusaciones que presentó en su contra el gobierno de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura.

Se convirtió en un asiduo denunciante de los jueces y fiscales de Comodoro Py: en 2020 denunció al camarista federal Mariano Llorens por prevaricato para buscar correrlo de la causa conocida como “operación Puf”, en la que se investigaba un armado judicial para desarticular la causa de los cuadernos a través de la denuncia formulada en los tribunales de Dolores. Y, en sintonía con el kirchnerismo, apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli mientras avanzaban en la causa de los cuadernos.

Sus allegados aseguran que el ahora juez de la Ciudad tenía un vínculo de amistad con Raúl Alfonsínquien firmó su pliego para juez federal, cargo por el que juró en 1984. Tres años después, como juez federal de Morón, aceptó una petición de familiares víctimas de la represión durante la dictadura militar y declaró inconstitucional la ley de Obediencia Debida. Mantiene una buena relación con los organismos de Derechos Humanos hasta el día de hoy.

A menudo expresa sus opiniones en Twitter, una característica poco frecuente en los magistrados. “Es bocón e irreverente pero tiene una buena conducta judicial”, buscó defenderlo un diputado kirchnerista en diálogo con LA NACION para un artículo publicado en 2022. “Es juez, le importa el Poder Judicial porque lo integra y leyó con claridad los cientos que como yo estamos hartos”, dijo en ese entonces la abogada y exdirectora de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort a LA NACION.

En 2022, cuando Ramos Padilla convocó a la movilización frente al Palacio de Tribunales, fue denunciado por el contador Alfredo Popritkin, quien señaló que Ramos Padilla incurrió en un mal desempeño por su conducta contra los jueces del máximo tribunal. Esa denuncia se sumó a la de un abogado penalista que lo acusó por atentar contra la democracia al buscar echar a los jueces de la Corte sin el procedimiento constitucional.

De esas acusaciones se defendió en marzo pasado frente a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, a través de un escrito presentado por su defensor en ese expediente, quien es nada menos que su hijo, el juez Alejo Ramos Padilla. En ese escrito el magistrado fundamentó su conducta y defendió su derecho a la libertad de expresión.

Si bien él había sido el primer magistrado en convocar a la movilización, que fue calificada como golpista por parte de la oposición, se plegaron luego la jueza federal de San Martín Martina Forns, quien pidió que renuncien los jueces de la Corte, y también el juez de Avellaneda Luis Carzoglio, suspendido por su conducta al frente de la causa que investigaba a Pablo Moyano. Ramos Padilla ya participó, junto a Luis D’Elía, de movilizaciones de carácter político, en las que se pedía la liberación de los “presos políticos” por casos de corrupción, como la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, el exvicepresidente Amado Boudou, el lonko Facundo Jones Huala y el exministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido.

Fuente: La Nación