Tras la destitución y repentina muerte del ex ministro de Transporte ruso Roman Starovoit, el Kremlin anunció nuevos cargos contra el ex viceministro de Defensa Pavel Popov en el marco de una campaña anticorrupción. El caso de Popov se suma a una purga más amplia que ha sacudido las estructuras de poder rusas durante los últimos años, especialmente tras la reelección del presidente Vladimir Putin y los desafíos que enfrenta Moscú en el conflicto ucraniano.
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Las acusaciones contra Popov incluyen tráfico ilegal de armas, abuso de poder y falsificación de documentos oficiales, sumándose a los cargos previos de fraude que ya pesaban sobre él. El ex viceministro se encuentra en estado grave en el Instituto de Investigación de Urgencias N.V. Sklifosovsky, con el deterioro de su salud impidiéndole participar en las investigaciones.
La intensificación de los cargos contra Popov se produce en medio de la condena a 13 años de prisión del ex viceministro de Defensa Timur Ivanov, declarado culpable de malversación y lavado de dinero. La muerte de Starovoit ayer agregó una dimensión siniestra a la campaña anticorrupción, ya que fue hallado muerto con una herida de bala en su vehículo, sumándose al fallecimiento súbito del subdirector del departamento del fondo de terrenos del ministerio.
Según el fiscal general Igor Krasnov, solo en 2024 se tomaron medidas contra 30.000 funcionarios por casos de corrupción, y en los últimos años se confiscaron propiedades por valor de más de 760,000 millones de rublos. La operación anticorrupción tomó especial fuerza contra el Ministerio de Defensa tras la reelección de Putin, costándole el puesto al entonces titular Sergei Shoigu, que fue relegado al Consejo de Seguridad. La campaña ha alcanzado también a funcionarios regionales y empresarios, incluyendo el suministro de equipos de mala calidad para la defensa de la región durante la incursión del Ejército ucraniano por parte de la Corporación para el Desarrollo de Kursk.