El Gobierno anunció este jueves un conjunto de propuestas destinadas a reformar la ley de Seguridad Interior con el objetivo de establecer penas de prisión para quienes organicen piquetes y bloqueos. Durante una conferencia de prensa, los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri detallaron los planes del ejecutivo.
Patricia Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad, y Luis Petri, del Ministerio de Defensa, explicaron que se buscará modificar la legislación para permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en operaciones destinadas a restablecer la tranquilidad en áreas afectadas por la violencia, y establecer penas de cárcel para piqueteros.
Entre los cambios propuestos se incluye la posibilidad de imponer penas de prisión de dos a cuatro años para quienes participen en piquetes portando armas o causando daños físicos, así como penas de dos a cinco años para quienes organicen manifestaciones que obstruyan el tránsito o causen lesiones o daños a la propiedad.
Además, se contempla la responsabilidad solidaria de los organizadores por los daños ocasionados durante las protestas, así como multas de hasta veinte mil unidades fijas para aquellos que corten el tránsito o permitan la participación de menores sin autorización.
El proyecto también establece la obligación de notificar cualquier reunión o manifestación al Ministerio de Seguridad con al menos 48 horas de antelación, detallando información sobre los organizadores, el propósito, la ubicación y el número estimado de participantes.
Por otro lado, se propone endurecer las penas por resistencia a la autoridad, aumentando la condena a un mínimo de cuatro años en caso de cometerse con armas o en grupo.
Además de las modificaciones en materia de seguridad, se presentaron propuestas para crear una ley Antimafia que castigue a las organizaciones criminales y para ampliar el registro de ADN a todos los individuos implicados en investigaciones penales.
Patricia Bullrich afirmó que también se buscará eliminar la Ley de Reiterancia como parte de los esfuerzos del gobierno para fortalecer el sistema judicial y combatir la delincuencia organizada.
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